El amor al corporativismo, el miedo a la libertad

"Espíritu de cuerpo". "Unidad colectiva". "Solidaridad". "Gremio".

"La unidad es la que nos hará salir adelante" proclamó, ante unas cien personas - presuntamente pertenecientes al gremio de los trabajadores sindicalizados de la extinta Luz y Fuerza del Centro -, Fernando Amezcua, secretario del exterior del SME.

Tiene razón. La "unidad" es la única esperanza que le queda al SME para sobrevivir. Antes, la "unidad" fue forzada, venía junto con el empleo o "la chamba" en Luz y Fuerza del Centro - con mayor razón si para obtener esa "plaza" hubo que pagarle antes a un personero del SME o que se hacía pasar por tal-, y pertenecías al SME en automático, de la misma forma que en tiempos pretéritos pertenecías al PRI si trabajabas en un puesto de confianza en el gobierno (digamos, de jefe de departamento para arriba), y de la misma forma que la ley, al menos en la letra, te sigue obligando a pertenecer a la cámara tal o a la cámara cual, al gremio pues, si tienes una empresa de esto o de lo otro. Y la corporación, se supone, velaba por ti, la corporación (encarnada en asamblea o en junta de notables o en comité ejecutivo) decidía por ti lo mejor para ti, siempre y cuando lo mejor para ti fuese también lo mejor para la corporación. En caso de conflicto entre lo que tú pensabas que era lo mejor para ti y lo que la corporación pensaba que era lo mejor, no cabía duda: La corporación estaba (está) siempre sobre el individuo.

Esa es la "unidad" que invoca Amezcua para que el corporativo pueda subsistir. "Pertenecer a...". Ya no soy dueño de mí, ni de mis actos, ni de mis decisiones. Éstas son del colectivo al que pertenezco. A cambio de ceder mi soberanía individual, mi libertad, obtengo "protección", dinero, prestaciones y hasta un sentimiento como de calorcito acogedor, en lugar del temible desamparo de la responsabilidad individual. Si quieres recobrar tu soberanía individual te quedarás en el desamparo, a la intemperie, ahí donde está el "llanto y crujir de dientes".

Lo que ahora le sucede al SME es que, como corporación, tendrá que conquistar de nuevo a los miembros del cuerpo colectivo sin poder ofrecerles, a cambio de su "pertenecer a", dinero, una plaza, prestaciones...No los puede ofrecer hoy, pero la prédica corporativa es que "si nos mantenemos unidos" existe la probabilidad de recuperar esos viejos buenos tiempos en los que todo era el gremio, la corporación, el sindicato y en los que ese colectivo, espléndido, munificente, nos daba todo.

Del otro lado, aparece el gobierno, que de pronto, y al fin, se acordó de que el "dueño" de Luz y Fuerza no era el SME, sino el Estado y que si Luz y Fuerza ya no servía, desde hace años, para lo que se suponía que fue creada, correspondía terminar con el equívoco monumental. Y ese gobierno es ahora el que tiene la chequera y te dice: Esto se acabó, pero si quieres te doy una más que generosa liquidación, te reconozco, sin mayores averiguaciones engorrosas o bochornosas, que te ganaste este dinero por tu trabajo, no porque "perteneces a" la corporación SME.

Añadió Amezcua ante su exigua audiencia (un centenar de personas frente a más de 40 mil supuestos miembros del gremio), algunas precisiones sobre la "unidad" que hoy demanda SME para subsistir: "No tenemos que cobrar la liquidación. El no cobrar las liquidaciones es un acuerdo de asamblea". Clarísimo: Lo que te puede parecer bueno, desde una odiosa y execrable perspectiva individual (cobrar una jugosa liquidación y "aquí se rompió una taza y cada quien para su casa") no es bueno ni deseable para la corporación a la que ¿perteneces o pertenecías?... Aquí entra el punto flaco, totalmente vulnerable del argumento corporativista en estas circunstancias: La corporación, el gremio, el sindicato ya no me ofrece siquiera el calorcito de antes, ¿por qué debo seguir perteneciéndole?

