La evaluación de Fitch en ocho puntos

1. Es correcta porque básicamente evalúa la probabilidad de que en México se hagan las reformas estructurales necesarias y suficientes para crecer a tasas superiores al 4 por ciento anual. Y tal probabilidad es, en el horizonte inmediato, baja.
2. Es correcta porque básicamente considera, además de los efectos de la crisis global, el gravísimo problema para la viabilidad de las finanzas públicas que significa la caída de la producción petrolera.
3. Es correcta porque señala que las modificaciones tributarias realizadas recientemente por el Congreso van en el camino correcto (incrementar la recaudación no petrolera), pero son insuficientes.
4. Es correcta porque considera que el costo político - basta ver la andanada de críticas y quejas en los medios de comunicación, alimentadas por los poderosos intereses levemente afectados por los cambios tributarios- de sacar adelante esos cambios fue desproporcionadamente alto frente a los beneficios logrados. Ello abona la percepción de que el sistema político mexicano es poco funcional para la realización de transformaciones de fondo.
5. No es el fin del mundo y ya la habían descontado los mercados.
6. Se conserva, y se conservará, salvo algún desastre de veras grave que tampoco se percibe en el horizonte inmediato, el grado de inversión.
7. No es un "tache" para Fulano o para Mengano, para tal o cual partido político o para tal o cual sector, es una evaluación para uso de quienes invierten o consideran invertir en papeles de la deuda externa mexicana, pública.
8. Las debilidades estructurales de la economía mexicana se supone que todos las conocemos (aunque parece, por lo que uno lee, que aún hay muchos comentaristas de los asuntos públicos que todavía no se enteran) y son: A. Debilidad de los ingresos tributarios o baja recaudación no petrolera, B. Barreras irracionales, pero políticamente infranqueables, a la competencia y, por tanto, a la productividad en áreas tan decisivas como la energía, las telecomunicaciones, el transporte, el agro, la educación y otras, C. Débil protección a los derechos de propiedad, D. Restricciones irracionales a la inversión extranjera, E. Excesiva politización, parcialidad y dispersión en los debates acerca de las políticas públicas, lo que nos hace parecer una nación que pierde el tiempo en debates estériles y fuera de foco, todo lo cual supone un costo de oportunidad (lo que se deja de hacer) inmenso para el país.

No les importa

Lo más importante de las reformas fiscales de 2007 – porque fueron, en sentido estricto, varias reformas-, se refiere al gasto público y al federalismo fiscal, no a los impuestos. Pero eso no importa en los medios de comunicación donde (por lo visto, por lo oído y por lo leído) lo importante no es informar, sino contribuir a la falsificación de la historia.

No deja de sorprenderme que para algunos columnistas (ver aquí) ni siquiera hayan existido las reformas constitucionales que, como parte de las reformas fiscales de 2007, posibilitarán que la información acerca del gasto público que ejercen las entidades federativas – y que ya sobrepasa por mucho al gasto que directamente ejerce el gobierno federal-, sea homogénea y comparable. Sin ese primer paso será imposible que los ciudadanos fiscalicen a sus gobiernos más cercanos: el del municipio y el de la entidad federativa.

En junio de 2007, cuando se presentaron al Congreso el conjunto de propuestas de reforma, publiqué lo siguiente que pongo en cursivas:

“¿Sabía usted que quienes nacen en Oaxaca tienen una expectativa de vida diez años menor que quienes nacen en Nuevo León? Eso es desventaja y no discursos. ¿Por qué el gasto de los gobiernos no logra cerrar esa brecha? En buena medida, porque gastamos mal.
“En los próximos días casi todo mundo se volverá experto tributario en México. Se suponía que la principal demanda respecto de una reforma fiscal era que atendiera en primer lugar el problema del gasto público. Muy bien. El gobierno entrega una propuesta integral para reformar toda la Hacienda Pública y muchos de los mismos que exigían que la reforma no fuese sólo recaudatoria, lo primero que hacen es desdeñar que la propuesta empieza por proponer mecanismos serios para orientar el gasto a resultados eficaces, tangibles, verificables.
“No ganaríamos, como país, un campeonato de congruencia.”


A pesar de ese desdén político y mediático hacia todo lo que contenían las reformas que NO era tributario, sino fiscal en sentido amplio, se logró la aprobación de esos cambios para atender por fin el justo reclamo de que se gaste mejor, con mayor transparencia y con verdadera rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.

Eso sigue sin importarles. No sólo lo desdeñan, sino que ahora tienen el descaro de decir que eso nunca existió. Lisa y llanamente: la falsificación de la historia, sea por incompetencia (“lo que no estudié o lo que no entiendo, no existe”), sea por interés inconfesable que alimenta la consigna.

Si pueden prescindir de la mitad del ISR, ¡háganlo!

Este año el subsidio a los combustibles – gasolinas y diesel – será equivalente casi a la mitad de la recaudación total del ISR cobrado a empresas y personas físicas. Esa es la mejor prueba de que el erario podría disminuir, sin problema, la tasa máxima de ese impuesto a la mitad: 14 por ciento. Háganlo, y en una de esas hasta se incrementa la recaudación.


