Mitos acerca del gasto público en 2006

Esta semana, del lunes 12 al jueves 15 de marzo, publicaré en "El Economista" una serie de cuatro artículos sobre los mitos que se han propalado, en los - nunca mejor dicho- mentideros políticos acerca del gasto público.
El infame papel del Senado vetando la designación de Carlos Hurtado López como sub gobernador del Banco de México, hizo que los politiquillos le dieran vuelo a la especie de que el gasto corriente se desbocó en 2006. Esta serie busca atajar ese mito que empieza a tomarse - para variar- como si fuese axioma; entre otras razones porque - como siempre- es más barato creer cualquier mentira escandalosa que saber fatigosamente una verdad aburrida.
Lo importante, en el asunto del gasto del gobierno, son los para qué se gasta y la urgente necesidad de que la renidición de cuentas vaya más allá de entregarle las facturas al contador y empiece a ser una evaluación técnica de los resultados con criterios de costo- beneficio. Nos sorprendería ver qué pocos proyectos de gasto público pasan esa prueba. Lo que quiere decir, de paso, que el gobierno podría gastar mucho menos...Pero eso es harina de otro costal.
Van pues, de una sola tirada en esta bitácora, los cuatro artículos para el periódico.

Los mitos acerca del gasto público en México durante 2006 han surgido por la divulgación reiterada de falsedades y aprovechando el desconocimiento que padece el gran público acerca de cómo se ejerció el gasto el año pasado y bajo cuáles lineamientos establecidos en la ley.



Durante la sesión del Senado de la República el pasado jueves 8 de marzo algunos de los senadores que ocuparon la tribuna – para "razonar" el dictamen de rechazo a la designación de Carlos Hurtado como subgobernador del banco central- volvieron a divulgar la especie, totalmente falsa, de que durante 2006 se registró un crecimiento desorbitado del gasto público corriente del gobierno federal.

Por fortuna, algunas publicaciones especializadas, como el ya imprescindible sitio en la red "Asuntos Capitales" ( www.asuntoscapitales.com/), han explicado a detalle, primero, cómo fue en realidad el ejercicio del gasto durante el año pasado (recomiendo ver, por ejemplo, el magnífico análisis de Adriana Merchant en dicho sitio), y, segundo, la pobrísima preparación y los endebles argumentos de un senador de apellido Calzada, quien llevó la voz cantante en los alegatos en contra de Hurtado (ver el cáustico y demoledor artículo de Juan Pablo Roiz, publicado el viernes en "Asuntos Capitales").

Vale la pena, sin embargo, profundizar en el asunto del gasto público ya que, de no frenarse a tiempo el diagnóstico erróneo que se ha divulgado, podrá inducir a una desastrosa toma de decisiones en el futuro.

Primero: Es un hecho que Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la abundante legislación al respecto, prácticamente no dejan espacio alguno a la discrecionalidad de los funcionarios federales en el ejercicio del gasto. El PEF es tan minucioso en los señalamientos de cuánto, cuándo, cómo, quién, bajo qué reglas de operación, en qué circunstancias debe ejercerse el gasto – así como en el qué hacer con los ingresos públicos excedentes, en caso de que los hubiere- que se antoja imposible que el ejercicio del gasto se hubiese desviado en la magnitud que irresponsablemente se ha dicho, respecto de lo establecido en el propio PEF.

Asusta que muchos senadores – que en su momento fueron diputados- finjan desconocer este hecho. ¿Engañan deliberadamente?

El primer mito implícito en las falsedades que se han divulgado acerca del gasto público durante 2006 es aquél que supone que en el Presupuesto no hay reglas minuciosas, hasta el escrúpulo, qué indican qué hacer con cada centavo de ingresos excedentes, cuando los hay.

Al escuchar las versiones fantasiosas de algunos políticos acerca de una mítica explosión desorbitada del gasto corriente en 2006 parecería que nos estuviesen asegurando que los ingresos públicos excedentes durante ese año, respecto de lo presupuestado, sorprendieron a todo mundo y se verificaron sin que nadie – ni el Ejecutivo, ni mucho menos la Cámara de Diputados- hubiese tomado previsiones, en 2005, acerca de qué hacer con esos ingresos en caso de que los hubiere en 2006.

Mentira flagrante. Tanto la Ley de Ingresos – aprobada por ambas Cámaras-, como el PEF – aprobado por los diputados-, así como la relativamente nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (sic; debe ser "Hacendística" en buen español), contemplan y establecen mecanismos precisos respecto de los excedentes (y de los eventuales "faltantes" en caso de que los ingresos efectivos fuesen menores a los presupuestados), asignando su destino, su mecánica, los calendarios de su distribución, las formas de rendición de cuentas del uso de dichos excedentes y estableciendo rígidos límites para evitar el gasto deficitario.

De hecho, en las discusiones del PEF en los últimos años ese asunto -qué hacer con los excedentes- ha sido objeto de minuciosa y especial atención por parte de los diputados y, fuera de la Cámara, por parte de los gobiernos de los estados que son de los principales beneficiarios en la eventualidad – reiterada- de suscitarse tales excedentes.

