Por la reelección de legisladores y la representatividad

"Por la representatividad democrática. Reelección en México" es una propuesta a la que se puden unir los interesados en Facebook AQUÍ.

Bueno, me parece algo más útil que las mentadas de madre generalizadas ("todos son una basura, vámonos al cerro a tirar mentadas que también les duelen") para reformar el deficiente sistema político de representación en México. La reelección inmediata de legisladores (y presidentes municipales) es el mejor mecanismo para castigar incompetentes y corruptos.

La otra reforma pendiente, en ese tenor, es disminuir o eliminar, ustedes dirán, la representación proporcional o los legisladores plurinominales.

La primera alharaca electoral

Me enteré por los periódicos de la primera de las alharacas de la temporada electoral 2009. Es decir, del asunto de los anuncios electorales y electoreros que las dos cadenas de televisión abierta, en cumplimiento formalista de la ley, le endilgaron a los desprevenidos que tele-presenciaban unos partidos de futbol soccer y algún partido de futbol americano durante el fin de semana del 31 de enero y el primer día de febrero.

Jamás vi ni escuché las dichosas piezas de propaganda porque no se me ocurrió sentarme frente a la televisión para presenciar esos espectáculos. Esa indolencia – a ver si no me regaña el senador Manlio Fabio Beltrones, a quien le gusta ser el azote de los indolentes de este país – me privó no sólo de muchas emociones "deportivas", sino de ver y escuchar los mensajes electorales y electoreros que – dicen - me habrían servido como preparación emocional e intelectual para llegar a las urnas en el verano lleno de información pertinente, ideas luminosas y convicciones patrióticas, a depositar mi voto por tal o cual personaje.

Por mí las televisoras pueden programar lo que les de la gana, con los anuncios que les de la gana (o los que les mande una ley electoral hecha por una asamblea de lobotomizados) sin efecto alguno sobre mis decisiones electorales. Es posible que todavía haya personas sobre las cuales un anuncio de televisión ejerza el influjo suficiente para obligarles a comprar "X" o votar "Z". No es mi caso, ni el de la mayoría de las personas que conozco. Pero los legisladores, los políticos y los dueños de las televisoras siguen creyendo que la televisión tiene propiedades milagrosas para convencer, inducir, hipnotizar y vencer. Allá ellos.

Esta primera alharaca de la temporada electoral demuestra: 1. Que en México se gasta una barbaridad de dinero público partiendo de la presunción de que los ciudadanos somos idiotas y que así, manipulando idiotas con mensajes propagandísticos, se ganan las elecciones, 2. Que los legisladores que manufacturaron la reciente reforma electoral hicieron tan mal su trabajo que obtuvieron lo contrario de lo que decían buscar, y 3. Que los concesionarios de la televisión abierta parecen tener una patológica percepción de sí mismos como entes todopoderosos por encima del bien y del mal.

Es decir: Nada nuevo.

¿Una reforma o un psicoanálisis?

Algunos intelectuales “sienten” que no habrá auténtica democracia en México hasta que la izquierda – léase el PRD – gane la Presidencia. Para satisfacer ese “sentimiento”, dicen, se hizo la reforma electoral. ¡Qué enredo!

Escribe uno de los promotores de la reciente reforma electoral (Agustín Basave Benitez) que la transición a la democracia en México está trunca porque en 2006 prevaleció un veto al Partido de la Revolución Democrática (PRD). ¿Cuál es la demostración de esta enormidad? La “demostración” es la siguiente y cito: “Me basta con acreditar la percepción social, que es la medición de la legitimidad y que indica que una tercera parte de los mexicanos creyó y cree que hubo fraude electoral”.

Es decir: La “demostración” no es demostración, sino la creencia-sentimiento del analista de que: 1. La percepción social (¿una encuesta?, ¿un sondeo entre amigos?, ¿una consigna?) es la medición (¿fuente?) de la legitimidad, que se suma a la creencia-sentimiento de que: 2. Un tercio de los mexicanos creyó y tal vez aún cree que hubo fraude electoral, lo cual conduce al terrible sentimiento de trauma que el analista formula con dramatismo: 3. “En otras palabras, que la gente de izquierda o centro-izquierda, creo que es valido llamar de esa manera a quienes votamos por Andrés Manuel López Obrador, se siente excluida” (puse dos comas que faltaban a la confusa sintaxis original).

Se le escapa al analista que su sentido alegato implica reconocer que sólo un tercio de los mexicanos votó por López, ¿no se la ha ocurrido que ese simple dato, equivalente a que dos tercios de los mexicanos NO votamos por López, explica la derrota mejor que cualquier veto fantástico? Pero dejémoslo así. Lo que importa en esta apología sentimental de la reforma es la confesión de que estamos NO ante la mejoría de un diseño institucional, sino ante la sublimación de un sentimiento de agravio: “Siento que merecía ganar; por eso no perdí, me robaron”.

Con los sentimientos no se discute. Si Eloísa le dice a su amante Abelardo: “Siento que ya no me quieres”, Abelardo, con todo su arsenal de lógica, está perdido.

Así estamos. Este país no debe hacer otra cosa en los próximos años que exorcizar el sentimiento de exclusión de estos sentidos muchachos y muchachas… ¿No saldría más barato pagarles una terapia psicoanalítica y mandarles flores?

El desastre igualitarista

Una vez que la autoridad pretende, ilusoriamente, igualar "ex ante" los resultados que todos y cada uno de los seres humanos obtendrán como fruto de sus actividades, se ha puesto en marcha un proceso destructor de las libertades que no conocerá límites.

