Sin componendas con los pederastas

"Los pedófilos tienen que ser excluidos totalmente del servicio sagrado". Así, con todas sus letras, lo dijo en Estados Unidos el Papa Benedicto XVI. No caben las excepciones, ni los matices, ni mucho menos los arreglos bajo cuerda en consideración a "los servicios prestados a la Iglesia": La pederastia es abominable y debe estar fuera de la Iglesia. ¿Quedó claro o alguien necesita que se lo repitan?

Después de declararse profundamente avergonzado por los múltiples casos de pederastia cometidos en el pasado por sacerdotes católicos en Estados Unidos, el Papa Benedicto XVI se reunió sorpresivamente con víctimas de abusos sexuales perpetrados por clérigos que, en no pocas ocasiones, fueron encubiertos por la jerarquía eclesiástica.

A diferencia del Papa Juan Pablo II, quien en muchas otras cosas fue un gran pontífice pero que nunca expresó una condena tan enérgica ni manifestó explícitamente cuánto debe deplorar la Iglesia estos escándalos (el escándalo – entiéndanlo algunas almas beatas de una vez- lo provoca el pederasta, no las víctimas que lo denuncian), Benedicto XVI ha hecho ambas cosas y en donde más importaba que lo hiciera: en Estados Unidos, donde según algunas estadísticas casi un cuarto de la población es católica y donde la pederastia clerical católica causó tremendos daños.

En México, varios anticlericales trasnochados parecen regocijarse al denunciar la pasividad de la Iglesia y su jerarquía ante la aberración de la pederastia. Tal vez sería mucho pedir, ahora, que imitasen al Papa y tuviesen la honestidad elemental (y la humildad) de reconocer que Benedicto XVI no ha dejado espacio para las dudas o para las interpretaciones al respecto: La Iglesia Católica que él encabeza no transige ni transigirá con la pederastia en sotana o con los abusos sexuales de sacristía y agua bendita.

Todos, católicos o no, creyentes o agnósticos, deberíamos en esta materia hacer causa común: Los abusos sexuales contra menores – los cometa quien los cometa – jamás deben ser tolerados, encubiertos, solapados, mucho menos absueltos por jueces venales, como todavía sucede.

Los depredadores sexuales deben ser castigados sin titubeos y con toda severidad. Y las víctimas que los denuncian deberían recibir todo nuestro apoyo. Pidiendo perdón a nombre de la Iglesia, Benedicto XVI, me parece, les ha quitado un gran peso de encima a no pocos católicos avergonzados y confundidos. Ya era hora.

Impunidad y juicios irresponsables

El guión del caso que llegó a la Suprema Corte contra el gobernador de Puebla es mucho más complicado de lo que los juicios fulminantes de muchos comunicadores hacen creer.


La detención de Lydia Cacho violó sus derechos individuales y sus garantías a un juicio justo sobre el presunto delito de calumnia del que estaba acusada.

Existen claros indicios de confabulación entre el particular que acusaba a Cacho – Kamel Nacif- , el gobernador de Puebla y algunas autoridades de la procuración de justicia en ese estado para violentar los derechos de la periodista e incluso para poner en riesgo su integridad física, como un "escarmiento" a todas luces ilegal y condenable. Por fortuna, la confabulación fracasó.

La difusión de una conversación entre el gobernador y Nacif – grabada y difundida ilegalmente- exhibió la trama y la deplorable catadura moral de dichos sujetos.

Cualquier persona con integridad que fuese exhibida como lo fue el gobernador habría renunciado a su cargo y ofrecido públicas disculpas a la víctima y a toda la sociedad. No fue el caso del gobernador Mario Marín.

Ante la falta de independencia del poder legislativo local y de las autoridades judiciales locales, ante la omisión culposa del poder legislativo federal – que podría haber procedido, al menos, a considerar seriamente un juicio político contra el gobernador-, y dadas las gestiones de la misma agraviada, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia.

Aquí es donde el caso se complica aún más porque la Corte no era – de acuerdo con varios especialistas - la instancia jurídicamente habilitada para dar la sentencia que esperaba la sociedad. No se estaba discutiendo – como tontamente han dicho algunos comentaristas- el atroz crimen de la pederastia, sino la violación de las garantías de Cacho. Si el caso llegó a la Suprema Corte fue por la cadena de omisiones y cobardías de las otras instancias. Hay quien opina, con argumentos atendibles, que la Corte debía sentar el precedente de que es el recurso extremo al que un ciudadano puede acudir cuando la justicia le es denegada; y hay quien opina, también con argumentos atendibles, que no es ésa, en sentido estricto, su función. Ese es el debate.

Las afirmaciones amarillistas de quienes aseguran que la Corte legalizó la impunidad debilitan aún más el precario Estado de Derecho – "rule of law" - y confirman la gran irresponsabilidad de nuestra "comentocracia", también impune por cierto.