Ni para las ficciones son verosímiles

Una regla elemental de la buena narrativa de ficción es la verosimilitud.

Hasta para contar cuentos, hay que saber contarlos de forma creíble. Por ejemplo, si vamos a confeccionar una ficción acerca de jornaleros agrícolas muy pobres en los albores de la Revolución Mexicana no podemos hacerlos hablar como si acabaran de leer a John Maynard Keynes, discutiendo sobre la relación entre las tasas de interés y el pleno empleo.

Del mismo modo, es ridículo escribir que el Secretario de Hacienda de México paladea en Los Pinos un vino tinto Merlot australiano mientras comenta los últimos indicadores acerca de la pobreza, aun cuando se quiera impresionar a los lectores dibujando el gastado cuadro de los poderosos viviendo en medio de lujos, indiferentes a las penalidades de los miserables.

El error es doble, porque los vinos australianos de la variedad Merlot suelen ser muy baratos; más baratos que la mayoría de los vinos mexicanos (gracias a que Australia es una de las economías más abiertas del mundo con una elevada productividad agropecuaria), como lo sabe cualquiera que suela comprar vinos y porque, debido a un prurito nacionalista, desde épocas inmemoriales en la residencia presidencial de México sólo se sirven vinos mexicanos (como lo sabe cualquier periodista mexicano medianamente informado).

Por no anotar algo aún más obvio: Cualquier periodista mexicano debería saber que el Secretario de Hacienda no tiene sus oficinas en Los Pinos.

Por supuesto, estos garrafales errores periodísticos deben ser pasados por alto, se supone, por tres poderosas razones:

1. La ficción la escribió una "víctima consagrada" y en México nadie osa criticar ni a los recién fallecidos ni a las "víctimas consagradas"

2. La ficción la escribió una persona que, se dice, es "pareja" del director del periódico donde se publica su columna.

3. La ficción es políticamente correcta porque, se supone, está del lado de los pobres, de los "buenos" por definición.

Se trata de la columna de hoy en "El Universal" de la señora Lydia Cacho.

Lo bueno y lo malo de un desplegado insólito

Es insólito que el Grupo Televisa, mediante un desplegado en los periódicos nacionales, responda a las acusaciones de sus detractores. Por eso el desplegado publicado hoy en varios diarios nacionales es noticia: rompe una estrategia de comunicación institucional de décadas que consistía en desdeñar las críticas (una forma del mexicanísimo "ninguneo" apalancada en el inmenso poder de penetración que tuvo la televisión abierta en México, tanto en los años del monopolio como en los años más recientes del acuerdo de reparto del mercado entre dos, que pactaron con Azteca a partir de 1998 aproximadamente).

Más insólito es que el desplegado se dedique específicamente a dos detractores consuetudinarios de la televisora: Carmen Aristegui y Jenaro Villamil. (Empleo intencionalmente el adjetivo "detractor", que implica reconocer que los actos del sujeto persiguen una finalidad de ataque destructivo, en lugar de usar el adjetivo "crítico"). Debe admitirse que Televisa ha elegido bien el blanco de su enojo: Ni Carmen, ni Villamil son ejemplos de rigor periodístico, de investigación objetiva o de ejercicio imparcial del periodismo. Aun así, esta insólita jugada de Televisa no deja de tener sus riesgos para la televisora, ya que es previsible que la cofradía "progre" de este país inmediatamente cerrará filas con las pobres "víctimas" de la "malvada" televisora. Además, tiene otro gran costo evidente: Le hacen propaganda gratuita al dichoso libro de Villamil, que de otra manera habría pasado desapercibido para millones de mexicanos.

Lo bueno del desplegado: 1. Televisa se bajó de su pedestal (señal, tal vez, de que ha perdido, gracias entre otras bendiciones a la Internet y a la televisión de paga, el poder que tuvo en el pasado para "imponer su agenda") y hoy tiene que defenderse de las calumnias casi como cualquier mortal.

