Lo bueno y lo malo de un desplegado insólito

Es insólito que el Grupo Televisa, mediante un desplegado en los periódicos nacionales, responda a las acusaciones de sus detractores. Por eso el desplegado publicado hoy en varios diarios nacionales es noticia: rompe una estrategia de comunicación institucional de décadas que consistía en desdeñar las críticas (una forma del mexicanísimo "ninguneo" apalancada en el inmenso poder de penetración que tuvo la televisión abierta en México, tanto en los años del monopolio como en los años más recientes del acuerdo de reparto del mercado entre dos, que pactaron con Azteca a partir de 1998 aproximadamente).

Más insólito es que el desplegado se dedique específicamente a dos detractores consuetudinarios de la televisora: Carmen Aristegui y Jenaro Villamil. (Empleo intencionalmente el adjetivo "detractor", que implica reconocer que los actos del sujeto persiguen una finalidad de ataque destructivo, en lugar de usar el adjetivo "crítico"). Debe admitirse que Televisa ha elegido bien el blanco de su enojo: Ni Carmen, ni Villamil son ejemplos de rigor periodístico, de investigación objetiva o de ejercicio imparcial del periodismo. Aun así, esta insólita jugada de Televisa no deja de tener sus riesgos para la televisora, ya que es previsible que la cofradía "progre" de este país inmediatamente cerrará filas con las pobres "víctimas" de la "malvada" televisora. Además, tiene otro gran costo evidente: Le hacen propaganda gratuita al dichoso libro de Villamil, que de otra manera habría pasado desapercibido para millones de mexicanos.

Lo bueno del desplegado: 1. Televisa se bajó de su pedestal (señal, tal vez, de que ha perdido, gracias entre otras bendiciones a la Internet y a la televisión de paga, el poder que tuvo en el pasado para "imponer su agenda") y hoy tiene que defenderse de las calumnias casi como cualquier mortal.

2. Siempre es bueno que se desenmascaren mentiras y el desplegado de Televisa desenmascara algunas de las propaladas por la secta retro-progresista a la que pertenecen Aristegui y Villamil; otras de las supuestas mentiras, por ejemplo lo que se refiere al apoyo que Televisa ofrece a la carrera política de Enrique Peña Nieto, no son mentiras sino probables verdades que la defectuosa investigación de Villamil y los juicios gratuitos de Aristegui no han podido comprobar.

3. El desplegado es el acta de defunción de la ambigua relación amor-odio que han sostenido en los últimos años Televisa y Andrés López Obrador. Sin lanzarse directamente contra López (a quien ya hasta sus antiguos amigos y aliados están viendo como lo que siempre ha sido: un obseso del poder con graves perturbaciones mentales) han dejado por los suelos a dos de los más fieles y obcecados escuderos del tabasqueño.

Lo malo del desplegado: 1. Televisa no es precisamente un dechado de credibilidad. Para tirar piedras hay que tener la casa de cristal, 2. El mensaje central de todo el asunto podría quedar sólo en un aviso de cambio de patrocinadores, algo que retrata magistralmente la caricatura de Paco Calderón difundida hoy: Habiendo Gaviota, ¿para qué queremos a un presidente patito? Reflexión que Paco en letra muy pequeña, junto a su firma, expresa con la típica anfibología del albur mexicano: "Al haber gaviotas..."

Calumniar: herencia maldita del 2006

Uno de los saldos más abominables que dejó la fracasada y tramposa campaña electoral de Andrés López en el 2006 fue la consagración del hábito, en el ambiente político, de calumniar con singular denuedo y quedarse tan campantes.

En su muy divertida novela sin ficción "La gota de agua" (1983) Vicente Leñero narra sus peripecias como pasante de ingeniería encargado de la remodelación de unos baños en la Ciudad Universitaria. Enamorado y distraído, el joven Leñero confundió el número de identificación de unos urinarios al seleccionar los muebles en un catálogo y eligió muebles 15 centímetros más altos de lo aconsejable. Una vez instalados los mingitorios, Leñero recibió el reporte del ayudante del plomero respecto de los flamantes urinarios:

"-Funcionan muy bien, ingeniero. Su alimentación perfecta, su descarga normal: todo funciona. Pero hay un problema.
"El ayudante de Saúl Mercado tenía la maldita manía de impacientarme. A veces se comportaba como un lerdo, era lento en sus reflejos; medio tarolas, la verdad.
"Dejó de rascarse la cabeza. Dijo:
-No alcanzo.
-Qué cosa.
-Estuvieron mal nuestras medidas, ingeniero; no alcanzo.
-No alcanzas a qué.
-A miar, ingeniero."

