Alguien fabrica culpables, ¿quién?

La pesadilla continúa. Debe ser devastador que unos criminales secuestren y maten a tu hijo. Pero, ¿qué sucede cuando las autoridades, cada cual en su ámbito, te dicen que ya tienen a los culpables, pero cada autoridad detuvo a culpables distintos? Para volverte loco de horror.

Hoy en la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública federal anunció que detuvo a dos de los integrantes de la banda de "Los Petriciolet" que, dice la nota en El Universal, "secuestraron y asesinaron a los adolescentes Fernando Martí y Antonio Equihua."

Hace meses, un diligente Marcelo Ebrard citó a los directores de medios de comunicación en sus oficinas para anunciarles que habían capturado a los asesinos del joven Martí. Eran, dijo, de la banda de "La Flor", los encabezaba un sujeto apodado el "Apá" y contaron con la complicidad de una mujer policía apodada "La Lore". Toda esta historia, presumió Ebrard con su sencillez y humildad características, la descubrió en sólo unos días la procuraduría del Distrito Federal y bla, bla, bla... (Lo cuento como lo vi y lo oí, porque yo estuve ahí ya que en ese entonces era director del periódico "El Economista"); por supuesto Ebrard rechazó más que molesto cualquier insinuación de que el caso podría no estar resuelto o de que las supuestas pruebas no eran sólidas.

Hoy, el coordinador de inteligencia de la SSP federal, Luis Cárdenas Palomino, dice:

"Yo no sé con que esté relacionado El Apá, de acuerdo a las declaraciones que nosotros tenemos no está vinculado él, hasta este momento, con las 14 averiguaciones que nosotros tenemos". Y sobre La Lore, "según las declaraciones que nos hace el detenido, es que Lorena no es la mujer que participa en el retén, porque la mujer que él refiere es una mujer güera", sostuvo.

También se informó que un ex policía judicial del Distrito Federal está involucrado, "pero no descartamos que pudiera haber más policías, tanto locales como federales", refirió.

Sobre la operación de la banda, la SSP reveló que el líder de la banda es Abel Silva Petriociolet, quien no está detenido y pidió la ayuda de la ciudadanía para encontrarlo.

Este sujeto "es uno de los secuestradores más sanguinarios" en la historia en México. Petriociolet "heredó" la estructura criminal de su padre, Abel Silva Díaz. Además, dicha célula criminal tiene una distribución de trabajo en tres grupos que se dedicaban a identificación de la víctima, vigilancia de la misma y otro más, de cobro de rescate.

Por último, Cárdenas Palomino dijo desconocer las investigaciones de la Procuraduría del DF sobre el caso, pero dijo que esta célula criminal "no tiene absolutamente nada qué ver con La banda de la Flor", que investiga el Gobierno capitalino.

Para pedir refugio en Canadá, o en donde sea...aunque me cobren la visa.

En Honduras, todos violaron la Constitución

Quienes orquestaron la defenestración de Manuel ("Mel") Zelaya de la Presidencia de Honduras insisten que el personaje violó la Constitución al promover una consulta popular que implicaba promover la reelección presidencial. Añaden que esa violación constitucional implica el cese inmediato en el desempeño de su cargo de aquél que la cometa, así sea el mismísimo Presidente de la República.

Tienen razón. Zelaya habría violado el artículo 239 de la Constitución hondureña que no sólo prohibe expresamente la reelección presidencial, sino que condena también al "que proponga la reforma de esta disposición" a "cesar de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedar inhabilitado por diez años para el ejercicio de toda función pública".

Pero quienes orquestaron la defenestración - que son el Poder Judicial y el Poder Legislativo, con la colaboración del ejército- cometieron también múltiples violaciones a la Constitución en el procedimiento - a todas luces irregular e ilegal- de arresto y deportación de Zelaya.