No cabe duda que el Presidente Felipe Calderón y su gobierno están preocupados por la competitividad de la economía mexicana. Hay una manera sencilla, directa, contundente, de incrementar de golpe la competitividad y está en manos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo: Disminuir a la mitad la tasa máxima (para el caso de las empresas, y para efectos prácticos, tasa única) del Impuesto Sobre la Renta: a 14 por ciento.
Aunque hay un sinnúmero de evidencias mundiales de que una menor tasa impositiva NO disminuye la recaudación sino que la incrementa, desechemos esas evidencias y decretemos que esa presunción es una falacia “neoliberal”. Más todavía: Digamos neciamente que una menor tasa impositiva disminuirá linealmente la recaudación y que si hoy la tasa es de 28% y el fisco recauda “X”, en el momento en que la tasa baje a 14% el fisco recaudará “X/2”, la mitad de “X”.
¿Puede el erario prescindir de los ingresos equivalentes a la mitad de la recaudación del ISR?
Tan puede hacerlo que lo ha hecho durante 2008 sin generar déficit fiscal, sin que haya desparecido una sola dependencia del gobierno federal, sin que ningún estado ni ningún municipio haya dejado de recibir aportaciones y participaciones federales. Lo ha hecho al subsidiar el precio al consumidor final de las gasolinas y el diesel. Y amenaza seguir haciéndolo, aunque en menor proporción, durante 2009.
La próxima vez que algún funcionario o algún legislador ponga los ojos en blanco, imposte la voz y diga que está empeñado en aumentar la competitividad de la economía mexicana, digámosle que ya tenemos la respuesta a su sentida preocupación: “Bajen la tasa del ISR a 14% o, mejor aún: Desaparezcan el ISR y dejen como impuesto único el IETU – también para todas las personas físicas- a una tasa de 14 por ciento”.
¿Querían soluciones? Ahí tienen una. Y, por supuesto: ¡Cobren la gasolina a su precio verdadero!

El debate sobre la bolsa de dulces

Sería magnífico que el debate acerca de una reforma de Pemex se ampliara en términos conceptuales, pero ningún político mexicano parece querer eso. Quienes tienen más que perder con un debate amplio, sin áreas vedadas, son los retro-progresistas que ya han proclamado – sin más argumento que el fervor mítico- que la Constitución no puede ser tocada.

Por increíble que parezca hay un extendido y firme consenso entre todos los partidos y políticos de México acerca del petróleo: Todos quieren que los ingresos petroleros (la llevada y traída “renta petrolera”) sigan siendo recursos fiscales, esto es: riqueza que los políticos tengan para repartir.

Los políticos suelen guardar su más encendida y fervorosa oratoria (la de las fibras sensibles y los mitos nacionalistas) justamente para pelear los intereses más prosaicos y pedestres. Así ha sido en el caso del petróleo en México. No estamos hablando, como escribió una cursi colega, de la “quintaesencia” de la patria, sino de dinero y de cómo vamos a apropiárnoslo y cómo vamos a repartirlo.

Una de las expresiones básicas de ese consenso político (“pase lo que pase, nosotros, la clase política, seguiremos disponiendo y repartiendo la renta petrolera”) se traduce en la primera restricción gigantesca: “En este asunto, la constitución no se puede tocar”. Aunque el veto se expresa con fervor de dogma –es decir: no se argumenta- expresa en realidad el temor racional de los políticos a que un cambio más profundo (esto es: constitucional) pudiese en el futuro des-petrolizar las finanzas gubernamentales (federales, estatales y hasta municipales) e hiciese realidad la peor de sus pesadillas: reducir de veras el gasto gubernamental y la injerencia de los gobiernos en la vida económica y, con ello, el poder de los políticos. Perder la bolsa de los dulces. Como suele decir un senador del PRI: “La política es dos cosas: tener la información y tener la bolsa de los dulces para repartir”.

Los más reaccionarios no se han dado cuenta de que hay que cambiar algo, aunque sea lo mínimo, para que la bolsa de dulces no se agote; los promotores de la reforma acotada sólo son un poco más creativos: buscan que la bolsa siga llenándose.

Ojalá el debate fuera tan amplio cómo para des-petrolizar a las finanzas públicas y a los políticos. Pero eso no sucederá.

2008 será un buen año para la economía…

Y será un mal año para los que le apuestan al desastre. Conforme se hacen más sombríos los pronósticos de los "especialistas" acerca del futuro de la economía tengo más razones para prever que 2008 será un buen año para la economía de México y del mundo.


Llevo varios días esperando en vano que alguien me explique porqué el PIB de Estados Unidos creció 4.9% anual en el tercer trimestre de 2007. ¿Acaso no estamos, como han dicho multitud de pronosticadores y "especialistas", en el umbral de una severa desaceleración económica en Estados Unidos, tal vez en las vísperas de una recesión?, ¿esa tasa de crecimiento notablemente alta es, acaso, el canto del cisne antes de fallecer?

Por supuesto, el problema de las hipotecas "subprime" es grave para las instituciones financieras cuyos fondos especiales – "hedge funds"- están repletos de esos valores, pero ¿acaso no es buena noticia que los precios de la vivienda en Estados Unidos empiecen a bajar y se desinfle la burbuja de los valores inmobiliarios?

El punto es que no hay evidencias de que la crisis hipotecaria en Estados Unidos esté afectando al sector de las manufacturas, lo cual significa que la locomotora sigue caminando…y seguirá "jalando" a la industria manufacturera mexicana orientada a la exportación. Al mismo tiempo un dólar relativamente barato incidirá favorablemente en la formación de capital fijo en México.

Otro asunto del que echan mano los pesimistas: La apertura comercial total del sector agrícola – maíz, frijol, azúcar, entre otros alimentos- de México a partir de 2008, en el marco del TLCAN, "nos pescará desprevenidos", "acabará por matar al campo mexicano". ¿De veras?, ¿desprevenidos cuando lo sabíamos con 15 años de anticipación?, ¿acabará con el campo cuando vivimos un ciclo alcista en los precios de los alimentos en el mundo?

O el dragón chino matando empresas y empleos en México. ¿No se les ha ocurrido calcular la magnitud de beneficios que recibimos y seguiremos recibiendo los consumidores mexicanos gracias al libre comercio con China? O que la reforma fiscal desalentará la inversión, ¿cuando precisamente el IETU es el más formidable incentivo fiscal para la inversión productiva que hemos tenido en México en los últimos 40 años? ¡Por favor!