No es un disparate menor o risible el que se comete cuando se limita una libertad fundamental del ser humano en nombre de una falaz equidad, que en realidad es igualitarismo autoritario. Bastaría con el mero atentado a libertades fundamentales e irrenunciables – en en este caso, la libertad de expresarse en determinados medios acerca de los asuntos electorales, así como la libertad de usar los propios recursos como mejor le convenga a cada cual en fines lícitos- para protestar y denunciar el atropello. Pero, además, la historia nos advierte que el camino del igualitarismo siempre termina en el desastre social y es la semilla de la cual brotan los peores totalitarismos.

Sin duda al senador Santiago Creel – oficioso defensor del atropello contenido en la reforma electoral- lo mueven intenciones mucho más valiosas que las que revelan sus mal estructurados argumentos, pero las buenas intenciones no alcanzan para disipar la terrible confusión acerca de conceptos que son fundamentales para una democracia. O tales conceptos – como el de la verdadera igualdad de todos y cada uno de los ciudadanos ante la ley, así como el de la preeminencia de los derechos fundamentales de cada hombre por encima de cualquier consideración política – se entienden claramente, o están construyendo, aun sin saberlo algunos de los albañiles desprevenidos y hasta bien intencionados, la próxima tiranía.

Si se siguiera el criterio igualitarista propuesto por Creel en todas las políticas públicas todos deberíamos renunciar a cualquier diversidad para igualarnos en lo más bajo: Todos con las mismas ropas, todos con la misma ignorancia, todos con la misma mediocridad.

Por ejemplo, si se aplica tal criterio en la educación debe desaparecer de la enseñanza cualquier medida diferenciadora – como los exámenes de conocimientos- y más temprano que tarde concluiríamos que lo más eficaz para que nadie sea discriminado no sólo es el pase automático, sino el título profesional automático, entregado junto con el acta de nacimiento y la cartilla de vacunación.

Espero que el senador Creel no ejerza la docencia, porque su igualitarismo –de anacrónico maoísta – le llevaría a cometer atroces injusticias con sus alumnos ¡ y en nombre de la equidad!

Nota importante: Este es un vínculo de acceso gratuito al texto del senador Creel que critico en éste y en el anterior comentario; se trata del sitio de los senadores del PAN (el artículo fue publicado el viernes 18 de enero en el periódico "Reforma", pero los contenidos de ese diario no son de acceso libre a través de la red).

Vaciladas igualitaristas

Confundir la igualdad de los ciudadanos ante la ley con la igualdad en los resultados es una burla al Estado de Derecho y es el camino seguro para conculcar los derechos fundamentales del ser humano.


El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Santiago Creel Miranda, obsequió el viernes a los lectores de un periódico capitalino - "Reforma"- un (fallido) argumento para enriquecer la calificación que hizo de los amparos en contra de las restricciones a la libertad de expresión, contenidas en la llamada "reforma electoral", como "una vacilada" (esto es: una burla).

Creel, a quien no debe acusarse de usar con corrección el español (decir "sospechosismo" en lugar de suspicacia lo absuelve por completo de tal delito), argumenta que la prohibición, impuesta a los ciudadanos comunes, de contratar espacios en radio y televisión para expresar sus pareceres sobre contiendas, propuestas y candidatos electorales, no sólo no atenta contra la libertad de expresión sino que la garantiza porque permitirá la igualdad absoluta de todos los ciudadanos en tal aspecto. El argumento dice así: Dado que no todos los ciudadanos tienen los recursos económicos para contratar dichos espacios, la mejor manera de impedir que esa libertad (expresarse en radio y televisión) sea ejercida por unos pocos – que tienen los recursos- pero no por muchos otros – que no tienen los recursos-, es negársela a todos.

Siguiendo esa "lógica" los legisladores deberían diseñar muchas otras prohibiciones ¡para preservar la libertad! En materia electoral deberían garantizar que nadie (partidos o candidatos) compita con ventajas. La mejor manera de hacerlo es prohibir las elecciones e instaurar una dictadura. ¿Qué garantizaría mejor una equidad absoluta en los resultados electorales que el hecho de que no hubiera elecciones? Es lo mismo que sucede con la muerte que es la única forma comprobada de igualación total de los seres humanos – en los resultados- que se conoce.

Así pues, parecería que esta reforma electoral es un paso adelante hacia la envidiable condición de "igualdad democrática" que se disfruta en Cuba o en Corea del Norte.

El alegato de Creel debió publicarse en todos los periódicos de México y difundirse por todos los medios (en beneficio de los no alfabetizados), ya que, en la lógica del senador, su publicación en un solo periódico conculcó el derecho a la información de quienes no leyeron tal diario. ¡Qué atroz violación del igualitarismo salvaje!, ¡y perpetrada por uno de sus paladines!

IFE: Un desastre redundante

Decía el político catalán Francesc Cambó que hay dos maneras infalibles para llegar al desastre: Una, pedir lo imposible; la otra, postergar lo inevitable. En el caso de la reforma electoral las dos vías seguras al desastre se han emprendido con pasmoso esmero. ¿Alguien debería sorprenderse del desastre?

Un ejemplo clásico de diseño institucional exitoso para un acuerdo entre partes que se disputan un bien es el del pastel – finito, obviamente- que tienen que distribuirse equitativamente entre sí dos o más niños. El acuerdo exitoso consiste en que el niño que parte el pastel será el último en elegir. De esa forma, quien corta el pastel tiene el más poderoso incentivo para que las partes a repartir sean idénticas. Él pagará cualquier error en el corte, quedándose al final con la parte más pequeña. Su incentivo, entonces, está perfectamente alineado con el objetivo del acuerdo: que no haya un solo pedazo de pastel de diferente tamaño.

Hay principios de realidad detrás de este acuerdo exitoso como son, entre otros: 1. El bien a repartir es finito, 2. Es impensable que una de las partes se lleve todo, 3. Las "partes" jamás pueden ser el "todo".

