Cuando crear riqueza es un pecado

La prohibición tiene destinatarios claros: Aquellos que despectivamente Jorge Alcocer moteja como “dueños del dinero” que en realidad somos todos los que no deseamos ser mantenidos por el dinero de los contribuyentes.

Una parábola: Alguien, abusando del poder que le fue confiado para servir y no para servirse de él, decreta que queda estrictamente prohibido santiguarse, sea con la mano izquierda o con la derecha. Cuando se denuncia esa prohibición como un atentado contra las libertades fundamentales, ese “alguien” fabrica un alegato irrisorio: “No es un atentado contra las libertades, porque hay muchos mancos a los que la prohibición no afectará; además, se sabe de muchos más a quienes jamás les ha pasado por la cabeza usar las manos para santiguarse, sino que prefieren rascarse la cabeza o hurgarse la nariz, lo que por cierto aún no se prohíbe”.

Quede la parábola para terminar de una vez con el alegato ridículo.

Lo que Alcocer y otros autores de esta malhadada reforma electoral no se atreven a decir – porque sería tanto como confesar que están fabricando leyes con dedicatoria para cobrarse agravios reales o imaginarios y para satisfacer resentimientos sociales- es que prohibir a los ciudadanos independientes contratar tiempos en la televisión o en la radio con el fin de influir en los procesos electorales, busca castigar a los “impertinentes” empresarios que en 2006 osaron advertir – mediante mensajes en los medios electrónicos- de los graves peligros que entrañan las políticas populistas y las promesas irresponsables de algunos candidatos, como fue el caso de Andrés López Obrador.

Con mayor claridad, o candor, lo escribió Carmen Aristegui hace unos días, elogiando la prohibición: Se trata, explicaba, de cerrarle el paso a mensajes como los que difundió el Consejo Coordinador Empresarial en 2006 advirtiendo contra los riesgos de regresar a políticas irresponsables que generan inflación y miseria. Para Carmen tales mensajes deben prohibirse porque “descarrilan” las elecciones. Supongo que una elección “encarrillada” es aquella en la que, piensen lo que piensen los electores, gana siempre el favorito de Carmen. Ni hablar.

Para estos “napoleoncitos” la democracia estará bien “encarrilada” mientras haya menos debate, mientras exista menos crítica y mientras los electores permanezcamos desinformados o mal informados.

Y se trata, también, de satisfacer ese arraigado resentimiento social que manifiestan los parásitos del erario contra quienes generan riqueza.

Jorge Alcocer y sus fallidos desvelos

El principal artífice de la reciente reforma electoral recurre a un burdo razonamiento circular para justificar una prohibición que claramente atenta contra la libertad de expresión, no de los medios, ni de los santones del periodismo, sino de los ciudadanos.

Esperaba un razonamiento mejor elaborado por parte de uno de los principales autores de la reciente reforma electoral para defender su criatura. En el asunto de la prohibición a los particulares para contratar tiempos en radio y televisión, con el fin de expresar sus opiniones sobre procesos electorales y candidatos, Jorge Alcocer nos ofrece hoy una justificación tan endeble y tramposa que alarma considerar la eventualidad de que tal personaje llegue a presidir el Instituto Federal Electoral. (Ver artículo de Alcocer "Velos y desvelos" en el periódico "Reforma" de hoy, martes 27 de noviembre).

El “argumento” – las comillas son intencionalmente sarcásticas- es más o menos así: “No estamos limitando la libertad de expresión de los ciudadanos comunes, sino la libertad de expresión de los dueños del dinero; la prohibición nada tiene que ver con los ciudadanos comunes porque los ciudadanos comunes ni tienen dinero, ni tienen interés en expresar sus opiniones”. Alcocer nunca define quiénes son “los dueños de dinero” pero, a ojos vistas, le parecen unos personajes nefandos que no merecen tener libertad de expresión. Después de explicarnos que llegó a sus conclusiones tras preguntar a su empleada doméstica y a su asistente si les interesaría, en caso de tener cientos de miles de pesos, contratar tiempos en televisión para expresar sus opiniones, y recibir de ellos una obvia y previsible respuesta negativa, establece la conclusión: Sólo a los dueños del dinero les interesaría contratar tales tiempos, y sólo ellos podrían hacerlo, por lo tanto esta no es una prohibición que afecte a quienes ni pueden, ni quieren.

Aunque Alcocer no los define, es fácil inferir quiénes son para él “los dueños del dinero”: Cualquiera que pueda, individualmente o en grupo, contratar algún tiempo o espacio en radio o en televisión (nótese que un “spot” de 20 segundos en una estación de radio local puede ser tan barato como $5,000 pesos) pertenece a dicho universo. Es a ellos contra quienes se dirige la prohibición. ¿Por qué? Porque por axioma, en el razonamiento circular de Alcocer, las opiniones de esos personajes son perniciosas. Su libertad de expresión no debe existir. Punto.

Tal prohibición es fascista, en el sentido amplio del término, aquí y en China.