El amor al corporativismo, el miedo a la libertad

"Espíritu de cuerpo". "Unidad colectiva". "Solidaridad". "Gremio".

"La unidad es la que nos hará salir adelante" proclamó, ante unas cien personas - presuntamente pertenecientes al gremio de los trabajadores sindicalizados de la extinta Luz y Fuerza del Centro -, Fernando Amezcua, secretario del exterior del SME.

Tiene razón. La "unidad" es la única esperanza que le queda al SME para sobrevivir. Antes, la "unidad" fue forzada, venía junto con el empleo o "la chamba" en Luz y Fuerza del Centro - con mayor razón si para obtener esa "plaza" hubo que pagarle antes a un personero del SME o que se hacía pasar por tal-, y pertenecías al SME en automático, de la misma forma que en tiempos pretéritos pertenecías al PRI si trabajabas en un puesto de confianza en el gobierno (digamos, de jefe de departamento para arriba), y de la misma forma que la ley, al menos en la letra, te sigue obligando a pertenecer a la cámara tal o a la cámara cual, al gremio pues, si tienes una empresa de esto o de lo otro. Y la corporación, se supone, velaba por ti, la corporación (encarnada en asamblea o en junta de notables o en comité ejecutivo) decidía por ti lo mejor para ti, siempre y cuando lo mejor para ti fuese también lo mejor para la corporación. En caso de conflicto entre lo que tú pensabas que era lo mejor para ti y lo que la corporación pensaba que era lo mejor, no cabía duda: La corporación estaba (está) siempre sobre el individuo.

Esa es la "unidad" que invoca Amezcua para que el corporativo pueda subsistir. "Pertenecer a...". Ya no soy dueño de mí, ni de mis actos, ni de mis decisiones. Éstas son del colectivo al que pertenezco. A cambio de ceder mi soberanía individual, mi libertad, obtengo "protección", dinero, prestaciones y hasta un sentimiento como de calorcito acogedor, en lugar del temible desamparo de la responsabilidad individual. Si quieres recobrar tu soberanía individual te quedarás en el desamparo, a la intemperie, ahí donde está el "llanto y crujir de dientes".

Lo que ahora le sucede al SME es que, como corporación, tendrá que conquistar de nuevo a los miembros del cuerpo colectivo sin poder ofrecerles, a cambio de su "pertenecer a", dinero, una plaza, prestaciones...No los puede ofrecer hoy, pero la prédica corporativa es que "si nos mantenemos unidos" existe la probabilidad de recuperar esos viejos buenos tiempos en los que todo era el gremio, la corporación, el sindicato y en los que ese colectivo, espléndido, munificente, nos daba todo.

Del otro lado, aparece el gobierno, que de pronto, y al fin, se acordó de que el "dueño" de Luz y Fuerza no era el SME, sino el Estado y que si Luz y Fuerza ya no servía, desde hace años, para lo que se suponía que fue creada, correspondía terminar con el equívoco monumental. Y ese gobierno es ahora el que tiene la chequera y te dice: Esto se acabó, pero si quieres te doy una más que generosa liquidación, te reconozco, sin mayores averiguaciones engorrosas o bochornosas, que te ganaste este dinero por tu trabajo, no porque "perteneces a" la corporación SME.

Añadió Amezcua ante su exigua audiencia (un centenar de personas frente a más de 40 mil supuestos miembros del gremio), algunas precisiones sobre la "unidad" que hoy demanda SME para subsistir: "No tenemos que cobrar la liquidación. El no cobrar las liquidaciones es un acuerdo de asamblea". Clarísimo: Lo que te puede parecer bueno, desde una odiosa y execrable perspectiva individual (cobrar una jugosa liquidación y "aquí se rompió una taza y cada quien para su casa") no es bueno ni deseable para la corporación a la que ¿perteneces o pertenecías?... Aquí entra el punto flaco, totalmente vulnerable del argumento corporativista en estas circunstancias: La corporación, el gremio, el sindicato ya no me ofrece siquiera el calorcito de antes, ¿por qué debo seguir perteneciéndole?

Tal vez por eso Amezcua no tiene más remedio que introducir un insólito matiz en su arenga, una ruptura fatal en el argumento colectivista (retomo el discurso original del secretario del exterior del SME): "El no cobrar las liquidaciones es un acuerdo de asamblea, finalmente es una responsabilidad particular de cada individuo el cobrarlas o no, y colectivamente la mayor parte de nuestros compañeros esta firme ante la propuesta que se hizo".

Nótese que ya no queda claro cuál fue "la propuesta que se hizo" en la dichosa asamblea (celebrada ¿cuándo?, ¿con qué asistencia?, ¿con qué mecanismos de voto?), ¿fue la propuesta de que "no hay que cobrar las liquidaciones" o fue la propuesta de que cobrar o no es "una responsabilidad particular de cada individuo"?

