Precio único: Una ley medieval

A pesar del acertado veto que hizo el Presidente a la ley del libro, la batalla de algunos editores por imponernos una legislación medieval prosigue. El precio único no es otra cosa que prohibir que la libre competencia impere en la industria editorial y que los consumidores podamos tener el poder decisivo en el mundo de la lectura.

Comparada con la oferta editorial en Estados Unidos la que tenemos en Hispanoamérica es lastimosamente pobre. Cada semana al menos recibo un extenso catálogo de ofertas editoriales, personalizado según los intereses que indiqué en un sencillo cuestionario, de la cadena de librerías "Borders" de Estados Unidos (Borders Rewards), con descuentos competitivos en centenares de títulos. Otro tanto hacen otros distribuidores editoriales en Estados Unidos con una oferta diversificada, que lo mismo comprende la más reciente novela de John Le Carré que discos compactos de nuevas grabaciones de música clásica o la más actualizada biografía de Stalin, de Robert Service.
Bastó con que yo comprase en una sucursal de "Borders", en un apresurado viaje a una ciudad del Medio Oeste de los Estados Unidos, una interesante biografía de George Washington y "Rivers of Gold" del historiador birtánico Hugh Thomas (que relata todo el entramado que acompañó a los viajes de Colón y Magallanes al nuevo mundo), para que la bien aceitada maquinaria comercial de "Borders" me captara como cliente. Competencia por servicio, por precio y por valor añadido al del simple libro.
Esta floreciente industria editorial – y podría hablar también de las disfrutables librerías de "Barnes & Noble" y de la maravilla que es adquirir libros por la red gracias a "Amazon"- sólo se explica por la competencia. Y la competencia sólo se explica por una orientación decidida de servicio al consumidor, actualización tecnológica, productividad.
En contraste, nuestros editores hispanoamericanos permanecen anclados en una visión medieval y corporativista del negocio editorial. Su batalla principal, en la que han gastado cuantiosos recursos, y más malas que buenas artes de persuasión, ¡es por prohibir los descuentos en los libros!
Batalla adornada con grandes palabras de resonancias "sociales": Proteger a los pequeños libreros, estimular a los autores incomprendidos por el salvaje público y demás. Para ello se erigen, los editores, como supremos hacedores de la cultura que habrán de decidir en su infinita sabiduría qué autores debemos leer y cuánto debemos subsidiar, los lectores que compramos una obra de un autor consagrado – como Mario Vargas Llosa-, la publicación de una dudosa "promesa" literaria apreciada sólo en un reducidísimo cenáculo de iniciados, como Alberto Ruy Sánchez. El editor decide que yo en la Ciudad de México debo pagar más por el libro para que un hipotético lector en un villorio pague el mismo precio (es decir, el precio máximo, porque el precio único es fijado, por supuesto, de acuerdo al precio más alto).
Medieval, porque los editores pretenden que el Estado les confiera un estatuto de gremio privilegiado, una patente de corso: Ellos y sólo ellos son los dispensadores de la cultura. ¡Vaya arrogancia!