Igualitarismo corruptor e inicuo

En la práctica la prohibición contenida en la reciente reforma electoral, que atenta contra la libertad de expresión, provocará que la propaganda electoral en radio y televisión se disfrace de información o de comentario editorial – engañando al público -, al tiempo que los ingresos que por esa vía obtengan los medios no podrán ser fiscalizados, ni por el IFE, ni por el fisco, ni por los accionistas minoritarios, mucho menos por los electores.

En las dos entregas anteriores he denunciado, desde el punto de vista de los derechos humanos y de los principios de una democracia liberal, el atentado que entraña la prohibición que se ha hecho a los ciudadanos comunes de contratar espacios en radio y televisión para opinar sobre candidatos, contiendas y propuestas electorales.

Ahora veamos cuáles serán las consecuencias prácticas. Son fáciles de prever para quien conozca cómo operan en México la radio y la televisión, así como los mecanismos habituales que usan los dueños de dichos medios para beneficiarse en la arena política sin exponerse públicamente.

El pretexto para la prohibición se remite a unos anuncios que por dos o tres días, durante 2006, difundieron organismos empresariales advirtiendo de los riesgos de políticas populistas. De ahí, algunos han inferido que se trata de una prohibición con dedicatoria –aberrante en un Estado de Derecho- dictada por prejuicios ideológicos en contra de los "ricos". Sin embargo, a poco que se medite, no parece ser ése el motivo de fondo para la restricción, sino promover la corrupta costumbre de esconder propaganda política, pagada a trasmano, en noticiarios y en programas informativos y de opinión. Uno de los eufemismos para esta falsificación (difundir propaganda pagada como si se tratase de información) es la denominación "producto integrado" (para una descripción de Ibope acerca de qué se entiende por "producto integrado" ver aquí).

Dado que la prohibición se refiere sólo a espacios oficialmente comercializados ("spots"), proliferarán las simulaciones mencionadas, con lo cual: 1. Algunos partidos podrán difundir propaganda no fiscalizada por las autoridades electorales, violando los "topes de campaña"; lo cual es obviamente contrario a la equidad, y 2. Algunos medios obtendrán cuantiosos ingresos de los que no darán cuenta ni al fisco, ni a sus accionistas minoritarios, ni a las mismas autoridades electorales.

Un caso típico de regulación que beneficia a los entes regulados: partidos y medios electrónicos de comunicación.

Nadie sabe para quién trabaja. ¿O sí?