¿Qué sucede cuando una de las partes no se atiene a esos principios de realidad? Que el acuerdo es imposible.

En el caso de la reciente reforma electoral el diseño de acuerdos ha estado viciado desde su origen porque la principal motivación para rediseñar reglas y mecanismos – incluida, desde luego, la nueva conformación del IFE- ha sido complacer al niño que jamás acepta acuerdos o los acepta a regañadientes para después desconocerlos. Ha sido aceptar como participante a quien, de manera reiterada, juega en dos pistas incompatibles: la institucional y la que llama a destruir las instituciones. Si el resultado le resulta insatisfactorio – y siempre le parecerá insuficiente porque quiere "todo" siendo, por definición, "parte"- recurrirá a descalificar el acuerdo. Su estrategia es pedir lo imposible.

Si las otras dos partes – PRI y PAN, por ejemplo- acceden a ofrecer lo imposible, está dada la primera vía segura para el desastre. Si a esto sumamos que, además, se posterga lo inevitable – reconocer de una vez por todas que el proceso electoral de 2006 ya concluyó con un ganador indiscutible, legal y legítimo-, el desastre es redundante.

¿No es estúpido seguir intentándolo?

El asteroide 325 y el IFE

Ni siquiera les pedimos que lean "El Príncipe" de Maquiavelo, nos basta con que lean, o les lean, "El Principito" de Saint-Exupery.


El primero de los asteroides que visitó el pequeño príncipe fue el asteroide 325. Lo contó Antoine de Saint-Exupery en el décimo cápitulo. Ahí habitaba un rey.

Cito, de la traducción de Gaston Ringuelet:

Porque el rey cuidaba especialmente que su autoridad fuera respetada. No toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto. Pero, como era muy bueno, impartía órdenes razonables.


No sólo era un monarca absoluto sino universal, que daba órdenes a todo el cosmos.

- Y las estrellas – le pregunta el pequeño príncipe- ¿le obedecen?
Por supuesto – le dijo el rey. – Obedecen enseguida. No tolero la indisciplina.
Semejante poder maravilló al principito (…) Y como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey:
- Quisiera ver una puesta de sol... Tenga la bondad... Ordénele al sol ocultarse...
- Si ordenara a un general volar de una flor a otra como una mariposa, o escribir una tragedia, o convertirse en ave marina, y si el general no ejecutara la orden recibida, ¿quién estaría en falta?, ¿él o yo ?
- Sería usted - dijo con firmeza el principito.
- Exacto. Debe exigirse de cada uno lo que cada uno puede dar - prosiguió el rey. - La autoridad se fundamenta en primer lugar en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, hará la revolución. Yo tengo el derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables.
- ¿Y mi puesta de sol? - recordó el principito, que nunca olvidaba una pregunta una vez que la había formulado.
- Tu puesta de sol, la tendrás. Yo la exigiré. Pero esperaré, con mi ciencia de gobernante, que las condiciones sean favorables.
- ¿Cuándo será eso ? - se informó el principito.
- ¡Hem! ¡hem! – le respondió el rey, que consultó primero un gran calendario, - ¡hem! ¡hem! será a eso de... a eso de... será esta tarde a eso de las siete horas cuarenta. !Y ya verás cómo soy obedecido!


Hasta el menos avispado entiende que un "soberano" que viola a la primera oportunidad sus propios mandatos no puede pedir para sí respeto alguno. Ni siquiera el respeto que le damos al rey iluso del asteroide 325.

¡Que también prohíban los debates!

Supongo que la siguiente reforma electoral incluirá la prohibición de los debates cara a cara entre candidatos porque, aún con el ñoño esquema actual, podrían dar pábulo - ¡horror!- a la confrontación pública de ideas.

Coincido con el periodista sevillano Ignacio Camacho, actual director de ABC, cuando afirma que el principal aporte de la modernidad al juego democrático han sido los debates políticos y electorales en los medios de comunicación, especialmente en la televisión. Representan una de las mejores opciones del ciudadano común para ejercer una doble soberanía: la del voto individual en la papeleta el día de las elecciones – habiendo visto y oído sin cortapisas a cada candidato- y la del mando a distancia o control remoto que permite el ciudadano-televidente votar desde su hogar, cambiando de canal, apagando el aparato o dejándolo estar. El mando a distancia es implacable e inmediato, ante él no hay fuero que valga.

No es poca cosa disponer, al menos, de la oportunidad de ver y escuchar a los candidatos debatir cara a cara. En México, con nuestra perenne afición por lo solemne y nuestros miedos atávicos a la confrontación intelectual, se nos han escamoteado los verdaderos debates. Sobre todo después de la vapuleada que Diego Fernández le puso a Cuauhtémoc Cárdenas y a Ernesto Zedillo, en mayo de 1994, se encendieron todas las alarmas: “¡Peligrosísimo! – se dijeron nuestros políticos- , ¡los debates hay que acotarlos!, ¡hay que regularlos!” Y así tenemos esa versión ñoña, solemne, aburridísima del falso debate entre candidatos “conducido” por una especie de agente de tránsito…Bostezo.

Aún así, alguien podría darse la maña para que aquello sea un debate verosímil o, por lo menos, para dejar en evidencia la estolidez o la cobardía de quienes se niegan a confrontar ideas y se limitan – porque podrán ser muy beatos pero también son muy chabacanos- a lanzar a sus contendientes calumnias o insinuaciones maliciosas (lo que hizo Andrés López en 2006, poniéndose en evidencia).