2. Siempre es bueno que se desenmascaren mentiras y el desplegado de Televisa desenmascara algunas de las propaladas por la secta retro-progresista a la que pertenecen Aristegui y Villamil; otras de las supuestas mentiras, por ejemplo lo que se refiere al apoyo que Televisa ofrece a la carrera política de Enrique Peña Nieto, no son mentiras sino probables verdades que la defectuosa investigación de Villamil y los juicios gratuitos de Aristegui no han podido comprobar.

3. El desplegado es el acta de defunción de la ambigua relación amor-odio que han sostenido en los últimos años Televisa y Andrés López Obrador. Sin lanzarse directamente contra López (a quien ya hasta sus antiguos amigos y aliados están viendo como lo que siempre ha sido: un obseso del poder con graves perturbaciones mentales) han dejado por los suelos a dos de los más fieles y obcecados escuderos del tabasqueño.

Lo malo del desplegado: 1. Televisa no es precisamente un dechado de credibilidad. Para tirar piedras hay que tener la casa de cristal, 2. El mensaje central de todo el asunto podría quedar sólo en un aviso de cambio de patrocinadores, algo que retrata magistralmente la caricatura de Paco Calderón difundida hoy: Habiendo Gaviota, ¿para qué queremos a un presidente patito? Reflexión que Paco en letra muy pequeña, junto a su firma, expresa con la típica anfibología del albur mexicano: "Al haber gaviotas..."

¿Saber infuso?

Un caso particular del síndrome de Otelo – suspicacia exacerbada- es el de esos privilegiados que no necesitan aprender nada, porque todo lo saben de antemano…incluso lo más recóndito: los pensamientos del prójimo.

Aprender es tarea inacabable. Ya decía Antonio Machado que “nuestras horas son minutos cuando deseamos saber, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender”.

Como a mí la Providencia no me concedió la sabiduría infusa tengo que leer mucho, releer, preguntar, investigar, razonar con cierto método y rigor, ver con mis propios ojos, comprobar…, antes de considerarme autorizado a escribir juicios lapidarios. Por eso me encuentro en desventaja frente a varios miembros de la “comentocracia” de este país (el afortunado neologismo, hasta donde sé, lo acuñó Jorge Castañeda) que de antemano lo saben todo de todo, o así parece.

El miércoles, sin ir más lejos, me encontré un caso pasmoso de sabiduría infusa en las páginas de opinión de un periódico. El señor Sergio Aguayo Quezada en un largo artículo, titulado “De tesoros”, presume conocer algo que yo creía incognoscible: los pensamientos recónditos, ocultos, del prójimo. Este “saber” se antoja de índole sobrenatural o mágica. El señor Aguayo nos revela lo que, según él, en realidad piensan los autores del documento “Diagnóstico: Situación de Pemex” – dado a conocer el domingo pasado- y que no es, asegura Aguayo, lo que tales autores dicen.

Escribe este comentarista que los autores del documento piensan que la llave del éxito para fortalecer a Pemex está “en la apertura al capital privado”, pero esto, nos advierte, “lo piensan, pero jamás lo dicen” (textual; las negritas son mías). El señor Aguayo, entonces, debe poder leer los pensamientos recónditos del prójimo. Hay dos posibilidades: O es un dios omnisciente o cojea del mismo pie que el atormentado Otelo, a quien su exacerbada suspicacia – alimentada por Yago – le llevó a creer que sabía acerca de Desdémona lo que no podía saber.

Díganme escéptico irredento, si quieren, pero me inclino por la segunda posibilidad. A este Otelo no es Yago quien le alimenta la suspicacia, sino algún prejuicio ideológico o algún palabrero de Tabasco.

Lo malo es que, al leer el artículo, yo buscaba aprender algo sobre lo que dice el dichoso documento; no esperaba que me platicasen tan largo y tan tendido sobre lo que no dice. Perdí mi tiempo.

