Los mitos del "gasto corriente"

Antes de que inicie noviembre el capítulo de ingresos federales en México, para 2010, tiene que estar cerrado y "planchado". Por ley. Entonces, empezará en la Cámara de Diputados la discusión acalorada para confeccionar el presupuesto de egresos, ajustado al límite que marquen los ingresos aprobados.

Entre otras muchas cosas previsibles (por ejemplo, que decenas de periodistas escribirán que es una "rebatinga" de recursos, cuando la palabra correcta es "rebatiña") una legión de emisores de opinión hablará de que hay que cortar sin piedad, ni contemplaciones, el gasto corriente. Está muy bien. Nada más que convendría saber, antes, qué quiere decir eso de gasto corriente y qué quiere decir eso de gasto de inversión o de capital.

Llevo años diciendo que ni todo el gasto corriente es por definición malo, ni todo el gasto de inversión es por definición bueno. De hecho, esa clasificación contable del gasto en gasto corriente y gasto de inversión es bastante imperfecta para tomar decisiones inteligentes. Aquí conviene hacer un paréntesis un poquito didáctico.

En México, en el presupuesto de egresos de la Federación, hay tres grandes clasificaciones en las que se ordenan las partidas de gasto:

1. La clasificación administrativa: Responde a la pregunta de ¿quién ejerce el gasto?, o ¿a quién le pedimos cuentas de lo que se gastó?

2. La clasificación "económica" (ese es el adjetivo oficial, pero más que económica, esa clasificación es contable): Responde a la pregunta de ¿en qué se gasta el dinero? y es aquí donde entra esa sub-clasificación entre gasto corriente y gasto de inversión, y van algunos ejemplos: El sueldo de una enfermera que pone vacunas a los niños en el centro de salud y las mismas vacunas son gasto corriente; en cambio, la camioneta Suburban en la que el señor presidente municipal viaja para visitar al gobernador en la capital del estado es gasto de inversión. Apurando el ejemplo, hay que tener cuidado de que cuando alguien nos predica vehemente que hay que aumentar el gasto de inversión y recortar el gasto corriente no vaya a ser que nos esté diciendo: "Queremos más camionetas Suburban y menos vacunas". Por eso hay que afinar el análisis del gasto, e irnos también a la última de las tres grandes clasificaciones, que es...

3. La clasificación funcional que responde a la pregunta: ¿Para qué se gasta?, ¿para prevenir una epidemia de sarampión o para que el señor presidente municipal llegue a la capital del estado y al palacio de gobierno en un vehículo más que decoroso?, ¿para que los niños en las escuelas aprendan a cifrar y descifrar, leer, escribir, sumar, dividir y demás o para que el SNTE o la CNTE, según la sección sindical y el estado del país de que se trate, no paralicen las clases y no hagan "pacíficas" manifestaciones de protesta que a veces terminan como el famoso Rosario de Amozoc?.

Esta última clasificación debiera ser la más importante para tomar las grandes decisiones, en la Cámara de Diputados, de la misma manera que en el Consejo de Administración de una empresa se decide la mejor asignación posible de los recursos escasos para cumplir el objetivo de la empresa, que es la famosa "línea final" del estado de resultados: la utilidad neta. Los miembros del Consejo de Administración no deberían perder su valioso tiempo decidiendo recortar el gasto en lápices que hace la sucursal de Ciudad de Valles, sino si vale la pena tener sucursales propias o usar otros canales de distribución y servicio. Para ver que no haya un dispendio en lápices está el departamento de contabilidad y auditoría y están los gerentes de las sucursales.

Ahora, imaginemos que los miembros del Consejo de Administración no están interesados, como deben estarlo, en la línea final del estado de resultados, sino en evitar que su compadre que tiene el contrato de la empresa para surtir lápices y material de papelería, a un precio inflado, no vaya a perder esa fuente de jugosos ingresos. Si los miembros del Consejo de Administración razonan así, entonces las juntas de consejo se van a convertir en una rebatiña sobre los recursos de la empresa: Si Fulano quiere que su compadre surta los lápices, yo quiero que mi yerno, el que tiene agencias de autos, también se lleve su tajada y propongo que se renueve la flotilla de camiones de reparto de la empresa porque ya se ve muy deteriorada. Y además, para que mi solicitud suene mucho mejor que la de Fulano (el de los lápices) argumentaré que lo mío es gasto de inversión y no ese detestable gasto corriente que consiste en gastar lápices.

