El tal-Hugo Chávez alérgico a la libre expresión

Copio un boletín urgente enviado por el Cato Institute:

CAUCAGUA, VENEZUELA— El gobierno venezolano intentó clausurar un seminario educativo del Cato Institute por expresar ideas críticas al regimen de Chávez.
Varias agencias del gobierno venezolano amedrentaron a los organizadores y participantes del evento del Cato Institute, llamado Universidad ElCato-CEDICE, el cual ocurrió en Caucagua, Venezuela entre el 24 y el 26 de mayo. El evento es co-auspiciado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico por la Libertad (CEDICE) y fue organizado para enseñar y promover los principios liberales de gobierno limitado, libertad individual, mercados libres y paz.(Boletín enviado por el Cato Institute)

Los tontos útiles al narcotráfico (29 de agosto)

Con una irresponsabilidad pasmosa algunos medios comunicación le están haciendo gratis la tarea de propaganda al narcotráfico dándole gran difusión a sus mensajes de desinformación y terror.


La buena noticia es que la guerra contra el narcotráfico en México está dando algún fruto positivo. Un indicio de estos avances es la estrategia desesperada, pero sumamente astuta, de algunos criminales consistente en sembrar mensajes de desinformación y terror en algunas ciudades del norte del país mediante mantas espectaculares colocadas en algunas calles y avenidas. La intención de los mensajes, cobardes y anónimos, es sembrar la confusión y alimentar las siguientes sospechas: 1. El gobierno no está combatiendo en realidad a los narcotraficantes sino protegiéndolos, al menos a tales o cuales bandas, 2. Las organizaciones criminales son más poderosas que el Estado mexicano, y 3. Combatir al crimen organizado sólo genera más violencia e inseguridad para la población, por lo cual debe dejar de hacerse.

Si están tan desesperados será porque les están pegando en donde les hacen daño.

Aun para quienes creemos que la verdadera solución frente a la violencia y criminalidad generada por el narcotráfico sería la legalización inteligente de las drogas y destinar los recursos, que hoy se gastan en combatir el tráfico, a campañas de prevención de las adicciones y de rehabilitación de los adictos, está claro que el gobierno no puede permanecer impávido ante la actividad de las bandas de narcotraficantes, ni permitir, como por desgracia sucedió en México, que el crimen organizado penetre las instituciones del Estado y las ponga parcialmente a su servicio.

La legalización, por desgracia, no es viable mientras Estados Unidos mantenga la errada política de criminalizar el comercio de drogas, de la misma manera que la "prohibición" del comercio de bebidas alcohólicas alentó la expansión criminal de la mafia.

Por eso apoyo sin titubeos la lucha que ha emprendido el gobierno federal contra el narcotráfico.

La mala, pésima noticia, es que hay medios de comunicación irresponsables e idiotas que destinan sus espacios a darle amplia, gratuita y escandalosa difusión a los mensajes de desinformación y terror de la delincuencia organizada. Por supuesto, son plenamente libres para hacerlo. La libertad – que defenderé siempre – es un derecho inviolable de todos, también de los irresponsables y de los tontos.

Igualitarismo corruptor e inicuo

En la práctica la prohibición contenida en la reciente reforma electoral, que atenta contra la libertad de expresión, provocará que la propaganda electoral en radio y televisión se disfrace de información o de comentario editorial – engañando al público -, al tiempo que los ingresos que por esa vía obtengan los medios no podrán ser fiscalizados, ni por el IFE, ni por el fisco, ni por los accionistas minoritarios, mucho menos por los electores.

En las dos entregas anteriores he denunciado, desde el punto de vista de los derechos humanos y de los principios de una democracia liberal, el atentado que entraña la prohibición que se ha hecho a los ciudadanos comunes de contratar espacios en radio y televisión para opinar sobre candidatos, contiendas y propuestas electorales.

Ahora veamos cuáles serán las consecuencias prácticas. Son fáciles de prever para quien conozca cómo operan en México la radio y la televisión, así como los mecanismos habituales que usan los dueños de dichos medios para beneficiarse en la arena política sin exponerse públicamente.

El pretexto para la prohibición se remite a unos anuncios que por dos o tres días, durante 2006, difundieron organismos empresariales advirtiendo de los riesgos de políticas populistas. De ahí, algunos han inferido que se trata de una prohibición con dedicatoria –aberrante en un Estado de Derecho- dictada por prejuicios ideológicos en contra de los "ricos". Sin embargo, a poco que se medite, no parece ser ése el motivo de fondo para la restricción, sino promover la corrupta costumbre de esconder propaganda política, pagada a trasmano, en noticiarios y en programas informativos y de opinión. Uno de los eufemismos para esta falsificación (difundir propaganda pagada como si se tratase de información) es la denominación "producto integrado" (para una descripción de Ibope acerca de qué se entiende por "producto integrado" ver aquí).