¿Otro petardo de los “ruido-traficantes”?

¡Qué chistoso! Los acusadores de dedo flamígero, los que agitan en su mano las presuntas “pruebas” de tremendos delitos frente a las cámaras y a los micrófonos, no han atinado a presentar una denuncia ante las autoridades competentes. Y el presunto acusado, en cambio, entrega a la PGR, para que lo investiguen, un buen número de documentos. Me huele a que, ¡otra vez!, el legítimo charlatán y sus huestes nos han tomado el pelo.

El lunes anunciaron con voz tronante que presentarían ante las autoridades competentes, al día siguiente, una denuncia en contra de Juan Camilo Mouriño, el actual secretario de Gobernación, dado que, aseguran, cometió delitos tipificados y punibles conforme a diversas leyes.

El martes algunos medios anuncian que es inminente el arribo de los justicieros populares a la Procuraduría General de la República con el “abultado expediente de pruebas”. Pero nunca llegan. El que sí presenta documentos acerca del caso ante la PGR, para que se determine si se configura algún delito, ¡es el propio acusado!, al que buena parte de la “comentocracia” mexicana ya le ha hecho juicio sumario con sentencia, moraleja (la moraleja, típica del resentimiento social, dice algo así: “Los riquillos siempre son malos, los pobres siempre son buenos”) y sesudo consejo al Presidente, al que cada cual le dice desde su púlpito lo que debe hacer. Todo en un solo paquete.

Es miércoles y me temo que, ¡otra vez!, los traficantes de “ruido” nos han tomado el pelo. Otro petardo estruendoso y sin sustancia, para regocijo de los incompetentes, quienes ven apuntalada su dictadura.

Las democracias que se respetan a sí mismas se fundan en la “doble ele” – ley y libertad, “law and liberty” – y en ellas un principio básico de la vida pública es: “Quien acusa tiene que probar”, lo que incluye, desde luego, probar ante las autoridades competentes y conforme a la ley.

Por estas latitudes, en cambio, el supremo criterio de prueba es un sondeo de opinión – “¿usted cree que para tener más petróleo ligero, Pemex le debería echar agua al chapopote?” – y un solemne opinante de oficio que inicia sus peroratas con un apabullante: “Yocrioque sí debe renunciar porque el árbitro mediático – es decir, yo- ya dictó sentencia inapelable…y sí, también yocriqoue le deben echar agua al chapopote, lo exige la opinión pública”.

Las FARC, sus amigos y Orwell

Asistimos a una corrupción del lenguaje – para retorcer más allá de cualquier límite el signficado de las palabras- que recuerda inevitablemente la pesadilla totalitaria descrita por Orwell: "La guerra es paz. La libertad es esclavitud. La ignorancia es fuerza".

Si las consecuencias de esta degradación del lenguaje – encaminada a terminar defintivamente con la posibilidad de distinguir entre verdad y mentira – no fuesen tan atroces, uno debería admirar la habilidad y el descaro con la que muchos la practican.

El lunes pasado, por ejemplo, un editorialista (Roberto Zamarripa en el periódico "Reforma") calificó como "académica" a la joven mexicana que resultó herida durante el bombardeo que el Ejército de Colombia hizo en contra de un campamento de las FARC ubicado en Ecuador (las FARC no son, por cierto, una pacífica ONG, sino un grupo terrorista dedicado al secuestro, la extorsión y el asesinato, asociado al narcotráfico y patrocinador de movimientos subversivos en distintas regiones de América Latina), cuando debe ser imposible encontrar, en el vasto mundo de la producción académica publicada, una sola investigación realizada por dicha joven. Es similar a la versión, dicha con todo aplomo como si no se tratase de un embuste, de que el "Segundo Congreso Continental Bolivariano" fue "un evento académico".

