El gran negocio de la pobreza

¿A quién le conviene que la pobreza sea puesta en el primer lugar de un programa de gobierno?, ¿a los pobres o a quienes se ocupan de preocuparse de los pobres?

La pregunta que ayer hizo Otto Granados en un artículo periodístico suena a provocación: “¿Es la pobreza el problema más urgente?”. Y con seguridad más de uno se sintió agraviado porque se preguntase tamaña “obviedad” y con tan poca “sensibilidad social”. Sentirse agraviado y proclamarlo es un deporte mexicano.
Pero, a pesar de los agraviados – más fingidos que reales- la pregunta pone el dedo en la llaga, porque la respuesta es clara: No. La pobreza no es el problema más urgente en México. La pobreza es consecuencia de problemas aún más graves y más urgentes, uno de los cuales, por cierto, es la palmaria ineficacia de muchísimos “programas sociales” para combatir la pobreza, que no sólo han sido ineficaces, sino que obstaculizan el crecimiento económico (y por ende agravan la pobreza) dado que estimulan la improductividad.
Y en el colmo de los incentivos perversos, dichos programas – que suponen incrementos constantes en el gasto público – se refuerzan por su propio fracaso, del mismo modo que los gobiernos de los estados más pobres del país tienen el incentivo perverso de que mantener o incrementar sus coeficientes de marginalidad o pobreza significa recibir más recursos federales.
Dicho en forma sencilla: La gente no sale de pobre porque el gobierno gaste más; por el contrario, la gente se suele hacer más pobre en la medida que el gobierno gasta más. Cuando la aplicación de la ley – Estado de Derecho- se ha descartado como solución a los problemas (por las razones que sean, las más de las veces de mala sociología), la única manera de que la otra opción – el diálogo- no quede en palabrería hueca es ponerle pesos y centavos. Pesos y centavos que las más de las veces son la traducción de una negociación cruda: “¿Cuánto hace falta para que dejes de incordiar?”. Y los pesos y centavos acaban en los bolsillos de quienes tienen capacidad de incordiar, lo que les estimula para seguir incordiando en el futuro.
Y, ¿qué es lo que más perjudica a los pobres y les impide crecer mediante una mayor productividad? Pues, ¡la persistencia de los conflictos que crean los especialistas en incordiar!
Los más beneficiados por la vigencia del Estado de Derecho son los más pobres. Más hace para combatir eficazmente la pobreza un sistema jurídico confiable – en el que la ley no se cotice en beneficio del mejor postor o de quien más puede incordiar- que decenas de programas de gasto social.
Más hacen para combatir la pobreza unas políticas monetaria y fiscal responsables – que estabilizan los precios- que un ejército de “pobretólogos” discutiendo interminablemente cómo medir la pobreza, lo que convierte a la economía en “pobremetría” y a los economistas, bien pagados con buenas chambas para “ocuparse en preocuparse de la pobreza”, en “pobremetristas”.