Será un buen año, pero hay una receta infalible para no aprovechar las oportunidades: Instalarse en la cómoda prédica del pesimismo.

Las tres restricciones para crecer

Considerando las tres grandes restricciones que padecemos para crecer, lo sorprendente no es que la economía mexicana no haya crecido a tasas sostenidas de más de 5 por ciento anual, sino que hayamos podido más o menos crecer, sin el sobresalto de nuevas crisis, los últimos doce años.


Los fundamentos de la economía mexicana – básicamente, finanzas públicas sanas y estabilidad monetaria- han sido sólidos desde 1996 y desde entonces han mejorado consistentemente. A la vista de esa realidad uno se pregunta por qué, entonces, México no crece a tasas anuales sostenidas de 5% real o mayores.

Nuestra primera gran restricción para crecer radica en la precariedad de nuestro estado de derecho. La vigencia del estado de derecho es mucho más que el cumplimiento más o menos constante de la ley. El estado de derecho consiste en contar con un diseño constitucional orientado radicalmente a garantizar los derechos y las libertades individuales, mediante una división de poderes eficaz. Consiste también en que cada ciudadano cuente con la plena certeza de que sus derechos de propiedad serán invariablemente respetados y de que el Estado garatizará siempre el cumplimiento cabal de los contratos.

La segunda gran restricción que padecemos para crecer es la ausencia de libre competencia en mercados estratégicos para el desarrollo.

Y la tercera gran restricción radica en que estuvimos demasiado ocupados arreglando el desastre fiscal que nos heredaron los gobiernos de LEA y JLP en el siglo pasado, lo que nos impidió tener recursos y tiempo para invertir en lo importante: Infraestructura para el desarrollo. En dos vertientes: Infraestructura básica para superar las condiciones de pobreza e infraestructura de calidad para competir en los mercados globales. Este terrible rezago en la inversión en infraestructura es una tarea que los gobiernos – en sus tres órdenes – nos han quedado a deber. Para colmo, nuestra presunta “riqueza petrolera” ha servido de paliativo para eludir las reformas indispensables para contar con una fuente sana, estable y sostenible de recursos fiscales para invertir en infraestructura.

Bien que mal, la reciente reforma fiscal – que es el primer paso de un ciclo de reformas fiscales que México necesita- apunta a generar recursos para destrabar esta tercera restricción. La única justificación para pedir más recursos a la sociedad es para que los gobiernos los inviertan en infraestructura, con estrictos criterios de productividad y no de lucimiento efímero de politiquillos.

Reformas diferentes, consecuencias diferentes

Sólo una gran torpeza analítica o la premeditada intención de confundir explican que todavía se insista en equiparar la reforma fiscal – surgida de un diagnóstico y de una iniciativa del Ejecutivo- con la llamada reforma electoral que fue, en el mejor de los casos, un arreglo poco transparente entre líderes legislativos.


Una demostración palmaria de que dos líneas NO son paralelas es que lleguen, en algún punto, a cruzarse. La reforma fiscal y la llamada reforma electoral NO son paralelas, ni van en la misma dirección. Sus diferencias son abismales: Su origen es claramente distinto, su proceso de discusión y aprobación radicalmente diferente y los efectos de cada una serán muy diversos.

El hecho de que inopinadamente algunos políticos hayan hecho coincidir en el tiempo ambos cambios legislativos, en una especie de intercambio voluntario de bienes de muy distinto valor y naturaleza, propicia que algunos análisis superficiales quieran presentar como dos caras de la misma moneda dichas reformas. A esto se añade la desastrosa manía de algunos comentaristas de establecer simetrías artificiosas para darle a sus "análisis" una fuerza explicativa de la que en realidad carecen.

También existe la estrategia de confundir deliberadamente, confiando en que las debilidades de un cambio precipitado y en buena medida inconsulto – como es el caso de la llamada reforma electoral- se contagien a una reforma, como la fiscal, que se ventiló ampliamente en público, que se construyó racionalmente y con argumentos sólidos y que no esconde segundas intenciones.

De entrada, la reforma fiscal surge de una clara y explícita propuesta del Ejecutivo que se hizo totalmente pública el 20 de junio, el mismo día que se presentó ante el Congreso. En contraste, se desconoce quién planteó qué, ante quién, cuándo y en qué términos en el caso de los cambios en el ámbito electoral.

Los dirigentes empresariales que hoy dicen que la reforma fiscal no atendió suficientemente sus argumentos, en realidad están buscando un chivo expiatorio para justificar su incapacidad para concertar internamente con sus agremiados: Deberían reconocer, por elemental honestidad intelectual, que algunos de sus presuntos representados, como las tiendas de autoservicio, argumentaron ante el Congreso al margen de las cúpulas y lo hicieron con mayor eficacia que éstas.

Que cada reforma se valore por sus propios méritos. El tiempo pondrá a cada una en el lugar que le corresponde.

Consecuencias políticas de una reforma

La reforma fiscal aprobada el viernes aporta un gran capital político al gobierno federal; no sólo se rompió el tabú de que las reformas resultan inviables con un Congreso sin mayoría absoluta, sino que en el proceso se fortaleció una alianza que habrá de resultar clave para el futuro entre el Presidente y los gobernadores.

La reforma fiscal aprobada el viernes fue un gran logro para el gobierno del Presidente Felipe Calderón, del que salió con un capital político mucho mayor al invertido en el proceso.