Tal vez por eso Amezcua no tiene más remedio que introducir un insólito matiz en su arenga, una ruptura fatal en el argumento colectivista (retomo el discurso original del secretario del exterior del SME): "El no cobrar las liquidaciones es un acuerdo de asamblea, finalmente es una responsabilidad particular de cada individuo el cobrarlas o no, y colectivamente la mayor parte de nuestros compañeros esta firme ante la propuesta que se hizo".

Nótese que ya no queda claro cuál fue "la propuesta que se hizo" en la dichosa asamblea (celebrada ¿cuándo?, ¿con qué asistencia?, ¿con qué mecanismos de voto?), ¿fue la propuesta de que "no hay que cobrar las liquidaciones" o fue la propuesta de que cobrar o no es "una responsabilidad particular de cada individuo"?

Debe ser bonito recobrar tu libertad individual cobrando una liquidación de decenas o cientos de miles de pesos, y en algunos casos de mucho más. Por lo general, en esta vida ser libre cuesta. Por lo general, esos colectivos que se encarnan en los gobiernos (los Estados) no te pagan para que seas libre, sino para que dejes de serlo. Curiosas vueltas que da la vida. Este es uno de esos casos excepcionales - al menos en la vida de este país tan afecto al "espíritu de cuerpo" y tan desafecto a los riesgos de la libertad individual-, en los que el Estado propicia y alienta la libertad, ¡te pagan para que te liberes!

Insólito. Y bienvenido, aunque lo más probable es que para el gobierno algo tan importante como la libertad de elección sólo haya sido un efecto colateral - deseado o no - de una correcta decisión de funcionalidad económica.

"Liberales" de contentillo

“I still believe in liberalism today as much as I ever did, but, oh, there was a happy time when I believed in liberals”. G. K. Chesterton.

A ver: Suena lógico y hasta encomiable que los “liberales mexicanos” (universo difuso y confuso, pero evidentemente no profuso) estén en contra de los aumentos de impuestos.

Pero sería deseable que muchos de esos “liberales” (así les llamo porque así se han bautizado a sí mismos) le dieran un poco más de sustento y coherencia a sus alegatos.

Veamos. En principio, los impuestos son un mal necesario. La denominación “mal necesario” indica que sí, deben existir los impuestos, pero mientras menos, mejor. ¿Por qué? Primero, porque los impuestos distorsionan el funcionamiento del mercado libre. Segundo, porque los impuestos se destinan a sufragar el gasto del gobierno y es claro que, frente a frente, el gasto que se hace del dinero ajeno tiende a ser menos eficiente que el gasto que hacemos de nuestro propio dinero. Nadie gasta el dinero ajeno (los impuestos) con el mismo cuidado que una persona gasta su propio dinero. De ahí, la tendencia inevitable del gasto público a la ineficiencia, a la asignación errónea o defectuosa de los recursos (que, por definición, son escasos), aun en la eventualidad de que quien ejerza el gasto público sea sumamente escrupuloso y esté sometido a un agudo y puntual escrutinio por parte de los ciudadanos. Tercero, porque resulta claro que los impuestos restan inevitablemente recursos a la sociedad.

Hay muchas otras razones, derivadas de las anteriores, para desear que los impuestos sean pocos, de tasas bajas y únicas, parejos o iguales para todos. Proporcionales, que no progresivos. (No es lo mismo, como nos enseña no sólo la semántica, sino las matemáticas).

Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ahora resulta que algunos “liberales” (que se denominan a sí mismos como tales) llevan su aversión a los impuestos hasta el extremo de ver con buenos ojos, o con indiferencia, cosas mil veces peores que los impuestos, como son el déficit fiscal y la consecuente inflación.

