Jorge Alcocer y sus fallidos desvelos

El principal artífice de la reciente reforma electoral recurre a un burdo razonamiento circular para justificar una prohibición que claramente atenta contra la libertad de expresión, no de los medios, ni de los santones del periodismo, sino de los ciudadanos.

Esperaba un razonamiento mejor elaborado por parte de uno de los principales autores de la reciente reforma electoral para defender su criatura. En el asunto de la prohibición a los particulares para contratar tiempos en radio y televisión, con el fin de expresar sus opiniones sobre procesos electorales y candidatos, Jorge Alcocer nos ofrece hoy una justificación tan endeble y tramposa que alarma considerar la eventualidad de que tal personaje llegue a presidir el Instituto Federal Electoral. (Ver artículo de Alcocer "Velos y desvelos" en el periódico "Reforma" de hoy, martes 27 de noviembre).

El “argumento” – las comillas son intencionalmente sarcásticas- es más o menos así: “No estamos limitando la libertad de expresión de los ciudadanos comunes, sino la libertad de expresión de los dueños del dinero; la prohibición nada tiene que ver con los ciudadanos comunes porque los ciudadanos comunes ni tienen dinero, ni tienen interés en expresar sus opiniones”. Alcocer nunca define quiénes son “los dueños de dinero” pero, a ojos vistas, le parecen unos personajes nefandos que no merecen tener libertad de expresión. Después de explicarnos que llegó a sus conclusiones tras preguntar a su empleada doméstica y a su asistente si les interesaría, en caso de tener cientos de miles de pesos, contratar tiempos en televisión para expresar sus opiniones, y recibir de ellos una obvia y previsible respuesta negativa, establece la conclusión: Sólo a los dueños del dinero les interesaría contratar tales tiempos, y sólo ellos podrían hacerlo, por lo tanto esta no es una prohibición que afecte a quienes ni pueden, ni quieren.

Aunque Alcocer no los define, es fácil inferir quiénes son para él “los dueños del dinero”: Cualquiera que pueda, individualmente o en grupo, contratar algún tiempo o espacio en radio o en televisión (nótese que un “spot” de 20 segundos en una estación de radio local puede ser tan barato como $5,000 pesos) pertenece a dicho universo. Es a ellos contra quienes se dirige la prohibición. ¿Por qué? Porque por axioma, en el razonamiento circular de Alcocer, las opiniones de esos personajes son perniciosas. Su libertad de expresión no debe existir. Punto.

Tal prohibición es fascista, en el sentido amplio del término, aquí y en China.

Los “tiempos oficiales” sí los pago yo

¿Quién paga los honorarios del guionista del mensaje de propaganda del Senado?, ¡el contribuyente! ¿Quién paga los costos de producción del mensaje en los medios?, ¡el contribuyente! ¿Quién paga los salarios de la burocracia encargada de administrar los “tiempos oficiales”?, ¡el contribuyente! ¿Y quién padece los embustes reiterados de esta propaganda política?, ¡el contribuyente!

La reciente “reforma electoral” fue, en realidad, un reacomodo tramposo entre grupos minoritarios que se benefician sin empacho de los recursos públicos. Ni hacen más barata nuestra democracia – la que haya, si la hay-, ni promueven una mayor “calidad” en las contiendas.

La historia puede resumirse así: Había una vez dos grupos cerrados que se repartían alegremente cuantiosos recursos públicos etiquetados como “prerrogativas electorales”, el grupo A (partidos políticos y sus camarillas) se granjeaba la benevolencia y la complicidad del grupo B (oligopolio de los medios de comunicación electrónica) destinando cuantiosos recursos públicos a la contratación de “tiempos comerciales” en la radio y la televisión con pretexto de las contiendas electorales. Un día el grupo A se percató de que su socio, el grupo B, se llevaba la tajada del león en el reparto de esos recursos extraídos a los ciudadanos, entonces el grupo A cooptó a un puñado de “especialistas” (pertinaces aspirantes a convertirse en junta notable de “guardianes de la democracia” pagados por el erario) para que le confeccionase una “reforma electoral” que justificase un reacomodo en el reparto de rentas y consumó la toma hostil del negocio sancionándola con modificaciones legales y constitucionales. Negocio resuelto.

