Cambiar de modelo (III)

La distancia y las versiones interesadas han minimizado la magnitud del desastre que heredaron las administraciones de Echeverría y López Portillo a sus sucesores. Por lo mismo, tampoco se ha valorado la magnitud de la reconstrucción.

Durante lo que he llamado la cuarta etapa de la evolución del modelo económico de México – etapa que va de 1970 a 1982- se generaron, por políticas públicas deliberadas, distorsiones monstruosas en la economía. Vale la pena recordarlas porque no estamos hablando de meros coqueteos inocentes o simpáticos con una retórica socializante o de episodios más o menos folclóricos de “agua de jamaica para todos” o de “orgullos del nepotismo” o de perros que se revelaron como incompetentes defensores del valor de la moneda.
Estamos hablando de un desastre económico en toda la línea.
José López Portillo dejó el gobierno, al iniciarse diciembre de 1982, con un déficit fiscal equivalente a 17 por ciento del PIB. Debe notarse que ese es el déficit medido convencional y tradicionalmente – diferencia entre egresos e ingresos del gobierno federal- al que podrían sumarse deudas implícitas y requerimientos financieros del sector público no reconocidos, pero existentes, que también pesaban sobre el balance fiscal. También debe notarse que la inflación desbocada actuaba, en forma perversa, como una suerte de “creativo” mecanismo de financiamiento del déficit público al facilitar la licuefacción de las deudas por su amortización acelerada (todo ello en detrimento especialmente de quienes mantienen sus activos líquidos, como asalariados y pensionados), lo que, a la postre, incentivaba una “fuga hacia delante”: Resolver demagógicamente los problemas de corto plazo con mayor inflación.
Las consecuencias de ese desequilibrio escalofriante de las finanzas públicas, en términos de bienestar, fueron terribles: Empobrecimiento generalizado; regresiones brutales en la distribución del ingreso: no sólo más pobres sino más empobrecidos; crecimientos ilusorios del producto (llegada a cierto punto la inflación contamina incluso los resultados deflactados, porque las distorsiones en los precios relativos impiden establecer deflactores confiables); corrupción generalizada, no sólo en un aparato público que se hacía omnipresente, sino también en la actividad privada porque la inflación desbocada induce la asignación perversa de los recursos y la búsqueda de rentas derivadas de la propia inflación, no de la creación de valor; reforzamiento del mercantilismo en beneficio de contadas elites en connivencia con el poder público (dicho coloquialmente: nuevas camadas de supermillonarios creadas al amparo del gobierno) y, en fin, un ambiente generalizado de cinismo e improductividad.
Esas son las consecuencias, pero ¿cómo se llegó a ello? La causa original del desastre fue, precisamente, la inopinada propuesta de “cambiar el modelo económico” para pasar del “desarrollo estabilizador” (que, en efecto, estaba a punto de agotarse) a un modelo justiciero con una agresiva participación del Estado en la asignación de los recursos (las entidades paraestatales eran, al final, más de 1,200), deteriorando aún más el de suyo débil régimen de derechos de propiedad.