El miércoles, el diputado Cuauhtémoc Velasco – quien había declarado alegremente que la Secretaría de Hacienda planeaba sobornar a un número indeterminado de legisladores nada menos que con $2.5 millones de dólares por cabeza, para propiciar las reformas a Pemex- hizo un último intento para darle una pizca de verosimilitud a su calumnia y contó el típico cuento de que un cuate le dijo que otro cuate le había dicho que había oído que…, y concluyó: ""supuse que mi credibilidad daba para que yo hiciera este señalamiento".

Pues no, su credibilidad (¿cuál?) no dio, no le alcanzó, así como la estatura del ayudante de plomero no le dio para descargar su vejiga en unos urinarios que un incompetente pasante de ingeniero, Leñero, había elegido mal.

Señor discípulo de López: no es que su credibilidad – por lo demás inexistente- no alcance, lo que ya se agotó fue la credulidad. Dos o más años de mentiras impunes ya hicieron escépticos hasta a los más crédulos e ignorantes. Ojalá el episodio protagonizado por este mendaz legislador signifique el ocaso de ese abominable recurso a la calumnia cuando la inteligencia no levanta ni un palmo del suelo.

¡Que también prohíban los debates!

Supongo que la siguiente reforma electoral incluirá la prohibición de los debates cara a cara entre candidatos porque, aún con el ñoño esquema actual, podrían dar pábulo - ¡horror!- a la confrontación pública de ideas.

Coincido con el periodista sevillano Ignacio Camacho, actual director de ABC, cuando afirma que el principal aporte de la modernidad al juego democrático han sido los debates políticos y electorales en los medios de comunicación, especialmente en la televisión. Representan una de las mejores opciones del ciudadano común para ejercer una doble soberanía: la del voto individual en la papeleta el día de las elecciones – habiendo visto y oído sin cortapisas a cada candidato- y la del mando a distancia o control remoto que permite el ciudadano-televidente votar desde su hogar, cambiando de canal, apagando el aparato o dejándolo estar. El mando a distancia es implacable e inmediato, ante él no hay fuero que valga.

No es poca cosa disponer, al menos, de la oportunidad de ver y escuchar a los candidatos debatir cara a cara. En México, con nuestra perenne afición por lo solemne y nuestros miedos atávicos a la confrontación intelectual, se nos han escamoteado los verdaderos debates. Sobre todo después de la vapuleada que Diego Fernández le puso a Cuauhtémoc Cárdenas y a Ernesto Zedillo, en mayo de 1994, se encendieron todas las alarmas: “¡Peligrosísimo! – se dijeron nuestros políticos- , ¡los debates hay que acotarlos!, ¡hay que regularlos!” Y así tenemos esa versión ñoña, solemne, aburridísima del falso debate entre candidatos “conducido” por una especie de agente de tránsito…Bostezo.

Aún así, alguien podría darse la maña para que aquello sea un debate verosímil o, por lo menos, para dejar en evidencia la estolidez o la cobardía de quienes se niegan a confrontar ideas y se limitan – porque podrán ser muy beatos pero también son muy chabacanos- a lanzar a sus contendientes calumnias o insinuaciones maliciosas (lo que hizo Andrés López en 2006, poniéndose en evidencia).

De acuerdo con el espíritu de los tiempos, los señores y las señoras legisladores aún están a tiempo de prohibir los debates de una vez por todas: Nada de intercambiar ideas, nada de confrontaciones públicas a los ojos de esos pobres idiotas, menores de edad, gente sin juicio, que somos los ciudadanos. ¡Anímense!, ¡pónganle la cereza al pastel de su reforma retrógrada!

Impunidad y juicios irresponsables

El guión del caso que llegó a la Suprema Corte contra el gobernador de Puebla es mucho más complicado de lo que los juicios fulminantes de muchos comunicadores hacen creer.


La detención de Lydia Cacho violó sus derechos individuales y sus garantías a un juicio justo sobre el presunto delito de calumnia del que estaba acusada.

Existen claros indicios de confabulación entre el particular que acusaba a Cacho – Kamel Nacif- , el gobernador de Puebla y algunas autoridades de la procuración de justicia en ese estado para violentar los derechos de la periodista e incluso para poner en riesgo su integridad física, como un "escarmiento" a todas luces ilegal y condenable. Por fortuna, la confabulación fracasó.

La difusión de una conversación entre el gobernador y Nacif – grabada y difundida ilegalmente- exhibió la trama y la deplorable catadura moral de dichos sujetos.