Dado que la prohibición se refiere sólo a espacios oficialmente comercializados ("spots"), proliferarán las simulaciones mencionadas, con lo cual: 1. Algunos partidos podrán difundir propaganda no fiscalizada por las autoridades electorales, violando los "topes de campaña"; lo cual es obviamente contrario a la equidad, y 2. Algunos medios obtendrán cuantiosos ingresos de los que no darán cuenta ni al fisco, ni a sus accionistas minoritarios, ni a las mismas autoridades electorales.

Un caso típico de regulación que beneficia a los entes regulados: partidos y medios electrónicos de comunicación.

Nadie sabe para quién trabaja. ¿O sí?

El desastre igualitarista

Una vez que la autoridad pretende, ilusoriamente, igualar "ex ante" los resultados que todos y cada uno de los seres humanos obtendrán como fruto de sus actividades, se ha puesto en marcha un proceso destructor de las libertades que no conocerá límites.

No es un disparate menor o risible el que se comete cuando se limita una libertad fundamental del ser humano en nombre de una falaz equidad, que en realidad es igualitarismo autoritario. Bastaría con el mero atentado a libertades fundamentales e irrenunciables – en en este caso, la libertad de expresarse en determinados medios acerca de los asuntos electorales, así como la libertad de usar los propios recursos como mejor le convenga a cada cual en fines lícitos- para protestar y denunciar el atropello. Pero, además, la historia nos advierte que el camino del igualitarismo siempre termina en el desastre social y es la semilla de la cual brotan los peores totalitarismos.

Sin duda al senador Santiago Creel – oficioso defensor del atropello contenido en la reforma electoral- lo mueven intenciones mucho más valiosas que las que revelan sus mal estructurados argumentos, pero las buenas intenciones no alcanzan para disipar la terrible confusión acerca de conceptos que son fundamentales para una democracia. O tales conceptos – como el de la verdadera igualdad de todos y cada uno de los ciudadanos ante la ley, así como el de la preeminencia de los derechos fundamentales de cada hombre por encima de cualquier consideración política – se entienden claramente, o están construyendo, aun sin saberlo algunos de los albañiles desprevenidos y hasta bien intencionados, la próxima tiranía.

Si se siguiera el criterio igualitarista propuesto por Creel en todas las políticas públicas todos deberíamos renunciar a cualquier diversidad para igualarnos en lo más bajo: Todos con las mismas ropas, todos con la misma ignorancia, todos con la misma mediocridad.

Por ejemplo, si se aplica tal criterio en la educación debe desaparecer de la enseñanza cualquier medida diferenciadora – como los exámenes de conocimientos- y más temprano que tarde concluiríamos que lo más eficaz para que nadie sea discriminado no sólo es el pase automático, sino el título profesional automático, entregado junto con el acta de nacimiento y la cartilla de vacunación.

Espero que el senador Creel no ejerza la docencia, porque su igualitarismo –de anacrónico maoísta – le llevaría a cometer atroces injusticias con sus alumnos ¡ y en nombre de la equidad!

Nota importante: Este es un vínculo de acceso gratuito al texto del senador Creel que critico en éste y en el anterior comentario; se trata del sitio de los senadores del PAN (el artículo fue publicado el viernes 18 de enero en el periódico "Reforma", pero los contenidos de ese diario no son de acceso libre a través de la red).

Vaciladas igualitaristas

Confundir la igualdad de los ciudadanos ante la ley con la igualdad en los resultados es una burla al Estado de Derecho y es el camino seguro para conculcar los derechos fundamentales del ser humano.


El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Santiago Creel Miranda, obsequió el viernes a los lectores de un periódico capitalino - "Reforma"- un (fallido) argumento para enriquecer la calificación que hizo de los amparos en contra de las restricciones a la libertad de expresión, contenidas en la llamada "reforma electoral", como "una vacilada" (esto es: una burla).

Creel, a quien no debe acusarse de usar con corrección el español (decir "sospechosismo" en lugar de suspicacia lo absuelve por completo de tal delito), argumenta que la prohibición, impuesta a los ciudadanos comunes, de contratar espacios en radio y televisión para expresar sus pareceres sobre contiendas, propuestas y candidatos electorales, no sólo no atenta contra la libertad de expresión sino que la garantiza porque permitirá la igualdad absoluta de todos los ciudadanos en tal aspecto. El argumento dice así: Dado que no todos los ciudadanos tienen los recursos económicos para contratar dichos espacios, la mejor manera de impedir que esa libertad (expresarse en radio y televisión) sea ejercida por unos pocos – que tienen los recursos- pero no por muchos otros – que no tienen los recursos-, es negársela a todos.