Lo sorprendente – habilidad admirable, repito, si no fuese atroz – es que en el mismo editorial, la mujer que en un párrafo es llamada "académica" en el siguiente se transforma en "joven con inquietudes sociales" que muestra afinidades con los métodos de las revoluciones violentas, simpatías de las cuales, sugiere el editorialista, ella no es responsable por supuesto ¡sino el gobierno de México, empezando por el Presidente de la República que no atiende eficazmente ese descontento juvenil!

Escribió George Orwell: "Si el líder dice que tal evento no ocurrió, ¡pues no ocurrió! Si dice que dos y dos son cinco, pues dos y dos con cinco. Esta perspectiva me preocupa mucho más que las bombas".

No es extraño, empero, que los simpatizantes de las FARC y los simpatizantes de los simpatizantes de las FARC torturen de tal forma el lenguaje. Basta recordar que para esa banda criminal la extorsión que sigue al secuestro de una persona ("sólo la libero si liberas a tales o cuales delincuentes o si me das territorio de la nación") no se llama chantaje sino "intercambio humanitario".

Otra cacería de brujas

Tenga usted cuidado porque el supremo tribunal de la cofradía de López ya promulgó la existencia de dos nuevos delitos imperdonables: ser pariente de…y trabajar en…

Émulos de J. Edgar Hoover – director del FBI estadounidense de 1924 a 1972- y del senador Joseph McCarthy, una cofradía de “progres” mexicanos ha emprendido una nueva cacería de brujas. En 2006 crucificaron a un empresario dedicado a la informática porque incurrió en el pecado de ser cuñado del candidato del PAN; al año siguiente sentaron en el banquillo al ejército acusándolo de instigar y cometer la imaginaria violación tumultuaria de una “víctima perfecta”: indígena, anciana, mujer y pobre. Este año lo han estrenado con la búsqueda afanosa de los culpables de haber censurado a “la Juana de Arco del periodismo radiofónico” (vulgo: Carmen Aristegui).

La cofradía usa los mismos métodos de siembra de suspicacias, desinformación y atribuciones de culpabilidad por contigüidad o parentesco, que se usaron en la cacería de presuntos comunistas en Estados Unidos durante los años 50.

La teoría de la conspiración en contra de Aristegui apunta al Presidente Felipe Calderón como culpable del supuesto agravio. De acuerdo con uno de los santos más venerados por los cofrades – san Andrés del buen consuelo de los “progres” en desgracia- Calderón encarna la maldad absoluta.

Eduardo Huchim – miembro de la cofradía- aporta como “evidencia” de la conspiración que el cuñado de Calderón, Juan Ignacio Zavala, trabaja en una de las múltiples empresas del grupo español “Prisa”, grupo que también participa en la XEW. Cuando el aludido le aclara públicamente que es un mero empleado en un proyecto comercial del periódico “El País” y que nada tiene que ver con la política editorial de la radiodifusora o del grupo, el cazador de brujas Huchim sentencia: “su presencia en el Grupo Prisa y su parentesco con el presidente Felipe Calderón alimentan sin remedio la convicción, en un gran segmento de la audiencia de “W” (sic), de que la decisión de no renovarle el contrato a la prestigiada periodista es un acto de censura y un agravio a la libertad de expresión”.

O Huchim es muy “humilde” – y atribuye sus enfermizas suspicacias de Otelo a un incognoscible colectivo – o el público de esa estación de radio es de veras exiguo, ya que el conjunto se agota en ese suspicaz cazador de brujas.

Alguna vez se lo dije a Carmen: “Suspicacia, amiga, no es perspicacia”.

Impunidad y juicios irresponsables

El guión del caso que llegó a la Suprema Corte contra el gobernador de Puebla es mucho más complicado de lo que los juicios fulminantes de muchos comunicadores hacen creer.


La detención de Lydia Cacho violó sus derechos individuales y sus garantías a un juicio justo sobre el presunto delito de calumnia del que estaba acusada.

