¿Quién dicen que ganó en Bolivia? (VI y último)

De aplicarse la ley contra la corrupción que propone el futuro gobierno de Bolivia, en ese país se instaurará un régimen de terror, por encima de los poderes constitucionales, que amenazará la vida, el patrimonio, la privacidad y la integridad de cualquier habitante.

El futuro vicepresidente de Bolivia calcula que los más impacientes partidarios de un cambio radical en ese país les darán un máximo de seis a ocho meses para dar resultados. Como lo más probable es que los resultados en términos de bienestar económico serán nulos, el pueblo podrá “disfrutar”, al menos, de ver en la picota a quienes considere sus enemigos y de satisfacer sus ansias de venganza.
La legislación anticorrupción también servirá para que el gobierno se haga temer de propios y extraños, para incentivar las delaciones anónimas y fomentar las venganzas entre rivales.
La propuesta ley (ver “Ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz contra la corrupción”)tiene todos los ingredientes para ser una herramienta de terror al servicio de quienes estén en el poder y manipulen el “Concejo Nacional contra la Corrupción” formado por entre cinco y siete miembros “propuestos por organizaciones de la sociedad civil” y aprobados por el Congreso que gozarán de total inmunidad para hacer sus investigaciones y denuncias públicas.
Los sujetos a esta ley no sólo serán los funcionarios públicos sino todas las personas públicas o privadas que pudiesen haber participado en delitos de corrupción, sea como agentes, cómplices, beneficiarios o encubridores.
La amplitud de sujetos de la ley anticorrupción se compadece con la amplitud de delitos que caen – según la proyectada ley – en esa categoría, incluido por ejemplo el delito de “conducta antieconómica lesiva para el Estado”. Otro delito, de los 18 enunciados, es el de incurrir en “sobreprecio irregular” (hay que suponer que para ser criminal bastaría con vender algún bien o servicio por encima de lo que los miembros de la comisión consideren “justo”).
Los miembros de la comisión anticorrupción – entidad “autárquica e independiente de los tres poderes del Estado”- además de gozar de los mismos fueros o inmunidades que los legisladores, podrán disponer requisas, embargos, detenciones, extradiciones. Asimismo, podrán levantar investigaciones sobre cualquier fortuna que ellos mismos supongan sospechosa de ilícito, sea de funcionarios públicos o de particulares.
Como bien dice el electo vicepresidente Álvaro García Linera, los cerebros del futuro gobierno de Bolivia no son unos ilusos aptos para escribir novelas, sino políticos realistas. Saben, como lo sabían Hitler y Goebels, como lo sabían Lenin, Molotov y Stalin, que esas “patrañas burguesas” sobre los derechos humanos, el poder judicial independiente, el derecho a juicios imparciales, el derecho a la defensa, el derecho a la privacidad y la libertad de oferentes y demandantes en el mercado, sólo estorban y paralizan cuando se está construyendo – por enésima vez- el paraíso terrenal.
Como siempre sucede el prometido paraíso se volverá un infierno, pero ese es un aprendizaje que estos nuevos redentores del pueblo se rehusan a cursar.