Avisos presentes sobre robos futuros

Los argumentos que han esgrimido el candidato del PRD y el jefe de gobierno de la capital para oponerse a un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que defendió los derechos de propiedad, son espeluznantes.

Un amigo, Juan Pablo Roiz, me envió el viernes por las tarde un escrito en el que infiere, con lógica impecable e implacable, que tanto el actual jefe de gobierno del Distrito Federal como su antecesor tienen una noción de los derechos de propiedad prácticamente igual a la de los rateros. El escrito de Roiz – que, supongo, se difundirá en el sitio www.asuntoscapitales.com/ donde él escribe cada semana – me dejó seriamente preocupado.
Horas después otro amigo, Artemio Estrella, me envió desde Monterrey otro escrito en el que se pregunta: “¿Adiós a la propiedad privada?” al reflexionar sobre las reacciones de algunos distinguidos perredistas ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró ilegal e inconstitucional la expropiación que hizo el gobierno de la capital de nueve predios a favor de una empresa mercantil cooperativa – Pascual- y en contra de la legítima propietaria de los mismos (ver en www.elobservante.com/ ).
Un tercer escrito, enviado por un tercer amigo – Gerardo Valdés – simplemente refiere algunas de las alarmantes declaraciones del actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, sobre este asunto. Cito y subrayo por qué dice Encinas que rechaza el criterio de la Corte: Porque es un “criterio de que el derecho a la propiedad privada, limitado por el mandato del artículo 27 Constitucional, a nuestro juicio, en esta situación se coloca por encima del derecho a un trabajo digno y socialmente útil, y se coloca por encima de la obligación del Estado de promover la creación de empleos, como lo establece el artículo 123 de la Constitución".
Con todos sus defectos, la Constitución mexicana NO dice lo que supone Encinas que dice. Además, la primera obligación del gobierno que encabeza Encinas es proteger los derechos de propiedad en toda circunstancia y en todo momento. Obligación incumplida, como es notorio.
El autor original del enredo, Andrés M. López, quien como jefe de gobierno expropió sin causa de utilidad pública los terrenos, ahora en su papel de candidato a la Presidencia lamenta “la falta de sensibilidad social” (sic) de la Corte que no avaló su desatino y apoya que el gobierno (supongo que el de la capital) gaste recursos del erario ¡para comprar los terrenos y dárselos a la empresa mercantil de sus simpatías!
Me doy. Que en el edificio de gobierno de la capital, entonces, pongan un gran aviso: “Aquí se roba” y que en la campaña del señor López, por elemental honestidad, nos adviertan: “De llegar a la Presidencia el candidato promoverá el robo por las causas que a su juicio, y sólo a su juicio inapelable, sean de utilidad pública; esas causas incluyen desde luego el interés lucrativo de los amigos del hoy candidato y mañana gobernante”.
Digo, para que nos vayamos entendiendo.