La Suprema Corte detiene la venta de Chrysler a Fiat

Problemas en el paraíso.

Minutos antes de que se cerrara la venta de la mayor parte de los activos de Chrysler a la italiana Fiat, como parte del proceso de bancarrota organizado por el equipo ("task force") designado por Obama, la juez de la Suprema Corte Ruth Bader Grinsburg congeló el proceso de venta hasta dilucidar si proceden los alegatos en contra por parte de tres fondos de pensiones de Indiana, que poseen unos $42 millones de dólares de la deuda de Chrysler (cuya deuda total se calcula en $6,900 millones de dólares).
Aunque funcionarios de la Casa Blanca calificaron este revés sólo como un trámite administrativo que será rápidamente solventado, lo cierto es que los pequeños inversionistas de Indiana podrían lograr echar para abajo el trato de venta a Fiat, cuyo plazo fatal es el 15 de junio, porque tienen un buen punto jurídico y constitucional: Hay un obvio favoritismo en el trato que, como acreedor de Chrysler, está recibiendo el poderoso sindicato automotriz UAW, bastión del Partido Demócrata y fuerte apoyo electoral para Barack Obama.
Y lo peor, para los planes de la administración de Obama, es que si procede el alegato de los pequeños inversionistas acerca de un trato discriminatorio a favor del sindicato en el caso de Chrysler, por simple lógica jurídica también procederían las objeciones contra el proceso de bancarrota de General Motors que también da un trato de acreedor "especial" a la UAW.
No todo es miel en "Obama country". El caso prefigura futuros conflictos entre un Presidente (Obama) que concibe la justicia con acento social (para usar una frase conocida en España y en Hispanoamérica: "la justicia como opción preferencial por los pobres..., los débiles o los grupos sociales por sobre los ricos..., los fuertes... y los individuos") y una sólida tradición jurídica que concibe la justicia a secas, como trato igual para todos. Ya veremos.