Como una especie de coartada, algunos de estos “liberales” afirman que la solución es disminuir más el gasto público (siempre y cuando no sea el gasto público que los salpica a ellos o a sus patrocinadores). ¡Correcto!, ¡que se disminuya más el gasto público!, pero a todos los niveles y en todos los ámbitos de gobierno. Sin embargo, la mayoría de estos “liberales”, acérrimos enemigos de los impuestos, desdeña lo que ya ha hecho (insuficiente, sin duda) en esa línea al gobierno federal y, más grave aún, parecen formular su consigna en abstracto, como si no existiese un marco institucional – un arreglo, bueno o malo – que funciona en el mundo real y que pone límites, restricciones, obstáculos insalvables a los buenos deseos. Parecen ignorar que es la Cámara de Diputados la que aprueba el Presupuesto de Egresos y que sus encendidas diatribas contra el dispendio deberían dirigirse también a los flamantes diputados para rogarles, por ejemplo, que ya no le den recursos a las entidades federativas, si esos recursos se gastarán para financiar la versión cinematográfica de alguna de las recientes obras de Gabriel García Márquez (mediocre, sobre las "putas tristes"), como planeaba hacer el gobierno de Puebla. Parece que ya no lo hará, porque algunas activistas, por razones que nada tienen que ver con la ortodoxia fiscal, han protestado. ¿Dónde estaban los "liberales"?

La política fiscal no se desenvuelve en el vacío, sino en un marco institucional (bueno, malo, regular o peor) que está plasmado en la Constitución y en multitud de leyes. El Presidente no puede decretar de un plumazo que decenas de miles de pensionados dejen de recibir sus pensiones para poder disminuir el gasto corriente. No puede tampoco invalidar, de forma retroactiva, las condiciones generales de trabajo que han regido por décadas digamos en la Comisión Federal de Electricidad o en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y que establecen que todo jubilado de esas empresas públicas reciba cada mes hasta su fallecimiento una pensión equivalente a su último salario. Ese es un marco institucional, si quieren cambiarlo (y deberían quererlo, ¡ya!), pugnen en donde deben pugnar: ante los legisladores federales y critiquen a quien deben criticar. Y sepan, por cierto, que no hay forma - sin destruir el estado de derecho - de modificar ese arreglo de forma retroactiva.

El colmo es cuando leemos que algunos de estos “liberales” (verbigracia, el director general de Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO) proponen que el gobierno “estimule” fiscalmente la economía, de acuerdo con la rediviva moda mundial del keynesianismo silvestre, lo que – si nos atenemos a la lógica – no sólo implica proponer un mayor déficit fiscal, sino postular que es el gobierno, y sólo el gobierno, el que mueve a la economía. Curiosos “liberales”, por decir lo menos.

El día de mañana veremos cómo alguno de estos “liberales” (hemos de llamarles así porque de tal forma se bautizan a sí mismos, no por otra razón) critica al gobierno por proponer la desaparición de la Secretaría de Turismo y aplaude a los valientes legisladores priístas que logren impedir esa racionalización (mínima, si se quiere, pero racionalización deseable) del tamaño y la presencia del gobierno en la actividad económica. Habrá de suponer ese hipotético "liberal" que los turistas extranjeros vienen a México atraídos por la arrolladora personalidad del Secretario de Turismo y no por otros atractivos que, ingenuo, yo conjeturaba que explotaban con inteligencia los verdaderos empresarios turísticos.

Excelente que se opongan a los impuestos. Felicidades, pero no recuerdo haber escuchado a muchos de estos “liberales” lamentar que el gobierno derrochase los recursos escasos para subsidiar el precio de la gasolina o del diesel. En ese asunto, sólo recuerdo las advertencias de Sergio Sarmiento, Arturo Damm y Juan Pablo Roiz. ¿Dónde estaban los otros "liberales"?

