Políticos: Instrucciones para no equivocarse

Antes de lanzar vetos y restricciones respecto del futuro de Pemex, muchos políticos mexicanos deberían cerciorarse de no estar metiendo la pata sin remedio.

Pequeña guía práctica, dirigida a políticos, para no meter la pata en el asunto de la reforma que requiere Pemex.

Primer paso: Guarden silencio y lean con cuidado el documento "Las Reservas de Hidrocarburos de México. Evaluación al 1 de enero de 2008" que difundió el martes Pemex Exploración y Producción. Es el décimo año en que se publica ese reporte, que es minucioso y preciso.

Segundo paso: No hacer trampa. Prohibido saltarse la introducción y el capitulo 2 que se llama "Definiciones básicas". Primero hay que entender de qué se está hablando. Así podrán saber qué son reservas posibles, reservas probables, reservas probadas y qué son los recursos prospectivos.

Tercer paso: Gracias a la lectura atenta deberán erradicar de ese arsenal de frases hechas, con el que ustedes – políticos insignes- confeccionan discursos y declaraciones, ésa frasecita tan errónea y nociva que habla de "la renta petrolera".No hay tal cosa. En la industria petrolera de hoy y del futuro se acabaron los días en que bastaba estirar la mano y tomar los frutos: ahora hay que trabajar duro, bien y con inteligencia – respetando el saber y la técnica- para obtener beneficios, y aun así los beneficios podrían ser inciertos. ¡Dejen de soñar en mágicas herencias de señoritos!, ¡el patrimonio hay que construirlo!

Cuarto paso: Una vez que hayan entendido todo lo que México puede perder si no actúan rápido para permitir que Pemex se allegue socios, compañeros, aliados o como quieran llamarles, que le permitan a Pemex aprovechar el potencial de los recursos en materia de gas y petróleo, busquen la asesoría de juristas calificados para ver qué cambios deben hacerse y en dónde (Constitución, leyes, reglamentos, catecismos ideológicos) para evitar que México, ¡otra vez!, pierda oportunidades de crecimiento, perjudicando aún más a los mexicanos más fregados.

Quinto paso: Hagan un cálculo político – esos sí saben hacerlos – de cómo la historia y los electores habrán de juzgarlos en unos pocos años. Podrán calificarlos como personajes valientes que tomaron decisiones para el bien de México, y también para beneficio de sus carreras políticas (se vale), o como ignorantes engreídos que no vieron más allá de sus narices y cancelaron, ¡otra vez!, oportunidades preciosas para su país.

Igualitarismo corruptor e inicuo

En la práctica la prohibición contenida en la reciente reforma electoral, que atenta contra la libertad de expresión, provocará que la propaganda electoral en radio y televisión se disfrace de información o de comentario editorial – engañando al público -, al tiempo que los ingresos que por esa vía obtengan los medios no podrán ser fiscalizados, ni por el IFE, ni por el fisco, ni por los accionistas minoritarios, mucho menos por los electores.

En las dos entregas anteriores he denunciado, desde el punto de vista de los derechos humanos y de los principios de una democracia liberal, el atentado que entraña la prohibición que se ha hecho a los ciudadanos comunes de contratar espacios en radio y televisión para opinar sobre candidatos, contiendas y propuestas electorales.

Ahora veamos cuáles serán las consecuencias prácticas. Son fáciles de prever para quien conozca cómo operan en México la radio y la televisión, así como los mecanismos habituales que usan los dueños de dichos medios para beneficiarse en la arena política sin exponerse públicamente.

El pretexto para la prohibición se remite a unos anuncios que por dos o tres días, durante 2006, difundieron organismos empresariales advirtiendo de los riesgos de políticas populistas. De ahí, algunos han inferido que se trata de una prohibición con dedicatoria –aberrante en un Estado de Derecho- dictada por prejuicios ideológicos en contra de los "ricos". Sin embargo, a poco que se medite, no parece ser ése el motivo de fondo para la restricción, sino promover la corrupta costumbre de esconder propaganda política, pagada a trasmano, en noticiarios y en programas informativos y de opinión. Uno de los eufemismos para esta falsificación (difundir propaganda pagada como si se tratase de información) es la denominación "producto integrado" (para una descripción de Ibope acerca de qué se entiende por "producto integrado" ver aquí).

Dado que la prohibición se refiere sólo a espacios oficialmente comercializados ("spots"), proliferarán las simulaciones mencionadas, con lo cual: 1. Algunos partidos podrán difundir propaganda no fiscalizada por las autoridades electorales, violando los "topes de campaña"; lo cual es obviamente contrario a la equidad, y 2. Algunos medios obtendrán cuantiosos ingresos de los que no darán cuenta ni al fisco, ni a sus accionistas minoritarios, ni a las mismas autoridades electorales.

Un caso típico de regulación que beneficia a los entes regulados: partidos y medios electrónicos de comunicación.

Nadie sabe para quién trabaja. ¿O sí?

