El rock de los pobres (IV)
Empecemos por las distorsiones más obvias de algunas políticas públicas – disfrazadas de progresistas- que entregan cuantiosos recursos públicos ¡a los ricos, en nombre de los pobres!
Ayer varios diarios daban cuenta de la modificación – o cancelación, desde la perspectiva de algunos – de un ambicioso proyecto de inversión petroquímica en México; la razón de que el proyecto se “desinflara” fue que finalmente privó el buen sentido y no se aceptó que el fisco subsidiara con precios preferenciales a los inversionistas.
No faltará quien lamente esta negativa y la presente ante la opinión pública como una muestra de que el gobierno obstaculiza el desarrollo del país. Sin embargo, sucede exactamente lo contrario: El gobierno rectificó a tiempo lo que sería una sangría de los recursos públicos (vía precios subsidiados de los combustibles para unos cuantos inversionistas) y evitó por esta vez caer en una ruinosa política de “fomento” que no sólo erosiona las finanzas públicas, sino que promueve la incompetencia de las industrias nacionales a costillas de consumidores y contribuyentes.
Por supuesto, en la retórica de estos proyectos fomentados con recursos públicos suele existir un fuerte componente “social”. Se argumenta que la ayuda a los inversionistas es, en realidad, un subsidio justificado porque la inversión creará cientos o miles de empleos. Es el típico uso retórico de la creación de empleos como fin en sí mismo, independientemente de que esos empleos sean improductivos y que por su improductividad impidan la creación de muchos más empleos que sí serían productivos.
Ningún funcionario público tiene una varita mágica que le indique, infalible, qué proyectos serán productivos y cuáles no. Quien tiene la última palabra es el mercado y nunca sabremos si una inversión es o no productiva y competitiva si tal inversión goza de condiciones fiscales de privilegio. ¿El margen de utilidad que perciben los inversionistas proviene del subsidio o de una verdadera productividad?
Aquí es donde el ejemplo conecta con el problema fundamental de las “ayudas” a los países pobres y de las “ayudas” – con recursos de los contribuyentes- a determinados grupos con una justificación “social” o de equívoco “bien común”. Si el proyecto continua pese a no contar con precios subsidiados con el dinero de los contribuyentes se tratará de un proyecto meritorio en sí mismo que se somete al dictamen del mercado; por el contrario, si la ausencia de subsidios le resta todo el atractivo al proyecto a los ojos de los inversionistas, será la mejor muestra de que sólo se trataba de negociar – bajo el manto de una retórica “social”- la transferencia de recursos públicos a un grupo privilegiado de buscadores de rentas.
Traslademos el ejemplo a los diversos tipos de “ayudas” – con recursos de los contribuyentes- que los gobiernos ofrecen a grupos que se consideran vulnerables o que, como los agricultores en muchos países, tienen un formidable poder de presión sobre el Estado- y preguntémonos sinceramente en qué casos estamos tirando el dinero y fomentando, con las dichosas “ayudas”, una mayor pobreza.
Ayer varios diarios daban cuenta de la modificación – o cancelación, desde la perspectiva de algunos – de un ambicioso proyecto de inversión petroquímica en México; la razón de que el proyecto se “desinflara” fue que finalmente privó el buen sentido y no se aceptó que el fisco subsidiara con precios preferenciales a los inversionistas.
No faltará quien lamente esta negativa y la presente ante la opinión pública como una muestra de que el gobierno obstaculiza el desarrollo del país. Sin embargo, sucede exactamente lo contrario: El gobierno rectificó a tiempo lo que sería una sangría de los recursos públicos (vía precios subsidiados de los combustibles para unos cuantos inversionistas) y evitó por esta vez caer en una ruinosa política de “fomento” que no sólo erosiona las finanzas públicas, sino que promueve la incompetencia de las industrias nacionales a costillas de consumidores y contribuyentes.
Por supuesto, en la retórica de estos proyectos fomentados con recursos públicos suele existir un fuerte componente “social”. Se argumenta que la ayuda a los inversionistas es, en realidad, un subsidio justificado porque la inversión creará cientos o miles de empleos. Es el típico uso retórico de la creación de empleos como fin en sí mismo, independientemente de que esos empleos sean improductivos y que por su improductividad impidan la creación de muchos más empleos que sí serían productivos.
Ningún funcionario público tiene una varita mágica que le indique, infalible, qué proyectos serán productivos y cuáles no. Quien tiene la última palabra es el mercado y nunca sabremos si una inversión es o no productiva y competitiva si tal inversión goza de condiciones fiscales de privilegio. ¿El margen de utilidad que perciben los inversionistas proviene del subsidio o de una verdadera productividad?
Aquí es donde el ejemplo conecta con el problema fundamental de las “ayudas” a los países pobres y de las “ayudas” – con recursos de los contribuyentes- a determinados grupos con una justificación “social” o de equívoco “bien común”. Si el proyecto continua pese a no contar con precios subsidiados con el dinero de los contribuyentes se tratará de un proyecto meritorio en sí mismo que se somete al dictamen del mercado; por el contrario, si la ausencia de subsidios le resta todo el atractivo al proyecto a los ojos de los inversionistas, será la mejor muestra de que sólo se trataba de negociar – bajo el manto de una retórica “social”- la transferencia de recursos públicos a un grupo privilegiado de buscadores de rentas.
Traslademos el ejemplo a los diversos tipos de “ayudas” – con recursos de los contribuyentes- que los gobiernos ofrecen a grupos que se consideran vulnerables o que, como los agricultores en muchos países, tienen un formidable poder de presión sobre el Estado- y preguntémonos sinceramente en qué casos estamos tirando el dinero y fomentando, con las dichosas “ayudas”, una mayor pobreza.
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