La pregunta que nadie se hace, en ese hipotético Consejo de Administración corrompido que ve un botín en los gastos de la empresa, es ¿para qué sirve este gasto?, ¿en qué contribuye, con indicadores objetivos y transparentes, de preferencia cuantitativos, a que se incremente el valor de la línea final del estado de resultados?

Alegatos de borrachos y gasto corriente

La mayor parte de los políticos mexicanos, y sus voceros oficiosos, opinan sobre el gasto público corriente con la misma vehemencia, fijeza e incongruencia con las que los borrachos defienden las más disparatadas ideas fijas:

- Aquél tipo me está viendo con malos ojos.
- Compadre, ese señor ni siquiera lo ha visto.
- No trate de confundirme compadre, ese tipo me esta viendo feo y yo le voy a partir toda su…

Y así hasta el hartazgo: El borracho insistiendo en su idea fija, generalmente un agravio imaginado, y el interlocutor, sobrio, tratando de regresar al ebrio a la racionalidad. Tarea condenada al fracaso.

Durante los últimos diez años he leído y escuchado incontables veces el reclamo airado de políticos opositores acerca de lo mucho que ha crecido el gasto corriente. Y tienen razón.

Pero su análisis de los hechos no pasa de ahí, igual que el análisis de los hechos del borracho no pasa de que tal o cual persona lo vio “feo”.

Por una vez tratemos de analizar el asunto del gasto corriente con objetividad, no como ebrios mentalmente bloqueados. Veamos:

De 2000 a 2008 el gasto corriente del gobierno creció 42.3 por ciento. Una barbaridad, sin duda. Pero el gasto corriente es todo aquél que no tiene como contrapartida la creación de un activo, lo que significa que bajo esa denominación entran muchas más erogaciones que los míticos “altos” sueldos de funcionarios. Por ejemplo, está todo el gasto destinado a pensiones, todo el gasto “social” destinado a subsidiar directa o indirectamente el consumo, todo el gasto destinado a pagarle a policías, soldados, jueces, médicos, maestros, enfermeras.

¿Cuánto ha crecido el gasto destinado a sueldos y salarios de funcionarios del gobierno central de 2000 a 2008? NO ha crecido, ha disminuido 3 por ciento en términos reales. Pero, en cambio, el gasto destinado a pagar pensiones y jubilaciones ha crecido 53.3 por ciento; el gasto destinado a subsidios ha crecido 57.8 por ciento y el gasto destinado a programas sociales y a compensar, en PEMEX y en CFE, el aumento de precios de combustibles y otros insumos ha crecido casi 100 por ciento en el mismo periodo.

¿Será por eso, porque son rubros “políticamente intocables” aquellos en los que de veras ha crecido el gasto corriente, por lo que el análisis de los hechos que hacen los críticos se queda tan corto como el análisis de los hechos que hacen los borrachos?

Distrito Federal: La otra consulta

¿Y si organizamos una consulta popular sobre cómo se gasta el Gobierno del Distrito Federal el dinero de los contribuyentes y acerca de si los habitantes de la capital acaso perciben que el gasto multimillonario se compadece con los servicios que reciben?

El 82.6% del gasto programable del gobierno del Distrito Federal (GDF) es gasto corriente. Estamos hablando de más de 15,100 millones de pesos de gasto corriente tan sólo en los tres primeros meses de este año. Y de ese total, el 57.7% se fue en sueldos y salarios, más de 8,720 millones de pesos en sólo 90 días, es decir: más de 96 millones de pesos diarios.

El informe trimestral de las finanzas del GDF explica muy bonito este gasto: "La mayor proporción en el gasto de Servicios Personales se debe a que el GDF brinda a la ciudadanía diversos servicios que son intensivos en la utilización del factor humano. Entre ellos, destacan la Seguridad Pública, los Servicios de Salud y la Procuración de Justicia" (he respetado la sintaxis original, incluido el mal uso de las preposiciones).

Hay otra manera de ver las cosas: la del ciudadano; ¿cómo percibe la "intensidad" de ese "factor humano" que cuesta casi 100 millones diarios? Digamos, la percepción del ciudadano que perdió ocho horas en una agencia del ministerio público para denunciar un delito. O la de la ciudadana que fue víctima de un asalto y se pregunta en dónde estaba el personal de seguridad pública (policía), ¿acaso protegiendo al jefe de gobierno o tal vez "escoltando" a una docena de "adelitas" en una obstrucción callejera?