De acuerdo con el espíritu de los tiempos, los señores y las señoras legisladores aún están a tiempo de prohibir los debates de una vez por todas: Nada de intercambiar ideas, nada de confrontaciones públicas a los ojos de esos pobres idiotas, menores de edad, gente sin juicio, que somos los ciudadanos. ¡Anímense!, ¡pónganle la cereza al pastel de su reforma retrógrada!

Los comisarios de las conciencias

Por más que quieran disfrazarse de liberales atemperados, los burócratas que maquilaron la reforma electoral al gusto de los políticos de oficio revelan de inmediato su talante controlador y su fundamentalismo autoritario.

Escribí el martes 18 de abril de 2006 lo siguiente: “Frustrado el intento de crear un ‘consejo de sabios’ que vigilase el contenido de los medios de comunicación electrónica, el partido de los conservadores mexicanos – cuya organización insignia es, por ahora, la ‘Alianza por el bien de todos’- desearía ahora hacer del Instituto Federal Electoral una entidad que censure la propaganda política y que tutele la libertad de expresión de ciudadanos y partidos, de acuerdo a las normas de corrección política dictadas por algún Supremo Consejo Conservador”.

La novedad, en diciembre de 2007, es que ya lo han logrado, al parecer, mediante la retrógrada reforma electoral que, quiérase o no, vulnera la libertad de expresión no de los empresarios, no de los dueños de los medios de comunicación electrónica o de sus dóciles empleados, sino de los ciudadanos comunes y corrientes, como usted o como yo.

Incapacitados para entender que el principio fundamental del liberalismo es que cada individuo es el único depositario de su libertad – y no, como falazmente arguyen, que tales depositarios son los partidos, las organizaciones, las iglesias, las empresas, los sindicatos o las clases sociales- y que la libertad no es donación graciosa de algún déspota benevolente o de las burocracias al servicio del Estado o de los políticos de oficio, insisten en que las graves objeciones contra esta reforma electoral son expresión de intereses mercantiles o son el pataleo de unos cuantos ricachones privilegiados. Mentira.

El lunes pasado Agustín Basave Benitez, secretario técnico de la comisión para la reforma del Estado – o como quiera que se llame ese engendro- calificó a buena parte de las objeciones a la reforma como “liberalismo fundamentalista”, un oxímoron tan descabellado como el de “revolucionario institucional”.

Se equivoca Basave al suponer que el liberalismo puede ser compatible con el afán regulador de las conciencias, reflejo condicionado de todos los conservadurismos.

Basave, candidato a diputado por la fallida “Alianza por el Bien de Todos” en 2006, se equivoca también al tratar de defender lo indefendible: La libertad de expresión en una auténtica democracia siempre es individual y nunca es negociable.

"Lo que vale es la actitud, no la aptitud"

Obviedad: Los llamados líderes parlamentarios no llegaron a serlo por su afición a las argumentaciones racionales.

Uno aprende un montón de cosas leyendo los periódicos. El martes encontré que los llamados líderes parlamentarios – es decir, los "dadores de línea" de los partidos políticos en las cámaras legislativas- por fin se dignaron comentar algo acerca de las prevenciones y objeciones que algunos de los de afuera – simples ciudadanos- hemos hecho respecto de la reciente reforma electoral.

Las respuestas de estos tribunos – como en forma cursi se les llamaba por esa olvidada costumbre de argumentar desde la tribuna precisamente - reflejan con claridad que estos señores consideran que, para ellos, recurrir a la argumentación racional es algo tan poco recomendable como lo son tres cucharadas de azúcar para un diabético.

Veamos. El líder de los diputados del PAN, Héctor Larios, dijo: "En cada disposición legal habrá opiniones a favor o en contra, pero todos debemos estar a favor de que las leyes se vayan actualizando". Traducción: ¿Qué?

Otro del PAN, antes del PRI, que es Diódoro Carrasco, sentenció acerca de las objeciones que se han hecho a la reforma: "Me parece que son juicios anticipados, me parece que no están bien formados". Traducción: Yo les avisaré cuándo tendrán permiso para opinar, todavía no.

El del PRI, Emilio Gamboa, prometió: "No va a haber atropellos, al contrario: habrá una enorme apertura. Vamos, sin duda alguna, a manifestar lo que todos ahí quieran manifestar". Traducción: Somos buena onda, créanme, ¿cuándo les he echado una mentira?

Y al que entrevistaron del PRD, Ricardo Monreal, habló de algo que no venía al caso, pero que es lo que a él, por lo visto, le interesa: "Si se eliminan las coaliciones los beneficiados serán los partidos grandes". Traducción: ¿Opiniones de los ciudadanos?, ¿para qué?, lo que importa es lo que diga Andrés, a la una, a las dos y a las tres.

Respuestas iluminadoras respecto de la urticaria que les provoca un hábito tan pernicioso como defender intelectualmente ideas y propuestas: "Usted me quiere perjudicar, joven. Usted quiere que razone".

Qué bonito que los mexicanos seamos tan comprensivos y le demos tanto protagonismo y poder a quienes tienen capacidades que son, por decirlo de forma comedida, "diferentes" de las convencionales.

Ugalde, demasiado tarde

Luis Carlos Ugalde se ha despedido del IFE con el discurso correcto y pertinente: Hay que salvar a la democracia en México evitando que los partidos políticos la secuestren…Demasiado tarde. En las elecciones de 2006, Ugalde convalidó arbitrariedades graves contra la libertad, al votar a favor de la censura de mensajes que decían verdades incómodas para el candidato favorito de políticos y periodistas enchufados: Andrés López Obrador.

Una de los más graves errores del IFE y de su consejero presidente en 2006 fue convalidar una inaceptable censura a la libertad de expresión, durante la campaña electoral, para complacer a un candidato histérico – Andrés López- y a su séquito de acólitos, igualmente histéricos e inmaduros.

