El mito del "triple play"

Aunque desde el punto de vista del usuario bien informado basta tener un buen servicio de banda ancha para tener telefonía y televisión, las empresas, las autoridades y hasta los reguladores prefieren que sigamos creyendo en el mito del "triple play".

Es un hecho que la Internet sepultó a la telefonía. Centenares de miles de personas en el mundo no solamente hablamos en tiempo real con personas que están en cualquier punto del globo terráqueo, sino que frecuentemente las vemos y somos vistos por ellas mientras conversamos a través la Internet y auxiliándonos sólo con una computadora portátil u otro dispositivo conectado a la red.
También centenares de miles de personas ven sus programas y series favoritas de televisión, en el día y el horario que desean, a través de la red. Tienen ahí, en la red, la más amplia oferta de contenidos disponible en el mundo.
En este sentido el llamado "triple play", que tantas aguerridas y complicadas discusiones y polémicas causa, es un mito. Un mito tan conveniente para algunos negocios como fue y sigue siendo el mito de las fronteras, que permiten establecer restricciones para el acceso y salida de mercancías y de personas de un país y, en esa misma medida, generan rentas. Por eso las fronteras provocan rencillas interminables, trampas, demagogia…y hasta guerras.
Dentro de unos años, conforme avance inexorablemente la penetración y la comprensión de lo que significa la Internet, las agrias discusiones y las sucias maniobras de algunas empresas que se resisten a perder sus rentas monopolísticas o casi-monopolísticas a todos parecerán ridículas.
Ejemplo: "V" es un ingeniero coreano que cursa su doctorado en una universidad de Estados Unidos. Le basta su computadora portátil y un servicio de banda ancha para ver televisión producida en cualquier lugar del mundo, escuchar conciertos en vivo, hablar con su familia o con sus colegas que se encuentran a su vez en cualquier lugar del mundo, ver vídeos, transmitir vídeos, difundir pequeños programas de radio, consultar acervos bibliográficos, leer libros, escribir libros y venderlos, sostener conferencias con colegas que estudian en Asia o en Europa o en África…
El negocio del siglo XXI es la generación de contenidos, pero hay quienes se aferran con todo – incluidas las malas artes- al negocio de ponerle puertas al campo. Incomunicar, tal es el negocio que defienden.

Los “tiempos oficiales” sí los pago yo

¿Quién paga los honorarios del guionista del mensaje de propaganda del Senado?, ¡el contribuyente! ¿Quién paga los costos de producción del mensaje en los medios?, ¡el contribuyente! ¿Quién paga los salarios de la burocracia encargada de administrar los “tiempos oficiales”?, ¡el contribuyente! ¿Y quién padece los embustes reiterados de esta propaganda política?, ¡el contribuyente!

La reciente “reforma electoral” fue, en realidad, un reacomodo tramposo entre grupos minoritarios que se benefician sin empacho de los recursos públicos. Ni hacen más barata nuestra democracia – la que haya, si la hay-, ni promueven una mayor “calidad” en las contiendas.

La historia puede resumirse así: Había una vez dos grupos cerrados que se repartían alegremente cuantiosos recursos públicos etiquetados como “prerrogativas electorales”, el grupo A (partidos políticos y sus camarillas) se granjeaba la benevolencia y la complicidad del grupo B (oligopolio de los medios de comunicación electrónica) destinando cuantiosos recursos públicos a la contratación de “tiempos comerciales” en la radio y la televisión con pretexto de las contiendas electorales. Un día el grupo A se percató de que su socio, el grupo B, se llevaba la tajada del león en el reparto de esos recursos extraídos a los ciudadanos, entonces el grupo A cooptó a un puñado de “especialistas” (pertinaces aspirantes a convertirse en junta notable de “guardianes de la democracia” pagados por el erario) para que le confeccionase una “reforma electoral” que justificase un reacomodo en el reparto de rentas y consumó la toma hostil del negocio sancionándola con modificaciones legales y constitucionales. Negocio resuelto.

Los del grupo B manifiestan su irritación – se sienten traicionados por sus antiguos compadres- en contra de los “perversos políticos” (que en otros tiempos eran presentados casi como “los padres de la patria”), mientras que los del grupo A estrenan su nueva condición de dueños de la caja difundiendo embustes en los medios, como ése de que la propaganda política ahora no nos cuesta a los contribuyentes porque se hace en “tiempos oficiales”. Mentira monumental: además de todos los costos de producción y gastos administrativos, nosotros pagamos también los costos de oportunidad que encarecen tiempos y espacios en los medios.

Ni a quien irle en este arreglo mafioso. Como saldo, además, se restringió más la libertad de expresión de los ciudadanos comunes.

Un buen filón para recortar el gasto

Recortar en serio el gasto público destinado a propaganda política y gubernamental en los medios de comunicación – en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión- sería una acción con la que ganaríamos todos…o casi.