Siguiendo esa "lógica" los legisladores deberían diseñar muchas otras prohibiciones ¡para preservar la libertad! En materia electoral deberían garantizar que nadie (partidos o candidatos) compita con ventajas. La mejor manera de hacerlo es prohibir las elecciones e instaurar una dictadura. ¿Qué garantizaría mejor una equidad absoluta en los resultados electorales que el hecho de que no hubiera elecciones? Es lo mismo que sucede con la muerte que es la única forma comprobada de igualación total de los seres humanos – en los resultados- que se conoce.

Así pues, parecería que esta reforma electoral es un paso adelante hacia la envidiable condición de "igualdad democrática" que se disfruta en Cuba o en Corea del Norte.

El alegato de Creel debió publicarse en todos los periódicos de México y difundirse por todos los medios (en beneficio de los no alfabetizados), ya que, en la lógica del senador, su publicación en un solo periódico conculcó el derecho a la información de quienes no leyeron tal diario. ¡Qué atroz violación del igualitarismo salvaje!, ¡y perpetrada por uno de sus paladines!

Los comisarios de las conciencias

Por más que quieran disfrazarse de liberales atemperados, los burócratas que maquilaron la reforma electoral al gusto de los políticos de oficio revelan de inmediato su talante controlador y su fundamentalismo autoritario.

Escribí el martes 18 de abril de 2006 lo siguiente: “Frustrado el intento de crear un ‘consejo de sabios’ que vigilase el contenido de los medios de comunicación electrónica, el partido de los conservadores mexicanos – cuya organización insignia es, por ahora, la ‘Alianza por el bien de todos’- desearía ahora hacer del Instituto Federal Electoral una entidad que censure la propaganda política y que tutele la libertad de expresión de ciudadanos y partidos, de acuerdo a las normas de corrección política dictadas por algún Supremo Consejo Conservador”.

La novedad, en diciembre de 2007, es que ya lo han logrado, al parecer, mediante la retrógrada reforma electoral que, quiérase o no, vulnera la libertad de expresión no de los empresarios, no de los dueños de los medios de comunicación electrónica o de sus dóciles empleados, sino de los ciudadanos comunes y corrientes, como usted o como yo.

Incapacitados para entender que el principio fundamental del liberalismo es que cada individuo es el único depositario de su libertad – y no, como falazmente arguyen, que tales depositarios son los partidos, las organizaciones, las iglesias, las empresas, los sindicatos o las clases sociales- y que la libertad no es donación graciosa de algún déspota benevolente o de las burocracias al servicio del Estado o de los políticos de oficio, insisten en que las graves objeciones contra esta reforma electoral son expresión de intereses mercantiles o son el pataleo de unos cuantos ricachones privilegiados. Mentira.

El lunes pasado Agustín Basave Benitez, secretario técnico de la comisión para la reforma del Estado – o como quiera que se llame ese engendro- calificó a buena parte de las objeciones a la reforma como “liberalismo fundamentalista”, un oxímoron tan descabellado como el de “revolucionario institucional”.

Se equivoca Basave al suponer que el liberalismo puede ser compatible con el afán regulador de las conciencias, reflejo condicionado de todos los conservadurismos.

Basave, candidato a diputado por la fallida “Alianza por el Bien de Todos” en 2006, se equivoca también al tratar de defender lo indefendible: La libertad de expresión en una auténtica democracia siempre es individual y nunca es negociable.

Ugalde, demasiado tarde

Luis Carlos Ugalde se ha despedido del IFE con el discurso correcto y pertinente: Hay que salvar a la democracia en México evitando que los partidos políticos la secuestren…Demasiado tarde. En las elecciones de 2006, Ugalde convalidó arbitrariedades graves contra la libertad, al votar a favor de la censura de mensajes que decían verdades incómodas para el candidato favorito de políticos y periodistas enchufados: Andrés López Obrador.

Una de los más graves errores del IFE y de su consejero presidente en 2006 fue convalidar una inaceptable censura a la libertad de expresión, durante la campaña electoral, para complacer a un candidato histérico – Andrés López- y a su séquito de acólitos, igualmente histéricos e inmaduros.

