¿Otro petardo de los “ruido-traficantes”?
¡Qué chistoso! Los acusadores de dedo flamígero, los que agitan en su mano las presuntas “pruebas” de tremendos delitos frente a las cámaras y a los micrófonos, no han atinado a presentar una denuncia ante las autoridades competentes. Y el presunto acusado, en cambio, entrega a la PGR, para que lo investiguen, un buen número de documentos. Me huele a que, ¡otra vez!, el legítimo charlatán y sus huestes nos han tomado el pelo.
El lunes anunciaron con voz tronante que presentarían ante las autoridades competentes, al día siguiente, una denuncia en contra de Juan Camilo Mouriño, el actual secretario de Gobernación, dado que, aseguran, cometió delitos tipificados y punibles conforme a diversas leyes.
El martes algunos medios anuncian que es inminente el arribo de los justicieros populares a la Procuraduría General de la República con el “abultado expediente de pruebas”. Pero nunca llegan. El que sí presenta documentos acerca del caso ante la PGR, para que se determine si se configura algún delito, ¡es el propio acusado!, al que buena parte de la “comentocracia” mexicana ya le ha hecho juicio sumario con sentencia, moraleja (la moraleja, típica del resentimiento social, dice algo así: “Los riquillos siempre son malos, los pobres siempre son buenos”) y sesudo consejo al Presidente, al que cada cual le dice desde su púlpito lo que debe hacer. Todo en un solo paquete.
Es miércoles y me temo que, ¡otra vez!, los traficantes de “ruido” nos han tomado el pelo. Otro petardo estruendoso y sin sustancia, para regocijo de los incompetentes, quienes ven apuntalada su dictadura.
Las democracias que se respetan a sí mismas se fundan en la “doble ele” – ley y libertad, “law and liberty” – y en ellas un principio básico de la vida pública es: “Quien acusa tiene que probar”, lo que incluye, desde luego, probar ante las autoridades competentes y conforme a la ley.
Por estas latitudes, en cambio, el supremo criterio de prueba es un sondeo de opinión – “¿usted cree que para tener más petróleo ligero, Pemex le debería echar agua al chapopote?” – y un solemne opinante de oficio que inicia sus peroratas con un apabullante: “Yocrioque sí debe renunciar porque el árbitro mediático – es decir, yo- ya dictó sentencia inapelable…y sí, también yocriqoue le deben echar agua al chapopote, lo exige la opinión pública”.
El lunes anunciaron con voz tronante que presentarían ante las autoridades competentes, al día siguiente, una denuncia en contra de Juan Camilo Mouriño, el actual secretario de Gobernación, dado que, aseguran, cometió delitos tipificados y punibles conforme a diversas leyes.
El martes algunos medios anuncian que es inminente el arribo de los justicieros populares a la Procuraduría General de la República con el “abultado expediente de pruebas”. Pero nunca llegan. El que sí presenta documentos acerca del caso ante la PGR, para que se determine si se configura algún delito, ¡es el propio acusado!, al que buena parte de la “comentocracia” mexicana ya le ha hecho juicio sumario con sentencia, moraleja (la moraleja, típica del resentimiento social, dice algo así: “Los riquillos siempre son malos, los pobres siempre son buenos”) y sesudo consejo al Presidente, al que cada cual le dice desde su púlpito lo que debe hacer. Todo en un solo paquete.
Es miércoles y me temo que, ¡otra vez!, los traficantes de “ruido” nos han tomado el pelo. Otro petardo estruendoso y sin sustancia, para regocijo de los incompetentes, quienes ven apuntalada su dictadura.
Las democracias que se respetan a sí mismas se fundan en la “doble ele” – ley y libertad, “law and liberty” – y en ellas un principio básico de la vida pública es: “Quien acusa tiene que probar”, lo que incluye, desde luego, probar ante las autoridades competentes y conforme a la ley.
Por estas latitudes, en cambio, el supremo criterio de prueba es un sondeo de opinión – “¿usted cree que para tener más petróleo ligero, Pemex le debería echar agua al chapopote?” – y un solemne opinante de oficio que inicia sus peroratas con un apabullante: “Yocrioque sí debe renunciar porque el árbitro mediático – es decir, yo- ya dictó sentencia inapelable…y sí, también yocriqoue le deben echar agua al chapopote, lo exige la opinión pública”.