Cualquier persona con integridad que fuese exhibida como lo fue el gobernador habría renunciado a su cargo y ofrecido públicas disculpas a la víctima y a toda la sociedad. No fue el caso del gobernador Mario Marín.

Ante la falta de independencia del poder legislativo local y de las autoridades judiciales locales, ante la omisión culposa del poder legislativo federal – que podría haber procedido, al menos, a considerar seriamente un juicio político contra el gobernador-, y dadas las gestiones de la misma agraviada, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia.

Aquí es donde el caso se complica aún más porque la Corte no era – de acuerdo con varios especialistas - la instancia jurídicamente habilitada para dar la sentencia que esperaba la sociedad. No se estaba discutiendo – como tontamente han dicho algunos comentaristas- el atroz crimen de la pederastia, sino la violación de las garantías de Cacho. Si el caso llegó a la Suprema Corte fue por la cadena de omisiones y cobardías de las otras instancias. Hay quien opina, con argumentos atendibles, que la Corte debía sentar el precedente de que es el recurso extremo al que un ciudadano puede acudir cuando la justicia le es denegada; y hay quien opina, también con argumentos atendibles, que no es ésa, en sentido estricto, su función. Ese es el debate.

Las afirmaciones amarillistas de quienes aseguran que la Corte legalizó la impunidad debilitan aún más el precario Estado de Derecho – "rule of law" - y confirman la gran irresponsabilidad de nuestra "comentocracia", también impune por cierto.

Glosario de corrección política

Donde se ofrece un catálogo, incompleto y provisional, de expresiones cuyo uso es ampliamente recomendado para no incurrir en incorrección política ni ofender a sensibilidades progresistas.

1. No diga “aborto” sino “interrupción deliberada de un proceso molecular que se desarrolla en el cuerpo de una mujer y que se presume, por mero conservadurismo, que podría culminar, de no ser interrumpido, en el nacimiento de un ser humano”.

2. No diga “ejecución entre narcotraficantes” sino “reacomodo logístico de algunos factores involucrados en la producción, transporte, distribución o venta de ciertas sustancias prohibidas”.

3. No diga “asesinato” sino “interrupción más o menos abrupta y más o menos deliberada – eso lo decidirán los tribunales- de algunos procesos metabólicos desarrollados por un ente que se presume humano y que puede o no, tener credencial de elector, registro federal de contribuyentes, CURP, pasaporte y/o licencia para conducir”.

4. No diga “populismo” sino “acercamiento emotivo, mediante el uso de recursos públicos, que hace una instancia política o de gobierno a las expresiones más sentidas de lo que se presume son necesidades o deseos de una muchedumbre motejada como ‘gente’, con el fin de granjearse las simpatías de dicha muchedumbre. Se califica de eficaz dicho acercamiento cuando se traduce en votos electorales”.

5. No diga “secuestro” sino “interrupción temporal de algunas libertades de movimiento a la que son sometidas una o varias personas con el objeto de intercambiar la eventual reanudación de dichas libertades por recursos monetarios, por atención pública o por la interrupción selectiva de la aplicación de la ley en beneficio del individuo o del grupo de individuos interesados”.

6. No diga “prácticas monopolísticas” ni “monopolios”, sino “afortunado arreglo que permite a los consumidores de un bien o a los usuarios de un servicio ahorrarse la fatigosa tarea de elegir entre varias opciones en competencia”.

7. No diga “apoyo al dictador venezolano” sino “solidaridad revolucionaria y fraternal con el representante de la vanguardia del socialismo del siglo XXI”.

8. No diga “terroristas vascos” sino “sufridos grupos nacionalistas que claman con pertinacia, y con otros medios que no conviene mencionar, por un separatismo inspirado en tradiciones ficticias pero eso si: ancestrales”.

9. No diga “chantaje” sino “herramienta de persuasión de probada eficacia”.

10. No diga “injuria, calumnia o manipulación informativa” sino “interpretación creativa de la realidad llevada cabo con el fin de entretener e ilustrar a públicos aburridos y desinformados”.

¿Conviene despenalizar el asalto?

La moda es quitarle a ciertos delitos esa odiosa etiqueta “penal”, sea el aborto, sea la calumnia. ¿Por qué no despenalizar también el asalto, como ha propuesto paródicamente Fernando Amerlinck? Por lo pronto, podrían considerarse algunas causales de despenalización, digamos: Cuando el asalto sea una forma de mendicidad o una vía expedita de justicia social.

