Infraestructura y estímulos inflacionistas (20 de agosto)

No será a través de estímulos a la demanda cómo se recuperará la senda del crecimiento. Tales estímulos inflacionistas agravan la mala asignación de recursos y, a la postre, impiden el crecimiento en lugar de fomentarlo.



En principio, una decidida inversión pública y privada en infraestructura en estos momentos debe tener virtudes contra cíclicas, además de que, para el caso de México, se trata de una tarea impostergable dado el impacto brutal que nuestro rezago en infraestructura tiene sobre la productividad y, por ende, sobre la competitividad de la economía.

Sin embargo, un impecable propósito no siempre obtiene buenos resultados.

Ya reseñaba El Economista, el lunes 18 de agosto, algunos de los numerosos obstáculos que han atrasado parcialmente la cuantiosa inversión en infraestructura que se propuso este año el gobierno federal: trabas burocráticas y de regulación (ejemplo: se han llegado a exigir estudios de impacto ambiental para construir una carretera ¡en el desierto!), asignaciones de gasto surgidas al calor de la discusión legislativa que carecen de programa ejecutivo y propósito racional, protagonismo y mezquindad política (basta un grupito de ejidatarios hábilmente manipulado para obstruir por años la construcción de una presa o de un aeropuerto), legislaciones locales obsoletas, carencia de ingenieros en el país (por dos o tres generaciones hemos enviado la "señal" cultural y social equivocada de que es más relevante contar con juristas, comunicadores o políticos que con ingenieros competentes, lo que se refleja en salarios ridículamente bajos en México para estos últimos), prejuicios ideológicos contra la inversión privada en infraestructura y un largo etcétera.

Pese a todo, hay indicios de que se están venciendo tales obstáculos. Que así sea.

Pero hay tal vez un obstáculo mayor que puede frustrar los efectos benéficos de la inversión en infraestructura que requiere el país: Son las apresuradas decisiones de política pública - dictadas con frecuencia bajo la presión de la popularidad o de las encuestas – que buscan sortear un difícil entorno económico mediante estímulos artificiales a la demanda (precios controlados, subsidios abiertos o disfrazados, presiones para disminuir las tasas de interés, mecanismos proteccionistas) que, a su vez, provocan, una mala asignación de recursos (uno de los males más graves de la inflación es la distorsión de los precios relativos, lo que estimula la inversión improductiva y el desperdicio), acortan los plazos y podrían desalentar, otra vez, la indispensable inversión en infraestructura.