Etiquetas: Andrés López Obrador, Juan Camilo Mouriño, la doble L: Ley y Libertad, la plebecracia, Pemex, periodismo progre, PRD, Procuraduría General de la República
publicadas por Ricardo Medina Macías a la/s
miércoles, marzo 12, 2008
4 Comentarios:
Primero, intentó presentarse a sí mismo como un Juan Escutia del Sureste que decidió lanzarse al abismo de la política sacrificando en nombre de la patria su exitosa vida empresarial e hizo el ridículo.
Luego presentó documentación ante la PGR lo que ha sido hábilmente presentado por sus enemigos como la "confesión" de su crimen. Nada le sale bien al secretario de gobernación.
Nada le sale bien.
Mouriño debe ser despedido, no porque hubiera cometido o no un delito, sino por incompetente. Porque se ha convertido en un lastre.
En la secretaría de gobernación debería haber alguien lo suficientemente hábil como para defenderse a sí mismo, sobre todo cuando quienes lanzan las piedras vive en una casa de cristal.
Ramón: México tiene un régimen presidencialista y no parlamentario. Eso implica que el Poder Ejecutivo recae sobre una sola persona, que es a la que se elige mediante sufragio universal y directo, emitido individualmente y en secreto, que es el Presidente. El cargo o puesto de Secretario de Góbernación NO es un puesto de elección popular, sino el de un empleado del Presidente, cuyos aciertos o errores en el desempeño de su puesto sólo se pueden atrubuir a su jefe, el Presidente. Un principio básico de la administración - pública o privada- es que debes dar autonomía de gestión al administrador para elegir a sus colaboradores cercanos. Que yo sepa, ni el Presidente ha solicitado consejos populares acerca de sus empleados, ni se trata del director técnico del equipo al que los aficionados le puedan decir, en los medios, a quién debe alinear en el próximo partido. Toda esta larga explicación es para poner las cosas en su sitio: Lo que se discute no es la competencia o incompetencia de Mouriño, sino si es correcto que montemos tribunal y cadalsos en la plaza pública para cortarle la cabeza a los enemigos - reales o imaginarios- de cualquier demagogo. Hasta donde yo me quedé, la democracia implica el respeto a la ley, y principios tan importantes como: 1. Todos somos inocentes hasta que los órganos judiciales, conforme a derecho y mediante los procedimientos establecidos (que incluyen el derecho del acusado a defenderse y ser escuchado) determinen lo contrario y 2. Cualquiera que acusa a otro de un delito, debe aportar la carga de la prueba. Es decir: Debe demostrarlo, de lo contratio incurre en calumnia y difamación. ¿Ya ves por qué fue tan pernicioso que se aboliera el delito de difamación en el código penal?
Saludos,
RMM
Ricardo,
Creo que te equivocas.
Como ciudadano tengo todo el derecho de decirle, aconsejarle o pedirle al Presidente de la República en los medios, por correo postal o electrónico, a través de terceros o directamente lo que yo quiera, incluyendo a quienes debería mantener o remover de su gabinete, me haya pedido o no consejo.
Si pido la salida de Mouriño es porque a mi juicio ha mostrado ser incompetente y se ha vuelto un lastre para la presidencia. Muchos otros mexicanos piden su salida por esas mismas razones o por otras distintas y también tienen el derecho a hacerlo.
El presidente no está obligado a hacerle caso a los ciudadanos. Pero el no hacerles caso tiene un costo y al presidente le corresponde decidir si vale la pena pagarlo o no.
El que yo exprese junto con otros mexicanos mi opinión en el sentido de que debe ser removido no se contrapone al derecho de Mouriño a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario o a la obligación de sus acusadores a presentar las pruebas en su contra.
A Mouriño se le nombró secretario de gobernación porque sería útil al presidente, no porque se le presumiera inocente y deberá dejar su puesto tan pronto como el presidente piense que ha dejado de ser útil, se le haya comprobado o no algún delito.
