Chrysler y GM: Quiebras politizadas

Para el gobierno de Barack Obama todos los ciudadanos son iguales, pero unos son “más iguales que otros”, como sucedía entre los animales de la granja que imaginó George Orwell para satirizar el comunismo soviético.

Obama sin duda está lleno de buenas intenciones, pero su afán de proteger a quienes la gastada retórica izquierdista identifica como “débiles” le inclina con frecuencia a torcer la regla de la ley.

Chrysler entró el 30 de abril al capítulo once de la ley de bancarrotas y la administración de Obama ya se las ha arreglado no sólo para que el proceso sea excepcionalmente rápido, sino para que tenga resultados definidos de antemano. Sin mayor escrutinio, el juez a cargo dictaminó que los acreedores de deuda garantizada sólo recibirán 28 centavos por cada dólar que se les adeuda, en cambio los miembros del sindicato automotriz (United Auto Workers, UAW) recibirán 43 centavos por cada dólar invertido en el fondo de salud que estableció la empresa.

Liquidar los activos y repartir a partes iguales lo que quede – otra opción legal-, está descartado: es “políticamente incorrecto”.
Sólo en la falsa retórica “progresista” la poderosa UAW puede considerarse como “débil” y sólo en la misma retórica los acreedores pueden ser vistos como “buitres”. Pero esa es la retórica que ha empleado Obama al calificar de “especuladores” a los tenedores de bonos. En realidad, la mayoría son pequeños ahorradores que cometieron el error de creer en Chrysler.

La UAW ha sido un sostén permanente de la meteórica carrera política de Obama, un bastión del Partido Demócrata al que Obama se ha empeñado en complacer; de ahí, por ejemplo, que comparta el discurso de la UAW calificando a los inmigrantes extranjeros de ladrones de empleos y denunciando al TLCAN como un mal arreglo que se llevó los empleos a México con el señuelo de los bajos salarios.

Ya desde hoy se sabe que la historia de la inminente bancarrota de GM será similar: Los miembros de la UAW recibirán 50 centavos por cada dólar, mientras que los acreedores, en este caso de bonos no garantizados, tendrán que conformarse con 5 centavos por cada dólar. Los acreedores ya saben que sólo habrá esa sopa en la mesa.

Un nefasto precedente cuando lo que urge son fondos frescos de inversionistas privados (“especuladores” les diría Obama) para rescatar empresas estadounidenses en problemas, como advirtió The Economist en su edición de esta semana.

Igualitarismo corruptor e inicuo

En la práctica la prohibición contenida en la reciente reforma electoral, que atenta contra la libertad de expresión, provocará que la propaganda electoral en radio y televisión se disfrace de información o de comentario editorial – engañando al público -, al tiempo que los ingresos que por esa vía obtengan los medios no podrán ser fiscalizados, ni por el IFE, ni por el fisco, ni por los accionistas minoritarios, mucho menos por los electores.

En las dos entregas anteriores he denunciado, desde el punto de vista de los derechos humanos y de los principios de una democracia liberal, el atentado que entraña la prohibición que se ha hecho a los ciudadanos comunes de contratar espacios en radio y televisión para opinar sobre candidatos, contiendas y propuestas electorales.

Ahora veamos cuáles serán las consecuencias prácticas. Son fáciles de prever para quien conozca cómo operan en México la radio y la televisión, así como los mecanismos habituales que usan los dueños de dichos medios para beneficiarse en la arena política sin exponerse públicamente.

El pretexto para la prohibición se remite a unos anuncios que por dos o tres días, durante 2006, difundieron organismos empresariales advirtiendo de los riesgos de políticas populistas. De ahí, algunos han inferido que se trata de una prohibición con dedicatoria –aberrante en un Estado de Derecho- dictada por prejuicios ideológicos en contra de los "ricos". Sin embargo, a poco que se medite, no parece ser ése el motivo de fondo para la restricción, sino promover la corrupta costumbre de esconder propaganda política, pagada a trasmano, en noticiarios y en programas informativos y de opinión. Uno de los eufemismos para esta falsificación (difundir propaganda pagada como si se tratase de información) es la denominación "producto integrado" (para una descripción de Ibope acerca de qué se entiende por "producto integrado" ver aquí).