Violaron prácticamente todas las garantías que otorga la Constitución a cualquier hondureño sujeto a un proceso judicial. Por ejemplo: El acusado no tuvo derecho de audiencia, ni de defensa, fue arrestado no por la policía de acuerdo con un mandato judicial sino por el ejército, fue allanado su domicilio, fue detenido antes de las seis de la mañana - hecho que, curiosamente, prohibe expresamente la Constitución hondureña-, fue privado de su derecho al libre tránsito y a permanecer en territorio hondureño (la Constitución prohibe explícitamente el destierro como pena judicial; ejemplo: ARTICULO 102.- Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero.). En resumen, los perpetradores de la defenestración o golpe de Estado habrían violado casi todos los artículos que se refieren a los derechos individuales, que van del 65 al 110 de la Constitución.

Uno de esos artículos prohibe aplicar procedimientos judiciales no previstos en la propia Constitución, es decir prohibe "inventarse" procedimientos para hacer justicia en casos excepcionales que no estén previstos en la ley. Por desgracia, la Constitución no señala cuál es el procedimiento para destituir y hacer cesar del cargo a un Presidente que viola la misma Constitución, es decir: los constituyentes no previeron procedimientos de juicio político o "impeachment". Pero esa laguna - mayúscula- no autoriza a nadie, así sea el Congreso o la Corte Suprema de Justicia, a ponerse creativo e inventar sobre las rodillas métodos o procedimientos para "hacer justicia".

Zeyala habrá de ser restituido en su puesto y de inmediato tendrá que enderezársele un juicio público y con plenas garantías para hacer efectivo el cese en el desempeño de su cargo por haber violado la Constitución. El problema es que quienes deberían hacer tal juicio también han violado la Constitución en forma por demás grave y también deberían cesar de inmediato en el desempeño de sus cargos. ¿Quién va a cerrar la puerta de la cárcel?

Honduras, pues, ha dado un ejemplo mundial de a dónde conduce la burla cotidiana del estado de derecho. Al desastre.

Nota: Defenestrar es arrojar a alguien por una ventana y, también, destituir o expulsar a alguien de su puesto.

México: La hora de las reformas

Las economías emergentes que reúnan dos requisitos – buenos fundamentos macroeconómicos y un marco institucional favorable para la inversión, el libre comercio y la libre competencia- tienen en esta crisis global una oportunidad única.

¿Por qué?

Porque inevitablemente las masivas inyecciones de liquidez con las que Estados Unidos y otras economías desarrolladas están apuntalando su estrategia contra-cíclica para paliar la recesión generarán recursos excedentes que, del mismo modo que el agua busca su cauce, acabarán buscando los destinos de inversión más rentables.
Esos destinos de inversión ya no estarán tanto en los mercados financieros, sino en la inversión directa en proyectos productivos con altas tasas de retorno.
A mayores necesidades por satisfacer hay mayores tasas de retorno. Ejemplo: Construir vivienda en México es, dado el déficit de vivienda, una inversión mucho más atractiva que construir vivienda en Estados Unidos; siempre y cuando, atención, el esquema del negocio no esté basado en supuestos ilusorios (como: "los precios de la vivienda siempre irán a la alza", o como: "es viable otorgar un préstamo hipotecario a quien no tiene ingresos acordes con los pagos planeados para honrar ese préstamo"), como sucedió en Estados Unidos o en España, sino en hechos duros y maduros, como ha sucedido con el crecimiento de la vivienda en México en los últimos años.
Dicho lo anterior, veamos si México cumple con los dos requisitos para hacer de esta crisis una oportunidad única: 1. Tiene finanzas públicas sanas y una política monetaria razonablemente ortodoxa; tiene lo esencial en términos de macroeconomía (está mejor pertrechado que Estados Unidos), pero: 2. No tiene un entorno institucional propicio para llamar inversiones externas cuantiosas en actividades productivas: no tiene un entorno de libre competencia en áreas estratégicas; carece de una práctica cotidiana y sólida de respeto al estado de derecho, a los derechos de propiedad y de garantías al cumplimiento de los contratos; no tiene una legislación laboral flexible que facilite la generación de nuevos empleos y la movilidad en función de las oportunidades productivas; no tiene un sistema educativo orientado a la productividad.

