Vaciladas igualitaristas

Confundir la igualdad de los ciudadanos ante la ley con la igualdad en los resultados es una burla al Estado de Derecho y es el camino seguro para conculcar los derechos fundamentales del ser humano.


El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Santiago Creel Miranda, obsequió el viernes a los lectores de un periódico capitalino - "Reforma"- un (fallido) argumento para enriquecer la calificación que hizo de los amparos en contra de las restricciones a la libertad de expresión, contenidas en la llamada "reforma electoral", como "una vacilada" (esto es: una burla).

Creel, a quien no debe acusarse de usar con corrección el español (decir "sospechosismo" en lugar de suspicacia lo absuelve por completo de tal delito), argumenta que la prohibición, impuesta a los ciudadanos comunes, de contratar espacios en radio y televisión para expresar sus pareceres sobre contiendas, propuestas y candidatos electorales, no sólo no atenta contra la libertad de expresión sino que la garantiza porque permitirá la igualdad absoluta de todos los ciudadanos en tal aspecto. El argumento dice así: Dado que no todos los ciudadanos tienen los recursos económicos para contratar dichos espacios, la mejor manera de impedir que esa libertad (expresarse en radio y televisión) sea ejercida por unos pocos – que tienen los recursos- pero no por muchos otros – que no tienen los recursos-, es negársela a todos.

Siguiendo esa "lógica" los legisladores deberían diseñar muchas otras prohibiciones ¡para preservar la libertad! En materia electoral deberían garantizar que nadie (partidos o candidatos) compita con ventajas. La mejor manera de hacerlo es prohibir las elecciones e instaurar una dictadura. ¿Qué garantizaría mejor una equidad absoluta en los resultados electorales que el hecho de que no hubiera elecciones? Es lo mismo que sucede con la muerte que es la única forma comprobada de igualación total de los seres humanos – en los resultados- que se conoce.

Así pues, parecería que esta reforma electoral es un paso adelante hacia la envidiable condición de "igualdad democrática" que se disfruta en Cuba o en Corea del Norte.

El alegato de Creel debió publicarse en todos los periódicos de México y difundirse por todos los medios (en beneficio de los no alfabetizados), ya que, en la lógica del senador, su publicación en un solo periódico conculcó el derecho a la información de quienes no leyeron tal diario. ¡Qué atroz violación del igualitarismo salvaje!, ¡y perpetrada por uno de sus paladines!

Las atroces metáforas colectivistas

No hay tal cosa como un “cuerpo místico de la ciudad de México” del cual el señor Ebrard pretende ser vocero, representante único, encarnación y dueño.

Hace unos días, con ese tono de agraviado permanente que tanto le gusta, el señor Marcelo Ebrard reclamó que cualquier observación a la inacción, omisiones o yerros del gobierno que encabeza constituye una afrenta a “los derechos de la ciudad”.

Hablar de “los derechos de la ciudad” es una de esas metáforas desafortunadas a las que son tan aficionados los políticos para los cuales las abstracciones colectivistas – el partido, el proletariado, la oligarquia, el país, la humanidad- son las únicas realidades existentes, sobrehumanas, que de vez en cuando se ven incordiadas por la aparición de unas deleznables criaturas de ficción que somos los seres humanos de carne y hueso, con nombre y apellidos. Por fortuna para tales políticos esas pequeñas impertinencias pueden ser ahuyentadas o eliminadas con un manotazo o con un ademán enérgico, como cuando un gigante se espanta un mosquito molesto.

Hablar de “los derechos de la ciudad” es una metáfora tan idiota como hablar de los sufrimientos de la ciudad, la alegría de la ciudad, el rostro de la ciudad. Sufren, gozan, tienen rostro y derechos inalienables las personas específicas, de carne y hueso. Una por una. Atribuir a la abstracción colectiva cualidades humanas es una patraña.

En su magnífica defensa de los derechos humanos específicos e inalienables frente a los ataques del terrorismo colectivista de ETA y de sus promotores explícitos e implícitos, el filósofo español (y vasco) Fernando Savater escribió “que los derechos humanos son siempre individuales…que tales derechos individuales no pueden estar supeditados ni a los más decentes proyectos políticos…que hablar de derechos ‘individuales o colectivos’ no es más que una reverencia a la razón de Estado…la cual sólo reconoce a los primeros mientras no interfieran con los segundos”.

Y más adelante: “El Estado (aquí podríamos poner nosotros ‘la ciudad’) no es un cuerpo místico en el que reina la comunión de los santos (capitalinos o chilangos) sino un tinglado institucional…cuyos administradores son tanto más buenos cuanto menos malos se les deja impunemente ser”.

Eludir como administrador público la responsabilidad personal escudándose en un colectivo ficticio, eso sí que es un agravio para cada ciudadano realmente existente.
¿Derechos de la ciudad? Patrañas, Marcelo, sólo patrañas.

Nuestro “derecho” a no irritarnos

Hemos avanzado una barbaridad en esto de la tolerancia. Algún venerable predicador de la progresía mexicana ya descubrió que lo importante no es aplicar la ley contra quien expropia espacios y bienes públicos – y conculca los derechos de los demás-, sino evitar que la irritación de los afectados se vuelva contra los pobrecitos “manifestantes”.

Para que nos vayamos enterando de cómo funcionan las cosas en el reino de Progresía. El señor Miguel Ángel Granados Chapa ilumina a la opinión pública acerca de la necesidad de conciliar el derecho a manifestarse con el derecho al libre tránsito. Cito sus palabras, que son una joya:

“…lo que va mostrando la necesidad de conciliarlos (dichos derechos) para evitar que la irritación de los afectados se vuelva contra los manifestantes”.

Más claro, imposible. No se trata de respetar los derechos de quienes nos vemos afectados por inopinadas “manifestaciones” que cierran calles y avenidas – con el diligente auxilio de las autoridades en el caso de la Ciudad de México-, sino de evitar que nosotros, los simples ciudadanos que deseamos ir de un sitio a otro, perturbemos con nuestra irritación a los impolutos e inmarcesibles manifestantes. A los ojos de Granados Chapa, transeúntes, automovilistas ansiosos por llegar a su destino, trabajadores en tránsito hacia sus labores, paseantes ociosos, debemos ser energúmenos a quienes la autoridad debe calmar para que no descarguemos nuestra censurable ira en contra de los intocables “manifestantes”.

El derecho a manifestarse es, bien visto, sólo un derivado del derecho a la libre expresión. ¿Por qué para manifestar su desacuerdo con tal o cual cosa una persona necesita obstruir el tránsito, pintarrajear casas y comercios, agredir a los transeúntes que manifiestan su opinión en contrario, dañar el patrimonio común de la ciudad – de suyo en decadencia- y perturbar la precaria convivencia armónica de la comunidad? No lo sé. Tal vez es por incapacidad expresiva, tal vez desconocen el poder de las palabras – bien dichas, bien pensadas, bien articuladas en oraciones-, tal vez la fatiga de razonar sus desacuerdos rebasa sus capacidades fisiológicas.

Por todo eso, imagino, debe dársele prioridad al derecho de expresarse como si aún estuviésemos en estado primigenio, en medio de la selva, con aullidos y golpes. Atropellando. Sí, debe ser eso. La capacidad de la Progresía para expresarse eficazmente con palabras se ha perdido. Basta leer a don Miguel Ángel para verificarlo.