Pareciera que son “liberales” con, al menos, un par de carencias intelectuales importantes: 1. Desdeñan u olvidan el marco institucional en el que se desenvuelve, para bien o para mal, una democracia como la mexicana y 2. Ignoran, al igual que tantos socialistas, que no se puede tener todo a la vez: un mundo sin impuestos, con abundante gasto público y sin deuda pública. Padecen, al igual que multitud de políticos mexicanos, del síndrome Cantarell: El petróleo que nos dio la Providencia será la solución a todo.

Recomendación: "Para ser libre"

Recomiendo a todos los lectores el blog de Francisco Javier Rovalo - buen amigo y lector cotidiano de estas "Ideas al vuelo" desde hace años- en este vínculo, ahí encontrarán la primera parte de su libro "Para ser libre" que, a mi juicio, aborda desde una perspectiva contemporánea una doctrina milenaria y verdadera que está en la base la civilización occidental y que resuelve lo más importante en esta vida.

México: La hora de las reformas

Las economías emergentes que reúnan dos requisitos – buenos fundamentos macroeconómicos y un marco institucional favorable para la inversión, el libre comercio y la libre competencia- tienen en esta crisis global una oportunidad única.

¿Por qué?

Porque inevitablemente las masivas inyecciones de liquidez con las que Estados Unidos y otras economías desarrolladas están apuntalando su estrategia contra-cíclica para paliar la recesión generarán recursos excedentes que, del mismo modo que el agua busca su cauce, acabarán buscando los destinos de inversión más rentables.
Esos destinos de inversión ya no estarán tanto en los mercados financieros, sino en la inversión directa en proyectos productivos con altas tasas de retorno.
A mayores necesidades por satisfacer hay mayores tasas de retorno. Ejemplo: Construir vivienda en México es, dado el déficit de vivienda, una inversión mucho más atractiva que construir vivienda en Estados Unidos; siempre y cuando, atención, el esquema del negocio no esté basado en supuestos ilusorios (como: "los precios de la vivienda siempre irán a la alza", o como: "es viable otorgar un préstamo hipotecario a quien no tiene ingresos acordes con los pagos planeados para honrar ese préstamo"), como sucedió en Estados Unidos o en España, sino en hechos duros y maduros, como ha sucedido con el crecimiento de la vivienda en México en los últimos años.
Dicho lo anterior, veamos si México cumple con los dos requisitos para hacer de esta crisis una oportunidad única: 1. Tiene finanzas públicas sanas y una política monetaria razonablemente ortodoxa; tiene lo esencial en términos de macroeconomía (está mejor pertrechado que Estados Unidos), pero: 2. No tiene un entorno institucional propicio para llamar inversiones externas cuantiosas en actividades productivas: no tiene un entorno de libre competencia en áreas estratégicas; carece de una práctica cotidiana y sólida de respeto al estado de derecho, a los derechos de propiedad y de garantías al cumplimiento de los contratos; no tiene una legislación laboral flexible que facilite la generación de nuevos empleos y la movilidad en función de las oportunidades productivas; no tiene un sistema educativo orientado a la productividad.

Los legisladores de hoy y de mañana (los que surgirán de las elecciones de este verano) tienen un enorme desafío: hacer las reformas necesarias para subsanar estas graves carencias.

Es ahora o nunca. ¿Lo entienden? Me temo que no.

Algo más que una gran palabra

La batalla por la libertad no tiene nada de abstracta. Se trata lo mismo de pelear, con las armas de la razón, por el derecho de una persona a llevar sus propias maletas en un carrito, que de defender el derecho de cualquier persona a decir lo que piensa acerca de un partido político o de un candidato en campaña. Hoy como ayer, seguimos en esa batalla.



A veces hay que tomar con guantes las "grandes palabras". Se usa y abusa tanto de ellas que uno, al recibirlas, se pregunta por qué manos habrán pasado y para qué causas habrán sido usadas.

Pero son algo más que "grandes palabras" o que eslabones útiles para enhebrar frases en un discurso. Son realidades que existen y sobreviven, airosas, al maltrato que les damos.

