Jorge Alcocer y sus fallidos desvelos

El principal artífice de la reciente reforma electoral recurre a un burdo razonamiento circular para justificar una prohibición que claramente atenta contra la libertad de expresión, no de los medios, ni de los santones del periodismo, sino de los ciudadanos.

Esperaba un razonamiento mejor elaborado por parte de uno de los principales autores de la reciente reforma electoral para defender su criatura. En el asunto de la prohibición a los particulares para contratar tiempos en radio y televisión, con el fin de expresar sus opiniones sobre procesos electorales y candidatos, Jorge Alcocer nos ofrece hoy una justificación tan endeble y tramposa que alarma considerar la eventualidad de que tal personaje llegue a presidir el Instituto Federal Electoral. (Ver artículo de Alcocer "Velos y desvelos" en el periódico "Reforma" de hoy, martes 27 de noviembre).

El “argumento” – las comillas son intencionalmente sarcásticas- es más o menos así: “No estamos limitando la libertad de expresión de los ciudadanos comunes, sino la libertad de expresión de los dueños del dinero; la prohibición nada tiene que ver con los ciudadanos comunes porque los ciudadanos comunes ni tienen dinero, ni tienen interés en expresar sus opiniones”. Alcocer nunca define quiénes son “los dueños de dinero” pero, a ojos vistas, le parecen unos personajes nefandos que no merecen tener libertad de expresión. Después de explicarnos que llegó a sus conclusiones tras preguntar a su empleada doméstica y a su asistente si les interesaría, en caso de tener cientos de miles de pesos, contratar tiempos en televisión para expresar sus opiniones, y recibir de ellos una obvia y previsible respuesta negativa, establece la conclusión: Sólo a los dueños del dinero les interesaría contratar tales tiempos, y sólo ellos podrían hacerlo, por lo tanto esta no es una prohibición que afecte a quienes ni pueden, ni quieren.

Aunque Alcocer no los define, es fácil inferir quiénes son para él “los dueños del dinero”: Cualquiera que pueda, individualmente o en grupo, contratar algún tiempo o espacio en radio o en televisión (nótese que un “spot” de 20 segundos en una estación de radio local puede ser tan barato como $5,000 pesos) pertenece a dicho universo. Es a ellos contra quienes se dirige la prohibición. ¿Por qué? Porque por axioma, en el razonamiento circular de Alcocer, las opiniones de esos personajes son perniciosas. Su libertad de expresión no debe existir. Punto.

Tal prohibición es fascista, en el sentido amplio del término, aquí y en China.

La reforma electoral al gusto de López

La reciente "reforma electoral" apunta a dejar a los ciudadanos como meras comparsas de los arreglos que se hagan entre partidos y políticos de profesión. Debería llamarse "la reforma fascista inspirada por López".

La esencia del sistema electoral mexicano radicaba hasta ahora en que el núcleo de los comicios – la emisión y contabilidad uno a uno de los votos emitidos- estaba en manos de los ciudadanos, no del gobierno, no de los partidos políticos, no de las "familias custodias" del corporativismo mexicano.

Antes de la creación del IFE y del tribunal electoral autónomo eran los propios políticos en competencia quienes – erigidos en "colegio electoral"- decidían quién triunfaba y quién perdía, a despecho incluso de los votos contabilizados por los ciudadanos. Un gran avance democrático fue otorgar carácter definitivo al escrutinio realizado por los ciudadanos – funcionarios de casilla sin vínculos con los partidos políticos- salvo que, por impugnaciones con sustento objetivo, el IFE o el tribunal electoral autónomo considerasen el escrutinio viciado o falaz.

El dos de julio de 2006 Andrés López perdió. Así lo indicaron los resultados de la totalidad de los escrutinios realizados por los ciudadanos en todas y cada una de las casillas. Ya se sabe que López no aceptó tales resultados y demandó contar de nuevo cada voto descalificando burdamente (incluso profiriendo calumnias por las que nunca ha sido sancionado) la tarea de los ciudadanos.

Para efectos prácticos la reforma electoral que se ha aprobado recientemente vuelve a expulsar a los ciudadanos de los procesos electorales: Los ciudadanos no podremos opinar en los medios de comunicación electrónicos sobre los candidatos; los ciudadanos contaremos los votos, pero cualquier político de profesión podrá descalificar sin mayor sustento nuestro escrutinio y decretar otro en sentido contrario (basta con que convenza a sus pares) y el IFE, que alguna vez con todas sus imperfecciones fue representación profesional de los ciudadanos en los comicios, volverá a ser herramienta dócil de los partidos políticos con funcionarios permanentemente amenazados de sufrir un cese fulminante si no se avienen a los caprichos de las cúpulas políticas.

Esta reforma – que debe agradar sobremanera a López dado su talante antidemocrático y antiliberal- es claramente un retroceso hacia el fascismo. Fascista, en sentido amplio, es lo que restringe las libertades ciudadanas en beneficio de las corporaciones que se han adueñado del Estado, como es el caso hoy de los partidos políticos.