Los legisladores de hoy y de mañana (los que surgirán de las elecciones de este verano) tienen un enorme desafío: hacer las reformas necesarias para subsanar estas graves carencias.

Es ahora o nunca. ¿Lo entienden? Me temo que no.

Einstein y el ministerio público

Mientras esperaba en la agencia del ministerio público para denunciar un delito no muy relevante – el robo sin violencia de una computadora- el planeta tierra se desplazó alrededor de su eje más de diez mil kilómetros y giró alrededor del sol unos 864,000 kilómetros. En términos usuales para medir el tiempo: el trámite dilató poco más de ocho horas.

No todo es fumar ni criticar al prójimo, tengo algún hábito saludable, creo, como el de llevar a todas partes un libro. Eso me salvó durante la tarde y buena parte de la noche del viernes pasado de caer en la desesperación o de abandonar mi deber ciudadano.

Llegué a la agencia del ministerio publico, para denunciar el robo de una computadora portátil de una oficina, poco antes de las cinco de la tarde del viernes y salí – casi pletórico de felicidad al ver concluido un trámite que llegó a parecerme más difícil que conquistar la cumbre del Everest sin oxígeno suplementario – poco antes de las dos de la mañana del sábado.



Albert Einstein – o más bien un librito sobre Einstein escrito por Lincoln Barnett en 1948 – ahuyentó de mi atribulada imaginación las suposiciones atroces de que acabaría encarcelado por presunta falsedad de declaraciones o por algún motivo digno de figurar en "El proceso" de Franz Kafka (sí, soy algo paranoico).

No me quejo. Entre otras cosas, releí el librito de Barnett – buenísimo para quienes no somos doctos en física - de 104 paginas de apretada tipografía ("El universo y el doctor Einstein", breviarios del Fondo de Cultura Económica), y entendí un poquito más de las teorías especial y general de la relatividad. No está mal a cambio de ocho horas.

Durante ese tiempo pude haber cruzado el océano Atlántico cómodamente sentado en un avión y aterrizar en Madrid. Durante ese tiempo la tierra siguió girando sobre su eje imaginario a una velocidad de 1,600 kilómetros por hora y se desplazó alrededor del sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo, mientras todo el sistema solar se movía dentro de la Vía Láctea a unos 300 kilómetros por segundo y la propia Vía Láctea se alejó de las remotas galaxias externas a una velocidad de 160 kilómetros por segundo. Ni siquiera me causó vértigo tanto meneo.

¿Ocho horas? Bueno, todo es relativo al observador y a su convencional sistema de medición.

IFE: Un desastre redundante

Decía el político catalán Francesc Cambó que hay dos maneras infalibles para llegar al desastre: Una, pedir lo imposible; la otra, postergar lo inevitable. En el caso de la reforma electoral las dos vías seguras al desastre se han emprendido con pasmoso esmero. ¿Alguien debería sorprenderse del desastre?

Un ejemplo clásico de diseño institucional exitoso para un acuerdo entre partes que se disputan un bien es el del pastel – finito, obviamente- que tienen que distribuirse equitativamente entre sí dos o más niños. El acuerdo exitoso consiste en que el niño que parte el pastel será el último en elegir. De esa forma, quien corta el pastel tiene el más poderoso incentivo para que las partes a repartir sean idénticas. Él pagará cualquier error en el corte, quedándose al final con la parte más pequeña. Su incentivo, entonces, está perfectamente alineado con el objetivo del acuerdo: que no haya un solo pedazo de pastel de diferente tamaño.

Hay principios de realidad detrás de este acuerdo exitoso como son, entre otros: 1. El bien a repartir es finito, 2. Es impensable que una de las partes se lleve todo, 3. Las "partes" jamás pueden ser el "todo".

