El capitalismo popular y los derechos de propiedad

Suena bonito eso de hacer llamados vehementes a “democratizar el capital”, pero esos exhortos serán vanos mientras no se comprenda que: 1. El capitalismo no es pecaminoso y 2. Que el primer requisito para difundir la riqueza es respetar los derechos de propiedad de los pobres.

¿Qué tienen en común el galardonado Grameen Brank, el “banco de los pobres” de Bangladesh, y la nueva ley mexicana del mercado de valores?, ¿qué tienen en común más de 20 millones de pequeños “nuevos” inversionistas en el mercado de capitales de México, a través de las Siefores, con el precario estado de la mayoría de los registros públicos de la propiedad y la persistencia de la pobreza?

Mucho. En todos los casos mencionados el punto central, para bien o para mal, son los derechos de propiedad. El Grammen Bank no es exitoso porque su fundador, Muhammad Yunus, sea una persona bondadosa (que sin duda lo es), sino porque se basa en el respeto a los derechos de propiedad y en el cumplimiento de los contratos; la nueva ley del mercado de valores en México es tan promisoria para la futura expansión de ese mercado – y para promover efectivamente la famosa democratización de los capitales- porque protege los derechos de propiedad de todos los inversionistas, independientemente de su tamaño.

En Hispanoamérica está mal visto el capitalismo. Una defectuosa lectura de la llamada Doctrina Social de la Iglesia Católica condena al capitalismo y, en extremo, permite que algunos cuantos se acerquen a él con muchas precauciones, siempre y cuando esos cuantos adinerados paguen su osadía convirtiéndose en benefactores de algunas obras católicas promovidas por las jerarquías locales. El encendido amor a los pobres de algunos les lleva a mantenerlos alejados de todo lo que pueda convertirlos en “odiosos capitalistas”.

Esta mentalidad contrasta con la muy diversa manera de abordar el asunto del capital en los países desarrollados: En ellos, la democracia se practica cotidianamente exigiendo el mismo respeto y las mismas garantías para las pequeñas propiedades que para las grandes fortunas.

Es más que revelador que en México, por ejemplo, algunos grandes capitalistas insistan que el caudal de los fondos de pensiones de los trabajadores del sector privado – más de 60 mil millones de dólares, ver aquí cifras de la CONSAR- debe invertirse en esto o en lo otro (generalmente, negocios en los que esos mismos grandes capitalistas tienen intereses) desdeñando el hecho de que esos NO SON FONDOS PÚBLICOS, sino que son capitales privados que tienen dueño – individualizado en cada cuenta de las que administran las Afores- y que esos dueños, pequeños capitalistas, son los que tienen que decidir en qué invertir sus recursos, no los grandes magnates ni los burócratas gubernamentales o los líderes sindicales.

Mientras sigamos pensando que la propiedad, y la acumulación de capital, no son derechos “convenientes” para los pobres, nuestros esfuerzos para combatir la pobreza terminarán en ese monstruoso paliativo que son los programas asistencialistas, sufragados con millonarios presupuestos públicos que los políticos se disputan ferozmente año con año.