Es probable que, a la distancia, Luis Carlos Ugalde esté arrepentido de haber votado a favor de esa censura de carácter fascista que exigieron a gritos y sombrerazos – no conocen otra forma de expresión- Andrés López y sus feligreses. El arrepentimiento, si lo hay, debe ser amargo: Ugalde nada ganó lesionando las libertades ciudadanas y la vociferante clase política a la que quiso complacer acabó, al final, echándolo de mala manera. Ni modo, los más serviles son los primeros en ser desechados cuando ya no son útiles a sus amos. (Una lección que podrían aprender, por cierto, algunos colegas en los medios electrónicos).

El miércoles, al despedirse anticipadamente del IFE, Ugalde hizo sus mejores declaraciones y habló como un verdadero defensor de los derechos y de las libertades ciudadanas, es decir: Como lo que deben ser los consejeros del IFE y, por lo visto, como ya no podrán serlo. Recordó algo esencial: La democracia no se construye con prohibiciones. Muy mal andamos cuando los encargados de diseñar las leyes electorales son tan amigos de los controles burocráticos y tan poco afectos a respetar la libertad. Bien dicho pero demasiado tarde.

Y, por cierto, ya que tanto preocupa a los autonombrados comisarios de la corrección político-electoral que se utilicen expresiones denigrantes en las campañas, tal vez me puedan explicar lo siguiente: ¿Por qué llamarle López a López es denigrante y, en cambio, motejar a otro candidato con adjetivos escatológicos, propios de quien se estancó en la fase anal del desarrollo psíquico, es sólo una “puntada chistosa” de personajes como Federico Arreola, el todavía fiel escudero de López?

Cuando crear riqueza es un pecado

La prohibición tiene destinatarios claros: Aquellos que despectivamente Jorge Alcocer moteja como “dueños del dinero” que en realidad somos todos los que no deseamos ser mantenidos por el dinero de los contribuyentes.

Una parábola: Alguien, abusando del poder que le fue confiado para servir y no para servirse de él, decreta que queda estrictamente prohibido santiguarse, sea con la mano izquierda o con la derecha. Cuando se denuncia esa prohibición como un atentado contra las libertades fundamentales, ese “alguien” fabrica un alegato irrisorio: “No es un atentado contra las libertades, porque hay muchos mancos a los que la prohibición no afectará; además, se sabe de muchos más a quienes jamás les ha pasado por la cabeza usar las manos para santiguarse, sino que prefieren rascarse la cabeza o hurgarse la nariz, lo que por cierto aún no se prohíbe”.

Quede la parábola para terminar de una vez con el alegato ridículo.

Lo que Alcocer y otros autores de esta malhadada reforma electoral no se atreven a decir – porque sería tanto como confesar que están fabricando leyes con dedicatoria para cobrarse agravios reales o imaginarios y para satisfacer resentimientos sociales- es que prohibir a los ciudadanos independientes contratar tiempos en la televisión o en la radio con el fin de influir en los procesos electorales, busca castigar a los “impertinentes” empresarios que en 2006 osaron advertir – mediante mensajes en los medios electrónicos- de los graves peligros que entrañan las políticas populistas y las promesas irresponsables de algunos candidatos, como fue el caso de Andrés López Obrador.

Con mayor claridad, o candor, lo escribió Carmen Aristegui hace unos días, elogiando la prohibición: Se trata, explicaba, de cerrarle el paso a mensajes como los que difundió el Consejo Coordinador Empresarial en 2006 advirtiendo contra los riesgos de regresar a políticas irresponsables que generan inflación y miseria. Para Carmen tales mensajes deben prohibirse porque “descarrilan” las elecciones. Supongo que una elección “encarrillada” es aquella en la que, piensen lo que piensen los electores, gana siempre el favorito de Carmen. Ni hablar.

Para estos “napoleoncitos” la democracia estará bien “encarrilada” mientras haya menos debate, mientras exista menos crítica y mientras los electores permanezcamos desinformados o mal informados.

Y se trata, también, de satisfacer ese arraigado resentimiento social que manifiestan los parásitos del erario contra quienes generan riqueza.

Jorge Alcocer y sus fallidos desvelos

El principal artífice de la reciente reforma electoral recurre a un burdo razonamiento circular para justificar una prohibición que claramente atenta contra la libertad de expresión, no de los medios, ni de los santones del periodismo, sino de los ciudadanos.

Esperaba un razonamiento mejor elaborado por parte de uno de los principales autores de la reciente reforma electoral para defender su criatura. En el asunto de la prohibición a los particulares para contratar tiempos en radio y televisión, con el fin de expresar sus opiniones sobre procesos electorales y candidatos, Jorge Alcocer nos ofrece hoy una justificación tan endeble y tramposa que alarma considerar la eventualidad de que tal personaje llegue a presidir el Instituto Federal Electoral. (Ver artículo de Alcocer "Velos y desvelos" en el periódico "Reforma" de hoy, martes 27 de noviembre).

El “argumento” – las comillas son intencionalmente sarcásticas- es más o menos así: “No estamos limitando la libertad de expresión de los ciudadanos comunes, sino la libertad de expresión de los dueños del dinero; la prohibición nada tiene que ver con los ciudadanos comunes porque los ciudadanos comunes ni tienen dinero, ni tienen interés en expresar sus opiniones”. Alcocer nunca define quiénes son “los dueños de dinero” pero, a ojos vistas, le parecen unos personajes nefandos que no merecen tener libertad de expresión. Después de explicarnos que llegó a sus conclusiones tras preguntar a su empleada doméstica y a su asistente si les interesaría, en caso de tener cientos de miles de pesos, contratar tiempos en televisión para expresar sus opiniones, y recibir de ellos una obvia y previsible respuesta negativa, establece la conclusión: Sólo a los dueños del dinero les interesaría contratar tales tiempos, y sólo ellos podrían hacerlo, por lo tanto esta no es una prohibición que afecte a quienes ni pueden, ni quieren.