En ocasiones alguna frase simple descubre – así sea involuntariamente- cursos de acción fructíferos y atinados. Así me sucedió al leer en una revista (“Vértigo”) la siguiente frase del periodista Sergio Sarmiento:

“La experiencia nos dice que los grupos que protestan por las reformas fiscales son los primeros en chillar cuando el gobierno les recorta sus subsidios o beneficios”.

¡Bingo!, Sergio. Ése es el punto: Nadie quiere pagar más impuestos, pero son precisamente los grupos que en forma más estridente obstaculizan reformas que incrementarían la recaudación, los primeros en poner el grito en el cielo si, en lugar de las reformas que rechazan, el gobierno recurre al expediente de recortar el gasto…y, con ello, afecta las rentas de esos grupos estridentes.

En el caso de México, el problema es aún más grave, porque no sólo necesitamos reformas para fortalecer los ingresos públicos, sino que necesitamos, además, hacer sustanciales recortes al gasto gubernamental, empezando por aquellos renglones en los que el gasto no arroja ningún beneficio para la sociedad.

Tal vez por falta de espacio Sarmiento no pudo seguir las consecuencias lógicas de su observación respecto del gasto, pero no me cabe duda que llegaría a esta conclusión: El más rico filón de recortes al gasto gubernamental de la Federación, de los estados y de los municipios, así como de los tres poderes de la Unión y del gasto de organismos autónomos – como el IFE o la Comisión Nacional de Derechos Humanos- que puede abordarse de inmediato y que la sociedad en su inmensa mayoría agradecería, es el gasto absurdo, inútil, ofensivo para la inteligencia, que gobiernos, políticos y partidos destinan a la difusión de propaganda en los medios de comunicación, especialmente en la televisión.

Todos ganaríamos: como electores, como contribuyentes, ganarían las finanzas de todos los gobiernos, ganaría el periodismo independiente, ganarían los televidentes que dejarían de ser sometidos a la machacona repetición de frases de manufactura idiota. Sospecho que esta propuesta no será del agrado de las televisoras. Pero no hay problema: Ya se sabe que la televisión mexicana siempre apoya las mejores causas, ¿o no?

¿A favor de la competencia o del dirigismo estatal?

No ha visto la luz la sentencia final de la Suprema Corte acerca de la llamada “Ley de medios”. Deberá de ser una clara definición a favor de la libre competencia; no, como conjeturan algunos nostálgicos del estatismo, una “reivindicación” de la intervención del Estado en la vida económica.

Es ilusorio esperar de un cuerpo colegiado – como es la Suprema Corte- que en el transcurso de sus deliberaciones muestre claridad, precisión y propósitos unívocos. Una cosa son las deliberaciones, el intercambio de argumentos y alegatos, y otra – muy distinta- la sentencia final en la que debe prevalecer un criterio unívoco y una interpretación esclarecedora de la norma constitucional.

En la controversia constitucional por la llamada “ley de medios” muchos comentaristas se han adelantado a los hechos y han dado por zanjado el asunto sin esperar a la redacción de la sentencia definitiva. Para la mayoría de quienes conforman la “comentocracia” la sentencia ha sido: “Perdieron las televisoras”. No les falta razón si lo que quieren decir, con ello, es que la Corte ha revertido la ignominiosa aprobación de una ley diseñada al gusto de dos corporaciones que, bajo el pretexto de ajustar la ley a los avances tecnológicos, intentaron mantener un estado de cosas en el que dicha modernización se daría sólo al gusto y al ritmo que impusieran los intereses de esas corporaciones. No en beneficio de una mayor competencia, y por ende no en beneficio de los consumidores, sino como garantía de rentas de oligopolio.

Pero se equivocan dichos comentaristas cuando dan por terminado el asunto e interpretan que la Corte ha “reivindicado” el dominio o rectoría del Estado sobre los medios de comunicación electrónica. ¡Dios – y la Corte- nos libren de tal desatino!

Lo más probable y deseable es que la sentencia final de la Corte se fundamente en el imperativo de que deben erradicarse las prácticas monopolísticas y garantizarse la libre competencia en los mercados, no en el anacrónico y opresivo argumento de que el Estado debe regir la actividad económica.

La distancia es abismal. En el primer caso, se tratará de una victoria de la democracia y de la libertad; en el segundo iríamos de lo malo – el corrupto capitalismo de compadres- a lo peor: el intervencionismo gubernamental en contra de la libertad de los ciudadanos.

Ya no sirve enseñar los colmillos…

Dudo mucho que los interesados hayan tomado nota, pero un primer saldo provisional de las batallas en la Suprema Corte acerca del futuro de las telecomunicaciones en general y de la televisión en particular es que los gruñidos y la exhibición de atemorizantes colmillos distan de ser armas eficaces…Los más aptos en la evolución no fueron los torpes dinosaurios.