Otra manera bonita de explicar las cosas es rebautizar a los subsidios como aportaciones. Suena mejor decir que el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) recibió "aportaciones" por 1,236 millones de pesos de enero a marzo, que confesar que, debido a la política decisión de mantener su tarifa al público congelada en sólo dos pesos, el Metro recibe cada día un subsidio de más de 13.7 millones de pesos.

A lo mejor alguien se anima a proponer a los habitantes del Distrito Federal una consulta popular para examinar si el gobierno de Marcelo Ebrard está haciendo las cosas bien y si es buena idea usar el dinero de los contribuyentes para subsidiar el "museo del estanquillo" o para patrocinar la "quinta noche de primavera", lo que quiera que sea esa "actividad cultural".

Gasto público: ¿Cómo frenarlo?

De entrada hay una inevitable tendencia al desperdicio en el gasto gubernamental – en cualquier país, en cualquier época-, de ahí la importancia crucial de frenar el desperdicio mediante un cambio drástico hacia el logro de resultados.

El hecho de que un mexicano que nace en una comunidad de población mayoritariamente indígena tenga una esperanza de vida de 66 años contra una esperanza de vida de 78 años que tiene un mexicano que nace en una ciudad como Monterrey, NO (las mayúsculas son intencionales) nos habla de que el gobierno necesite gastar más, sino de que necesita gastar mejor – y probablemente menos- porque ha estado desperdiciando miserablemente, por décadas, los recursos que aportamos los contribuyentes.

Y habría que precisar más: No es el gobierno en abstracto, son los gobiernos específicos. El gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno de la cabecera municipal y hasta el gobierno de la comunidad, así sea una paupérrima ranchería.

El indicador de la disparidad en la esperanza de vida nos relata, en el fondo, todo un catálogo de decisiones erróneas, tal vez estúpidas, muchas veces esquizofrénicas, en materia de gasto público. ¿Por qué hemos gastado tantos millones de pesos en sostener el mito de que ese mexicano de una comunidad indígena debe quedarse ahí, alejado de toda oportunidad de desarrollo, incomunicado, sin acceso al progreso?, ¿por qué hemos gastado tantos millones de pesos en adoctrinar a ese mexicano en que debe seguir, como sus ancestros, cultivando maíz en una parcela de ínfimas dimensiones y en condiciones de abismal improductividad?

¿Qué salva más vidas?, ¿el agua potable?, ¿las vacunas?, ¿una carretera?, ¿la energía eléctrica? ¿Qué es más eficiente y eficaz?, ¿llevar a una comunidad de menos de dos mil habitantes toda la infraestructura que puede soportar una ciudad, a costos exorbitantes? o ¿propiciar que esos mexicanos emigren y se integren al progreso?, ¿tiene sentido subsidiar la producción de maíz en esas condiciones de total desventaja competitiva y comparativa?, ¿qué sirve más para mejorar las condiciones de vida?, ¿la enseñanza del náhuatl o la enseñanza del inglés?, ¿dónde va a dar mejores resultados el dinero público: destinado a becas para aprender computación o destinado a pagarle a un “maestro” del CNTE especializado en marchas y bloqueos?

Si de veras empezamos a medir los resultados del gasto, no sólo empezaremos a gastar mejor; gastaremos mucho menos.

Mitos acerca del gasto público en 2006

Esta semana, del lunes 12 al jueves 15 de marzo, publicaré en "El Economista" una serie de cuatro artículos sobre los mitos que se han propalado, en los - nunca mejor dicho- mentideros políticos acerca del gasto público.
El infame papel del Senado vetando la designación de Carlos Hurtado López como sub gobernador del Banco de México, hizo que los politiquillos le dieran vuelo a la especie de que el gasto corriente se desbocó en 2006. Esta serie busca atajar ese mito que empieza a tomarse - para variar- como si fuese axioma; entre otras razones porque - como siempre- es más barato creer cualquier mentira escandalosa que saber fatigosamente una verdad aburrida.
Lo importante, en el asunto del gasto del gobierno, son los para qué se gasta y la urgente necesidad de que la renidición de cuentas vaya más allá de entregarle las facturas al contador y empiece a ser una evaluación técnica de los resultados con criterios de costo- beneficio. Nos sorprendería ver qué pocos proyectos de gasto público pasan esa prueba. Lo que quiere decir, de paso, que el gobierno podría gastar mucho menos...Pero eso es harina de otro costal.
Van pues, de una sola tirada en esta bitácora, los cuatro artículos para el periódico.