Los del grupo B manifiestan su irritación – se sienten traicionados por sus antiguos compadres- en contra de los “perversos políticos” (que en otros tiempos eran presentados casi como “los padres de la patria”), mientras que los del grupo A estrenan su nueva condición de dueños de la caja difundiendo embustes en los medios, como ése de que la propaganda política ahora no nos cuesta a los contribuyentes porque se hace en “tiempos oficiales”. Mentira monumental: además de todos los costos de producción y gastos administrativos, nosotros pagamos también los costos de oportunidad que encarecen tiempos y espacios en los medios.

Ni a quien irle en este arreglo mafioso. Como saldo, además, se restringió más la libertad de expresión de los ciudadanos comunes.

Todavía elijo mis amistades

No entiendo por qué algunos políticos piensan que nos conmoverá sentirnos sus amigos, protegidos o beneficiarios. Que ellos hagan su trabajo y yo haré el mío. La libertad también incluye – hasta donde sé- el derecho a tener una vida privada, propia, en la que uno elige a sus amistades.

Un buen amigo – ese sí- me advirtió, entre bromas y veras, que no me estaba granjeando la amistad de muchos poderosos en este país con algunos artículos que podían parecer poco comedidos o políticamente incorrectos. Tiene razón, pero mis amigos – pocos- los elijo yo. Además, soy tan ingenuo que llevo más de 20 años escribiendo para los lectores anónimos. No me quejo, la fórmula de tener a los anónimos lectores en mente resulta más satisfactoria que andar adivinándole los caprichosos latidos a don Fulano o a doña Zutana, porque son "súper importantes y súper poderosos".

No entiendo qué les lleva a pensar a ciertos políticos que los comunes mortales nos sentiríamos profundamente honrados si nos incluyeran en sus agendas. Por ejemplo, hace unos días por correo electrónico se me solicitó lo siguiente:

"Por medio de este conducto (sic) le estoy solicitando información personal para actualizar el directorio de medios del Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera, los datos son los siguientes.

"Teléfono y domicilio particular y de oficina, nextel o celular y fecha de cumpleaños".

Respondí algo así: "No deseo, en modo alguno, que mis datos personales estén en la agenda del Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera".

¿Para qué hacer amistades que no van a prosperar? Pregúntenle a los dueños de las televisoras lo qué se siente cuando tus poderosos amigos te dan la espalda…No es nada personal, dirán algunos, sólo cuestión de definir quién de los dos – el partido político o la televisora- se queda con el dinero de los contribuyentes. Yo digo que ninguno de los dos, porque no me acabo de creer el cuento de que los partidos políticos sean "entidades de interés público" (¿a poco?) y conjeturo que sería mejor que su financiamiento fuese privado y plenamente transparente. Y si se quieren anunciar, ¡pues que paguen con su dinero, no con el mío! Y que quede claro: no pueden impedirnos a nadie usar nuestro dinero – si acaso lo tenemos- para lo que queramos, por ejemplo: para criticarlos. Ésa sí es una cuestión de principios: Libertad, nada más y nada menos.

¡No con mi dinero!

Partidos políticos, grupos sociales y cualquier persona deben tener total libertad para contratar propaganda en los medios de comunicación, siempre y cuando cada cual lo haga con su dinero y con total transparencia, ¡no con el dinero de los contribuyentes!



1. Una reforma electoral en un país democrático y libre NO puede restringir la libertad de cada cual para difundir mensajes de contenido político, incluso mensajes poco comedidos o contundentes ("Fulano es un peligro para México" o "Zutano es un tonto con balcones a la calle"), siempre y cuando la contratación de dicha propaganda se haga en condiciones de libre mercado y auténtica competencia, con total transparencia, y NO se haga con dinero público, que proviene del bolsillo de los contribuyentes.