Trataré de resumir las razones que en lo personal – subrayo: en lo personal- me permiten afirmar lo anterior:

1. La reforma salió, al final de un proceso intenso de casi tres meses, en términos muy semejantes a los originales: El impuesto a tasa única para las empresas, como gravamen de control, sobrevivió; se fortaleció el federalismo fiscal con nuevas fórmulas de reparto, con nuevos mecanismos para la rendición de cuentas y con más recursos para las entidades federativas y los municipios; se introdujeron, sin que se hiciera mayor ruido, propuestas efectivas para mejorar la calidad del gasto y vincularlo a resultados verificables para la sociedad y, no menos importante, se avanzó en la mejoría de la administración tributaria, al tiempo que el gobierno federal quedó comprometido a incrementar la eficacia recaudatoria por el camino correcto: la simplificación.

2. A diferencia de la controvertida reforma electoral, la fiscal fue ampliamente discutida y nadie puede, sin faltar a la verdad, decirse sorprendido por ella. Esto significa que sí contamos, como país, con el andamiaje institucional y con la capacidad negociadora para lograr acuerdos.

3. Un factor clave fue el apoyo, implícito o manifiesto, de casi todas las entidades federativas. La única excepción notoria – el gobierno del Distrito Federal- manifestó una oposición más retórica que efectiva y más políticamente simulada que real. Por lo pronto, y a pesar de todo, el Distrito Federal es uno de los grandes beneficiarios.

4. Desde el punto de vista político, se ha roto el tabú de que las reformas son imposibles y el gobierno federal, junto con los gobiernos de los estados y buena parte del Congreso, han establecido una muestra de racionalidad y de realismo político. Ese capital es de todo el país. Ojalá lo aprovechemos responsablemente.

¡No con mi dinero!

Partidos políticos, grupos sociales y cualquier persona deben tener total libertad para contratar propaganda en los medios de comunicación, siempre y cuando cada cual lo haga con su dinero y con total transparencia, ¡no con el dinero de los contribuyentes!



1. Una reforma electoral en un país democrático y libre NO puede restringir la libertad de cada cual para difundir mensajes de contenido político, incluso mensajes poco comedidos o contundentes ("Fulano es un peligro para México" o "Zutano es un tonto con balcones a la calle"), siempre y cuando la contratación de dicha propaganda se haga en condiciones de libre mercado y auténtica competencia, con total transparencia, y NO se haga con dinero público, que proviene del bolsillo de los contribuyentes.

2. Una reforma electoral en un país democrático y libre NO puede coartar la libertad de expresión de nadie decretando discrecionalmente qué mensajes son correctos a juicio de algún pacato consejo de notables. Un país democrático y libre tiene leyes claras sobre la difamación y la calumnia – incluso se suele castigar ésta última penalmente - que están hechas, precisamente, para que todo mensaje que no sea calumnia, difamación o incitación al delito jamás sea censurado.

3. La discusión sobre la reforma electoral está totalmente fuera de foco y lastrada por intereses torpes. Ni los medios tienen derecho a ser beneficiarios graciosos de miles de millones de pesos de recursos públicos – por propaganda política o gubernamental pagada con recursos de los contribuyentes-, ni los partidos políticos, ni nadie, tiene derecho a regular la libertad de expresión de los demás.

4. Ninguno de los grupos interesados – enfrascados en una disputa majadera y mezquina- quiere ver la auténtica relación entre reforma fiscal y reforma electoral, que sí la hay y nada tiene que ver con chantajes: El recorte más urgente al gasto público federal, al de los estados y al de los municipios es cancelar de inmediato toda la propaganda política, gubernamental y para-gubernamental que se paga con recursos de los contribuyentes. Y preservar con todo vigor la libertad irrestricta de quién quiera para expresar y difundir lo que le venga en gana, con la única limitación de sancionar de veras la calumnia, la difamación y la promoción de delitos.

5. Lo demás son discusiones vergonzosas, indignas de un país democrático y libre. ¿México lo es?

Federalismo de dientes para fuera…

Otro falso axioma de los expertos instantáneos en asuntos fiscales: No conviene que haya competencia fiscal entre las entidades federativas. Mientras los gobiernos locales teman asumir potestades tributarias México seguirá siendo un país centralista, pobre y con grandes desigualdades regionales.

Hace unos días en el sitio de la red "Asuntos Capitales" se publicó lo siguiente:

"Así, transitamos – verbo favorito de los políticos- del federalismo limosnero de los últimos priístas que fueron presidentes de la república (…) al federalismo infantil: 'Mira, gobernador o gobernadora, como eres tan bruto o bruta que ni siquiera sabes cobrar impuestos y para evitar que hagas tonterías como cobrar más o menos impuestos que tus vecinos, generando (…) competencia entre los estados, mejor vamos a decirle a los del gobierno federal que sean ellos los que cobren más impuestos y que te entreguen lo recaudado rapidito y de buen modo'". (Juan Pablo Roiz: "El PRI, los gobernadores y el infantilismo fiscal").

Uno de los puntos menos discutidos públicamente en el asunto de un posible impuesto a las gasolinas – de menos de cinco por ciento- cuya recaudación se distribuiría íntegra a los estados, es el hecho de que la propuesta original, auténticamente federalista, se transformó en un arreglo centralista que, para colmo, hoy parece huérfano.

Prevalece otro falso axioma que los expertos instantáneos repiten como pericos: "Si se dan facultades tributarias a los gobiernos locales, para cobrar, si así lo deciden, algún impuesto adicional en los rubros en que la Federación cobra los IEPS, generaríamos una indeseable competencia entre los estados, ya que algunos cobrarían esos impuestos y otros no".

Pregunto: ¿por qué ha ser indeseable la competencia?

El falso axioma revela cuán falso es el federalismo que proclaman muchos políticos, empezando por algunos gobernadores.

Supongamos que el impuesto local tuviese por objeto, como debe ser, combatir una externalidad negativa: los daños que causan millones de automóviles circulando diariamente y los gastos multimillonarios que ello acarrea para los gobiernos locales. Son candidatos obvios a cobrar dicho impuesto los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México. Ambas entidades son gobernadas por políticos que no tienen el defecto de la timidez, sino más bien el de la locuacidad. ¿Por qué callan al respecto?, ¿no les interesa defender la capacidad de sus entidades para definir sus propias políticas públicas?, ¿querrían dinero pero no responsabilidades?