No entiendo, de veras, a los numerosos voceros de las dos y únicas cadenas de televisión abierta en México que escriben en los periódicos. Nuestros "pridurki" (como los bauticé aquí el primero de marzo), hace menos de un mes nos advertían que sería un terrible error si la Suprema Corte desechaba el recurso de las licitaciones públicas de las concesiones y volvía al primitivo expediente del otorgamiento discrecional de concesiones, hoy, cuando la Corte parece inclinarse por extender ese sano proceso de las licitaciones públicas a todos – incluidos los actuales concesionarios, cuando deseen renovar su concesión o cuando quieran incursionar en otras actividades de telecomunicaciones-, nos dicen que los ministros se equivocan garrafalmente o, incluso, que están violando la Constitución.

Esta mudanza súbita en los argumentos de los voceros oficiosos revela dos cosas: 1. Que parecen suponer que el público puede tragarse cualquier cosa (hoy A, mañana B, pasado mañana C), con tal de que se diga a gritos, se adjetive profusamente y se condimente con insinuaciones maliciosas acerca de tales o cuales personajes que incomodan a los patrones, y 2. Que quien haya diseñado la estrategia de “defensa” por parte de las televisoras es bastante incompetente, lo cual no debería extrañarnos ya que la falta de competencia en las empresas y en las instituciones – y en la vida- eso es lo que produce: Incompetentes.

El tema, desde luego, es complejo y valdría la pena – antes de aventurar juicios definitivos- estudiar con objetividad las resoluciones de la Corte, las posibilidades reales que otorgan los avances tecnológicos y los auténticos principios constitucionales.

Lo que ha quedado claro, hasta ahora, es que la exhibición de los colmillos y los rugidos para intimidar ya no son tan eficaces como en el pasado.

Lo más triste es que no aprenderán la lección. No pueden. No está en su naturaleza aprender o adaptarse. La historia de la evolución nos da muchos ejemplos de especies que se extinguieron por su incapacidad competitiva.

Depredadores defendiendo su territorio

¿Por qué son tan burdos y previsibles en la defensa de sus intereses? Porque siguen la lógica instintiva del animal depredador; su negocio no es convencer a los consumidores sino amedrentar a todo aquél que ponga en riesgo su exclusividad.


Es de lógica elemental que una empresa que se desenvuelve en un entorno sin competencia o en un entorno de competencia simulada, por ejemplo: reparto pactado del mercado entre dos empresas con concesiones exclusivas, tenderá a mostrar elevados márgenes de utilidad de operación (el margen es el cociente que resulta de: ingresos menos costos y gastos asociados a las ventas dividido entre ingresos), en ocasiones hasta cuatro o cinco veces mayores que los que registran empresas en entornos competidos.

Invito a los lectores a realizar una sencilla comprobación: Comparen los márgenes de utilidad de operación de empresas cotizadas en la bolsa que se desempeñan en entornos de alta competencia – por ejemplo, tiendas de autoservicio- con los márgenes de operación de empresas que actúan en mercados con férreas barreras de entrada y escasa competencia – por ejemplo, las que explotan concesiones de televisión abierta. Al cierre de 2006: márgenes de seis a ocho por ciento en las primeras y márgenes de 36 a 40 por ciento en las segundas.

Tales márgenes de utilidad excesivos son los excedentes de los que se ha despojado a los consumidores. Esa es la lógica mercantil de las prácticas monopolísticas: Los precios se fijan sólo al arbitrio del oferente porque quienes demandan los bienes y servicios carecen de opciones.

Si sólo hay dos grandes corporaciones en un mercado con barreras de entrada para otros oferentes, estas corporaciones tenderán no a competir entre sí, sino a repartirse por cuotas el mercado y a hacer un frente común en la defensa de su territorio. A su vez, tenderán a ser incompetentes, es decir: Degradarán la calidad del bien o servicio ofertado.

Por eso son tan burdas sus prácticas para amedrentar y amenazar a quienes pueden poner en riesgo el privilegio del que disfrutan. Es mero instinto de animal depredador. No han desarrollado otro talento por la falta de competencia.

Hoy les están rugiendo y mostrando los colmillos a los jueces; ayer lo hicieron con los políticos anhelantes de espacios en las pantallas de la televisión; antes de ayer los amedrentados fueron quienes osaron manifestar su deseo de entrar a competir en el territorio. Mañana…

Telecomunicaciones: Una lección histórica

¿Por qué no le ponemos más trabas a la libertad y decretamos que se requiere una concesión para volar un papalote?