¿Qué sucede cuando una de las partes no se atiene a esos principios de realidad? Que el acuerdo es imposible.

En el caso de la reciente reforma electoral el diseño de acuerdos ha estado viciado desde su origen porque la principal motivación para rediseñar reglas y mecanismos – incluida, desde luego, la nueva conformación del IFE- ha sido complacer al niño que jamás acepta acuerdos o los acepta a regañadientes para después desconocerlos. Ha sido aceptar como participante a quien, de manera reiterada, juega en dos pistas incompatibles: la institucional y la que llama a destruir las instituciones. Si el resultado le resulta insatisfactorio – y siempre le parecerá insuficiente porque quiere "todo" siendo, por definición, "parte"- recurrirá a descalificar el acuerdo. Su estrategia es pedir lo imposible.

Si las otras dos partes – PRI y PAN, por ejemplo- acceden a ofrecer lo imposible, está dada la primera vía segura para el desastre. Si a esto sumamos que, además, se posterga lo inevitable – reconocer de una vez por todas que el proceso electoral de 2006 ya concluyó con un ganador indiscutible, legal y legítimo-, el desastre es redundante.

¿No es estúpido seguir intentándolo?

Impunidad y juicios irresponsables

El guión del caso que llegó a la Suprema Corte contra el gobernador de Puebla es mucho más complicado de lo que los juicios fulminantes de muchos comunicadores hacen creer.


La detención de Lydia Cacho violó sus derechos individuales y sus garantías a un juicio justo sobre el presunto delito de calumnia del que estaba acusada.

Existen claros indicios de confabulación entre el particular que acusaba a Cacho – Kamel Nacif- , el gobernador de Puebla y algunas autoridades de la procuración de justicia en ese estado para violentar los derechos de la periodista e incluso para poner en riesgo su integridad física, como un "escarmiento" a todas luces ilegal y condenable. Por fortuna, la confabulación fracasó.

La difusión de una conversación entre el gobernador y Nacif – grabada y difundida ilegalmente- exhibió la trama y la deplorable catadura moral de dichos sujetos.

Cualquier persona con integridad que fuese exhibida como lo fue el gobernador habría renunciado a su cargo y ofrecido públicas disculpas a la víctima y a toda la sociedad. No fue el caso del gobernador Mario Marín.

Ante la falta de independencia del poder legislativo local y de las autoridades judiciales locales, ante la omisión culposa del poder legislativo federal – que podría haber procedido, al menos, a considerar seriamente un juicio político contra el gobernador-, y dadas las gestiones de la misma agraviada, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia.

Aquí es donde el caso se complica aún más porque la Corte no era – de acuerdo con varios especialistas - la instancia jurídicamente habilitada para dar la sentencia que esperaba la sociedad. No se estaba discutiendo – como tontamente han dicho algunos comentaristas- el atroz crimen de la pederastia, sino la violación de las garantías de Cacho. Si el caso llegó a la Suprema Corte fue por la cadena de omisiones y cobardías de las otras instancias. Hay quien opina, con argumentos atendibles, que la Corte debía sentar el precedente de que es el recurso extremo al que un ciudadano puede acudir cuando la justicia le es denegada; y hay quien opina, también con argumentos atendibles, que no es ésa, en sentido estricto, su función. Ese es el debate.

Las afirmaciones amarillistas de quienes aseguran que la Corte legalizó la impunidad debilitan aún más el precario Estado de Derecho – "rule of law" - y confirman la gran irresponsabilidad de nuestra "comentocracia", también impune por cierto.

La receta africana

Para variar ya no nos fijemos en lo que hicieron las economías desarrolladas para serlo, invirtamos la fórmula: Veamos qué ha hecho África para retroceder y…hagamos todo lo contrario.

Una patera es una embarcación pequeña de fondo plano, sin quilla. Cada año miles de africanos intentan llegar a España o a Italia hacinados en esas precarias embarcaciones. ¿Por qué? Porque huyen de la miseria; se arrojan al mar en las pateras para alejarse, aunque sea un pequeño escalón, del infierno.