Impuestos: Las dos hermanas

Entre muchos otros, un ejemplo de los falsos axiomas que propalan los expertos instantáneos: “Los impuestos indirectos son regresivos”. Cuidado, la frase necesita no sólo matizarse, sino reformularse para no faltar a la verdad.

No falla: Cada vez que se discute una reforma fiscal surgen legiones de expertos fiscales instantáneos en las tribunas políticas y en los medios de comunicación. Además de la confusión que generan en la opinión pública dejan, como saldo, un conjunto de afirmaciones tajantes – falsos axiomas acerca de los impuestos-que merecerían un análisis crítico.

Conforme uno se adentra en el fascinante mundo de los sistemas tributarios y de su historia crece la convicción de que así como no hay un sistema impositivo perfecto – que satisfaga plenamente todos los deseos de todos los actores involucrados-, tampoco hay tantos axiomas incuestionables como los expertos instantáneos (que muchas veces sólo son voceros improvisados de algunos intereses) quisieran hacernos creer.

Uno de tales falsos axiomas, que goza de injustificada reputación, es el que reza: “Los impuestos indirectos son regresivos”. Se trata de una más que imprecisa generalización que debería reformularse con más humildad intelectual, por ejemplo en los siguientes términos: “A diferencia de los impuestos directos, los indirectos tienden (ojo con el énfasis) a gravitar con mayor fuerza sobre los ingresos disponibles de las personas de menores recursos, dada la menor capacidad de ahorro de dichas personas”.

El supuesto axioma no es tal, sólo cabe como reconocimiento de una tendencia, toda vez que habrá muchos casos específicos en los que no se cumpla. Además, este sesgo relativo de los impuestos indirectos NO significa en modo alguno que sean los más pobres quienes más contribuyan; por el contrario: en números absolutos, las personas de mayores ingresos gastan más y contribuyen más.

William Gladstone (1809-1898), el célebre político liberal británico, quien fue primer ministro y secretario del Tesoro, describía con el símil de dos hermanas igualmente atractivas – para el erario- a los impuestos directos e indirectos. No ocultaba su preferencia por los impuestos indirectos, entre otras cosas por su mucho menor costo de recaudación, pero en la práctica el propio Gladstone no pudo prescindir de la otra hermana: los impuestos directos.

Supongo que no faltará algún experto instantáneo que censurará a Gladstone diciendo que la política fiscal de ese gran estadista se redujo “a afanes recaudatorios y a la sobrecarga impuesta a los que ya pagan”. Sandeces.

Un buen filón para recortar el gasto

Recortar en serio el gasto público destinado a propaganda política y gubernamental en los medios de comunicación – en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión- sería una acción con la que ganaríamos todos…o casi.

En ocasiones alguna frase simple descubre – así sea involuntariamente- cursos de acción fructíferos y atinados. Así me sucedió al leer en una revista (“Vértigo”) la siguiente frase del periodista Sergio Sarmiento:

“La experiencia nos dice que los grupos que protestan por las reformas fiscales son los primeros en chillar cuando el gobierno les recorta sus subsidios o beneficios”.

¡Bingo!, Sergio. Ése es el punto: Nadie quiere pagar más impuestos, pero son precisamente los grupos que en forma más estridente obstaculizan reformas que incrementarían la recaudación, los primeros en poner el grito en el cielo si, en lugar de las reformas que rechazan, el gobierno recurre al expediente de recortar el gasto…y, con ello, afecta las rentas de esos grupos estridentes.

En el caso de México, el problema es aún más grave, porque no sólo necesitamos reformas para fortalecer los ingresos públicos, sino que necesitamos, además, hacer sustanciales recortes al gasto gubernamental, empezando por aquellos renglones en los que el gasto no arroja ningún beneficio para la sociedad.

Tal vez por falta de espacio Sarmiento no pudo seguir las consecuencias lógicas de su observación respecto del gasto, pero no me cabe duda que llegaría a esta conclusión: El más rico filón de recortes al gasto gubernamental de la Federación, de los estados y de los municipios, así como de los tres poderes de la Unión y del gasto de organismos autónomos – como el IFE o la Comisión Nacional de Derechos Humanos- que puede abordarse de inmediato y que la sociedad en su inmensa mayoría agradecería, es el gasto absurdo, inútil, ofensivo para la inteligencia, que gobiernos, políticos y partidos destinan a la difusión de propaganda en los medios de comunicación, especialmente en la televisión.

Todos ganaríamos: como electores, como contribuyentes, ganarían las finanzas de todos los gobiernos, ganaría el periodismo independiente, ganarían los televidentes que dejarían de ser sometidos a la machacona repetición de frases de manufactura idiota. Sospecho que esta propuesta no será del agrado de las televisoras. Pero no hay problema: Ya se sabe que la televisión mexicana siempre apoya las mejores causas, ¿o no?

Los nuevos "criollos" y sus privilegios

Ha sido vergonzosa la actitud de la mayoría de los dirigentes empresariales mexicanos, así como de algunos "magnates" de los medios de comunicación (especialistas en "tirar la piedra y esconder la mano detrás de sus empleados domesticados y disfrazados de comunicadores y analistas"), respecto de la propuesta de Reforma Fiscal.

Por eso, se agradecen artículos como el que publicó hoy Leonardo Curzio en El Universal y que puede leerse aquí.

La conclusión no tiene desperdicio:

"Hemos forjado una sociedad que considera que la jerarquía social se marca, entre otras cosas, por la posibilidad de no contribuir equitativamente con el erario público. En la Colonia se pensaba que para eso estaban los indios, después de todo los criollos y los mestizos se sentían los continuadores de la edificación de esta nación. En los tiempos modernos los indios tributarios parecen ser los asalariados que son los que con entereza pagan y no tienen ni deducciones ni servicios de calidad".

