Cambiar de modelo (I)

“Cambiar de modelo económico” se ha vuelto una especie de “karma” en algunas campañas políticas. ¿Cambiar cuál modelo por cuál otro?, ¿cómo?, ¿para qué?

Primera pregunta: ¿Cuál es el “modelo económico” que supuestamente no funciona y debe cambiarse? No nos sirve como respuesta – para un análisis responsable- decir que se trata del “modelo neoliberal de las dos últimas dos décadas”, ya que “neoliberal” sólo se está usando como una cómoda etiqueta que suprime cualquier argumento racional. Tal etiqueta lo mismo se usa para denostar prácticas mercantilistas (por ejemplo, la connivencia de ciertas elites de negociantes con los poderes públicos) que nada tienen de liberales, que para lamentarse de hechos duros – digamos, las restricciones presupuestarias a las que todos, incluso los gobiernos, están sujetos- cuyo origen nada tiene que ver con modelos económicos o con mecanismos para la asignación de recursos, sino que son hechos ineludibles, ontológicos, en cualquier sistema o escenario: La escasez siempre está ahí, trátese de Turquía, China, Estados Unidos, México o España; estemos en el siglo XVI o en el siglo XXI o nos proclamemos de izquierda, de centro o de derecha.
Si en México hay un modelo económico que se ha aplicado consistentemente desde hace casi un siglo es el que traza la Constitución de 1917, definiendo de antemano la intervención del Estado en diversas áreas de actividad económica y estableciendo un régimen débil de derechos de propiedad, que siempre – ese es el adverbio preciso – se encuentran supeditados al arbitrio de los gobiernos. En el modelo mexicano los derechos de propiedad no son derechos de las personas, preeminentes y anteriores a las atribuciones del Estado, que el propio Estado deba garantizar ante todo. Son, por el contrario, donaciones graciosas del Estado a los particulares; donaciones que en cualquier circunstancia, a juicio de los gobiernos y de los jueces encargados de interpretar y aplicar la ley, pueden ser canceladas, mutiladas o postergadas.
Obviamente, un modelo económico tal no corresponde a una concepción liberal del Estado, sino a su antítesis. Con matices, con mayor o menor énfasis, este modelo de derechos de propiedad débiles es el que ha estado vigente en México, no las dos últimas décadas sino a lo largo del siglo XX y hasta la fecha.
Dicho sea de paso -aunque lo trataremos en posteriores entregas- si el anhelo de “cambiar de modelo” obedece al insatisfactorio crecimiento de la economía mexicana (no de ahora, sino en los últimos 35 años cuando menos) la solución debe buscarse, efectivamente, en un cambio profundo: Aquél que nos permita tener derechos de propiedad fuertes y que acote, y fortalezca, las tareas del Estado y de los gobiernos en la garantía de dichos derechos y en la provisión de los verdaderos bienes públicos: Seguridad de los habitantes y de su patrimonio, respeto irrestricto a los contratos y a la ley, estabilidad macroeconómica, condiciones de plena y libre competencia en los mercados, construcción de infraestructura básica y participación subsidiaria – nunca exclusiva- en salud y educación en beneficio de los más débiles.