El desastre igualitarista

Una vez que la autoridad pretende, ilusoriamente, igualar "ex ante" los resultados que todos y cada uno de los seres humanos obtendrán como fruto de sus actividades, se ha puesto en marcha un proceso destructor de las libertades que no conocerá límites.

No es un disparate menor o risible el que se comete cuando se limita una libertad fundamental del ser humano en nombre de una falaz equidad, que en realidad es igualitarismo autoritario. Bastaría con el mero atentado a libertades fundamentales e irrenunciables – en en este caso, la libertad de expresarse en determinados medios acerca de los asuntos electorales, así como la libertad de usar los propios recursos como mejor le convenga a cada cual en fines lícitos- para protestar y denunciar el atropello. Pero, además, la historia nos advierte que el camino del igualitarismo siempre termina en el desastre social y es la semilla de la cual brotan los peores totalitarismos.

Sin duda al senador Santiago Creel – oficioso defensor del atropello contenido en la reforma electoral- lo mueven intenciones mucho más valiosas que las que revelan sus mal estructurados argumentos, pero las buenas intenciones no alcanzan para disipar la terrible confusión acerca de conceptos que son fundamentales para una democracia. O tales conceptos – como el de la verdadera igualdad de todos y cada uno de los ciudadanos ante la ley, así como el de la preeminencia de los derechos fundamentales de cada hombre por encima de cualquier consideración política – se entienden claramente, o están construyendo, aun sin saberlo algunos de los albañiles desprevenidos y hasta bien intencionados, la próxima tiranía.

Si se siguiera el criterio igualitarista propuesto por Creel en todas las políticas públicas todos deberíamos renunciar a cualquier diversidad para igualarnos en lo más bajo: Todos con las mismas ropas, todos con la misma ignorancia, todos con la misma mediocridad.

Por ejemplo, si se aplica tal criterio en la educación debe desaparecer de la enseñanza cualquier medida diferenciadora – como los exámenes de conocimientos- y más temprano que tarde concluiríamos que lo más eficaz para que nadie sea discriminado no sólo es el pase automático, sino el título profesional automático, entregado junto con el acta de nacimiento y la cartilla de vacunación.

Espero que el senador Creel no ejerza la docencia, porque su igualitarismo –de anacrónico maoísta – le llevaría a cometer atroces injusticias con sus alumnos ¡ y en nombre de la equidad!

Nota importante: Este es un vínculo de acceso gratuito al texto del senador Creel que critico en éste y en el anterior comentario; se trata del sitio de los senadores del PAN (el artículo fue publicado el viernes 18 de enero en el periódico "Reforma", pero los contenidos de ese diario no son de acceso libre a través de la red).

Vaciladas igualitaristas

Confundir la igualdad de los ciudadanos ante la ley con la igualdad en los resultados es una burla al Estado de Derecho y es el camino seguro para conculcar los derechos fundamentales del ser humano.


El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Santiago Creel Miranda, obsequió el viernes a los lectores de un periódico capitalino - "Reforma"- un (fallido) argumento para enriquecer la calificación que hizo de los amparos en contra de las restricciones a la libertad de expresión, contenidas en la llamada "reforma electoral", como "una vacilada" (esto es: una burla).

Creel, a quien no debe acusarse de usar con corrección el español (decir "sospechosismo" en lugar de suspicacia lo absuelve por completo de tal delito), argumenta que la prohibición, impuesta a los ciudadanos comunes, de contratar espacios en radio y televisión para expresar sus pareceres sobre contiendas, propuestas y candidatos electorales, no sólo no atenta contra la libertad de expresión sino que la garantiza porque permitirá la igualdad absoluta de todos los ciudadanos en tal aspecto. El argumento dice así: Dado que no todos los ciudadanos tienen los recursos económicos para contratar dichos espacios, la mejor manera de impedir que esa libertad (expresarse en radio y televisión) sea ejercida por unos pocos – que tienen los recursos- pero no por muchos otros – que no tienen los recursos-, es negársela a todos.

Siguiendo esa "lógica" los legisladores deberían diseñar muchas otras prohibiciones ¡para preservar la libertad! En materia electoral deberían garantizar que nadie (partidos o candidatos) compita con ventajas. La mejor manera de hacerlo es prohibir las elecciones e instaurar una dictadura. ¿Qué garantizaría mejor una equidad absoluta en los resultados electorales que el hecho de que no hubiera elecciones? Es lo mismo que sucede con la muerte que es la única forma comprobada de igualación total de los seres humanos – en los resultados- que se conoce.

Así pues, parecería que esta reforma electoral es un paso adelante hacia la envidiable condición de "igualdad democrática" que se disfruta en Cuba o en Corea del Norte.

El alegato de Creel debió publicarse en todos los periódicos de México y difundirse por todos los medios (en beneficio de los no alfabetizados), ya que, en la lógica del senador, su publicación en un solo periódico conculcó el derecho a la información de quienes no leyeron tal diario. ¡Qué atroz violación del igualitarismo salvaje!, ¡y perpetrada por uno de sus paladines!