Dado que la prohibición se refiere sólo a espacios oficialmente comercializados ("spots"), proliferarán las simulaciones mencionadas, con lo cual: 1. Algunos partidos podrán difundir propaganda no fiscalizada por las autoridades electorales, violando los "topes de campaña"; lo cual es obviamente contrario a la equidad, y 2. Algunos medios obtendrán cuantiosos ingresos de los que no darán cuenta ni al fisco, ni a sus accionistas minoritarios, ni a las mismas autoridades electorales.

Un caso típico de regulación que beneficia a los entes regulados: partidos y medios electrónicos de comunicación.

Nadie sabe para quién trabaja. ¿O sí?

El desastre igualitarista

Una vez que la autoridad pretende, ilusoriamente, igualar "ex ante" los resultados que todos y cada uno de los seres humanos obtendrán como fruto de sus actividades, se ha puesto en marcha un proceso destructor de las libertades que no conocerá límites.

No es un disparate menor o risible el que se comete cuando se limita una libertad fundamental del ser humano en nombre de una falaz equidad, que en realidad es igualitarismo autoritario. Bastaría con el mero atentado a libertades fundamentales e irrenunciables – en en este caso, la libertad de expresarse en determinados medios acerca de los asuntos electorales, así como la libertad de usar los propios recursos como mejor le convenga a cada cual en fines lícitos- para protestar y denunciar el atropello. Pero, además, la historia nos advierte que el camino del igualitarismo siempre termina en el desastre social y es la semilla de la cual brotan los peores totalitarismos.

Sin duda al senador Santiago Creel – oficioso defensor del atropello contenido en la reforma electoral- lo mueven intenciones mucho más valiosas que las que revelan sus mal estructurados argumentos, pero las buenas intenciones no alcanzan para disipar la terrible confusión acerca de conceptos que son fundamentales para una democracia. O tales conceptos – como el de la verdadera igualdad de todos y cada uno de los ciudadanos ante la ley, así como el de la preeminencia de los derechos fundamentales de cada hombre por encima de cualquier consideración política – se entienden claramente, o están construyendo, aun sin saberlo algunos de los albañiles desprevenidos y hasta bien intencionados, la próxima tiranía.

Si se siguiera el criterio igualitarista propuesto por Creel en todas las políticas públicas todos deberíamos renunciar a cualquier diversidad para igualarnos en lo más bajo: Todos con las mismas ropas, todos con la misma ignorancia, todos con la misma mediocridad.

Por ejemplo, si se aplica tal criterio en la educación debe desaparecer de la enseñanza cualquier medida diferenciadora – como los exámenes de conocimientos- y más temprano que tarde concluiríamos que lo más eficaz para que nadie sea discriminado no sólo es el pase automático, sino el título profesional automático, entregado junto con el acta de nacimiento y la cartilla de vacunación.

Espero que el senador Creel no ejerza la docencia, porque su igualitarismo –de anacrónico maoísta – le llevaría a cometer atroces injusticias con sus alumnos ¡ y en nombre de la equidad!

Nota importante: Este es un vínculo de acceso gratuito al texto del senador Creel que critico en éste y en el anterior comentario; se trata del sitio de los senadores del PAN (el artículo fue publicado el viernes 18 de enero en el periódico "Reforma", pero los contenidos de ese diario no son de acceso libre a través de la red).

Vaciladas igualitaristas

Confundir la igualdad de los ciudadanos ante la ley con la igualdad en los resultados es una burla al Estado de Derecho y es el camino seguro para conculcar los derechos fundamentales del ser humano.


El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Santiago Creel Miranda, obsequió el viernes a los lectores de un periódico capitalino - "Reforma"- un (fallido) argumento para enriquecer la calificación que hizo de los amparos en contra de las restricciones a la libertad de expresión, contenidas en la llamada "reforma electoral", como "una vacilada" (esto es: una burla).