El economista español Juan Velarde Fuentes resumió ayer en unas cuantas líneas en el periódico ABC las causas de la miseria de un continente que, teniendo una riqueza envidiable en materias primas y recursos naturales, retrocede en lugar de avanzar. La emancipación, la independencia de regímenes coloniales, de forma absurda se han traducido en mayores penalidades, ¿por qué?

Aprovecho algunas ideas de Velarde para dar mi propia versión de la receta africana, infalible para lograr la miseria creciente y perpetua:

1. Por regla general los países africanos padecen gobiernos profunda y extensamente intervencionistas; súmese a ello que sus burocracias no sólo son proverbialmente incompetentes y autoritarias, sino corruptas.

2. Campea en la mayor parte de África una inseguridad jurídica espantosa; los poderes judiciales distan de ser independientes y se puede esperar cualquier cosa de ellos menos la aplicación lisa y llana de la ley.

3. Dos principios más o menos generalizados en el llamado mundo occidental están ausentes en la mayor parte de África, más aún, son profundamente repudiados: A. El respeto a los derechos de propiedad y B. Los rudimentos de una democracia liberal.

4. La cereza en el pastel es la ayuda paternalista – y no pocas veces hipócrita- que recibe África de los países desarrollados y de organismos como las Naciones Unidas: Ha servido para enriquecer a gobiernos corruptos y despóticos, casi nunca promueve las iniciativas individuales, no gubernamentales, de los africanos (porque desconfía de ellas) y, además, le da el pretexto perfecto a los políticos locales – ávidos de poder y riqueza personal- para culpar de todos los males de África a los malvados de occidente; en este sentido, la mala conciencia de los filántropos paternalistas fabrica el perfecto chivo expiatorio.

Cualquier semejanza con América Latina NO es casualidad.

¿Le gustaría que el gobierno cumpliera con su deber?

Uno de los signos más claros de que un gobierno está fallando miserablemente es que recurra a las encuestas para ver si, acaso, a los ciudadanos les complacería que el propio gobierno cumpliera con la ley y garantizase los derechos imprescriptibles de los ciudadanos. Patético.

Como una persona que desarrolla parte de sus actividades productivas en el llamado "centro histórico" de la ciudad de México respondí ayer una encuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno local, en la que se hacen diversas preguntas acerca de la conveniencia o no de retirar a los vendedores ambulantes que se han adueñado de calles, banquetas y otros espacios públicos de esa zona de la ciudad.

De entrada, y así lo comenté en mi respuesta por escrito a la encuesta, me parece lamentable que un gobierno – el que sea- tenga que recurrir a sondeos de opinión (quién sabe cuán rigurosos o cuán manipulados) para saber si debe o no cumplir con sus obligaciones elementales.

Por si esto fuese poco, hay preguntas específicas en el cuestionario – que se responde por correo electrónico a una dirección no-oficial del gobierno capitalino que es: pmchdf@yahoo.com.mx – que resultaría inconcebible que una autoridad legítima y democrática formulase en una sociedad civilizada, como la siguiente: "¿Cuál sería la sanción que usted aplicaría a las personas que comercien en la vía pública dentro del Centro Histórico?". No, no se trata de lo que a mí o a Juan o a Mónica les gustaría, sino de lo que dice la Ley, con mayúscula, empezando por la Constitución: Nadie puede obstruir el libre tránsito de los demás, nadie puede apropiarse de espacios públicos. Ojo, el delito en sí NO es comerciar, sino obstruir derechos de los demás y apropiarse de lo que NO les pertenece. Libertad y derechos de propiedad, ¿hasta cuándo entenderán los gobiernos que de eso se trata? No me pregunten si me gustaría que se aplicase la ley así o asado, ¡aplíquenla!

