Los “tiempos oficiales” sí los pago yo

¿Quién paga los honorarios del guionista del mensaje de propaganda del Senado?, ¡el contribuyente! ¿Quién paga los costos de producción del mensaje en los medios?, ¡el contribuyente! ¿Quién paga los salarios de la burocracia encargada de administrar los “tiempos oficiales”?, ¡el contribuyente! ¿Y quién padece los embustes reiterados de esta propaganda política?, ¡el contribuyente!

La reciente “reforma electoral” fue, en realidad, un reacomodo tramposo entre grupos minoritarios que se benefician sin empacho de los recursos públicos. Ni hacen más barata nuestra democracia – la que haya, si la hay-, ni promueven una mayor “calidad” en las contiendas.

La historia puede resumirse así: Había una vez dos grupos cerrados que se repartían alegremente cuantiosos recursos públicos etiquetados como “prerrogativas electorales”, el grupo A (partidos políticos y sus camarillas) se granjeaba la benevolencia y la complicidad del grupo B (oligopolio de los medios de comunicación electrónica) destinando cuantiosos recursos públicos a la contratación de “tiempos comerciales” en la radio y la televisión con pretexto de las contiendas electorales. Un día el grupo A se percató de que su socio, el grupo B, se llevaba la tajada del león en el reparto de esos recursos extraídos a los ciudadanos, entonces el grupo A cooptó a un puñado de “especialistas” (pertinaces aspirantes a convertirse en junta notable de “guardianes de la democracia” pagados por el erario) para que le confeccionase una “reforma electoral” que justificase un reacomodo en el reparto de rentas y consumó la toma hostil del negocio sancionándola con modificaciones legales y constitucionales. Negocio resuelto.

Los del grupo B manifiestan su irritación – se sienten traicionados por sus antiguos compadres- en contra de los “perversos políticos” (que en otros tiempos eran presentados casi como “los padres de la patria”), mientras que los del grupo A estrenan su nueva condición de dueños de la caja difundiendo embustes en los medios, como ése de que la propaganda política ahora no nos cuesta a los contribuyentes porque se hace en “tiempos oficiales”. Mentira monumental: además de todos los costos de producción y gastos administrativos, nosotros pagamos también los costos de oportunidad que encarecen tiempos y espacios en los medios.

Ni a quien irle en este arreglo mafioso. Como saldo, además, se restringió más la libertad de expresión de los ciudadanos comunes.