Infraestructura y estímulos inflacionistas (20 de agosto)

No será a través de estímulos a la demanda cómo se recuperará la senda del crecimiento. Tales estímulos inflacionistas agravan la mala asignación de recursos y, a la postre, impiden el crecimiento en lugar de fomentarlo.



En principio, una decidida inversión pública y privada en infraestructura en estos momentos debe tener virtudes contra cíclicas, además de que, para el caso de México, se trata de una tarea impostergable dado el impacto brutal que nuestro rezago en infraestructura tiene sobre la productividad y, por ende, sobre la competitividad de la economía.

Sin embargo, un impecable propósito no siempre obtiene buenos resultados.

Ya reseñaba El Economista, el lunes 18 de agosto, algunos de los numerosos obstáculos que han atrasado parcialmente la cuantiosa inversión en infraestructura que se propuso este año el gobierno federal: trabas burocráticas y de regulación (ejemplo: se han llegado a exigir estudios de impacto ambiental para construir una carretera ¡en el desierto!), asignaciones de gasto surgidas al calor de la discusión legislativa que carecen de programa ejecutivo y propósito racional, protagonismo y mezquindad política (basta un grupito de ejidatarios hábilmente manipulado para obstruir por años la construcción de una presa o de un aeropuerto), legislaciones locales obsoletas, carencia de ingenieros en el país (por dos o tres generaciones hemos enviado la "señal" cultural y social equivocada de que es más relevante contar con juristas, comunicadores o políticos que con ingenieros competentes, lo que se refleja en salarios ridículamente bajos en México para estos últimos), prejuicios ideológicos contra la inversión privada en infraestructura y un largo etcétera.

Pese a todo, hay indicios de que se están venciendo tales obstáculos. Que así sea.

Pero hay tal vez un obstáculo mayor que puede frustrar los efectos benéficos de la inversión en infraestructura que requiere el país: Son las apresuradas decisiones de política pública - dictadas con frecuencia bajo la presión de la popularidad o de las encuestas – que buscan sortear un difícil entorno económico mediante estímulos artificiales a la demanda (precios controlados, subsidios abiertos o disfrazados, presiones para disminuir las tasas de interés, mecanismos proteccionistas) que, a su vez, provocan, una mala asignación de recursos (uno de los males más graves de la inflación es la distorsión de los precios relativos, lo que estimula la inversión improductiva y el desperdicio), acortan los plazos y podrían desalentar, otra vez, la indispensable inversión en infraestructura.

Infraestructura – Productividad – Crecimiento

¿Qué es lo más valioso que puede hacer un gobierno para propiciar un mayor bienestar? Remover obstáculos a la productividad. Esa es la gran virtud de apostarle a la inversión en infraestructura.

1. La única llave efectiva para acelerar en forma sostenida el crecimiento económico de un país es la acumulación de incrementos en la productividad.

2. La productividad es la relación entre lo producido y los medios empleados para ello.

3. Los obstáculos a una mayor productividad, básicamente, pueden ser de tres tipos: financieros, institucionales y físicos.

4. Gracias a la estabilidad económica México ya no tiene obstáculos financieros que impidan crecimientos en la productividad. Tenemos baja inflación, finanzas públicas sanas y un sistema financiero con buenos índices de capitalización y con regulaciones modernas. El ahorro interno crece a un ritmo saludable.

5. México padece, en cambio, abrumadores obstáculos institucionales para desatar la productividad: Por ejemplo, una Constitución llena de restricciones absurdas y de mitos consagrados como dogmas que la clase política no está dispuesta a tocar. El fundamentalismo mitómano de la mayoría de nuestros políticos nos permite aspirar, en el mejor de los casos, NO a reformas estructurales, sino a reformitas de muy baja productividad (el producto final de esos cambios, si se logran, será magro en relación a los costosos medios empleados), como una reformita en Pemex, una reformita laboral, una reformita de la instrucción pública…

6. Los desarreglos fiscales y monetarios de los últimos 30 años del siglo pasado, así como las recurrentes crisis en las balanzas de pagos derivadas de los primeros, dejaron como herencia en México, al igual que en la mayor parte de los países de América Latina, una infraestructura insuficiente, deficiente y obsoleta. Esa carencia física es otra barrera abrumadora contra la productividad.

7. Dado que ya alcanzamos, tras una década de políticas fiscales y monetarias ejemplares, la estabilidad económica suficiente y se han removido los obstáculos financieros, y dadas las restricciones “político-mitológicas” para realizar reformas institucionales de gran calado, parece evidente que la apuesta por la inversión en infraestructura, que además tiene un poderoso efecto multiplicador, es obligada y un gran acierto de este gobierno.

Un dato para meditar: En 2005 China invirtió en infraestructura el equivalente al 9% de su PIB. Ese mismo año la inversión en obras públicas en México fue equivalente a 2.4% del PIB.

Las tres restricciones para crecer

Considerando las tres grandes restricciones que padecemos para crecer, lo sorprendente no es que la economía mexicana no haya crecido a tasas sostenidas de más de 5 por ciento anual, sino que hayamos podido más o menos crecer, sin el sobresalto de nuevas crisis, los últimos doce años.


Los fundamentos de la economía mexicana – básicamente, finanzas públicas sanas y estabilidad monetaria- han sido sólidos desde 1996 y desde entonces han mejorado consistentemente. A la vista de esa realidad uno se pregunta por qué, entonces, México no crece a tasas anuales sostenidas de 5% real o mayores.

Nuestra primera gran restricción para crecer radica en la precariedad de nuestro estado de derecho. La vigencia del estado de derecho es mucho más que el cumplimiento más o menos constante de la ley. El estado de derecho consiste en contar con un diseño constitucional orientado radicalmente a garantizar los derechos y las libertades individuales, mediante una división de poderes eficaz. Consiste también en que cada ciudadano cuente con la plena certeza de que sus derechos de propiedad serán invariablemente respetados y de que el Estado garatizará siempre el cumplimiento cabal de los contratos.

La segunda gran restricción que padecemos para crecer es la ausencia de libre competencia en mercados estratégicos para el desarrollo.

Y la tercera gran restricción radica en que estuvimos demasiado ocupados arreglando el desastre fiscal que nos heredaron los gobiernos de LEA y JLP en el siglo pasado, lo que nos impidió tener recursos y tiempo para invertir en lo importante: Infraestructura para el desarrollo. En dos vertientes: Infraestructura básica para superar las condiciones de pobreza e infraestructura de calidad para competir en los mercados globales. Este terrible rezago en la inversión en infraestructura es una tarea que los gobiernos – en sus tres órdenes – nos han quedado a deber. Para colmo, nuestra presunta “riqueza petrolera” ha servido de paliativo para eludir las reformas indispensables para contar con una fuente sana, estable y sostenible de recursos fiscales para invertir en infraestructura.

Bien que mal, la reciente reforma fiscal – que es el primer paso de un ciclo de reformas fiscales que México necesita- apunta a generar recursos para destrabar esta tercera restricción. La única justificación para pedir más recursos a la sociedad es para que los gobiernos los inviertan en infraestructura, con estrictos criterios de productividad y no de lucimiento efímero de politiquillos.