Durante 2006 la totalidad de ingresos excedentes sumó 306, 646.5 millones de pesos y esos excedentes provinieron de: Ingresos petroleros 108,362.4 millones de pesos; ingresos no-petroleros tributarios 115,640.6 millones de pesos; ingresos no-petroleros y no-tributarios 51,820.7 millones de pesos; ingresos excedentes de entidades de control presupuestario directo distintas de Pemex, 33, 822.9 millones de pesos.

Atención: Fueron más los excedentes por una mejor recaudación de impuestos que por precios del petróleo más altos que el presupuestado. Esto desmiente otro mito emparentado con los que estamos comentando que dice: "Los precios altos del petróleo inhibieron la eficacia recaudatoria". No ha sido así.

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el PEF 2006, menos del 11% de los ingresos públicos excedentes se destinaron a gasto no- programable del gobierno federal; y la inmensa mayoría de ese gasto fue en salud, educación y seguridad pública.

¿En qué se gastaron los ingresos públicos excedentes de 2006?

A programas y proyectos de inversión de infraestructura y equipamiento en los estados se destinaron 23,800 millones de pesos.

Además, los excedentes por 147,300 millones de pesos correspondientes al inciso N del artículo 25 del PEF se distribuyeron de acuerdo a las reglas: 45,600 millones de pesos a inversión en Pemex; 22,800 millones de pesos a mejorar el balance público (disminuir deuda); otros 22,800 millones de pesos al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP); 13,800 millones de pesos a erogaciones para cubrir daños causados por desastres naturales (huracanes, especialmente); 1,000 millones de pesos a cubrir costos de combustibles que la Comisión Federal de Electricidad no puede recuperar a causa de las tarifas subsidiadas; 8,600 millones de pesos sirvieron para pagar el 60% de las obligaciones de ejercicios fiscales anteriores y 32,700 millones de pesos (menos del 11% del total de excedentes por 309, 646.5 millones de pesos) se destinaron – de acuerdo a lo instruido en la ley – a cubrir un mayor gasto no programable.

El lector notará que hubo 138,500 millones de pesos de ingresos excedentes que NO cayeron en los supuestos del inciso N y que NO fueron distribuidos a los estados. Se trata de los ingresos generados por las entidades de control presupuestario directo – que fueron 86,600 millones de pesos y se revirtieron a favor de las mismas dependencias que los generaron- y de los excedentes por derechos, productos y aprovechamientos que cobran entidades del gobierno federal, que fueron en 2006 de 51,900 millones de pesos y se revirtieron también a favor de las dependencias que los generaron.

Así pues, ¿dónde están las cantidades exorbitantes de gasto corriente de las que hablan algunos, cuando casi el 90% de los excedentes se destinaron a inversión o a ahorro – fondo de estabilización- o a disminución de la deuda?

Uno de los primeros mitos a desmontar respecto del gasto público es la presunción, injustificada, de que todo gasto de capital es bueno y todo gasto corriente es malo. Esto, aun cuando durante 2006 el crecimiento del gasto de capital fue 3.5 puntos porcentuales mayor que el crecimiento del gasto corriente.

Existen tres clasificaciones tradicionales del gasto público: "económica", "administrativa" y "funcional". La llamada clasificación "económica" se refiere a la naturaleza del gasto y lo divide en corriente y de capital; la clasificación "administrativa" identifica quién – dependencia o ramo administrativo- ejerce el gasto, en tanto que la clasificación "funcional" se refiere a para qué – con qué fin- se ejerce el gasto.

Esta última clasificación, la llamada funcional, es la que más interesa desde el punto de vista económico, siempre y cuando podamos medir los resultados del gasto con criterios de costo-beneficio.

Por el contrario, la clasificación del gasto sólo por su naturaleza – corriente o de capital- no nos dice nada sobre si ese gasto fue pertinente o dispendioso: Construir un barco de concreto – por poner un ejemplo extremo- es un típico "gasto de capital"…aunque el barco se hunda.

Pero aún aceptando esta burda clasificación (que supone que todo lo que se gasta en "fierros", aunque sea una camioneta SUV para el presidente municipal, es "bueno"), hay que decir que durante 2006 el gasto corriente creció 8.9 por ciento, en tanto que el gasto de capital lo hizo 12.4 por ciento, en términos reales.

Sin embargo, la discusión relevante para el país no es ésta, sino si lo asignado sirve para su objeto y es pertinente de acuerdo a criterios de costo contra beneficio.

Ésa debiera ser la discusión toral en la Cámara de Diputados cada año al presentarse el proyecto de presupuesto: Para qué el gasto y si la asignación es la más eficiente.

Ejemplo: Queremos cuidar el agua, ¿qué es más eficaz?, ¿cobrar tarifas reales, es decir: crear un mercado del agua con derechos de propiedad?, ¿construir presas?, ¿hacer campañas publicitarias?

Es lamentable que sigamos eludiendo la verdadera discusión sobre el gasto público – su pertinencia – para perdernos en una clasificación que ya es obsoleta.