Aunque Alcocer no los define, es fácil inferir quiénes son para él “los dueños del dinero”: Cualquiera que pueda, individualmente o en grupo, contratar algún tiempo o espacio en radio o en televisión (nótese que un “spot” de 20 segundos en una estación de radio local puede ser tan barato como $5,000 pesos) pertenece a dicho universo. Es a ellos contra quienes se dirige la prohibición. ¿Por qué? Porque por axioma, en el razonamiento circular de Alcocer, las opiniones de esos personajes son perniciosas. Su libertad de expresión no debe existir. Punto.

Tal prohibición es fascista, en el sentido amplio del término, aquí y en China.

Los políticos y los maleteros

¿Cuál es el objetivo de las barreras físicas que impiden a los turistas llevar en un carrito sus maletas por los pasillos del aeropuerto? Proteger a un gremio que se ha vuelto incompetente. ¿Cuál es el objetivo de las recientes “reformas electorales? Proteger contra viento y marea, aun con disposiciones de corte fascista, a un gremio cuya incompetencia es aún más manifiesta y dañina: el de los políticos de profesión.


Un país es competitivo cuando alienta la productividad. Y productividad es todo aquello que hace más fácil la vida a las personas. Sin competencia alentamos la improductividad y, por tanto, la miseria.

México recibe a cualquiera que llega al país a través del aeropuerto de su capital con un mensaje directo en contra de la productividad: Se trata de los barrotes de metal que impiden al viajero llevar sus propias maletas en carritos diseñados precisamente para hacer la vida más fácil. Sí existen tales carritos en el aeropuerto pero, una vez que se ha pasado el trámite de la aduana, los dichosos barrotes impiden su paso. Prestos, aparecen los maleteros – agrupados en una unión sindical- ofreciendo sus servicios. Ese gremio es el objetivo de los barrotes, a despecho del interés de millones de extranjeros y mexicanos que llegan al país por ese aeropuerto. Me imagino que cada vez que se planea una remodelación del aeropuerto o la construcción de una nueva terminal, como la que se acaba de inaugurar, alguien muy poderoso recuerda a los constructores: “No se olviden de los barrotes; ni se les vaya a ocurrir hacerle la vida más fácil a los viajeros porque arde Tenochtitlan”. Y otra vez quedan los barrotes como monumento a la improductividad, sentencia condenatoria a la libérrima voluntad de los viajeros y advertencia de que estamos ingresando no a la región más transparente sino al reino donde los gremios particulares, convenientemente enchufados al Estado, son más importantes que las personas comunes.

El gremio de los políticos de oficio en México ha diseñado una reforma electoral que persigue, a la postre, expulsar a los ciudadanos de los procesos electorales, para hacer de los comicios un negocio exclusivo de esa camarilla. Por ejemplo: Advertir contra los riesgos de políticas irresponsables y populistas propuestas por algún candidato será, para estos señores, un delito. De ese tamaño es su talante fascista.

La reforma electoral al gusto de López

La reciente "reforma electoral" apunta a dejar a los ciudadanos como meras comparsas de los arreglos que se hagan entre partidos y políticos de profesión. Debería llamarse "la reforma fascista inspirada por López".

La esencia del sistema electoral mexicano radicaba hasta ahora en que el núcleo de los comicios – la emisión y contabilidad uno a uno de los votos emitidos- estaba en manos de los ciudadanos, no del gobierno, no de los partidos políticos, no de las "familias custodias" del corporativismo mexicano.

Antes de la creación del IFE y del tribunal electoral autónomo eran los propios políticos en competencia quienes – erigidos en "colegio electoral"- decidían quién triunfaba y quién perdía, a despecho incluso de los votos contabilizados por los ciudadanos. Un gran avance democrático fue otorgar carácter definitivo al escrutinio realizado por los ciudadanos – funcionarios de casilla sin vínculos con los partidos políticos- salvo que, por impugnaciones con sustento objetivo, el IFE o el tribunal electoral autónomo considerasen el escrutinio viciado o falaz.

El dos de julio de 2006 Andrés López perdió. Así lo indicaron los resultados de la totalidad de los escrutinios realizados por los ciudadanos en todas y cada una de las casillas. Ya se sabe que López no aceptó tales resultados y demandó contar de nuevo cada voto descalificando burdamente (incluso profiriendo calumnias por las que nunca ha sido sancionado) la tarea de los ciudadanos.

Para efectos prácticos la reforma electoral que se ha aprobado recientemente vuelve a expulsar a los ciudadanos de los procesos electorales: Los ciudadanos no podremos opinar en los medios de comunicación electrónicos sobre los candidatos; los ciudadanos contaremos los votos, pero cualquier político de profesión podrá descalificar sin mayor sustento nuestro escrutinio y decretar otro en sentido contrario (basta con que convenza a sus pares) y el IFE, que alguna vez con todas sus imperfecciones fue representación profesional de los ciudadanos en los comicios, volverá a ser herramienta dócil de los partidos políticos con funcionarios permanentemente amenazados de sufrir un cese fulminante si no se avienen a los caprichos de las cúpulas políticas.

Esta reforma – que debe agradar sobremanera a López dado su talante antidemocrático y antiliberal- es claramente un retroceso hacia el fascismo. Fascista, en sentido amplio, es lo que restringe las libertades ciudadanas en beneficio de las corporaciones que se han adueñado del Estado, como es el caso hoy de los partidos políticos.

Si es "de interés público", ¡usted no se meta!