Es probable que, a la distancia, Luis Carlos Ugalde esté arrepentido de haber votado a favor de esa censura de carácter fascista que exigieron a gritos y sombrerazos – no conocen otra forma de expresión- Andrés López y sus feligreses. El arrepentimiento, si lo hay, debe ser amargo: Ugalde nada ganó lesionando las libertades ciudadanas y la vociferante clase política a la que quiso complacer acabó, al final, echándolo de mala manera. Ni modo, los más serviles son los primeros en ser desechados cuando ya no son útiles a sus amos. (Una lección que podrían aprender, por cierto, algunos colegas en los medios electrónicos).

El miércoles, al despedirse anticipadamente del IFE, Ugalde hizo sus mejores declaraciones y habló como un verdadero defensor de los derechos y de las libertades ciudadanas, es decir: Como lo que deben ser los consejeros del IFE y, por lo visto, como ya no podrán serlo. Recordó algo esencial: La democracia no se construye con prohibiciones. Muy mal andamos cuando los encargados de diseñar las leyes electorales son tan amigos de los controles burocráticos y tan poco afectos a respetar la libertad. Bien dicho pero demasiado tarde.

Y, por cierto, ya que tanto preocupa a los autonombrados comisarios de la corrección político-electoral que se utilicen expresiones denigrantes en las campañas, tal vez me puedan explicar lo siguiente: ¿Por qué llamarle López a López es denigrante y, en cambio, motejar a otro candidato con adjetivos escatológicos, propios de quien se estancó en la fase anal del desarrollo psíquico, es sólo una “puntada chistosa” de personajes como Federico Arreola, el todavía fiel escudero de López?

Cuando crear riqueza es un pecado

La prohibición tiene destinatarios claros: Aquellos que despectivamente Jorge Alcocer moteja como “dueños del dinero” que en realidad somos todos los que no deseamos ser mantenidos por el dinero de los contribuyentes.

Una parábola: Alguien, abusando del poder que le fue confiado para servir y no para servirse de él, decreta que queda estrictamente prohibido santiguarse, sea con la mano izquierda o con la derecha. Cuando se denuncia esa prohibición como un atentado contra las libertades fundamentales, ese “alguien” fabrica un alegato irrisorio: “No es un atentado contra las libertades, porque hay muchos mancos a los que la prohibición no afectará; además, se sabe de muchos más a quienes jamás les ha pasado por la cabeza usar las manos para santiguarse, sino que prefieren rascarse la cabeza o hurgarse la nariz, lo que por cierto aún no se prohíbe”.

Quede la parábola para terminar de una vez con el alegato ridículo.

Lo que Alcocer y otros autores de esta malhadada reforma electoral no se atreven a decir – porque sería tanto como confesar que están fabricando leyes con dedicatoria para cobrarse agravios reales o imaginarios y para satisfacer resentimientos sociales- es que prohibir a los ciudadanos independientes contratar tiempos en la televisión o en la radio con el fin de influir en los procesos electorales, busca castigar a los “impertinentes” empresarios que en 2006 osaron advertir – mediante mensajes en los medios electrónicos- de los graves peligros que entrañan las políticas populistas y las promesas irresponsables de algunos candidatos, como fue el caso de Andrés López Obrador.

Con mayor claridad, o candor, lo escribió Carmen Aristegui hace unos días, elogiando la prohibición: Se trata, explicaba, de cerrarle el paso a mensajes como los que difundió el Consejo Coordinador Empresarial en 2006 advirtiendo contra los riesgos de regresar a políticas irresponsables que generan inflación y miseria. Para Carmen tales mensajes deben prohibirse porque “descarrilan” las elecciones. Supongo que una elección “encarrillada” es aquella en la que, piensen lo que piensen los electores, gana siempre el favorito de Carmen. Ni hablar.

Para estos “napoleoncitos” la democracia estará bien “encarrilada” mientras haya menos debate, mientras exista menos crítica y mientras los electores permanezcamos desinformados o mal informados.

Y se trata, también, de satisfacer ese arraigado resentimiento social que manifiestan los parásitos del erario contra quienes generan riqueza.

Si es "de interés público", ¡usted no se meta!

En México parece haber una fórmula infalible para saber qué se considera "de interés público": Todo aquello en lo que los ciudadanos, como personas libres, no somos bienvenidos.

Tal vez el día que el petróleo deje de ser patrimonio nacional podremos saber cuánto le cuesta a PEMEX obtener un barril en cada campo petrolero, cuánto de dicho costo obedece a condiciones objetivas asociadas a la extracción del energético, cuánto a costos administrativos y financieros y cuánto a las negociaciones laborales con un sindicato poderoso, hermético y temible.

