Mercado de valores y derechos de propiedad

El debate en torno a la nueva Ley del Mercado de Valores apunta, en el fondo, a una de las principales causas de la pobreza en México: El precario reconocimiento de los derechos de propiedad.
“Un magnate mexicano lucha contra la reforma a la Ley del Mercado de Valores” - A Mexican Tycoon fights Reform of Securites Law – fue el encabezado del estupendo articulo que, como todos los viernes, publicó Mary Anastasia O’Grady en su sección The Americas de las páginas editoriales de The Wall Street Journal. Vale la pena el bien escrito análisis de O’Grady, que en síntesis relata “la batalla entre los reformistas en el gobierno de Vicente Fox que quieren elevar los estándares del gobierno corporativo de las empresas en México a niveles internacionales y los fantasmas de un pasado corporativista en el Congreso mexicano que responden con un ‘¿Transparencia?, ¡no necesitamos ninguna apestosa transparencia!’”.
El argumento de las muy pocas, pero poderosas, voces que se oponen a que la nueva Ley del Mercado de Valores se apruebe en la Cámara de Diputados en los términos que fue consensuada entre la inmensa mayoría de los participantes en ese mercado (y en los términos en que fue aprobada en el Senado), es que impondría una excesiva carga regulatoria sobre las empresas emisoras y que les restaría libertad de acción a los accionistas mayoritarios, al obligarlos a informar de sus decisiones a los accionistas minoritarios y al mercado en general y a ser auditados por un comité que no estaría controlado por los propios socios mayoritarios de la empresa.
La objeción podría sonar razonable si desdeñamos el hecho de que los accionistas minoritarios también tienen derechos de propiedad sobre su patrimonio. Y ese es el punto clave de este alegato que, a mi juicio, trasciende el ámbito del mercado de valores y apunta a la causa principal de las desigualdades económicas y de la pobreza atávica en México: La deficiente, casi nula, protección a los derechos de propiedad.
Al igual que los accionistas minoritarios – que en este caso podrían ser cientos de miles de trabajadores a través de sus fondos de pensiones – millones de mexicanos pobres son hoy propietarios de mentiritas. La Constitución les otorga – verbo muy distinto al de reconocer- cierto disfrute de sus “propiedades” pero siempre bajo las modalidades y en las condiciones que decida discrecionalmente el gobierno. Esto hace que se carezca de un sentido de la propiedad y que esas mismas propiedades – precarias por naturaleza porque sobre ellas siempre pende la probabilidad de una expropiación o de un despojo más o menos legalizado- no sirvan como bienes fungibles para obtener créditos, crear valor y acrecentar el patrimonio.
Si algún magnate no quiere dar cuenta de sus decisiones y acciones a sus socios, la solución es muy sencilla: Que no tenga socios, que no acuda al mercado de valores buscando recursos, que no se constituya como empresa pública.