Ramón:
En efecto, me equivoqué si escribí o di a entender que cualquiera, incluso si no es mexicano, no tiene el derecho a opinar que el Presidente hace bien o mal su trabajo; incluido el trabajo de elegir a sus colaboradores acertadamente. Tienes razón en ese punto: Todo mundo tiene derecho en una democracia a decirle al mandatario - que, como decía gráficamente Gabriel Zaid, lo elegimos "para hacernos los mandados" - que la está regando o que lo está haciendo bien, mal, regular o pésimo. Hasta ahí estoy de acuerdo y ofrezco disculpas si, en medio de la respuesta anterior, se me coló algún reflejo autoritario (¡brrr!) contra la libertad de expresión. Mi punto es que me parece encontrar en muchos de los juicios acerca de si Mouriño debe ser despedido o no, una grave confusión sobre regímenes políticos que se está volviendo preocupantemente común en México: NO SOMOS UN RÉGIMEN PARLAMENTARIO EN EL QUE LOS MIEMBROS DEL GABINETE REPRESENTEN LA COMPOSICIÓN DE FUERZAS EN EL PARLAMENTO Y PROCEDA, POR TANTO, INVOCAR DISOLUCIONES DE GABINETE PORQUE LOS CIUDADANOS O PARTE DE LOS CIUDADANOS LE HEMOS PERDIDO LA CONFIANZA AL GABINETE - QUE ENCABEZA EL PRIMER MINISTRO-, no, somos un régimen presidencialista, y al que elegimos es al Presidente. Si el Presidente se está equivocando en la selección de sus colaboradores, o en mantenerlos en el puesto, critiquemos ese hecho: ¿Cómo sigues mateniendo de conserje al flojonazo de Fulano que no sabe ni abrir la puerta del edificio? Ahora bien, si el administrador de nuestro edificio - el Presidente- se empeña en mantener al conserje que nos parece inútil (porque es su cuate, porque le da lástima o porque considera que sería un pésimo precedente andar regalando cabezas en la primera oportunidad que lo presionen los codueños del edificio- error será del administrador y cobrémoselo al administrador. Lo que no se vale - y me queda claro que tú NO estpas haciendo esa salvajada- es asegurar sin pruebas que el conserje es corrupto y después - una vez que el conserje se defendió bien o mal de la acusación infundada o hecha por los canales indebidos- ir con el administrador y decirle: "Bueno, en realidad no me importa si el conserje es corrupto o no, lo que me importa es que es muy incompetente como lo demostró al defenderse tan mal"....Mmmm. No me convence. Una vez que se aclaren las cosas con todas las de la ley - ¿es o no corrupto el conserje?- y si el conserje resulta inocente, discutamos si sabe o no abrir la puerta del edificio. Correrlo ahorita sería mandar el siguiente mensaje: "Bueno, seguramente sí es corrupto porque para muchos de los codueños, cuando les pregunté, éso les parecía, esa versión les resultaba creíble". Es probable que el Presidente se esté equivocando al mantener su confianza en ese colaborador (o aparenter que la mantiene) pero no me parece que se esté equivocando al rehusarse a regalar cabezas de sus colaboradores a la primera provocación vocinglera y mediática (para usar un neologismo de moda).
En lo sustancial, Ramón, me parece que estamos de acuerdo. Si mucho me apuras, nunca me ha quedado claro qué se supone qué debe hacer un secretario de gobernación en un régimen no priísta, no autoritario, no represivo...¿Es un subjefe del gabinete y el jefe es el presidente?, ¿es un vicepresidente y figura decorativa?, ¿es un mal remedo de primer ministro, en un país en el que no hay ministros sino secretarios encargados de los despachos, y en un país que NO es una monarquía parlamentaria, ni nada de que se le parezca?, ¿es un oficialote mayorsote - superlativo de oficial mayor- que lleva la administración de papeles y del personal en el poder ejecutivo? Por mí, le podrían poner "secretario de lavado y planchado" y serviría lo mismo...Pero eso ya es otro asunto.
Saludos,
Ricardo
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