Por fortuna, hay algunas pocas empresas privadas que cotizan en el mercado de valores y así podemos saber cuánto venden cada trimestre, cuál es su margen de utilidad de operación, cuánto deben, a quién, a qué plazos, a qué tasas y en qué condiciones. De esa forma, yo puedo saber que el supermercado en el que compro tiene un margen de ganancia – antes de costos o beneficios financieros- menor al seis por ciento sobre el total de las ventas. Y de la misma forma me he enterado que la compañía telefónica dominante sigue quedándose con un porcentaje de ganancias operativas sobre sus ingresos totales muchísimo más elevado (digamos el 30 por ciento), lo que significa que se queda con una buena parte del "excedente" que, en un mercado de libre competencia, correspondería a los consumidores.

Esos son asuntos de interés público y no deja de ser un poquito irritante que sepamos más de varias empresas privadas (que son en realidad públicas, al cotizar en el mercado de capitales) que de algunas empresas públicas (que son en realidad herméticas, gracias a los venerados mitos nacionales). Y que no sepamos cosa alguna de sindicatos que operan en actividades que pomposamente se han bautizado como de "interés público" (a algunos se les llena la boca al decir las dos palabras mágicas, como si fuesen subnormales gritando: "Es un honor estar con Obrador").

Ésa es otra ley no escrita del arreglo político: Si es de interés público, que los ciudadanos no metan las narices.

Por eso, porque las elecciones son de interés público serán ahora por ley un negocio privado de los partidos políticos. Gran reforma electoral, ¿o no?

Napoleoncitos al abordaje

Sean del color que sean o de la adscripción ideológica que se les antoje – izquierdosa o derechosa- buena parte de nuestros políticos son Napoleoncitos llenos de sueños de grandeza y de desprecio hacia la libertad de los ciudadanos.

El modelo del típico político mexicano es napoleónico y, por ende, profundamente antidemocrático. Un ejemplo prístino de esta admiración por el paradigma del déspota benevolente es la reciente reforma electoral: Para quienes idearon tal reforma los ciudadanos somos tan idiotas e irresponsables que no se nos debe permitir perturbar una contienda electoral con la expresión de nuestros libérrimos juicios acerca de los candidatos.

Supongamos que el día de mañana el señor Narciso Delgadillo se nos ofrece como candidato del partido Tal a un cargo de elección popular. Supongamos también que varios ciudadanos, alarmados por las propuestas de Narciso, pensamos que es un peligro para el país. Y supongamos, por último, que unidos – el grupo de ciudadanos preocupados, con razón o sin ella lo mismo da- juntamos los recursos para contratar anuncios en la radio o en la televisión para tratar de influir en el ánimo de otros electores. ¡Prohibido, bajo pena gravísima! Ninguna estación o cadena de radio o televisión se arriesgará a ser castigada – hasta con la suspensión definitiva de sus transmisiones- si comete el desacato de vendernos tiempo para transmitir nuestros mensajes.

¿Qué hay detrás de esta fascinación de muchos políticos mexicanos por establecer qué debemos decir y qué no, qué debemos hacer y qué no, qué podemos disfrutar y qué no? Una imagen idealizada de ellos mismos como seres omniscientes y omnipotentes que salvarán a los ciudadanos a pesar de los ciudadanos. En breve: El arquetipo de Napoleón.

En el caso de México, la genealogía napoleónica es extensa, lo mismo incluye a Gustavo Díaz Ordaz que a Lázaro Cárdenas del Río. Y si nos ponemos cosmopolitas lo mismo incluye la versión chabacana – digamos Hugo Chávez- que la refinada – digamos Charles de Gaulle- del déspota que se sueña y se ofrece a su pueblo como la encarnación de la sabiduría y la benevolencia.

La coartada que nunca se les cae de la boca es “el interés público”. Como si nos dijeran: “Dado que esto es de interés público, tú no te metas, es un asunto privado de nosotros, los políticos y los partidos”.

Los “tiempos oficiales” sí los pago yo

¿Quién paga los honorarios del guionista del mensaje de propaganda del Senado?, ¡el contribuyente! ¿Quién paga los costos de producción del mensaje en los medios?, ¡el contribuyente! ¿Quién paga los salarios de la burocracia encargada de administrar los “tiempos oficiales”?, ¡el contribuyente! ¿Y quién padece los embustes reiterados de esta propaganda política?, ¡el contribuyente!

La reciente “reforma electoral” fue, en realidad, un reacomodo tramposo entre grupos minoritarios que se benefician sin empacho de los recursos públicos. Ni hacen más barata nuestra democracia – la que haya, si la hay-, ni promueven una mayor “calidad” en las contiendas.