Nada justifica esa constante violación de los derechos al libre tránsito de todos los ciudadanos. Nada justifica la expropiación facciosa de espacios públicos. Nada justifica – ni un millón de encuestitas – que un gobierno, cualquier gobierno, titubeé para cumplir la Ley que está para limitar y normar al gobierno, no para que los ciudadanos nos volvamos siervos.

¿Por qué emigran los mejores?

Tal vez porque ellos sí tienen las agallas – que a muchos les faltan- para no aceptar cosas intolerables, por ejemplo que la Compañía de Luz y Fuerza en México no sea capaz de darle el servicio de energía eléctrica a una nueva empresa, porque todos los recursos se van en consentir a un sindicato cuyo mejor argumento es: “Si me tocas con el pétalo de una reformita, te incendio el país”.

Es tautológico decir que un inmigrante mexicano ilegal en Estados Unidos violó la ley de ese país. Lo que se suele pasar por alto es que en la inmensa mayoría de los casos ese mexicano NO tiene ninguna vocación delictiva irrefrenable: Para violar la ley no necesita emigrar, en México tenemos todos los días cientos de oportunidades de violar las leyes y permanecer impunes o hasta recibir aplausos y elogios por hacerlo. No emigró, pues, para violar la ley, sino para ganar con un trabajo productivo lo que no puede ganar en este país…a menos que le entre al juego del abuso tolerado con pretextos políticamente correctos.

Sin rubor todos los días alguien dice que el Seguro Social o que la Compañía de Luz están al borde de la quiebra y que por eso necesitan más recursos públicos. Se ve bien, políticamente, exigir más dinero público para esas entidades gubernamentales. No importa que, como en el caso de la Compañía de Luz, la empresa sea incapaz de satisfacer la demanda de nuevos usuarios en la Ciudad de México, porque los recursos que recibe se van en su mayoría a satisfacer los privilegios de una casta sindical a la que los gobiernos – del signo que sean- le tienen pavor.

No se puede tocar el contrato colectivo de PEMEX, y todos parecen ver como “normal” que haya miles de trabajadores en esa empresa que “no tienen materia de trabajo”; el problema no es de ellos, ni de PEMEX, sino de los demás: Les tenemos que encontrar qué hacer (y para eso hay que darle más dinero a PEMEX), porque ni pensar en que dejan de cobrar. Eso sería provocar el motín auspiciado por una legión de políticos voraces.

Son mejores los que emigran porque, de alguna manera, perciben que no quieren ser parásitos, ni mantener a parásitos “intocables”.

El terrorismo y sus precursores

Hace diez años el brutal asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido perpetrado por la banda criminal ETA despertó un espíritu cívico de firmeza contra el terrorismo y sus precursores que, a la postre, puso a los etarras al borde la extinción. Después llegó el contemporizador Zapatero con su vacua política de diálogo y los terroristas se fortalecieron.

Ninguna sociedad democrática puede darse el lujo de contemporizar con los terroristas. Por eso, ninguna sociedad democrática debería darse el lujo de ser complaciente con los precursores del terrorismo.

Son precursores del terrorismo, como lo ha demostrado claramente la historia de los últimos diez años en España, todos aquellos que aprovechando las libertades de la democracia se dedican sistemáticamente a minar el estado de derecho que hace posible la misma democracia, sea que lo hagan en la actividad política, sea que lo hagan en los medios de comunicación.

Son precursores de la violencia y de la destrucción terrorista todos aquellos que gozan poniendo en entredicho la institucionalidad de la democracia, sea vituperando a las autoridades legítimas, sea exaltando la violencia, sea justificando conductas delictivas escudados en inflamada retórica ideológica. Son precursores del terrorismo aquellos que, perturbados por la ambición de poder, mandan al diablo a las leyes y a las instituciones que garantizan la convivencia civilizada y las libertades de todos.