En México parece haber una fórmula infalible para saber qué se considera "de interés público": Todo aquello en lo que los ciudadanos, como personas libres, no somos bienvenidos.

Tal vez el día que el petróleo deje de ser patrimonio nacional podremos saber cuánto le cuesta a PEMEX obtener un barril en cada campo petrolero, cuánto de dicho costo obedece a condiciones objetivas asociadas a la extracción del energético, cuánto a costos administrativos y financieros y cuánto a las negociaciones laborales con un sindicato poderoso, hermético y temible.

Por fortuna, hay algunas pocas empresas privadas que cotizan en el mercado de valores y así podemos saber cuánto venden cada trimestre, cuál es su margen de utilidad de operación, cuánto deben, a quién, a qué plazos, a qué tasas y en qué condiciones. De esa forma, yo puedo saber que el supermercado en el que compro tiene un margen de ganancia – antes de costos o beneficios financieros- menor al seis por ciento sobre el total de las ventas. Y de la misma forma me he enterado que la compañía telefónica dominante sigue quedándose con un porcentaje de ganancias operativas sobre sus ingresos totales muchísimo más elevado (digamos el 30 por ciento), lo que significa que se queda con una buena parte del "excedente" que, en un mercado de libre competencia, correspondería a los consumidores.

Esos son asuntos de interés público y no deja de ser un poquito irritante que sepamos más de varias empresas privadas (que son en realidad públicas, al cotizar en el mercado de capitales) que de algunas empresas públicas (que son en realidad herméticas, gracias a los venerados mitos nacionales). Y que no sepamos cosa alguna de sindicatos que operan en actividades que pomposamente se han bautizado como de "interés público" (a algunos se les llena la boca al decir las dos palabras mágicas, como si fuesen subnormales gritando: "Es un honor estar con Obrador").

Ésa es otra ley no escrita del arreglo político: Si es de interés público, que los ciudadanos no metan las narices.

Por eso, porque las elecciones son de interés público serán ahora por ley un negocio privado de los partidos políticos. Gran reforma electoral, ¿o no?

Napoleoncitos al abordaje

Sean del color que sean o de la adscripción ideológica que se les antoje – izquierdosa o derechosa- buena parte de nuestros políticos son Napoleoncitos llenos de sueños de grandeza y de desprecio hacia la libertad de los ciudadanos.

El modelo del típico político mexicano es napoleónico y, por ende, profundamente antidemocrático. Un ejemplo prístino de esta admiración por el paradigma del déspota benevolente es la reciente reforma electoral: Para quienes idearon tal reforma los ciudadanos somos tan idiotas e irresponsables que no se nos debe permitir perturbar una contienda electoral con la expresión de nuestros libérrimos juicios acerca de los candidatos.

Supongamos que el día de mañana el señor Narciso Delgadillo se nos ofrece como candidato del partido Tal a un cargo de elección popular. Supongamos también que varios ciudadanos, alarmados por las propuestas de Narciso, pensamos que es un peligro para el país. Y supongamos, por último, que unidos – el grupo de ciudadanos preocupados, con razón o sin ella lo mismo da- juntamos los recursos para contratar anuncios en la radio o en la televisión para tratar de influir en el ánimo de otros electores. ¡Prohibido, bajo pena gravísima! Ninguna estación o cadena de radio o televisión se arriesgará a ser castigada – hasta con la suspensión definitiva de sus transmisiones- si comete el desacato de vendernos tiempo para transmitir nuestros mensajes.

¿Qué hay detrás de esta fascinación de muchos políticos mexicanos por establecer qué debemos decir y qué no, qué debemos hacer y qué no, qué podemos disfrutar y qué no? Una imagen idealizada de ellos mismos como seres omniscientes y omnipotentes que salvarán a los ciudadanos a pesar de los ciudadanos. En breve: El arquetipo de Napoleón.

En el caso de México, la genealogía napoleónica es extensa, lo mismo incluye a Gustavo Díaz Ordaz que a Lázaro Cárdenas del Río. Y si nos ponemos cosmopolitas lo mismo incluye la versión chabacana – digamos Hugo Chávez- que la refinada – digamos Charles de Gaulle- del déspota que se sueña y se ofrece a su pueblo como la encarnación de la sabiduría y la benevolencia.

La coartada que nunca se les cae de la boca es “el interés público”. Como si nos dijeran: “Dado que esto es de interés público, tú no te metas, es un asunto privado de nosotros, los políticos y los partidos”.

Los “tiempos oficiales” sí los pago yo

¿Quién paga los honorarios del guionista del mensaje de propaganda del Senado?, ¡el contribuyente! ¿Quién paga los costos de producción del mensaje en los medios?, ¡el contribuyente! ¿Quién paga los salarios de la burocracia encargada de administrar los “tiempos oficiales”?, ¡el contribuyente! ¿Y quién padece los embustes reiterados de esta propaganda política?, ¡el contribuyente!

La reciente “reforma electoral” fue, en realidad, un reacomodo tramposo entre grupos minoritarios que se benefician sin empacho de los recursos públicos. Ni hacen más barata nuestra democracia – la que haya, si la hay-, ni promueven una mayor “calidad” en las contiendas.

La historia puede resumirse así: Había una vez dos grupos cerrados que se repartían alegremente cuantiosos recursos públicos etiquetados como “prerrogativas electorales”, el grupo A (partidos políticos y sus camarillas) se granjeaba la benevolencia y la complicidad del grupo B (oligopolio de los medios de comunicación electrónica) destinando cuantiosos recursos públicos a la contratación de “tiempos comerciales” en la radio y la televisión con pretexto de las contiendas electorales. Un día el grupo A se percató de que su socio, el grupo B, se llevaba la tajada del león en el reparto de esos recursos extraídos a los ciudadanos, entonces el grupo A cooptó a un puñado de “especialistas” (pertinaces aspirantes a convertirse en junta notable de “guardianes de la democracia” pagados por el erario) para que le confeccionase una “reforma electoral” que justificase un reacomodo en el reparto de rentas y consumó la toma hostil del negocio sancionándola con modificaciones legales y constitucionales. Negocio resuelto.