La historia puede resumirse así: Había una vez dos grupos cerrados que se repartían alegremente cuantiosos recursos públicos etiquetados como “prerrogativas electorales”, el grupo A (partidos políticos y sus camarillas) se granjeaba la benevolencia y la complicidad del grupo B (oligopolio de los medios de comunicación electrónica) destinando cuantiosos recursos públicos a la contratación de “tiempos comerciales” en la radio y la televisión con pretexto de las contiendas electorales. Un día el grupo A se percató de que su socio, el grupo B, se llevaba la tajada del león en el reparto de esos recursos extraídos a los ciudadanos, entonces el grupo A cooptó a un puñado de “especialistas” (pertinaces aspirantes a convertirse en junta notable de “guardianes de la democracia” pagados por el erario) para que le confeccionase una “reforma electoral” que justificase un reacomodo en el reparto de rentas y consumó la toma hostil del negocio sancionándola con modificaciones legales y constitucionales. Negocio resuelto.

Los del grupo B manifiestan su irritación – se sienten traicionados por sus antiguos compadres- en contra de los “perversos políticos” (que en otros tiempos eran presentados casi como “los padres de la patria”), mientras que los del grupo A estrenan su nueva condición de dueños de la caja difundiendo embustes en los medios, como ése de que la propaganda política ahora no nos cuesta a los contribuyentes porque se hace en “tiempos oficiales”. Mentira monumental: además de todos los costos de producción y gastos administrativos, nosotros pagamos también los costos de oportunidad que encarecen tiempos y espacios en los medios.

Ni a quien irle en este arreglo mafioso. Como saldo, además, se restringió más la libertad de expresión de los ciudadanos comunes.

¡No con mi dinero!

Partidos políticos, grupos sociales y cualquier persona deben tener total libertad para contratar propaganda en los medios de comunicación, siempre y cuando cada cual lo haga con su dinero y con total transparencia, ¡no con el dinero de los contribuyentes!



1. Una reforma electoral en un país democrático y libre NO puede restringir la libertad de cada cual para difundir mensajes de contenido político, incluso mensajes poco comedidos o contundentes ("Fulano es un peligro para México" o "Zutano es un tonto con balcones a la calle"), siempre y cuando la contratación de dicha propaganda se haga en condiciones de libre mercado y auténtica competencia, con total transparencia, y NO se haga con dinero público, que proviene del bolsillo de los contribuyentes.

2. Una reforma electoral en un país democrático y libre NO puede coartar la libertad de expresión de nadie decretando discrecionalmente qué mensajes son correctos a juicio de algún pacato consejo de notables. Un país democrático y libre tiene leyes claras sobre la difamación y la calumnia – incluso se suele castigar ésta última penalmente - que están hechas, precisamente, para que todo mensaje que no sea calumnia, difamación o incitación al delito jamás sea censurado.

3. La discusión sobre la reforma electoral está totalmente fuera de foco y lastrada por intereses torpes. Ni los medios tienen derecho a ser beneficiarios graciosos de miles de millones de pesos de recursos públicos – por propaganda política o gubernamental pagada con recursos de los contribuyentes-, ni los partidos políticos, ni nadie, tiene derecho a regular la libertad de expresión de los demás.

4. Ninguno de los grupos interesados – enfrascados en una disputa majadera y mezquina- quiere ver la auténtica relación entre reforma fiscal y reforma electoral, que sí la hay y nada tiene que ver con chantajes: El recorte más urgente al gasto público federal, al de los estados y al de los municipios es cancelar de inmediato toda la propaganda política, gubernamental y para-gubernamental que se paga con recursos de los contribuyentes. Y preservar con todo vigor la libertad irrestricta de quién quiera para expresar y difundir lo que le venga en gana, con la única limitación de sancionar de veras la calumnia, la difamación y la promoción de delitos.

5. Lo demás son discusiones vergonzosas, indignas de un país democrático y libre. ¿México lo es?

Nuestro “derecho” a no irritarnos

Hemos avanzado una barbaridad en esto de la tolerancia. Algún venerable predicador de la progresía mexicana ya descubrió que lo importante no es aplicar la ley contra quien expropia espacios y bienes públicos – y conculca los derechos de los demás-, sino evitar que la irritación de los afectados se vuelva contra los pobrecitos “manifestantes”.

Para que nos vayamos enterando de cómo funcionan las cosas en el reino de Progresía. El señor Miguel Ángel Granados Chapa ilumina a la opinión pública acerca de la necesidad de conciliar el derecho a manifestarse con el derecho al libre tránsito. Cito sus palabras, que son una joya:

“…lo que va mostrando la necesidad de conciliarlos (dichos derechos) para evitar que la irritación de los afectados se vuelva contra los manifestantes”.