Existen claros indicios de confabulación entre el particular que acusaba a Cacho – Kamel Nacif- , el gobernador de Puebla y algunas autoridades de la procuración de justicia en ese estado para violentar los derechos de la periodista e incluso para poner en riesgo su integridad física, como un "escarmiento" a todas luces ilegal y condenable. Por fortuna, la confabulación fracasó.

La difusión de una conversación entre el gobernador y Nacif – grabada y difundida ilegalmente- exhibió la trama y la deplorable catadura moral de dichos sujetos.

Cualquier persona con integridad que fuese exhibida como lo fue el gobernador habría renunciado a su cargo y ofrecido públicas disculpas a la víctima y a toda la sociedad. No fue el caso del gobernador Mario Marín.

Ante la falta de independencia del poder legislativo local y de las autoridades judiciales locales, ante la omisión culposa del poder legislativo federal – que podría haber procedido, al menos, a considerar seriamente un juicio político contra el gobernador-, y dadas las gestiones de la misma agraviada, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia.

Aquí es donde el caso se complica aún más porque la Corte no era – de acuerdo con varios especialistas - la instancia jurídicamente habilitada para dar la sentencia que esperaba la sociedad. No se estaba discutiendo – como tontamente han dicho algunos comentaristas- el atroz crimen de la pederastia, sino la violación de las garantías de Cacho. Si el caso llegó a la Suprema Corte fue por la cadena de omisiones y cobardías de las otras instancias. Hay quien opina, con argumentos atendibles, que la Corte debía sentar el precedente de que es el recurso extremo al que un ciudadano puede acudir cuando la justicia le es denegada; y hay quien opina, también con argumentos atendibles, que no es ésa, en sentido estricto, su función. Ese es el debate.

Las afirmaciones amarillistas de quienes aseguran que la Corte legalizó la impunidad debilitan aún más el precario Estado de Derecho – "rule of law" - y confirman la gran irresponsabilidad de nuestra "comentocracia", también impune por cierto.

Las muestras del desastre educativo

Si uno desea ver los frutos del desastre educativo en México, los más espeluznantes los puede encontrar en las páginas editoriales de los periódicos, en las cámaras legislativas, en oficinas gubernamentales, y sí, también en los salones de clase, pero de frente a los alumnos, y en las oficinas encumbradas de algunas universidades públicas que confunden lo grandote con lo valioso.


Con el famoso “grito de Guadalajara”, en 1934, proclamando que el Estado debería apoderarse de las conciencias de niños y jóvenes para consolidar la revolución, Plutarco Elías Calles marcó la pauta de lo que ha sido el “sistema educativo mexicano”: Un gigantesco aparato en el que, por un lado, entran toneladas de dinero público y, por el otro, salen generaciones troqueladas para medrar con las armas de un abigarrado conjunto de mitos, pretextos y lugares comunes; refractarios al conocimiento y a la crítica, incapaces de descifrar la realidad y aun menos capaces de cifrarla con acierto.

El sistema se reproduce y amplifica año con año exhibiendo sus miserias. Los herederos del desastre se convierten en sus promotores activos pidiendo más y más recursos para que la espiral descendente no cese.

Una escritora otoñal justifica, con pasmoso candor, el burdo plagio que hizo de un artículo ajeno contándonos que padece divertículos intestinales. Hizo lo que se espera de un aventajado alumno: que justifique haber copiado en un examen porque los tamales que cenó le sentaron mal.

Otro caso: Un periodista, que presume cuatro décadas en el oficio, argumenta que fue mala idea autorizar más bancos porque eso ¡inhibirá la competencia! Insatisfecho con este desafío a la lógica sugiere a continuación que, como los potenciales clientes de un nuevo banco serán de clase media baja, no se percatarán de que las tasas de interés que les cobren serán muy altas. Su achacoso “progresismo” le hace calificar como tontos irredentos a los pobres.

Uno más: Un economista sesentón, asesor de un candidato presidencial que no supo ni competir ni perder, escribió: dado que la energía se percibe como escasa habrá que bajar sus precios. ¿Para qué?, ¿para que se acabe más rápido?

