Renovar el acuerdo liberal

Parece llegada la hora de renovar el acuerdo liberal en México, el acuerdo que alimentó – más allá de querellas de facciones y partidos- la restauración de la República en 1867. La supremacía de la ley, hoy como entonces, debe ser la clave de la Reforma del Estado.

Más que una renovación de las instituciones requerimos en México que la clase política renueve, sin dobleces ni agendas ocultas, su compromiso con las instituciones que, al menos en la letra de las Constituciones, han permanecido en México desde los tiempos de Benito Juárez y de la pléyade de liberales que hicieron posible la República Restaurada.
Necesitamos acercarnos más a la Constitución de 1857 para renovar y corregir con inteligencia la de 1917. Necesitamos superar las desviaciones, contrarias al Estado de Derecho liberal en que incurrió México a lo largo del siglo XX.
El Estado de Derecho liberal nace de la convicción de que la finalidad primordial del gobierno es preservar la libertad de los individuos y sus derechos naturales, no otorgados. Esa finalidad se traduce en garantizar la vida, la propiedad y las libertades de conciencia, de trabajo, de opinión, de expresión. Necesitamos, en otras palabras, que el compromiso explícito de políticos y gobernantes – así como de los ciudadanos, desde luego- sea que todos seamos gobernados por las leyes, nunca más por las personas y sus veleidosos caprichos o ambiciones.
México cuenta, en su tradición liberal del siglo XIX, con la mejor fuente de inspiración para insertarse plenamente en el siglo XXI, en el siglo de la globalización, que será también en el siglo de las personas; no de las colectividades. Por ello, gran parte de la modernización de México tiene mucho de restauración de los valores que inspiraron a la República restaurada.
Principios básicos del Estado de Derecho liberal:
1. Supremacía de la Ley. Todos (gobierno y ciudadanos) estamos sujetos a la Ley.
2. Un concepto de justicia fundado en los derechos individuales – y no en vagos y engañosos “derechos sociales”, que son de todos y de nadie- con énfasis en la adjudicación interpersonal. Una justicia sustentada en el cumplimiento de los estándares y procedimientos establecidos por la misma Ley.
3. Restricciones a todo poder discrecional. La discrecionalidad más dañina es la del Poder Ejecutivo, porque sus efectos sobre los ciudadanos son inmediatos e inciertos. Pero también hay que combatir la discrecionalidad del Poder Legislativo, que si bien no genera un daño inmediato provoca incertidumbre, y la discrecionalidad del Poder Judicial que si bien no es incierta, genera daños inmediatos sobre el ciudadano afectado.
4. Independencia judicial efectiva, con certidumbre por la permanencia de la ley, independientemente de coyunturas y circunstancias.
5. Balances y contrapesos efectivos entre los poderes, para que nadie pueda ceder a la tentación de la arbitrariedad o del poder omnímodo. Todo poder debe estar restringido por otros, y de esa forma el poder estará, en última instancia, en los ciudadanos y no en los gobiernos.