Más claro, imposible. No se trata de respetar los derechos de quienes nos vemos afectados por inopinadas “manifestaciones” que cierran calles y avenidas – con el diligente auxilio de las autoridades en el caso de la Ciudad de México-, sino de evitar que nosotros, los simples ciudadanos que deseamos ir de un sitio a otro, perturbemos con nuestra irritación a los impolutos e inmarcesibles manifestantes. A los ojos de Granados Chapa, transeúntes, automovilistas ansiosos por llegar a su destino, trabajadores en tránsito hacia sus labores, paseantes ociosos, debemos ser energúmenos a quienes la autoridad debe calmar para que no descarguemos nuestra censurable ira en contra de los intocables “manifestantes”.

El derecho a manifestarse es, bien visto, sólo un derivado del derecho a la libre expresión. ¿Por qué para manifestar su desacuerdo con tal o cual cosa una persona necesita obstruir el tránsito, pintarrajear casas y comercios, agredir a los transeúntes que manifiestan su opinión en contrario, dañar el patrimonio común de la ciudad – de suyo en decadencia- y perturbar la precaria convivencia armónica de la comunidad? No lo sé. Tal vez es por incapacidad expresiva, tal vez desconocen el poder de las palabras – bien dichas, bien pensadas, bien articuladas en oraciones-, tal vez la fatiga de razonar sus desacuerdos rebasa sus capacidades fisiológicas.

Por todo eso, imagino, debe dársele prioridad al derecho de expresarse como si aún estuviésemos en estado primigenio, en medio de la selva, con aullidos y golpes. Atropellando. Sí, debe ser eso. La capacidad de la Progresía para expresarse eficazmente con palabras se ha perdido. Basta leer a don Miguel Ángel para verificarlo.

¿A favor de la competencia o del dirigismo estatal?

No ha visto la luz la sentencia final de la Suprema Corte acerca de la llamada “Ley de medios”. Deberá de ser una clara definición a favor de la libre competencia; no, como conjeturan algunos nostálgicos del estatismo, una “reivindicación” de la intervención del Estado en la vida económica.

Es ilusorio esperar de un cuerpo colegiado – como es la Suprema Corte- que en el transcurso de sus deliberaciones muestre claridad, precisión y propósitos unívocos. Una cosa son las deliberaciones, el intercambio de argumentos y alegatos, y otra – muy distinta- la sentencia final en la que debe prevalecer un criterio unívoco y una interpretación esclarecedora de la norma constitucional.

En la controversia constitucional por la llamada “ley de medios” muchos comentaristas se han adelantado a los hechos y han dado por zanjado el asunto sin esperar a la redacción de la sentencia definitiva. Para la mayoría de quienes conforman la “comentocracia” la sentencia ha sido: “Perdieron las televisoras”. No les falta razón si lo que quieren decir, con ello, es que la Corte ha revertido la ignominiosa aprobación de una ley diseñada al gusto de dos corporaciones que, bajo el pretexto de ajustar la ley a los avances tecnológicos, intentaron mantener un estado de cosas en el que dicha modernización se daría sólo al gusto y al ritmo que impusieran los intereses de esas corporaciones. No en beneficio de una mayor competencia, y por ende no en beneficio de los consumidores, sino como garantía de rentas de oligopolio.

Pero se equivocan dichos comentaristas cuando dan por terminado el asunto e interpretan que la Corte ha “reivindicado” el dominio o rectoría del Estado sobre los medios de comunicación electrónica. ¡Dios – y la Corte- nos libren de tal desatino!

Lo más probable y deseable es que la sentencia final de la Corte se fundamente en el imperativo de que deben erradicarse las prácticas monopolísticas y garantizarse la libre competencia en los mercados, no en el anacrónico y opresivo argumento de que el Estado debe regir la actividad económica.

La distancia es abismal. En el primer caso, se tratará de una victoria de la democracia y de la libertad; en el segundo iríamos de lo malo – el corrupto capitalismo de compadres- a lo peor: el intervencionismo gubernamental en contra de la libertad de los ciudadanos.

El aberrante permiso para calumniar

Despenalizar la calumnia no es ningún avance democrático y no abona un ápice a favor de la libertad de expresión.

Con gran tino Carlos Marín calificó ayer de “dictamen aberrante” el que aprobó el miércoles, ¡por unanimidad!, la Cámara de Senadores para despenalizar la calumnia, que ahora sólo sería una infracción dirimible en los juzgados civiles.