Reformas y sociedad abierta

La democracia es un sistema en permanente reforma; sólo las tiranías, surgidas de idealismos totalizadores, se resisten a reformarse y sólo los fanáticos, intoxicados igualmente de idealismo totalizador, repudian el reformismo y exigen revoluciones definitivas, que resuelvan todo de la noche a la mañana.

Una de las grandes enseñanzas de Karl Popper, útil tanto para el científico a la búsqueda de la verdad como para el político a la búsqueda de mejores arreglos institucionales para la vida social, fue la prevención contra el idealismo platónico y hegeliano que propone soluciones holísticas o totalizadoras, definitivas.

La tentación revolucionaria surge de la superstición idealista de estirpe platónica: Hay un mundo de ideas y arquetipos perfectos y bastaría con que alguien lo establezca en la vida social para que reinen la paz, la armonía, la justicia perfectas. Un gran mérito filosófico de Popper fue justamente revelar cómo Hegel – abuelo común del marxismo y del neopositivismo- es el eslabón intelectual entre Platón que proclamaba la tiranía de los sabios como el gobierno perfecto y los atroces totalitarismos que el mundo padeció en el siglo pasado.

Dando un salto de la filosofia a la vida pública cotidiana encontramos la expresión de ese idealismo totalizador en la retórica granidlocuente de no pocos políticos del todo o nada. Matizada, esa misma grandilocuencia está en quienes siempre encuentran motivos de rechazo hacia cualquier intento de reforma sea porque les parece lleno de imperfecciones, sea porque se les antoja tímido o parcial, sea porque no se aviene con un mundo abstracto de esencias ideales e inmutables.

A veces, incluso esas pretendidas esencias inmutables – por ejemplo: “soberanía nacional” o “identidad nacional”- se acaban revelando como auténticas patrañas cuando las confrontamos con la realidad.

Al discutir una reforma, como la reforma fiscal, sería muy provechoso que no se olvidasen estos dos sencillos principios: 1. Dada nuestra incapacidad de abarcar de un solo golpe toda la realidad, está en la naturaleza de la democracia reformarse continuamente, como quien procede por aproximaciones o, incluso, por ensayo y error, y 2. Dado que no hay, aquí en la tierra, reformas últimas, definitivas y perfectas la pregunta no debe ser si tal o cual reforma nos lleva directo al paraíso – ninguna lo hace- sino si significa un avance o un retroceso. La grandilocuencia sólo estorba.

Luces direccionales y teoría de juegos

Algún estudioso de la ciencia política, de la economía o de las matemáticas debería diagramar, conforme a la teoría de juegos, el síndrome automovolísitico, típico de la ciudad de México, que consiste en evitar a toda costa que el conductor que indica su deseo de cambiar de carril – mediante las luces direccionales de su auto- pueda lograrlo.

Miles de conductores de vehículos en la ciudad de México parecen adiestrados con disciplina castrense en el arte de oponer férrea resistencia a los deseos previa y civilizadamente anunciados por otros conductores. Basta con que “A” manifieste, mediante las luces direccionales, su pretensión de cambiar de carril para que el conductor de junto, “B”, – advertido de la intención de “A”- se lo impida acelerando o frenando.

Esta conducta revela que para el conductor medio en la ciudad de México estar al mando de un automóvil es lo contrario de un juego cooperativo “ganar-ganar” y es lo más parecido a una guerra sin cuartel que suele terminar en “todos pierden”.

Tal parece que el conductor “B” abriga un profundo desprecio por alguien que como “A” avisa con anticipación sus intenciones. En su deteriorado cerebro “B” cavila: “Sólo un pelmazo revela en la jungla de asfalto sus intenciones a sus adversarios; este pelmazo – es decir “A”- merece ser castigado por despreciar la primer regla de esta guerra de guerrillas: sorprender y abusar”. Salvo casos excepcionales y patológicos, los conductores que como “A” reciben esa primera lección de cómo funcionan las cosas en la lucha diaria por los centímetros de asfalto, la asimilan, la aprenden y actúan en consecuencia: 1. Omitirán en el futuro el uso de las luces direccionales y 2. Impedirán a toda costa el paso a eventuales pelmazos que manifiesten su deseo de cambiar de carril: “¡Si lo quieres arrebátalo, jamás lo pidas!”.

Lo bonito de esta conducta típica es que reproduce fielmente la estrategia de algunos políticos para quienes toda cooperación es sinónimo de cobardía, afeminamiento y claudicación. Y ahí los tiene usted sentando cátedra, con el ejemplo, para beneficio de todos los guerrilleros motorizados: Marcelo advierte con vehemencia: “Aunque me inviten, jamás iré”. Andrés, el sumo pontífice, amenaza con el dedo flamígero: “Al infierno de los tibios deberán ir aquellos que negocien una reforma fiscal; estoy a punto de vomitarlos de mi boca”.

La evolución de las especies…empresariales

Los más aptos en un entorno cambiante son los más adaptables, no necesariamente los más grandes, ni los más estruendosos.

Los paradigmas de la actividad empresarial empiezan a cambiar en México. De una forma burda podría decirse que estamos transitando de un mercantilismo atenuado por la amenaza del motín a un auténtico entorno de libre competencia. No se trata de un ciclo corto de la historia, sino de un cambio de largo aliento – no exento de titubeos y contramarchas- que la cercanía, en el tiempo y en el espacio, nos dificulta percibir como tal.

Pongo un ejemplo reciente: La reforma fiscal propuesta por el Presidente Calderón al Congreso encierra algunos cambios de paradigmas tanto para el comportamiento fiscal de los gobiernos en sus diversas instancias – federal y locales- en materia de gastos y presupuestos, como para el resto de los agentes económicos en materia tributaria.

