¿Qué entendemos por competitividad?

Sería desastroso para la economía mexicana que, dentro de nuestra proclividad al ablandamiento de instituciones y conceptos, usásemos la palabra "competitividad" como un eufemismo para justificar que el gobierno otorgue subsidios a las empresas privadas.


La mejor ayuda que el gobierno puede dar a las actividades productivas del sector privado – que van desde los pequeñísimos negocios hasta las gigantescas corporaciones- es garantizar la seguridad física y patrimonial de las personas, el cumplimiento irrestricto de los contratos y mantener una política fiscal responsable; al tiempo que permite la ejecución de una política monetaria igualmente responsable por parte de un banco central autónomo.

Ese conjunto de elementos son necesarios y suficientes para que los verdaderos emprendedores alcancen una mayor productividad y enfrenten con éxito – mayor o menor, según las capacidades y los talentos empresariales de cada cual- la competencia en los mercados. Así pues, esos son los elementos necesarios y suficientes para la competitividad, siempre y cuando el gobierno no estorbe a la actividad productiva con asfixiantes regulaciones, ni con trámites tortuosos y promueva activamente, dentro de México y en el extranjero, el cumplimiento estricto de leyes, convenios y tratados.

Otra manera de decirlo es: El gobierno ayuda a la actividad productiva, a la generación de empleos y de riqueza, así como a la mejor distribución del ingreso, cuando cumple eficaz y eficientemente con su misión fundamental. En cambio, distorsiona y hasta obstruye la actividad económica cuando trata de manipular diversos precios en el mercado, aun cuando tal manipulación trate de justificarse con la más noble de las intenciones o con la retórica más emotiva.

Esto significa que la competitividad auténtica no se logra con subsidios, del tipo que sean o se disfracen como se disfracen, ni con controles de precios.

Al anunciarse el nombramiento de un nuevo Secretario de Economía en el gobierno federal no faltaron las voces de organismos y asociaciones, de etiqueta "empresarial" y honda raigambre mercantilista, que hicieron votos para que el cambio signifique un nuevo impulso a la competitividad de las empresas. Suena bien, pero si se les piden definiciones precisas acerca de qué entienden por competitividad suele comprobarse, lamentablemente, que otra vez estamos ante un eufemismo ablandador: "Competitividad es que me subsidies". Mal, muy mal.

A río revuelto, ganancia de criminales

Cuando un gobierno falla en lo básico, que es garantizar la seguridad física de las personas frente a las agresiones del crimen, es un gobierno que ha fracasado en toda la línea. Ese es el caso del gobierno de la capital del país.


Tiene razón el Presidente. Lo menos que se debe exigir a las autoridades del Distrito Federal es que cooperen en serio con el gobierno federal en la tarea básica de cualquier gobierno: Garantizar la seguridad de las personas.

Es más que probable que los resultados del gobierno federal en esta materia disten de ser satisfactorios, pero los del gobierno capitalino son desastrosos y están manchados irremediablemente por la mezquindad de un lucro político descarnado y descarado.

Es un secreto a voces que en el Distrito Federal los ánimos electoreros del jefe de gobierno han desatado una temporada de cacería de recursos cuya expresión inmediata y palpable para el ciudadano es la del policía extorsionando a quien se deje.

Se diría que alguien, desde la posición más encumbrada, hubiese levantado cualquier veda. La tragedia de las 12 personas muertas, siete menores de edad, en el tristemente célebre "News Divine" se explica puntualmente por que cada jovencito y cada jovencita "apañado" significaba $1,000 pesos; algo así como medio millón de pesos a repartir. Los policías saben muy bien que la temporada de caza ha empezado cuando se orienta todo el aparato de gobierno a la tarea de apuntalar la carrera electorera del jefe.

Y en el río revuelto de las ambiciones políticas los criminales están a sus anchas.

El crimen es muy democrático: No hace distinciones entre pobres y ricos, a todos tiene algo que extraerles, la vida si es preciso y cada vez superando la marca anterior en materia de crueldad y atrocidad, y lo único que cambia es el monto a pagar por el rescate: "Según el sapo – calculan – es la pedrada". Ha sido un verano atroz para los jóvenes en la ciudad de México.

Mucho me temo que los destinatarios del mensaje del Presidente – las autoridades de la ciudad de México – tienen la peor de las sorderas, la de la ambición desmedida e inescrupulosa: "Voy derecho (al 2012) y no me quito; si me pegan me desquito".

"Caer en lo blandito" (III y final)

Cualquiera diría, si atiende a los "argumentos preliminares" de las reformas a Pemex, que la Constitución mexicana es tan reacia a sufrir modificaciones como las tablas de la ley mosaica; pero no. ¿Usted se acuerda de la ocurrencia de hacer "obligatoria" también la enseñanza preescolar para todos los mexicanos?

Modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una tarea relativamente fácil si la modificación apunta a convertir en ley alguna buena intención o algún buen deseo – como que todos los niños nacidos en México reciban los estupendos beneficios de asistir a un jardín de niños-, pero es tarea ardua o imposible si la modificación que se propone lesiona los intereses de algún grupo poderoso que explota algún mito nacional como es el de la "soberanía petrolera".

La Constitución mexicana – es decir, la institución más importante del país – es el paradigma de la blandura si de lo que se trata es de otorgar derechos abstractos (aun cuando en la práctica tales derechos sean inalcanzables, como el de que todos los niños y todas las niñas asistan a la escuela desde los 3 años de edad o no se tenga la menor intención de convertir los derechos en hechos como sucede con la transparencia y la rendición de cuentas en las entidades federativas) y, a la vez, la Constitución es una coraza inexpugnable si alguien pretende que se modifique para otorgar derechos concretos a las personas de carne y hueso, como el derecho a elegir entre distintos proveedores de energéticos.

