La Suprema Corte detiene la venta de Chrysler a Fiat

Problemas en el paraíso.

Minutos antes de que se cerrara la venta de la mayor parte de los activos de Chrysler a la italiana Fiat, como parte del proceso de bancarrota organizado por el equipo ("task force") designado por Obama, la juez de la Suprema Corte Ruth Bader Grinsburg congeló el proceso de venta hasta dilucidar si proceden los alegatos en contra por parte de tres fondos de pensiones de Indiana, que poseen unos $42 millones de dólares de la deuda de Chrysler (cuya deuda total se calcula en $6,900 millones de dólares).
Aunque funcionarios de la Casa Blanca calificaron este revés sólo como un trámite administrativo que será rápidamente solventado, lo cierto es que los pequeños inversionistas de Indiana podrían lograr echar para abajo el trato de venta a Fiat, cuyo plazo fatal es el 15 de junio, porque tienen un buen punto jurídico y constitucional: Hay un obvio favoritismo en el trato que, como acreedor de Chrysler, está recibiendo el poderoso sindicato automotriz UAW, bastión del Partido Demócrata y fuerte apoyo electoral para Barack Obama.
Y lo peor, para los planes de la administración de Obama, es que si procede el alegato de los pequeños inversionistas acerca de un trato discriminatorio a favor del sindicato en el caso de Chrysler, por simple lógica jurídica también procederían las objeciones contra el proceso de bancarrota de General Motors que también da un trato de acreedor "especial" a la UAW.
No todo es miel en "Obama country". El caso prefigura futuros conflictos entre un Presidente (Obama) que concibe la justicia con acento social (para usar una frase conocida en España y en Hispanoamérica: "la justicia como opción preferencial por los pobres..., los débiles o los grupos sociales por sobre los ricos..., los fuertes... y los individuos") y una sólida tradición jurídica que concibe la justicia a secas, como trato igual para todos. Ya veremos.

Igualitarismo corruptor e inicuo

En la práctica la prohibición contenida en la reciente reforma electoral, que atenta contra la libertad de expresión, provocará que la propaganda electoral en radio y televisión se disfrace de información o de comentario editorial – engañando al público -, al tiempo que los ingresos que por esa vía obtengan los medios no podrán ser fiscalizados, ni por el IFE, ni por el fisco, ni por los accionistas minoritarios, mucho menos por los electores.

En las dos entregas anteriores he denunciado, desde el punto de vista de los derechos humanos y de los principios de una democracia liberal, el atentado que entraña la prohibición que se ha hecho a los ciudadanos comunes de contratar espacios en radio y televisión para opinar sobre candidatos, contiendas y propuestas electorales.

Ahora veamos cuáles serán las consecuencias prácticas. Son fáciles de prever para quien conozca cómo operan en México la radio y la televisión, así como los mecanismos habituales que usan los dueños de dichos medios para beneficiarse en la arena política sin exponerse públicamente.

El pretexto para la prohibición se remite a unos anuncios que por dos o tres días, durante 2006, difundieron organismos empresariales advirtiendo de los riesgos de políticas populistas. De ahí, algunos han inferido que se trata de una prohibición con dedicatoria –aberrante en un Estado de Derecho- dictada por prejuicios ideológicos en contra de los "ricos". Sin embargo, a poco que se medite, no parece ser ése el motivo de fondo para la restricción, sino promover la corrupta costumbre de esconder propaganda política, pagada a trasmano, en noticiarios y en programas informativos y de opinión. Uno de los eufemismos para esta falsificación (difundir propaganda pagada como si se tratase de información) es la denominación "producto integrado" (para una descripción de Ibope acerca de qué se entiende por "producto integrado" ver aquí).

Dado que la prohibición se refiere sólo a espacios oficialmente comercializados ("spots"), proliferarán las simulaciones mencionadas, con lo cual: 1. Algunos partidos podrán difundir propaganda no fiscalizada por las autoridades electorales, violando los "topes de campaña"; lo cual es obviamente contrario a la equidad, y 2. Algunos medios obtendrán cuantiosos ingresos de los que no darán cuenta ni al fisco, ni a sus accionistas minoritarios, ni a las mismas autoridades electorales.

Un caso típico de regulación que beneficia a los entes regulados: partidos y medios electrónicos de comunicación.

Nadie sabe para quién trabaja. ¿O sí?