Sin embargo, la primera recepción local a esta propuesta ha tendido a minimizar la magnitud y el mérito de dichos cambios, confundiéndolos – tal vez por hábito- con un ajuste más o menos cosmético. Percepción errónea que, por cierto, podría hasta ser benéfica para que los mismos cambios se lleguen a concretar. Más vale no asustar a los férreos defensores del inmovilismo.

Esto contrasta con la percepción que algunos observadores externos han tenido respecto de la misma propuesta de reforma fiscal. Nada menos que en Le Monde del 22 de junio pasado, Jöelle Stolz escribió: “La clave…se encuentra en la reforma fiscal que quiere adoptar este verano el presidente Felipe Calderón. Se trata de poner fin a un régimen generalizado de exenciones…Más que reforma, una revolución”. (Ver “Ecofrictions. Inégalités mexicaines”).

Así, de ese tamaño, una revolución; ¿no que eran ajustes misceláneos?

El cambio de paradigma tributario se encuentra en la ya famosa Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) que modifica sustancialmente los incentivos implícitos en el sistema fiscal. Y alinea los incentivos correctamente, a mi juicio: hacia la inversión, hacia la capitalización productiva de las empresas, hacia la productividad y hacia la competencia en un terreno de juego más parejo.

¿Quiénes, en caso de aprobarse los cambios, prosperarán? Seguramente los más adaptables, que son la mayoría de los empresarios mexicanos; también varios de los grandotes. A estos últimos si pudieron adaptarse tan bien al mercantilismo, no debería costarles mucho aprender a jugar en un entorno de competencia y sin privilegios.

Reforma fiscal: izquierda extraviada

Es cierto: De la ignorancia económica nacen todas las demagogias. Las de la derecha y las de la izquierda…Por lo pronto, la propuesta de reforma fiscal tiene a los dirigentes de la primitiva izquierda mexicana confundidos, atrapados en la incompetencia para el análisis.




No la vieron venir. Se esperaban una reedición de la propuesta de reforma del sexenio pasado, centrada en la tasa única en el Impuesto al Valor Agregado, y estaban preparados para una una nueva edición de la epopeya de pacotilla entre los buenazos de la izquierda defendiendo a los “pobres” (el axioma fanático es: “tasa cero en alimentos es igual a justicia social”) y los malvados de la derecha en el gobierno tratando de fastidiar a los “pobres”.

No fue así. El gobierno no jugó de acuerdo con las previsiones esquemáticas y envió una propuesta novedosa, que no se encuadra en el mecanicismo burdo de “izquierdas-derechas”; propuesta que ataca frontalmente las prácticas de elusión fiscal (el eufemismo es: “planeación fiscal agresiva”) que realizan algunas grandes corporaciones en México y hoy tenemos una imagen surrealista: Las firmas de asesoría fiscal hablan como voceros de Andrés López Obrador o viceversa, para oponerse – con adjetivos, sin análisis- a una reforma que los primeros – los expertos en planeación fiscal para pagar menos o no pagar impuestos- entienden muy bien, y por eso les molesta, y que los segundos – López y su reducto de incompetentes- no entienden…y por eso les molesta.

Me refiero hoy a la incomódisima posición de la izquierda mexicana ante esta propuesta de reforma fiscal: 1. Tienen que, porque el fanatismo manda sobre el entendimiento, oponerse a una propuesta surgida de sus adversarios, pero no saben cómo, ni por qué, 2. Tienen que oponerse, pese a que es una propuesta que teóricamente busca lo que la propia izquierda propone en sus discursos: equidad y combate a los privilegios, pero lo hace con un diseño inteligente que, ni en sueños, habría podido ocurrírseles a los incompetentes que se han refugiado en el PRD y en otros movimientos que sustituyen la inteligencia con estruendos y frases hechas.

Salir de ese callejón – que los ha convertido en voceros involuntarios, pero fervorosos, de algunas grandes empresas privilegiadas- parece imposible. La realidad es implacablemente lógica y la lógica le cobra sin piedad sus facturas a los embusteros.

El negocio de la elusión y los verdaderos cautivos

Un cálculo grueso de cuál es la tasa promedio efectiva de impuesto sobre sus utilidades que están pagando las empresas en México arroja la cifra de 13.7 por ciento. Mientras tanto, los asalariados de cierto nivel pagan, quieran o no, porque se les retiene el impuesto, una tasa efectiva de 28 por ciento. ¡Esos son los verdaderos contribuyentes cautivos!

Las estimaciones cuantitativas sobre asuntos que, por su naturaleza, carecen de registros formales y públicos deben hacerse por inferencia. Tal es el caso de este cálculo – que me ha proporcionado un amigo economista, asiduo lector de estas Ideas al vuelo- acerca de la tasa promedio que de veras se paga en México de Impuesto sobre la Renta (ISR) empresarial.

¿Cómo se llegó a esta inferencia? A partir de los siguientes datos:
1. Recaudación de ISR de empresas: 171,437.1 millones de pesos,
2. Cálculo de la SHCP acerca del monto de recaudación que NO se obtiene del ISR empresarial a causa de tratamientos especiales, tasas diferenciales, excepciones, planeaciones fiscales para imcrementar deliberadamente la cuantía de las deducciones y otras: 177,340 millones de pesos (dato registrado en el llamado “presupuesto de gastos fiscales”).
La suma de (1) y (2) nos da el estimado de lo que se debería recaudar si todas las empresas tributaran efectivamente conforme a la tasa nominal del ISR: 348,777.1 millones de pesos. Si esta última cifra es el 28 por ciento de las utilidades de las empresas, se infiere que la tasa efectiva promedio que se está pagando es de tan sólo 13.7 por ciento.

