Cañeros de carne y hueso: Aviso al PRI
Para efectos prácticos la llamada “ley cañera” mantendría a los cortadores de caña en un régimen similar al de la esclavitud. Por ello, es lógico que más del 80 por ciento de 4,200 productores de cinco estados del país rechacen ese engendro del corporativismo trasnochado.
Uno de los grandes problemas del PRI, a juicio de Jesús Silva Herzog Márquez, es que se ha convertido en una “gran cazuela de intereses” parciales, contrapuestos, muchos de ellos francamente retrógrados, ajenos a las preocupaciones reales y cotidianas de la sociedad.
Tal vez el mejor ejemplo de esta tragedia sea el apoyo que ese partido brindó en el Congreso a la llamada “Ley del desarrollo sustentable de la caña de azúcar”. Bien vista, dicha ley contraviene multitud de los postulados que en algún momento ha enarbolado ese partido: 1. Consolida un oligopolio en la producción de caña, 2. Limita penosamente la libertad de los mismos productores y jornaleros (los que efectivamente cortan la caña, no quienes se ostentan como sus líderes) en lo económico y en lo político, 3. Castiga a los consumidores nacionales obligándoles a comprar el azúcar más cara del planeta, 4. Lastima las finanzas públicas del país, no sólo con la creación de nuevos organismos burocráticos, sino manteniendo una estructura de subsidios que sólo beneficia a los líderes de dos organizaciones – la CNC y la CNPR, o Confederación Nacional de Propietarios Rurales, ambas del PRI-, además de establecer la obligación gravosa para el fisco (en última instancia, para los contribuyentes) de comprar a precios artificiales los excedentes de producción y 5. Pone en serio riesgo el cumplimiento de tratados comerciales internacionales, como el TLCAN aprobado por el Senado de la República en donde su principal promotor fue el entonces senador Roberto Madrazo Pintado.
Es cierto que el apoyo de los priístas a la ley ha sido soterrado y poco entusiasta, pero el partido ha vuelto a su vieja costumbre de cobijar a sus líderes corporativos lastimando a la sociedad. No deberían hacerlo y menos en tiempos electorales, cuando aspirarían – se supone- a convencer a los electores de que ya son un partido moderno, que ha abandonado viejos vicios y corruptelas.
Sería interesante que los priístas preocupados por algo más que su inmediata y futura colocación, revisasen la investigación que hizo la empresa Consultores del Golfo S.A. de C. V. – a solicitud de la Confederación Nacional de Organizaciones Agropecuarias y Forestales, A.C.- entre 4,600 productores de caña de azúcar (personas mayores de edad, de carne y hueso) de San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Tabasco y Morelos.
Más del 80 por ciento de los productores entrevistados se oponen a la nueva ley y apoyan la intención del Presidente Vicente Fox de vetarla.
En la dirección de correo electrónico consulgolfo@yahoo.com.mx los escépticos e interesados pueden solicitar el estudio. ¿Quiénes son, entonces, y qué papel juegan los presuntos “cañeros” que mantienen sitiadas las oficinas de la Secretaría de Agricultura?
Uno de los grandes problemas del PRI, a juicio de Jesús Silva Herzog Márquez, es que se ha convertido en una “gran cazuela de intereses” parciales, contrapuestos, muchos de ellos francamente retrógrados, ajenos a las preocupaciones reales y cotidianas de la sociedad.
Tal vez el mejor ejemplo de esta tragedia sea el apoyo que ese partido brindó en el Congreso a la llamada “Ley del desarrollo sustentable de la caña de azúcar”. Bien vista, dicha ley contraviene multitud de los postulados que en algún momento ha enarbolado ese partido: 1. Consolida un oligopolio en la producción de caña, 2. Limita penosamente la libertad de los mismos productores y jornaleros (los que efectivamente cortan la caña, no quienes se ostentan como sus líderes) en lo económico y en lo político, 3. Castiga a los consumidores nacionales obligándoles a comprar el azúcar más cara del planeta, 4. Lastima las finanzas públicas del país, no sólo con la creación de nuevos organismos burocráticos, sino manteniendo una estructura de subsidios que sólo beneficia a los líderes de dos organizaciones – la CNC y la CNPR, o Confederación Nacional de Propietarios Rurales, ambas del PRI-, además de establecer la obligación gravosa para el fisco (en última instancia, para los contribuyentes) de comprar a precios artificiales los excedentes de producción y 5. Pone en serio riesgo el cumplimiento de tratados comerciales internacionales, como el TLCAN aprobado por el Senado de la República en donde su principal promotor fue el entonces senador Roberto Madrazo Pintado.
Es cierto que el apoyo de los priístas a la ley ha sido soterrado y poco entusiasta, pero el partido ha vuelto a su vieja costumbre de cobijar a sus líderes corporativos lastimando a la sociedad. No deberían hacerlo y menos en tiempos electorales, cuando aspirarían – se supone- a convencer a los electores de que ya son un partido moderno, que ha abandonado viejos vicios y corruptelas.
Sería interesante que los priístas preocupados por algo más que su inmediata y futura colocación, revisasen la investigación que hizo la empresa Consultores del Golfo S.A. de C. V. – a solicitud de la Confederación Nacional de Organizaciones Agropecuarias y Forestales, A.C.- entre 4,600 productores de caña de azúcar (personas mayores de edad, de carne y hueso) de San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Tabasco y Morelos.
Más del 80 por ciento de los productores entrevistados se oponen a la nueva ley y apoyan la intención del Presidente Vicente Fox de vetarla.
En la dirección de correo electrónico consulgolfo@yahoo.com.mx los escépticos e interesados pueden solicitar el estudio. ¿Quiénes son, entonces, y qué papel juegan los presuntos “cañeros” que mantienen sitiadas las oficinas de la Secretaría de Agricultura?
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