En enero de 1954 el inventor de la frecuencia modulada para radio se suicidó saltando desde su departamento en el décimo tercer piso de un edificio en Nueva York. Se llamó Edwin Howard Armstrong y unos días antes sus patentes para la frecuencia modulada – obtenidas en diciembre de 1933- habían vencido.

Armstrong sucumbió frente al poder de la RCA – Radio Corporation of America – y de su presidente David Sarnoff, así como frente a las consecuencias letales de que una agencia reguladora del gobierno, en este caso la FCC, fuese “capturada” por las mismas corporaciones a las que debería haber regulado para evitar prácticas monopolísticas.

Paradójicamente Armstrong descubrió las ventajas de la frecuencia modulada a instancias del propio Sarnoff, quien deseaba encontrar algún medio para evitar el ruido típico de la amplitud modulada. En lugar de ofrecerle a la RCA un “filtro” para mejorar la señal Armstrong fue más allá y descubrió que en la frecuencia modulada – con una calidad de sonido notablemente superior- podría estar el futuro de la radio.

A Sarnoff no le gustó nada el descubrimiento de la frecuencia modulada porque amenazaba la posición dominante de la RCA en el mercado de la radio y amenazaba también la posibilidad de que la RCA obtuviese las concesiones más atractivas del espectro para incursionar en el negocio de la televisión.

Como cuenta Lawrence Lessig, profesor de Derecho de la Universidad de Stanford en su libro “Cultura libre”, a partir de su descubrimiento Armstrong enfrentó la embestida despiadada de la RCA en contra de sus patentes, con la complacencia de la agencia gubernamental reguladora, la FCC. Un revés definitivo, que de hecho retrasó por décadas los beneficios de la frecuencia modulada, fue cuando la FCC decidió que el espectro de la radio de frecuencia modulada se moviera de la banda de 42 a 49 MHz a la banda de 88 a 108 MHz. ¿La razón? Permitir que a la naciente televisión – RCA- utilizara el rango de los 40 MHz.

Tras años de costosos litigios, que lo llevaron a la ruina, Armstrong recibió una irrisoria oferta de arreglo extrajudicial por parte de la RCA; esto fue días antes de que vencieran las patentes obtenidas en 1933. Fue el golpe final que destrozó al inventor.

En México, hoy en 2007, esta historia debería ser aleccionadora. ¿No cree usted?

El aberrante permiso para calumniar

Despenalizar la calumnia no es ningún avance democrático y no abona un ápice a favor de la libertad de expresión.

Con gran tino Carlos Marín calificó ayer de “dictamen aberrante” el que aprobó el miércoles, ¡por unanimidad!, la Cámara de Senadores para despenalizar la calumnia, que ahora sólo sería una infracción dirimible en los juzgados civiles.

No faltará el ingenuo que calcule que esta decisión es fruto de la transición hacia la democracia. Error. Se trata de un terrible retroceso.

Tampoco faltará quien conjeture que, con esta despenalización de una conducta miserable y socialmente corrosiva, se benefician los periodistas que denuncian con valentía las tropelías y los yerros de poderosos “intocables”. Tal conjetura es insostenible. Nadie necesita mentir, lastimando la honra ajena, para revelar la verdad.

En realidad los destinatarios de esta insólita propuesta – minimizar socialmente la calumnia, al grado de dejarla impune- son otros. Pocos pero poderosos.

Haré una analogía extrema. En el sistema carcelario de la Unión Soviética – Gulag- había una estrategia de supervivencia muy socorrida por los presos comunes y en la que cayeron también algunos presos políticos: La colaboración con el carcelero – en último término, con Stalin- a cambio de aliviar en algo las frecuentemente mortales condiciones de vida y trabajo en los campos de reclusión. A esto se le llama en ruso: “Pridurki”.

Alejandro Solzhenitizin condena duramente la conducta de los “pridurki” y admite con pena que, en algún momento en sus años de reclusión, él fue cooptado por sus carceleros. En cambio, otro ex prisionero político, Lev Razgon, argumenta que ese colaboracionismo en ocasiones estuvo moralmente justificado, no sólo por razones de estricta supervivencia, sino porque permitió, a veces, aliviar algunos sufrimientos.

Allá cada cual y su conciencia.

En México hoy habrá tal vez medio centenar de destacados colegas periodistas – en especial, entre quienes escriben columnas diarias- que como parte de la lucha por la vida - ¿supervivencia?- suman a sus escritos cotidianos intervenciones en la radio y la televisión. No es ningún secreto que con frecuencia los dueños de esos medios electrónicos – o sus personeros- les instruyen acerca de qué personajes merecen ser perseguidos por la jauría mediática – lo que incluye, con harta frecuencia, la calumnia- por interferir con los intereses de esos dueños.
La decisión de los senadores constituye una herramienta valiosa para el trabajo de los “pridurki”. Así de sencillo. Así de miserable.