No faltará el ingenuo que calcule que esta decisión es fruto de la transición hacia la democracia. Error. Se trata de un terrible retroceso.

Tampoco faltará quien conjeture que, con esta despenalización de una conducta miserable y socialmente corrosiva, se benefician los periodistas que denuncian con valentía las tropelías y los yerros de poderosos “intocables”. Tal conjetura es insostenible. Nadie necesita mentir, lastimando la honra ajena, para revelar la verdad.

En realidad los destinatarios de esta insólita propuesta – minimizar socialmente la calumnia, al grado de dejarla impune- son otros. Pocos pero poderosos.

Haré una analogía extrema. En el sistema carcelario de la Unión Soviética – Gulag- había una estrategia de supervivencia muy socorrida por los presos comunes y en la que cayeron también algunos presos políticos: La colaboración con el carcelero – en último término, con Stalin- a cambio de aliviar en algo las frecuentemente mortales condiciones de vida y trabajo en los campos de reclusión. A esto se le llama en ruso: “Pridurki”.

Alejandro Solzhenitizin condena duramente la conducta de los “pridurki” y admite con pena que, en algún momento en sus años de reclusión, él fue cooptado por sus carceleros. En cambio, otro ex prisionero político, Lev Razgon, argumenta que ese colaboracionismo en ocasiones estuvo moralmente justificado, no sólo por razones de estricta supervivencia, sino porque permitió, a veces, aliviar algunos sufrimientos.

Allá cada cual y su conciencia.

En México hoy habrá tal vez medio centenar de destacados colegas periodistas – en especial, entre quienes escriben columnas diarias- que como parte de la lucha por la vida - ¿supervivencia?- suman a sus escritos cotidianos intervenciones en la radio y la televisión. No es ningún secreto que con frecuencia los dueños de esos medios electrónicos – o sus personeros- les instruyen acerca de qué personajes merecen ser perseguidos por la jauría mediática – lo que incluye, con harta frecuencia, la calumnia- por interferir con los intereses de esos dueños.
La decisión de los senadores constituye una herramienta valiosa para el trabajo de los “pridurki”. Así de sencillo. Así de miserable.

¡Libertad para Kareem!

Mañana, jueves 22, se reanudará en Egipto el juicio en contra del joven Kareem Amer, acusado del delito de ser “un no creyente desagradable” que criticó al Islam en su bitácora en la red.

Abdel Kareem Nabil Soliman (conocido también como Kareem Amer) publicó en su bitácora en la red (o “weblog”) el 23 de octubre de 2005 un indignado testimonio titulado: “La verdad desnuda acerca del Islam tal como pude verla en Maharram Beh”. El joven, estudiante de la prestigiosa universidad islámica Al-Azhar, describía vívidamente el ataque despiadado de musulmanes a cristianos coptos un par de día antes, el “viernes negro”, en Maharram Beh, Alejandría, y escribió que no se trataba de un salvajismo criminal aislado, sino de una conducta coherente con las enseñanzas de Mahoma, catorce siglos antes, respecto del odio que merecen los “infieles”.

Tres días después fue detenido acusado de blasfemia, fue expulsado de la universidad y hoy es repudiado por su padre, un maestro de matemáticas retirado, quien propone aplicar a su hijo la “Sharia”, o ley islámica: Tres días de plazo para arrepentirse públicamente o ser ejecutado.

Hoy en Estocolmo debió haberse realizado una manifestación de protesta frente a la embajada de Egipto en Suecia. Organizaciones como “reporteros sin fronteras” han denunciado este ataque flagrante contra la libertad de expresión (y de creencia) y se han elevado diversas protestas contra el gobierno de Hosni Mubarak, presidente de Egipto desde octubre de 1981.

Suele pensarse que Egipto es un país relativamente libre para los estándares del Medio Oriente. No es así, Egipto ocupa el bochornoso lugar 127 en el Índice Mundial de Libertad Económica y registra deplorables índices de libertad financiera, libertad de trabajo y respeto a los derechos de propiedad así como una elevada corrupción.

Es inconcebible que en el siglo XXI, en un país que pertenece a las Naciones Unidas y en el que algunos creen ver un factor de moderación y estabilidad en el mundo árabe, como Egipto, un joven sea encarcelado por horrorizarse ante el salvajismo y criminalidad que se ejerce, en nombre de la fe, contra los “infieles”.

Pero la ONU ignora el asunto y se preocupa, lo que no está mal, por una víctima de la gripe aviar en Egipto. ¿Cuándo las grandes burocracias supranacionales se preocuparán por la libertad de personas de carne y hueso?