Tomemos el caso de la libertad. No es una abstracción, ni una etiqueta ideológica; tampoco – desde luego – es un pretexto aceptable para violar acuerdos o para conculcar los derechos de los demás. Es una realidad muy concreta que de inmediato echamos en falta cuando nos impiden ejercerla. Porque la ejercemos en pequeñas y en grandes cosas, aun cuando con frecuencia se empeñen, una y otra vez, en que no lo hagamos.

Pequeñas cosas como poder trasladar nuestras propias maletas en un aeropuerto mediante un carrito ideado para el efecto o grandes cosas como poder expresar nuestras preferencias o nuestras aversiones en materia política o electoral.

El 27 de noviembre pasado escribí sobre ambas cosas, en algo que se llamó "Los políticos y los maleteros", criticando por igual las barreras físicas con que el aeropuerto de la ciudad de México recibe a un viajero que desea transportar por sí mismo su equipaje, que las barreras legales contra la libre expresión, plasmadas en esa malhecha legislación electoral que los partidos políticos impulsaron el año pasado. La batalla sigue vigente porque ésas, como cientos de barreras más a la libertad, siguen en pie. Y esas barreras no sólo atentan contra nuestro bienestar material, sino también, y esto es lo más importante, atentan contra nuestra condición de seres racionales y espirituales.

La batalla vale la pena. Me emociona, por eso, estar a las puertas de un nuevo desafío profesional, ser director general del periódico El Economista; desafío que los accionistas de esa empresa han cometido la temeridad de proponerme. Lo he aceptado, entre otras razones, por la causa de la libertad.

¿Otro petardo de los “ruido-traficantes”?

¡Qué chistoso! Los acusadores de dedo flamígero, los que agitan en su mano las presuntas “pruebas” de tremendos delitos frente a las cámaras y a los micrófonos, no han atinado a presentar una denuncia ante las autoridades competentes. Y el presunto acusado, en cambio, entrega a la PGR, para que lo investiguen, un buen número de documentos. Me huele a que, ¡otra vez!, el legítimo charlatán y sus huestes nos han tomado el pelo.

El lunes anunciaron con voz tronante que presentarían ante las autoridades competentes, al día siguiente, una denuncia en contra de Juan Camilo Mouriño, el actual secretario de Gobernación, dado que, aseguran, cometió delitos tipificados y punibles conforme a diversas leyes.

El martes algunos medios anuncian que es inminente el arribo de los justicieros populares a la Procuraduría General de la República con el “abultado expediente de pruebas”. Pero nunca llegan. El que sí presenta documentos acerca del caso ante la PGR, para que se determine si se configura algún delito, ¡es el propio acusado!, al que buena parte de la “comentocracia” mexicana ya le ha hecho juicio sumario con sentencia, moraleja (la moraleja, típica del resentimiento social, dice algo así: “Los riquillos siempre son malos, los pobres siempre son buenos”) y sesudo consejo al Presidente, al que cada cual le dice desde su púlpito lo que debe hacer. Todo en un solo paquete.

Es miércoles y me temo que, ¡otra vez!, los traficantes de “ruido” nos han tomado el pelo. Otro petardo estruendoso y sin sustancia, para regocijo de los incompetentes, quienes ven apuntalada su dictadura.

Las democracias que se respetan a sí mismas se fundan en la “doble ele” – ley y libertad, “law and liberty” – y en ellas un principio básico de la vida pública es: “Quien acusa tiene que probar”, lo que incluye, desde luego, probar ante las autoridades competentes y conforme a la ley.

Por estas latitudes, en cambio, el supremo criterio de prueba es un sondeo de opinión – “¿usted cree que para tener más petróleo ligero, Pemex le debería echar agua al chapopote?” – y un solemne opinante de oficio que inicia sus peroratas con un apabullante: “Yocrioque sí debe renunciar porque el árbitro mediático – es decir, yo- ya dictó sentencia inapelable…y sí, también yocriqoue le deben echar agua al chapopote, lo exige la opinión pública”.