Los mitos acerca del gasto público en México durante 2006 han surgido por la divulgación reiterada de falsedades y aprovechando el desconocimiento que padece el gran público acerca de cómo se ejerció el gasto el año pasado y bajo cuáles lineamientos establecidos en la ley.



Durante la sesión del Senado de la República el pasado jueves 8 de marzo algunos de los senadores que ocuparon la tribuna – para "razonar" el dictamen de rechazo a la designación de Carlos Hurtado como subgobernador del banco central- volvieron a divulgar la especie, totalmente falsa, de que durante 2006 se registró un crecimiento desorbitado del gasto público corriente del gobierno federal.

Por fortuna, algunas publicaciones especializadas, como el ya imprescindible sitio en la red "Asuntos Capitales" ( www.asuntoscapitales.com/), han explicado a detalle, primero, cómo fue en realidad el ejercicio del gasto durante el año pasado (recomiendo ver, por ejemplo, el magnífico análisis de Adriana Merchant en dicho sitio), y, segundo, la pobrísima preparación y los endebles argumentos de un senador de apellido Calzada, quien llevó la voz cantante en los alegatos en contra de Hurtado (ver el cáustico y demoledor artículo de Juan Pablo Roiz, publicado el viernes en "Asuntos Capitales").

Vale la pena, sin embargo, profundizar en el asunto del gasto público ya que, de no frenarse a tiempo el diagnóstico erróneo que se ha divulgado, podrá inducir a una desastrosa toma de decisiones en el futuro.

Primero: Es un hecho que Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la abundante legislación al respecto, prácticamente no dejan espacio alguno a la discrecionalidad de los funcionarios federales en el ejercicio del gasto. El PEF es tan minucioso en los señalamientos de cuánto, cuándo, cómo, quién, bajo qué reglas de operación, en qué circunstancias debe ejercerse el gasto – así como en el qué hacer con los ingresos públicos excedentes, en caso de que los hubiere- que se antoja imposible que el ejercicio del gasto se hubiese desviado en la magnitud que irresponsablemente se ha dicho, respecto de lo establecido en el propio PEF.

Asusta que muchos senadores – que en su momento fueron diputados- finjan desconocer este hecho. ¿Engañan deliberadamente?

El primer mito implícito en las falsedades que se han divulgado acerca del gasto público durante 2006 es aquél que supone que en el Presupuesto no hay reglas minuciosas, hasta el escrúpulo, qué indican qué hacer con cada centavo de ingresos excedentes, cuando los hay.

Al escuchar las versiones fantasiosas de algunos políticos acerca de una mítica explosión desorbitada del gasto corriente en 2006 parecería que nos estuviesen asegurando que los ingresos públicos excedentes durante ese año, respecto de lo presupuestado, sorprendieron a todo mundo y se verificaron sin que nadie – ni el Ejecutivo, ni mucho menos la Cámara de Diputados- hubiese tomado previsiones, en 2005, acerca de qué hacer con esos ingresos en caso de que los hubiere en 2006.

Mentira flagrante. Tanto la Ley de Ingresos – aprobada por ambas Cámaras-, como el PEF – aprobado por los diputados-, así como la relativamente nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (sic; debe ser "Hacendística" en buen español), contemplan y establecen mecanismos precisos respecto de los excedentes (y de los eventuales "faltantes" en caso de que los ingresos efectivos fuesen menores a los presupuestados), asignando su destino, su mecánica, los calendarios de su distribución, las formas de rendición de cuentas del uso de dichos excedentes y estableciendo rígidos límites para evitar el gasto deficitario.

De hecho, en las discusiones del PEF en los últimos años ese asunto -qué hacer con los excedentes- ha sido objeto de minuciosa y especial atención por parte de los diputados y, fuera de la Cámara, por parte de los gobiernos de los estados que son de los principales beneficiarios en la eventualidad – reiterada- de suscitarse tales excedentes.

Durante 2006 la totalidad de ingresos excedentes sumó 306, 646.5 millones de pesos y esos excedentes provinieron de: Ingresos petroleros 108,362.4 millones de pesos; ingresos no-petroleros tributarios 115,640.6 millones de pesos; ingresos no-petroleros y no-tributarios 51,820.7 millones de pesos; ingresos excedentes de entidades de control presupuestario directo distintas de Pemex, 33, 822.9 millones de pesos.

