Transparencia…”en los bueyes de mi compadre”
Ricardo Medina Macías
Está de moda llenarse la boca con discursos acerca de la transparencia. Qué bueno. Lo público tiene que ser público, por ejemplo las empresas que cotizan en los mercados de valores que, justamente por eso, se llaman “públicas”.
El otro día un columnista de negocios – eufemismo que designa, en ocasiones, a las plumas alquiladas con cierta especialidad – ofrecía algunos “argumentos” para oponerse a regulaciones más estrictas en el mercado de valores. Su alegato fue un bonito ejemplo de que todos estamos, en teoría, a favor de la transparencia…, “en los bueyes de mi compadre”.
Por ejemplo, sostenía el columnista que cualquier nueva legislación bursátil en México debería “tropicalizarse” para adaptarse al entorno mexicano. Más o menos decía así: Dado que la mayoría de las empresas que cotizan en la bolsa mexicana son de una u otra forma “empresas familiares” y no firmas que hayan democratizado o pulverizado la tenencia accionaria a través del mercado – alegaba el “argumento”- no conviene que impongamos a esas emisoras la regulación que en otros países se impone a emisoras cuyo capital sí se halla disperso en cientos o miles de accionistas. Es un burdo sofisma que podríamos traducir más o menos así: Si quieren cambien la ley, pero háganlo de tal forma que en la realidad nada cambie.
Justamente uno de los principales problemas de la bolsa de valores mexicana es su tamaño ridículo derivado del hecho de que para los inversionistas potenciales (sean pequeños inversionistas personas fìsicas o inversionistas institucionales, como un fondo de pensiones) no resulta atractivo meter su dinero a una empresa en la cual todas las decisiones relevantes son tomadas por un pequeño grupo de control (familia o individuo) sin que los llamados inversionistas minoritarios puedan participar en el proceso de toma de decisiones o, al menos, sean informados oportunamente para decidir si siguen en la aventura o se retiran vendiendo sus acciones.
En otras palabras: “Tropicalizar” el concepto de “empresa pública” significa – en la lógica tramposa del alegato que reseño- darnos la maña para que las empresas que coticen en la bolsa en México sigan siendo como cualquier empresa familiar – cerradas al escrutinio y a la toma de decisiones transparente para el público inversionista- pero, eso sí, que las bauticemos como “públicas” para presumirlas y, sobre todo, para que tengan acceso a los capitales ajenos para financiarse.
Lo dicho: Capitalismo sí, pero de compadres para que “la chusma harapienta” de los pequeños inversionistas no importune a los dueños de veras (los accionistas minoritarios son “dueños” de mentiritas) pidiendo rendición clara y oportuna de las cuentas.
Hay otras falacias en el enrevesado alegato del columnista que merecen comentarse con mayor amplitud mañana. Se refieren a la toma de decisiones en las empresas emisoras y a la publicidad – eso significa “hacer público”- que debe o no darse a las indagatorias de la autoridad bursátil sobre presuntas conductas ilícitas de las mismas emisoras o de sus accionistas de control.
Correo: ideasalvuelo@gmail.com
Está de moda llenarse la boca con discursos acerca de la transparencia. Qué bueno. Lo público tiene que ser público, por ejemplo las empresas que cotizan en los mercados de valores que, justamente por eso, se llaman “públicas”.
El otro día un columnista de negocios – eufemismo que designa, en ocasiones, a las plumas alquiladas con cierta especialidad – ofrecía algunos “argumentos” para oponerse a regulaciones más estrictas en el mercado de valores. Su alegato fue un bonito ejemplo de que todos estamos, en teoría, a favor de la transparencia…, “en los bueyes de mi compadre”.
Por ejemplo, sostenía el columnista que cualquier nueva legislación bursátil en México debería “tropicalizarse” para adaptarse al entorno mexicano. Más o menos decía así: Dado que la mayoría de las empresas que cotizan en la bolsa mexicana son de una u otra forma “empresas familiares” y no firmas que hayan democratizado o pulverizado la tenencia accionaria a través del mercado – alegaba el “argumento”- no conviene que impongamos a esas emisoras la regulación que en otros países se impone a emisoras cuyo capital sí se halla disperso en cientos o miles de accionistas. Es un burdo sofisma que podríamos traducir más o menos así: Si quieren cambien la ley, pero háganlo de tal forma que en la realidad nada cambie.
Justamente uno de los principales problemas de la bolsa de valores mexicana es su tamaño ridículo derivado del hecho de que para los inversionistas potenciales (sean pequeños inversionistas personas fìsicas o inversionistas institucionales, como un fondo de pensiones) no resulta atractivo meter su dinero a una empresa en la cual todas las decisiones relevantes son tomadas por un pequeño grupo de control (familia o individuo) sin que los llamados inversionistas minoritarios puedan participar en el proceso de toma de decisiones o, al menos, sean informados oportunamente para decidir si siguen en la aventura o se retiran vendiendo sus acciones.
En otras palabras: “Tropicalizar” el concepto de “empresa pública” significa – en la lógica tramposa del alegato que reseño- darnos la maña para que las empresas que coticen en la bolsa en México sigan siendo como cualquier empresa familiar – cerradas al escrutinio y a la toma de decisiones transparente para el público inversionista- pero, eso sí, que las bauticemos como “públicas” para presumirlas y, sobre todo, para que tengan acceso a los capitales ajenos para financiarse.
Lo dicho: Capitalismo sí, pero de compadres para que “la chusma harapienta” de los pequeños inversionistas no importune a los dueños de veras (los accionistas minoritarios son “dueños” de mentiritas) pidiendo rendición clara y oportuna de las cuentas.
Hay otras falacias en el enrevesado alegato del columnista que merecen comentarse con mayor amplitud mañana. Se refieren a la toma de decisiones en las empresas emisoras y a la publicidad – eso significa “hacer público”- que debe o no darse a las indagatorias de la autoridad bursátil sobre presuntas conductas ilícitas de las mismas emisoras o de sus accionistas de control.
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