Son precursores del terrorismo y de la extinción de la sociedad abierta todos aquellos que propagan deliberadamente falsedades escudados en la libertad de expresión. Son precursores de la violencia y del fin de la democracia quienes desde los medios de comunicación sacrifican las exigencias de veracidad y precisión a cambio de protagonismo y notoriedad.

El brutal asesinato de Blanco, en julio de 1997, en Ermua, comunidad del país vasco en la que ese joven de 29 años era concejal por el Partido Popular, despertó en España un espíritu cívico y de defensa firme e intransigente contra los enemigos de las libertades y de la democracia. Se le conoce como el espíritu de Ermua y fue el origen de un eficaz pacto antiterrorista que logró poner en jaque a ETA…hasta que llegó Zapatero, el bobalicón contemporizador, y ETA volvió por sus fueros.

Lo dijo bien Karl Popper: "Debemos reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes".

Las leyes de pacotilla en el Distrito Federal

Las leyes liberales limitan los poderes del gobierno, las leyes propias de las dictaduras y de las camarillas sectarias le dan poderes omnímodos al gobernante. Son leyes de pacotilla para complacer a reyezuelos.


Habrá quien diga que las leyes y el gobierno del Distrito Federal son "liberales" en materia de manifestaciones públicas. Falso: el gobierno y las leyes locales en las que dice ampararse son profundamente autoritarios. La pésima manufactura de las leyes – específicamente de la Ley de Cultura Cívica- otorga una total discrecionalidad a las autoridades. A mayor poder discrecional menor libertad para los ciudadanos.

Véase la fracción II del artículo 25 que, aparentemente, prohíbe la obstrucción de la vía pública: Dice que es una "infracción contra la seguridad ciudadana…impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas", pero inmediatamente después aclara: "siempre que no exista permiso, ni causa justificada para ello". La ley no define quién expide los "permisos" para obstruir la vía pública ni con qué criterios, pero eso no es lo peor sino lo que sigue: "Para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada siempre que la obstrucción (…) sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un fin sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de asociación o de reunión pacífica".

¿Quién define que la obstrucción es "inevitable y necesaria"?, ¿quién decide que la obstrucción no es en sí misma el fin que persiguen los manifestantes sino un "medio razonable"?, ¿qué es "razonable" y quién determina lo que es y lo que no es "razonable"? El Jefe de Gobierno y nadie más.

Queda claro que los redactores de la ley gastaron muchas palabras para decir algo que cabe en una frase: "Lo que diga el Jefe de Gobierno que se puede hacer se permitirá y lo que diga el Jefe de Gobierno que no se puede hacer no se permitirá".

Esa ley de pacotilla se trata del típico decreto dictatorial que le otorga poderes omnímodos – ¡hasta el de conocer las inescrutables intenciones de las personas!- al jefe máximo. Los asambleístas la llenaron de palabrería, tal vez para justificar sus sueldos. En mayo de 2004 se la entregaron en charola de plata al jefe supremo de entonces, un tal Andrés López Obrador.

Nuestro “derecho” a no irritarnos

Hemos avanzado una barbaridad en esto de la tolerancia. Algún venerable predicador de la progresía mexicana ya descubrió que lo importante no es aplicar la ley contra quien expropia espacios y bienes públicos – y conculca los derechos de los demás-, sino evitar que la irritación de los afectados se vuelva contra los pobrecitos “manifestantes”.

Para que nos vayamos enterando de cómo funcionan las cosas en el reino de Progresía. El señor Miguel Ángel Granados Chapa ilumina a la opinión pública acerca de la necesidad de conciliar el derecho a manifestarse con el derecho al libre tránsito. Cito sus palabras, que son una joya:

“…lo que va mostrando la necesidad de conciliarlos (dichos derechos) para evitar que la irritación de los afectados se vuelva contra los manifestantes”.