Y estos son los “líderes de opinión” - ¡maestros!- de quienes se nutren aquéllas y aquéllos que están en las cámaras legislativas o en los partidos políticos o filmando insufribles piezas de propaganda sectaria o perorando ante un micrófono. Misión cumplida, Plutarco.

El negocio de la suspicacia

Hubo un tiempo remoto en el que se pensaba que el buen periodista debería ser escéptico; hoy el buen periodista está pletórico de “certezas” fundadas en la suspicacia. De Descartes a Otelo.

Para un grupo de periodistas mexicanos los lectores debemos creer a píe juntillas que el cardenal Norberto Rivera encubrió a un sacerdote que abusó sexualmente de varios menores.

¿Por qué debemos creerlo? Por varias razones: 1. Porque ellos, emisores cotidianos de condenas y absoluciones, así lo creen, 2. Porque ellos, y este es un valor sobreentendido, disponen de más elementos de juicio que nosotros (simples lectores distraídos), 3. Porque ellos, y ¡ay de aquél que lo dude!, siempre defienden las causas justas y condenan, desde su tribuna beatífica, a los villanos, aun cuando las leyes – imperfectas- no siempre acierten a dar un merecido castigo a los culpables.

Un periodista con oficio, Ciro Gómez Leyva, sentenció ayer desde su columna: “El cardenal será sospechoso por los siglos de los siglos, amén”. Ése fue el enunciado central del alegato en el que comentaba el hecho de que un tribunal de Los Ángeles “resolvió no enjuiciar al cardenal como presunto responsable (…) porque el supuesto delito se habría cometido en México y contra un mexicano”.

Más adelante, Ciro emite su inapelable sentencia: el cardenal “no conseguirá la absolución de una sociedad que tiene sobradas razones para pensar que la jerarquía católica mexicana reprodujo el patrón estadounidense y europeo de abusar de los menores y proteger a los abusadores”. ¡Ah!, ya entendí. De lo que se trata es que toda la jerarquía católica de todo un continente y de al menos dos países de otro ha sido, por axioma, abusadora y encubridora. Silogismo: “Todos los jerarcas católicos estadounidenses, europeos y mexicanos son o abusadores o encubridores o ambas. Norberto Rivera es jerarca católico en México. Luego: Norberto Rivera es culpable”. Implacable “razonamiento”. Sería formalmente impecable si aceptamos como axioma el prejuicio de la primera premisa.

Y, además, nos advierte el periodista: No lo digo yo, lo dice “la sociedad”. ¿Y cómo sabemos que ése y no otro es el juicio de la sociedad? Pues, obvio: Porque lo dice Ciro y otro axioma es que Ciro siempre sabe lo que piensa la sociedad y siempre lo dice. “No puede engañarse ni engañarnos”. Como Dios.

La apertura disminuyó la desigualdad

De 1996 a 2006 los ingresos del 20% de los mexicanos más ricos crecieron 16.6%, mientras que los ingresos del 20% más pobre de la población crecieron 33.3%. ¿Se cerró la brecha entre ricos y pobres? Sí, pero esa realidad terca NO puede contra la terquedad de las creencias ideológicas.

Muchas veces, a diario, los periódicos dicen mentiras. Involuntarias o deliberadas, pero mentiras. Lo raro es cuando un periódico dice una mentira y nos ofrece todos los elementos para percatarnos de que están diciendo una mentira del tamaño de una catedral. Eso hizo el diario "Excelsior" el miércoles 10 de octubre.

Ese día en su titular principal anunciaba: "La apertura comercial sí afectó": FMI. La nota, firmada por la reportera Nancy Díaz, hablaba de un reporte del Fondo Monetario Internacional en el que se dice que se ha registrado un descenso en la desigualdad en Brasil, México y Rusia, mientras que la desigualdad ha crecido en China y en casi todas las economías desarrolladas, excepto en Francia.