Atención: Fueron más los excedentes por una mejor recaudación de impuestos que por precios del petróleo más altos que el presupuestado. Esto desmiente otro mito emparentado con los que estamos comentando que dice: "Los precios altos del petróleo inhibieron la eficacia recaudatoria". No ha sido así.

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el PEF 2006, menos del 11% de los ingresos públicos excedentes se destinaron a gasto no- programable del gobierno federal; y la inmensa mayoría de ese gasto fue en salud, educación y seguridad pública.

¿En qué se gastaron los ingresos públicos excedentes de 2006?

A programas y proyectos de inversión de infraestructura y equipamiento en los estados se destinaron 23,800 millones de pesos.

Además, los excedentes por 147,300 millones de pesos correspondientes al inciso N del artículo 25 del PEF se distribuyeron de acuerdo a las reglas: 45,600 millones de pesos a inversión en Pemex; 22,800 millones de pesos a mejorar el balance público (disminuir deuda); otros 22,800 millones de pesos al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP); 13,800 millones de pesos a erogaciones para cubrir daños causados por desastres naturales (huracanes, especialmente); 1,000 millones de pesos a cubrir costos de combustibles que la Comisión Federal de Electricidad no puede recuperar a causa de las tarifas subsidiadas; 8,600 millones de pesos sirvieron para pagar el 60% de las obligaciones de ejercicios fiscales anteriores y 32,700 millones de pesos (menos del 11% del total de excedentes por 309, 646.5 millones de pesos) se destinaron – de acuerdo a lo instruido en la ley – a cubrir un mayor gasto no programable.

El lector notará que hubo 138,500 millones de pesos de ingresos excedentes que NO cayeron en los supuestos del inciso N y que NO fueron distribuidos a los estados. Se trata de los ingresos generados por las entidades de control presupuestario directo – que fueron 86,600 millones de pesos y se revirtieron a favor de las mismas dependencias que los generaron- y de los excedentes por derechos, productos y aprovechamientos que cobran entidades del gobierno federal, que fueron en 2006 de 51,900 millones de pesos y se revirtieron también a favor de las dependencias que los generaron.

Así pues, ¿dónde están las cantidades exorbitantes de gasto corriente de las que hablan algunos, cuando casi el 90% de los excedentes se destinaron a inversión o a ahorro – fondo de estabilización- o a disminución de la deuda?

Uno de los primeros mitos a desmontar respecto del gasto público es la presunción, injustificada, de que todo gasto de capital es bueno y todo gasto corriente es malo. Esto, aun cuando durante 2006 el crecimiento del gasto de capital fue 3.5 puntos porcentuales mayor que el crecimiento del gasto corriente.

Existen tres clasificaciones tradicionales del gasto público: "económica", "administrativa" y "funcional". La llamada clasificación "económica" se refiere a la naturaleza del gasto y lo divide en corriente y de capital; la clasificación "administrativa" identifica quién – dependencia o ramo administrativo- ejerce el gasto, en tanto que la clasificación "funcional" se refiere a para qué – con qué fin- se ejerce el gasto.

Esta última clasificación, la llamada funcional, es la que más interesa desde el punto de vista económico, siempre y cuando podamos medir los resultados del gasto con criterios de costo-beneficio.

Por el contrario, la clasificación del gasto sólo por su naturaleza – corriente o de capital- no nos dice nada sobre si ese gasto fue pertinente o dispendioso: Construir un barco de concreto – por poner un ejemplo extremo- es un típico "gasto de capital"…aunque el barco se hunda.

Pero aún aceptando esta burda clasificación (que supone que todo lo que se gasta en "fierros", aunque sea una camioneta SUV para el presidente municipal, es "bueno"), hay que decir que durante 2006 el gasto corriente creció 8.9 por ciento, en tanto que el gasto de capital lo hizo 12.4 por ciento, en términos reales.

Sin embargo, la discusión relevante para el país no es ésta, sino si lo asignado sirve para su objeto y es pertinente de acuerdo a criterios de costo contra beneficio.

Ésa debiera ser la discusión toral en la Cámara de Diputados cada año al presentarse el proyecto de presupuesto: Para qué el gasto y si la asignación es la más eficiente.

Ejemplo: Queremos cuidar el agua, ¿qué es más eficaz?, ¿cobrar tarifas reales, es decir: crear un mercado del agua con derechos de propiedad?, ¿construir presas?, ¿hacer campañas publicitarias?

Es lamentable que sigamos eludiendo la verdadera discusión sobre el gasto público – su pertinencia – para perdernos en una clasificación que ya es obsoleta.