Los del grupo B manifiestan su irritación – se sienten traicionados por sus antiguos compadres- en contra de los “perversos políticos” (que en otros tiempos eran presentados casi como “los padres de la patria”), mientras que los del grupo A estrenan su nueva condición de dueños de la caja difundiendo embustes en los medios, como ése de que la propaganda política ahora no nos cuesta a los contribuyentes porque se hace en “tiempos oficiales”. Mentira monumental: además de todos los costos de producción y gastos administrativos, nosotros pagamos también los costos de oportunidad que encarecen tiempos y espacios en los medios.

Ni a quien irle en este arreglo mafioso. Como saldo, además, se restringió más la libertad de expresión de los ciudadanos comunes.

Reformas diferentes, consecuencias diferentes

Sólo una gran torpeza analítica o la premeditada intención de confundir explican que todavía se insista en equiparar la reforma fiscal – surgida de un diagnóstico y de una iniciativa del Ejecutivo- con la llamada reforma electoral que fue, en el mejor de los casos, un arreglo poco transparente entre líderes legislativos.


Una demostración palmaria de que dos líneas NO son paralelas es que lleguen, en algún punto, a cruzarse. La reforma fiscal y la llamada reforma electoral NO son paralelas, ni van en la misma dirección. Sus diferencias son abismales: Su origen es claramente distinto, su proceso de discusión y aprobación radicalmente diferente y los efectos de cada una serán muy diversos.

El hecho de que inopinadamente algunos políticos hayan hecho coincidir en el tiempo ambos cambios legislativos, en una especie de intercambio voluntario de bienes de muy distinto valor y naturaleza, propicia que algunos análisis superficiales quieran presentar como dos caras de la misma moneda dichas reformas. A esto se añade la desastrosa manía de algunos comentaristas de establecer simetrías artificiosas para darle a sus "análisis" una fuerza explicativa de la que en realidad carecen.

También existe la estrategia de confundir deliberadamente, confiando en que las debilidades de un cambio precipitado y en buena medida inconsulto – como es el caso de la llamada reforma electoral- se contagien a una reforma, como la fiscal, que se ventiló ampliamente en público, que se construyó racionalmente y con argumentos sólidos y que no esconde segundas intenciones.

De entrada, la reforma fiscal surge de una clara y explícita propuesta del Ejecutivo que se hizo totalmente pública el 20 de junio, el mismo día que se presentó ante el Congreso. En contraste, se desconoce quién planteó qué, ante quién, cuándo y en qué términos en el caso de los cambios en el ámbito electoral.

Los dirigentes empresariales que hoy dicen que la reforma fiscal no atendió suficientemente sus argumentos, en realidad están buscando un chivo expiatorio para justificar su incapacidad para concertar internamente con sus agremiados: Deberían reconocer, por elemental honestidad intelectual, que algunos de sus presuntos representados, como las tiendas de autoservicio, argumentaron ante el Congreso al margen de las cúpulas y lo hicieron con mayor eficacia que éstas.

Que cada reforma se valore por sus propios méritos. El tiempo pondrá a cada una en el lugar que le corresponde.

¡No con mi dinero!

Partidos políticos, grupos sociales y cualquier persona deben tener total libertad para contratar propaganda en los medios de comunicación, siempre y cuando cada cual lo haga con su dinero y con total transparencia, ¡no con el dinero de los contribuyentes!



1. Una reforma electoral en un país democrático y libre NO puede restringir la libertad de cada cual para difundir mensajes de contenido político, incluso mensajes poco comedidos o contundentes ("Fulano es un peligro para México" o "Zutano es un tonto con balcones a la calle"), siempre y cuando la contratación de dicha propaganda se haga en condiciones de libre mercado y auténtica competencia, con total transparencia, y NO se haga con dinero público, que proviene del bolsillo de los contribuyentes.

2. Una reforma electoral en un país democrático y libre NO puede coartar la libertad de expresión de nadie decretando discrecionalmente qué mensajes son correctos a juicio de algún pacato consejo de notables. Un país democrático y libre tiene leyes claras sobre la difamación y la calumnia – incluso se suele castigar ésta última penalmente - que están hechas, precisamente, para que todo mensaje que no sea calumnia, difamación o incitación al delito jamás sea censurado.

3. La discusión sobre la reforma electoral está totalmente fuera de foco y lastrada por intereses torpes. Ni los medios tienen derecho a ser beneficiarios graciosos de miles de millones de pesos de recursos públicos – por propaganda política o gubernamental pagada con recursos de los contribuyentes-, ni los partidos políticos, ni nadie, tiene derecho a regular la libertad de expresión de los demás.

4. Ninguno de los grupos interesados – enfrascados en una disputa majadera y mezquina- quiere ver la auténtica relación entre reforma fiscal y reforma electoral, que sí la hay y nada tiene que ver con chantajes: El recorte más urgente al gasto público federal, al de los estados y al de los municipios es cancelar de inmediato toda la propaganda política, gubernamental y para-gubernamental que se paga con recursos de los contribuyentes. Y preservar con todo vigor la libertad irrestricta de quién quiera para expresar y difundir lo que le venga en gana, con la única limitación de sancionar de veras la calumnia, la difamación y la promoción de delitos.

5. Lo demás son discusiones vergonzosas, indignas de un país democrático y libre. ¿México lo es?