domingo, 20 de febrero de 2011

Subsidiar la demanda educativa

Tuve oportunidad de escuchar, en sendos noticiarios de la radio el miércoles por la mañana, al líder de la sección 22, Oaxaca, del sindicato de maestros. Concluí: si así es la mayoría de los maestros es una bendición el hecho de que con tanta frecuencia las niñas y los niños oaxaqueños se queden sin escuela.

Me recordó una frase de Mark Twain: “Nunca he permitido que la escolaridad impida mi educación”.

Y no lo digo porque el líder pareciese tonto, por el contrario mostró en sus declaraciones gran habilidad para llevar las aguas agitadas al molino de sus intereses gremiales. Lo digo precisamente porque tales intereses gremiales, los de la sección sindical que encabeza, van en la dirección opuesta al beneficio de los educandos. No podía ser de otra manera: los intereses gremiales van encaminados a la apropiación de más rentas para el gremio, el de los maestros sindicalizados, y colisionan con el interés de alumnos y padres de familia, que es obtener la mejor educación posible, como plataforma de desarrollo pleno.

En México, como en muchos otros países, nos hemos empeñado durante décadas en subsidiar la oferta educativa. Al hacerlo, al otorgar cuantiosos recursos públicos a los maestros y a la burocracia gubernamental que suponemos dedicada a las tareas educativas, hemos alimentado a inmensos elefantes blancos, parasitarios incluso, cuyo principal objetivo es acrecentar sus rentas y consolidar tal estado de cosas, refractario a toda competencia.

Subsidiar la oferta educativa deja a los supuestos beneficiarios finales (que debieran ser los educandos y sus familias) sin libertad para elegir las que consideren las mejores opciones.

Mientras tanto, los auténticos beneficiarios del gasto, que son los sindicatos y la burocracia, tienen sus incentivos alineados en la dirección opuesta: ganarán más no en la medida que mejor eduquen sino en la medida que puedan presionar al administrador – el gobierno en sus diferentes niveles- a incrementar la dotación de dinero que reciben. Así, a mayor “problemática” educativa tiende a haber mayores recursos para dichos gremios y grupos. Es lógico que la generación de problemas sea, para ellos, un jugoso negocio.

No es malo que parte del gasto educativo que erogan las familias destinándolo a escuelas privadas sea deducible de impuestos, pero ése es sólo un pequeño paso hacia la verdadera solución que debe ser: subsidiar la demanda educativa, reorientar el gasto público corriente destinado a la educación para que lo reciban las familias sin intermediarios y elijan aquella que consideren que es la mejor oferta educativa disponible. Esa es la esencia del llamado “voucher” o cheque educativo que tan buenos resultados ha dado en países como Chile.

No se trata, en lo absoluto, de que el Estado renuncie a invertir en la educación, por el contrario.

Con el cheque educativo – que las familias sólo podrán gastar en pagar una oferta educativa supervisada y autorizada por las autoridades- el caudal de recursos públicos destinados a pagar los sueldos de maestras y maestros será el mismo y previsiblemente seguirá creciendo. Lo que cambia es quién tiene en sus manos la decisión para premiar, mediante el pago, las mejores ofertas educativas. Los buenos maestros, cuyos incentivos estén alineados con el beneficio de los educandos, ganarán más y podrán desarrollarse. Los incompetentes serán desplazados; nadie o casi nadie querrá pagar sus servicios.

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