2. Una reforma electoral en un país democrático y libre NO puede coartar la libertad de expresión de nadie decretando discrecionalmente qué mensajes son correctos a juicio de algún pacato consejo de notables. Un país democrático y libre tiene leyes claras sobre la difamación y la calumnia – incluso se suele castigar ésta última penalmente - que están hechas, precisamente, para que todo mensaje que no sea calumnia, difamación o incitación al delito jamás sea censurado.

3. La discusión sobre la reforma electoral está totalmente fuera de foco y lastrada por intereses torpes. Ni los medios tienen derecho a ser beneficiarios graciosos de miles de millones de pesos de recursos públicos – por propaganda política o gubernamental pagada con recursos de los contribuyentes-, ni los partidos políticos, ni nadie, tiene derecho a regular la libertad de expresión de los demás.

4. Ninguno de los grupos interesados – enfrascados en una disputa majadera y mezquina- quiere ver la auténtica relación entre reforma fiscal y reforma electoral, que sí la hay y nada tiene que ver con chantajes: El recorte más urgente al gasto público federal, al de los estados y al de los municipios es cancelar de inmediato toda la propaganda política, gubernamental y para-gubernamental que se paga con recursos de los contribuyentes. Y preservar con todo vigor la libertad irrestricta de quién quiera para expresar y difundir lo que le venga en gana, con la única limitación de sancionar de veras la calumnia, la difamación y la promoción de delitos.

5. Lo demás son discusiones vergonzosas, indignas de un país democrático y libre. ¿México lo es?

La ruido-difusión y el hartazgo de la política

¿Cuál es el sentido de repetir miles de veces, en decenas de estaciones de radio y en “cápsulas” de 30 segundos, el mismo mensaje durante meses?, ¿los promotores de esos anuncios ya calcularon el efecto de hartazgo y rechazo que provocan? Tal vez no les importa porque no es su dinero el que se desperdicia…

“Hola, les tengo una buena noticia. A partir de ahora…usted dejará de escuchar este anuncio con el cual el Senado de la República le ha atosigado durante las últimas doce semanas a todas horas del día a través de la radio, para decirle que se aprobó el no cobro de comisiones de bancarias para quienes les depositan un sueldo de hasta $8,300 pesos al mes. En el Senado alguien, por fin, cayó en la cuenta de que en lugar de mejorar la deteriorada imagen de los legisladores, la machacona repetición ha logrado hartar a los radioescuchas y reforzar la percepción de que los senadores, como la mayoría de los políticos, desperdician los escasos recursos públicos. Ya era justo”.

No, nunca escucharemos un mensaje semejante por la radio. Tampoco escucharemos algún anuncio de que por fin, tras 70 años de existencia, desaparecerá la “Hora Nacional” porque alguien se dio cuenta no sólo del fuerte tufillo totalitario de esa ocurrencia – un mensaje único producido por el gobierno difundido en todas las estaciones de radio durante una hora- sino también de su absoluta inutilidad, aun en términos de propaganda.

En sus inicios la radio despertó de inmediato el afán controlador de burócratas y políticos tanto en Europa como en Estados Unidos y hubo quien aseguró (sir William Preece en 1899) que “lo peor que le puede ocurrir a este invento es ir a parar a las manos de una compañía (privada). Basta ver qué pasó con el teléfono para convencernos de ello”.

Hubo quien se opuso al afán controlador con un argumento que me parece contundente: “Nos hemos educado en la idea de que el aire es absolutamente libre para todos, ¿por qué habría de dejar de serlo?”, en el Congreso de Estados Unidos, alrededor de 1912.

En buena medida los controladores obsesivos – adoradores del Estado- siguen queriendo restringir el uso del aire y, si los dejásemos, obstaculizarían hasta el libre vuelo de papalotes o cometas. Gracias en buena parte a ellos la radio-difusión parece cada día más ruido-difusión.