El 12 de diciembre de 2002 entró en vigor la modificación al artículo 3 de la Constitución que añadió la palabra "preescolar" al párrafo en el que se indica cuál educación es "obligatoria".

Ese cambio constitucional tomó sólo un año para plasmarse. Algunos impertinentes dijimos que se trataba de un despropósito, porque sería imposible contar con los medios para llevarlo a cabo, además de ser un esfuerzo vano. Pataleos inútiles. Hoy se reconoce que es un deseo imposible de cumplir.

Quien impulsó ese cambio constitucional, el entonces senador José Natividad González Parás – hoy gobernador de Nuevo León-, no ha dicho una sola palabra para explicarnos porqué se consagró en la Constitución tal afán imposible.

Cayó en lo blandito. Tratándose de buenas intenciones todo cabe en la Constitución…aunque sea un despropósito.

"Caer en lo blandito" (II)

Segundo caso: De cómo la interminable batalla, de mínimos avances, para lograr una verdadera competencia en telecomunicaciones se ha vuelto una escenificación que se antoja simulada.

Se supone que el dictamen preliminar de la Comisión Federal de Competencia (CFC) indicando que Telmex ejerce un poder dominante – eufemismo de "pone obstáculos deliberados a la competencia" – en varios de los mercados de telecomunicaciones tiene a esa empresa profundamente disgustada. ¿Será?

Si uno tiene la paciencia de leer la versión pública del dictamen de la CFC – en el que las cifras y los datos más importantes están censurados aduciendo la confidencialidad, "fracción II del artículo 31 bis de la Ley Federal de Competencia Económica" – encuentra que está lejos de ser una respuesta contundente en contra de prácticas que impiden la competencia; es probable que los señores de Telmex tengan razón cuando acusan a la CFC de emitir un dictamen al que le falta rigor; lo que no aclaran es que esa blandura favorece a Telmex ya que, en el futuro, obstaculizará una efectiva tarea de los reguladores para impedir prácticas anticompetitivas de esa empresa.

Ejemplo: En la generación (origen) de llamadas en redes fijas la CFC considera que Telmex tiene "poder sustancial" de mercado únicamente en las "áreas de servicio local abiertas a la presuscripción", al ser las únicas donde se presta el servicio tal y como fue (mal) definido en el dictamen preliminar. Esto se traduce en el absurdo de que la CFC considera que Telmex NO tiene "poder sustancial" en aquellas áreas de servicio local no abiertas a la presuscripción, esto es: en aquellas áreas en las que Telmex ¡es monopolio!

Cuando en el futuro algún competidor encuentre barreras de Telmex para entrar a dichas áreas, Telmex podrá esgrimir con razón que la CFC ya dictaminó que ahí la empresa no ejerce "poder sustancial" para obstruir la competencia ¡porque es monopolio!

¿Para alguien resultó novedoso que el dictamen de la CFC constatase la dominancia de Telmex, cuando ésta salta a la vista? Para nadie. Lo sorprendente es que a los consumidores nos sigan vendiendo una escenificación de "yo hago como que te sanciono, tú haces como te inconformas con mi resolución y ahí vamos llevándola; el asunto es que caigamos en lo blandito". México es diferente, ¡oh, sí!

"Caer en lo blandito" (I)

Una causa típica del subdesarrollo es la blandura institucional. Comento hoy uno de tres casos recientes de blandura institucional que tienen serias repercusiones – nocivas, desde luego-, en la marcha de la economía mexicana. En los siguientes artículos comentaré los otros dos casos, entre muchos otros.


Blando: Que cede fácilmente al tacto; por extensión: autoridad o regla que cede fácilmente a las presiones y da prioridad al confort por encima del cumplimiento de lo, en apariencia, instituido o pactado.

En dos ocasiones, en menos de siete meses, el banco central ha postergado el plazo en el que deberá cumplir con la meta anual de inflación que el propio banco se fijó: 3 por ciento. No han sido aplazamientos menores, digamos de uno o dos meses, sino que en cada ocasión se han anunciado aplazamientos ¡de un año!, lo que significa, entre otras cosas, que la ansiada meta habrá de cumplirse, acaso, cuando haya terminado el periodo del actual Gobernador del banco.

Se agradece la sinceridad del Banco de México al informar públicamente de estos aplazamientos ("quien avisa, no traiciona" se dice) pero no es ésa la forma en que debería funcionar el mecanismo de objetivos de inflación. En otras latitudes, digamos Nueva Zelanda, las metas se pactan entre el banco y el parlamento o alguna otra representación de la sociedad (no se las fija el agente responsable a sí mismo) y no son metas con plazos movibles a voluntad del agente.

De hecho, el incumplimiento de las metas pactadas implica sanciones severas para el agente, toda vez que se supone que el correlato de la autonomía de la que goza (el banco es libre para usar todas las herramientas de política monetaria posibles para alcanzar su propósito último, que es la estabilidad de precios) es la obtención de resultados mensurables en plazos determinados, que eso, y no otra cosa, son las dichosas metas.

Esto no es un reproche al desempeño de tales o cuales personas, sino la comprobación de que en este, como en muchos otros casos, hemos "mexicanizado" instituciones, de probada eficacia en otros países, haciéndolas "blandas". Es un problema de diseño institucional deficiente; no de personas. El resultado es que las instituciones pierden eficacia y credibilidad.

Después diremos, reforzando el proceso de los estándares "blandos", que "ésas cosas funcionan en otras partes, digamos en Nueva Zelanda, pero México es diferente". ¡Oh, sí!