Muchos de los asaltados mueren o resultan gravemente heridos por oponer resistencia al asaltante – quien está ejerciendo su libre proyecto de vida- o incluso por reaccionar con nerviosismo o desconcierto, lo que sólo dificulta y pone en grave riesgo la delicada tarea del asaltante.
Desde este punto de vista la despenalización del asalto debe considerarse un asunto de salud pública (aquí alguna ONG puede aportar alguna estadística fantasiosa pero imponente sobre las muertes y lesiones que provocan los asaltos realizados en condiciones insalubres o en circunstancias gravosas para el asaltante), pero también tiene su vertiente de justicia social.
No necesito citar cifras acerca de la vergonzosa distribución del ingreso en México para mostrar un hecho que todos conocemos. Aunque los políticos progresistas hagan esfuerzos denodados por establecer políticas públicas que terminen con la iniquidad, tales esfuerzos son insuficientes y se requieren vías alternas y expeditas para satisfacer ese afán noble y justiciero. El asalto, bien reglamentado, puede ser una de esas vías.
El lector, sobre todo si vive o trabaja en la Ciudad de México, habrá experimentado esa deliciosa sensación de ser abordado en la calle por alguien que nos exige una cooperación “voluntaria” con tanta insistencia que resulta difícil definir si estamos siendo cortésmente asaltados o se nos está solicitando una caridad con mayor insistencia de la habitual. Esto nos habla de que la frontera entre la mendicidad y los asaltos no es nítida. Un grupo de prestigiados “científicos” ha determinado que el asaltante armado sólo es un solicitante de cooperación social que se auxilia con un instrumento de persuasión visual y auditiva – el arma- que es más convincente en 98.7 por ciento de los casos que los discursos.
Como han señalado infatigables activistas de los derechos humanos ningún asaltante desea hacer uso del arma: “Para él es más doloroso que para el asaltado llegar a ese extremo” sentenció Artemisa Planas de la organización civil “REI” – Redistribución Expedita del Ingreso-, al tiempo que mostraba los resultados de un “grupo de enfoque” realizado con asaltantes de la delegación Cuauhtémoc

El aberrante permiso para calumniar

Despenalizar la calumnia no es ningún avance democrático y no abona un ápice a favor de la libertad de expresión.

Con gran tino Carlos Marín calificó ayer de “dictamen aberrante” el que aprobó el miércoles, ¡por unanimidad!, la Cámara de Senadores para despenalizar la calumnia, que ahora sólo sería una infracción dirimible en los juzgados civiles.

No faltará el ingenuo que calcule que esta decisión es fruto de la transición hacia la democracia. Error. Se trata de un terrible retroceso.

Tampoco faltará quien conjeture que, con esta despenalización de una conducta miserable y socialmente corrosiva, se benefician los periodistas que denuncian con valentía las tropelías y los yerros de poderosos “intocables”. Tal conjetura es insostenible. Nadie necesita mentir, lastimando la honra ajena, para revelar la verdad.

En realidad los destinatarios de esta insólita propuesta – minimizar socialmente la calumnia, al grado de dejarla impune- son otros. Pocos pero poderosos.

Haré una analogía extrema. En el sistema carcelario de la Unión Soviética – Gulag- había una estrategia de supervivencia muy socorrida por los presos comunes y en la que cayeron también algunos presos políticos: La colaboración con el carcelero – en último término, con Stalin- a cambio de aliviar en algo las frecuentemente mortales condiciones de vida y trabajo en los campos de reclusión. A esto se le llama en ruso: “Pridurki”.

Alejandro Solzhenitizin condena duramente la conducta de los “pridurki” y admite con pena que, en algún momento en sus años de reclusión, él fue cooptado por sus carceleros. En cambio, otro ex prisionero político, Lev Razgon, argumenta que ese colaboracionismo en ocasiones estuvo moralmente justificado, no sólo por razones de estricta supervivencia, sino porque permitió, a veces, aliviar algunos sufrimientos.

Allá cada cual y su conciencia.

En México hoy habrá tal vez medio centenar de destacados colegas periodistas – en especial, entre quienes escriben columnas diarias- que como parte de la lucha por la vida - ¿supervivencia?- suman a sus escritos cotidianos intervenciones en la radio y la televisión. No es ningún secreto que con frecuencia los dueños de esos medios electrónicos – o sus personeros- les instruyen acerca de qué personajes merecen ser perseguidos por la jauría mediática – lo que incluye, con harta frecuencia, la calumnia- por interferir con los intereses de esos dueños.
La decisión de los senadores constituye una herramienta valiosa para el trabajo de los “pridurki”. Así de sencillo. Así de miserable.