Obviamente es un promedio de un conjunto muy extenso, con una gran varianza: Habrá muchos que paguen una tasa mayor y otros que paguen una tasa menor de la tasa promedio.

En contraste, cualquier asalariado en México que gane, por poner una cifra, 20,000 pesos mensuales tributa un ISR para personas físicas – quiera o no- a una tasa efectiva de 28 por ciento, prácticamente sin posibilidad de hacer deducciones.
Es claro:
1. Que la actual base gravable del ISR empresarial está gravamente erosionada,
2. Que es una situación inicua para los verdaderos contribuyentes cautivos, que son los asalariados y
3. Que la introducción de la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) como impuesto de control es una buena idea que, independientemente de su potencial recaudador, tenderá a emparejar las tasas efectivas de ISR entre empresas y asalariados.

Los de arriba, los de abajo y los gobiernos

Dos historias, una de ricachones frívolos; otra, de pobres a quienes un gobierno mantiene fastidiados llevándoles el agua en camiones, en lugar de invertir en redes de agua potable. Para desperdiciar el dinero no hay que tener mucha imaginación.

Un magnate mexicano acostumbraba ir de cacería a Tamaulipas, acompañado de amigos y cortesanos. Un día su asistente ejecutivo tuvo la ocurrencia de complacer a su jefe proponiéndole que la cacería se realizase desde un helicóptero. ¡Qué lujo!, ¡qué originalidad!, ¡qué despliegue de riqueza! Al final fue una experiencia desastrosa y un criminal desperdicio de recursos; idiota. Entre otras cosas, un camión cisterna lleno de combustible tuvo que hacer, en paralelo, el recorrido por veredas y caminos para permitir que el helicóptero se aprovisionase cada vez que hacía falta.

Durante años, cuando menos desde las épocas de Manuel Camacho Solís, las autoridades del Distrito Federal han usado la misma lógica derrochadora para llevarle agua a comunidades pobres en la delegación Tlalpan. Todos los días varios camiones cisterna cargados de agua potable fatigan la carretera del Ajusco llevando agua “gratuita” a los asentamientos de vivienda que carecen de una red de agua potable. Es un lujo tan estúpido como el del ricachón, pero financiado con dinero de los contribuyentes. Los recursos gastados todos estos años habrían sobrado para que los “beneficiarios” disfrutasen ya de agua potable en sus domicilios con sólo abrir una llave, pero no: Hay que hacerles sentir la bondad del gobierno que les regala el agua – y que, con frecuencia, por ejemplo en épocas electorales, les condiciona la dotación- y que hace un despliegue de recursos con su ejército de camiones cisterna.

Por supuesto, los rendimientos políticos de mantener a esas colonias paupérrimas sin una red de agua potable eficiente son inmensos. No hay quien haya tenido, en los sucesivos gobiernos, un solo incentivo para gastar con eficacia los recursos. Luce mucho ese despliegue cotidiano de los camiones cisterna y, cuando se ofrece, rinde mucho que a cambio de la dotación de agua los beneficiarios deban asistir a un mitin del candidato en turno.

El derroche de llevar agua de la manera menos eficiente se paga con impuestos; el derroche del ricachón tratando de cazar desde el helicóptero hasta ahora ha sido deducible de impuestos.

Gasto público: ¿Cómo frenarlo?

De entrada hay una inevitable tendencia al desperdicio en el gasto gubernamental – en cualquier país, en cualquier época-, de ahí la importancia crucial de frenar el desperdicio mediante un cambio drástico hacia el logro de resultados.

El hecho de que un mexicano que nace en una comunidad de población mayoritariamente indígena tenga una esperanza de vida de 66 años contra una esperanza de vida de 78 años que tiene un mexicano que nace en una ciudad como Monterrey, NO (las mayúsculas son intencionales) nos habla de que el gobierno necesite gastar más, sino de que necesita gastar mejor – y probablemente menos- porque ha estado desperdiciando miserablemente, por décadas, los recursos que aportamos los contribuyentes.

Y habría que precisar más: No es el gobierno en abstracto, son los gobiernos específicos. El gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno de la cabecera municipal y hasta el gobierno de la comunidad, así sea una paupérrima ranchería.

El indicador de la disparidad en la esperanza de vida nos relata, en el fondo, todo un catálogo de decisiones erróneas, tal vez estúpidas, muchas veces esquizofrénicas, en materia de gasto público. ¿Por qué hemos gastado tantos millones de pesos en sostener el mito de que ese mexicano de una comunidad indígena debe quedarse ahí, alejado de toda oportunidad de desarrollo, incomunicado, sin acceso al progreso?, ¿por qué hemos gastado tantos millones de pesos en adoctrinar a ese mexicano en que debe seguir, como sus ancestros, cultivando maíz en una parcela de ínfimas dimensiones y en condiciones de abismal improductividad?

¿Qué salva más vidas?, ¿el agua potable?, ¿las vacunas?, ¿una carretera?, ¿la energía eléctrica? ¿Qué es más eficiente y eficaz?, ¿llevar a una comunidad de menos de dos mil habitantes toda la infraestructura que puede soportar una ciudad, a costos exorbitantes? o ¿propiciar que esos mexicanos emigren y se integren al progreso?, ¿tiene sentido subsidiar la producción de maíz en esas condiciones de total desventaja competitiva y comparativa?, ¿qué sirve más para mejorar las condiciones de vida?, ¿la enseñanza del náhuatl o la enseñanza del inglés?, ¿dónde va a dar mejores resultados el dinero público: destinado a becas para aprender computación o destinado a pagarle a un “maestro” del CNTE especializado en marchas y bloqueos?

Si de veras empezamos a medir los resultados del gasto, no sólo empezaremos a gastar mejor; gastaremos mucho menos.