La reportera Díaz leyó al revés: Que la desigualdad se ha incrementado en México. No contenta con eso consignó las cifras del estudio, sobre distribución del ingreso, como demostración palmaria de su creencia, ¡aunque las cifras dicen exactamente lo contrario!

Alejandro Hope, "politólogo de profesión y economista por ósmosis", detectó este monumental embuste y lo reseñó en su bitácora en la Internet "México Libertad", donde explica: "A ver, vamos a hacer una operación sencilla: según la nota, en 1996, el ingreso anual promedio del quintil más rico era de 18,000 dólares, mientras que el del quintil más pobre era de apenas 1,500 dólares. Ello implica (18,000 / 1,500) que el ingreso promedio del 20% más rico era 12 veces mayor al del 20% más pobre. En 2006, siguiendo con la información proporcionada, los "ricos" tenían un ingreso promedio anual de 21,000 dólares y los pobres recibían 2,000 dólares; en consecuencia (21,000/2,000), los "ricos" tenían 10.5 veces más ingreso que los pobres. ¿De donde saca entonces la señorita Nancy Díaz que aumentó la desigualdad? De dónde yo vengo, 10.5 es un número menor a 12".

Por supuesto ni los dueños, ni los directores del diario, ni mucho menos la sagaz reportera ofrecerán a los lectores una disculpa por publicar embustes monumentales. ¿Para qué?

Nuestro “derecho” a no irritarnos

Hemos avanzado una barbaridad en esto de la tolerancia. Algún venerable predicador de la progresía mexicana ya descubrió que lo importante no es aplicar la ley contra quien expropia espacios y bienes públicos – y conculca los derechos de los demás-, sino evitar que la irritación de los afectados se vuelva contra los pobrecitos “manifestantes”.

Para que nos vayamos enterando de cómo funcionan las cosas en el reino de Progresía. El señor Miguel Ángel Granados Chapa ilumina a la opinión pública acerca de la necesidad de conciliar el derecho a manifestarse con el derecho al libre tránsito. Cito sus palabras, que son una joya:

“…lo que va mostrando la necesidad de conciliarlos (dichos derechos) para evitar que la irritación de los afectados se vuelva contra los manifestantes”.

Más claro, imposible. No se trata de respetar los derechos de quienes nos vemos afectados por inopinadas “manifestaciones” que cierran calles y avenidas – con el diligente auxilio de las autoridades en el caso de la Ciudad de México-, sino de evitar que nosotros, los simples ciudadanos que deseamos ir de un sitio a otro, perturbemos con nuestra irritación a los impolutos e inmarcesibles manifestantes. A los ojos de Granados Chapa, transeúntes, automovilistas ansiosos por llegar a su destino, trabajadores en tránsito hacia sus labores, paseantes ociosos, debemos ser energúmenos a quienes la autoridad debe calmar para que no descarguemos nuestra censurable ira en contra de los intocables “manifestantes”.

El derecho a manifestarse es, bien visto, sólo un derivado del derecho a la libre expresión. ¿Por qué para manifestar su desacuerdo con tal o cual cosa una persona necesita obstruir el tránsito, pintarrajear casas y comercios, agredir a los transeúntes que manifiestan su opinión en contrario, dañar el patrimonio común de la ciudad – de suyo en decadencia- y perturbar la precaria convivencia armónica de la comunidad? No lo sé. Tal vez es por incapacidad expresiva, tal vez desconocen el poder de las palabras – bien dichas, bien pensadas, bien articuladas en oraciones-, tal vez la fatiga de razonar sus desacuerdos rebasa sus capacidades fisiológicas.

Por todo eso, imagino, debe dársele prioridad al derecho de expresarse como si aún estuviésemos en estado primigenio, en medio de la selva, con aullidos y golpes. Atropellando. Sí, debe ser eso. La capacidad de la Progresía para expresarse eficazmente con palabras se ha perdido. Basta leer a don Miguel Ángel para verificarlo.