Creel, a quien no debe acusarse de usar con corrección el español (decir "sospechosismo" en lugar de suspicacia lo absuelve por completo de tal delito), argumenta que la prohibición, impuesta a los ciudadanos comunes, de contratar espacios en radio y televisión para expresar sus pareceres sobre contiendas, propuestas y candidatos electorales, no sólo no atenta contra la libertad de expresión sino que la garantiza porque permitirá la igualdad absoluta de todos los ciudadanos en tal aspecto. El argumento dice así: Dado que no todos los ciudadanos tienen los recursos económicos para contratar dichos espacios, la mejor manera de impedir que esa libertad (expresarse en radio y televisión) sea ejercida por unos pocos – que tienen los recursos- pero no por muchos otros – que no tienen los recursos-, es negársela a todos.

Siguiendo esa "lógica" los legisladores deberían diseñar muchas otras prohibiciones ¡para preservar la libertad! En materia electoral deberían garantizar que nadie (partidos o candidatos) compita con ventajas. La mejor manera de hacerlo es prohibir las elecciones e instaurar una dictadura. ¿Qué garantizaría mejor una equidad absoluta en los resultados electorales que el hecho de que no hubiera elecciones? Es lo mismo que sucede con la muerte que es la única forma comprobada de igualación total de los seres humanos – en los resultados- que se conoce.

Así pues, parecería que esta reforma electoral es un paso adelante hacia la envidiable condición de "igualdad democrática" que se disfruta en Cuba o en Corea del Norte.

El alegato de Creel debió publicarse en todos los periódicos de México y difundirse por todos los medios (en beneficio de los no alfabetizados), ya que, en la lógica del senador, su publicación en un solo periódico conculcó el derecho a la información de quienes no leyeron tal diario. ¡Qué atroz violación del igualitarismo salvaje!, ¡y perpetrada por uno de sus paladines!

La destructiva obsesión igualitaria

Para la izquierda al uso debería prohibirse la impresión de libros mientras haya en el mundo alguna persona analfabeta, ya que los libros contribuyen a ensanchar la brecha entre los que saben leer y los que no saben. Así de retrógrado es el igualitarismo salvaje.

De una u otra forma, las opiniones de quienes se nombran a sí mismos “de izquierda” – con un dejo de arrogante superioridad moral- parten del principio de que la búsqueda de la igualdad en los resultados es más importante que la búsqueda de la generación de valor mediante la productividad.

Los izquierdistas más o menos ilustrados no dejan de reconocer que la globalización y el libre comercio han contribuido a disminuir la miseria en muchos países pobres, pero advierten de inmediato – sombríos- que también tienden a incrementar la desigualdad, entendida ésta como la distancia entre el más rico y el más pobre en una sociedad. Al parecer, no importa tanto que los pobres dejen de serlo, sino que la distancia entre el más rico y el más pobre se estreche hasta – ¡oh, utopía! – desparecer por completo.

Llevado el razonamiento igualitarista a la hipérbole, debería admitirse entonces que el instrumento igualitario más eficaz sería la aplicación minuciosa de bombas atómicas hasta que muy pronto la muerte – inapelable unificadora- nos iguale a todos. En “El Quijote” se propone la metáfora de las piezas de ajedrez que, una vez terminada la partida y arrojadas en un saco, vuelven todas a ser iguales, lo mismo da que en el tablero hayan sido reina, alfil, peón o caballo.

Otra hipérbole “lógica” del izquierdismo: Volvamos al medioevo cuando la distancia entre el rey más poderoso y el hombre más pobre, en términos de calidad de vida, era mínima. Algunas prédicas “ecologistas” tienden a esa indeseable utopía, condenando el motor de combustión interna como esencialmente maligno.

La izquierda cree haber encontrado un gran argumento contra la globalización porque diversos estudios indican que el intercambio libre y global en algunos países, como China, ha incrementado las distancias entre ricos y pobres (al tiempo que ha enriquecido a todos en promedio), pero en realidad no se trata de un gran hallazgo: Es evidente que la invención de la imprenta de tipos móviles (Gutenberg) benefició sobre todo a quienes sabían leer. Lo inteligente, sin embargo, no es prohibir los libros sino enseñar a leer al que no sabe.