Más claro, imposible. No se trata de respetar los derechos de quienes nos vemos afectados por inopinadas “manifestaciones” que cierran calles y avenidas – con el diligente auxilio de las autoridades en el caso de la Ciudad de México-, sino de evitar que nosotros, los simples ciudadanos que deseamos ir de un sitio a otro, perturbemos con nuestra irritación a los impolutos e inmarcesibles manifestantes. A los ojos de Granados Chapa, transeúntes, automovilistas ansiosos por llegar a su destino, trabajadores en tránsito hacia sus labores, paseantes ociosos, debemos ser energúmenos a quienes la autoridad debe calmar para que no descarguemos nuestra censurable ira en contra de los intocables “manifestantes”.

El derecho a manifestarse es, bien visto, sólo un derivado del derecho a la libre expresión. ¿Por qué para manifestar su desacuerdo con tal o cual cosa una persona necesita obstruir el tránsito, pintarrajear casas y comercios, agredir a los transeúntes que manifiestan su opinión en contrario, dañar el patrimonio común de la ciudad – de suyo en decadencia- y perturbar la precaria convivencia armónica de la comunidad? No lo sé. Tal vez es por incapacidad expresiva, tal vez desconocen el poder de las palabras – bien dichas, bien pensadas, bien articuladas en oraciones-, tal vez la fatiga de razonar sus desacuerdos rebasa sus capacidades fisiológicas.

Por todo eso, imagino, debe dársele prioridad al derecho de expresarse como si aún estuviésemos en estado primigenio, en medio de la selva, con aullidos y golpes. Atropellando. Sí, debe ser eso. La capacidad de la Progresía para expresarse eficazmente con palabras se ha perdido. Basta leer a don Miguel Ángel para verificarlo.

¿Es el gobierno “nuestro amigo”?

Ojalá no lo sea. La misión del gobierno no es amarnos. Ello, además de imposible porque el gobierno es una institución y es abstracto, nos dejaría a la merced de la benevolencia, dudosa, y de la sabiduría, aún más incierta, de quien ocupa el gobierno.

El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ordenó el viernes rescatar militarmente a Ingrid Betancourt y a medio centenar de personas más secuestradas por la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que algunos, eludiendo cualquier eufemismo, motejan como Fuerzas Armadas Recolectoras de Coca), pese a que la familia de Betancourt, ex candidata presidencial secuestrada en febrero de 2002, le ha suplicado desistir para no poner en riesgo la vida de la secuestrada.

¿Está haciendo lo correcto en este caso el gobierno de Uribe?

Sí. La abismal diferencia entre una dictadura y una democracia consiste en que nunca los gobiernos democráticos pueden ser “amigos” o “enemigos” de los ciudadanos. El gobierno en una democracia NO es una persona – benevolente o malévola, torpe o sabia- sino una institución por definición abstracta e impersonal.
Una institución, siguiendo a Douglass North, es el conjunto de reglas formales y sus mecanismos de refuerzo que condicionan el comportamiento de los individuos y de las organizaciones en una sociedad. El gobierno democrático es una institución subordinada al mandato que obtuvo de los individuos – mediante un contrato implícito o explícito- para cumplir unos cuantos pero cruciales fines específicos, el primero de los cuales es preservar la seguridad física de los habitantes en un territorio nacional de acuerdo con una constitución y con las leyes que de tal constitución derivan.

Subordinándose a la ley el gobierno se subordina a los ciudadanos.

El gobierno de Uribe no tiene más que dos opciones honestas: O cumple la ley y la hace cumplir o renuncia a ser gobierno.

En la medida que los gobiernos abdican del estricto e impersonal cumplimiento de la ley, así sea para tratar de convertirse en “amigos benevolentes y sabios” de los ciudadanos, en esa misma medida los ciudadanos pierden su libertad y sus derechos fundamentales y quedan a merced de la incierta y voluble voluntad de quien ocupe el gobierno.

Mañana comentaré otro ángulo de la perniciosa ocurrencia de los “gobiernos amigos”: Cómo los negociantes mercantilistas minan las bases del Estado buscando “amistarse” con los sucesivos gobiernos.