Debe ser bonito recobrar tu libertad individual cobrando una liquidación de decenas o cientos de miles de pesos, y en algunos casos de mucho más. Por lo general, en esta vida ser libre cuesta. Por lo general, esos colectivos que se encarnan en los gobiernos (los Estados) no te pagan para que seas libre, sino para que dejes de serlo. Curiosas vueltas que da la vida. Este es uno de esos casos excepcionales - al menos en la vida de este país tan afecto al "espíritu de cuerpo" y tan desafecto a los riesgos de la libertad individual-, en los que el Estado propicia y alienta la libertad, ¡te pagan para que te liberes!

Insólito. Y bienvenido, aunque lo más probable es que para el gobierno algo tan importante como la libertad de elección sólo haya sido un efecto colateral - deseado o no - de una correcta decisión de funcionalidad económica.

Recomendación: "Para ser libre"

Recomiendo a todos los lectores el blog de Francisco Javier Rovalo - buen amigo y lector cotidiano de estas "Ideas al vuelo" desde hace años- en este vínculo, ahí encontrarán la primera parte de su libro "Para ser libre" que, a mi juicio, aborda desde una perspectiva contemporánea una doctrina milenaria y verdadera que está en la base la civilización occidental y que resuelve lo más importante en esta vida.

Estados Unidos: Una guerra estúpida

“Criminal”, “estúpida”, “fallida”, “errónea”, “mal dirigida”, “autodestructiva”, “desastrosa”, “inmoral”.

Todos estos adjetivos, y algunos más, se aplican a la “guerra contra las drogas” que desde hace décadas lleva a cabo Estados Unidos. No son calificativos que a mí se me hayan ocurrido, es una seria y fundamentada opinión editorial publicada el lunes en el Financial Times (FT) y destacada en su primera plana. La firma uno de los colaboradores más prestigiados del diario especializado: Clive Crook.

La severa crítica tiene sólidos fundamentos y parte de una tesis bien conocida:
“Aun un observador casual puede ver que la mayor parte del daño causado en los Estados Unidos por las drogas ilegales es resultado del hecho de que tales drogas sean ilegales, no del hecho de que sean drogas”.

Otras drogas, legales, como el alcohol o el tabaco, sin duda causan estragos en la salud, en la economía y hasta en la convivencia social, pero al ser drogas legales son reguladas, y tales daños son infinitamente menores que los causados por las drogas prohibidas y perseguidas.

La sociedad y los gobiernos han logrado establecer mecanismos de control en el caso de las drogas permitidas: van desde los impuestos hasta fuertes restricciones, conocidas y aplicadas ampliamente, que permiten que el Estado (entendido como el conjunto del gobierno y la sociedad) conozca y controle quién produce las drogas, cuáles son sus canales de distribución, quién puede tener acceso a ellas, en qué proporción, a qué precios, en qué condiciones, bajo qué controles de calidad.

Además, la regulación entendida en sentido amplio (lo que incluye los llamados “impuestos al pecado”) genera ingresos fiscales que se destinan - al menos en parte- a tareas de prevención y combate de las adicciones, así como a sufragar los gastos que genera la atención y el cuidado a los adictos.

Desde el punto de vista de los principios, que es lo más importante si no queremos convertirnos en una manada de cínicos, estas regulaciones aplicadas a las drogas permitidas preservan y respetan la base de toda democracia: la libertad y la responsabilidad personales. Toda democracia que se respete o se sustenta en principios liberales clásicos o degenera en dictadura de la chusma.

México, obligado por la vecindad con Estados Unidos, está atrapado en esta guerra idiota e inmoral. Parece imposible eludir esta tragedia -una tarea absurda, costosa e inútil, promotora del crimen-, mientras el gobierno de Estados Unidos no abandone un enfoque tan estúpido.

¿Hasta cuando?

Bombay, los liberticidas atacan de nuevo

“El abogado (…) se presentaba ante mí como alguien tan liberal (…) Pero en realidad era un viejo fanático. No se conformaba con poseer su fe; quería verla triunfar a la manera antigua (…) Su voz temblaba y le brillaban los ojos; volvía a ser el niño de tres años en Lyalpur, jugando con imágenes en las que enviaba a los infieles a otro mundo”.


La cita anterior es del revelador libro “Al límite de la fe” de V.S. Naipaul, publicado en 1998, y se refiere a una entrevista con un abogado pakistaní, una más de las decenas de entrevistas que hizo Naipaul en cuatro naciones islámicas cuyos orígenes milenarios no son árabes (Indonesia, Irán, Pakistán y Malasia), naciones “conversas” – de fuerza o de grado- al Islam, que quiere decir: Sumisión.

Pakistán es oficialmente la República Islámica de Pakistán. El apellido islámico no es anécdota sino definición: Ser pakistaní es ser musulmán. El nombre Pakistán significa en la lengua oficial, el urdu: tierra de los sagrados o puros. Pakistán surgió en 1947 como respuesta a la exigencia de musulmanes de la India que deseaban tener una nación propia, sin hindúes, sin infieles.

El abogado pakistaní del relato de Naipaul le recita al escritor trinitario, de origen hindú (que posteriormente ganaría el Premio Nóbel de Literatura en 2001) unos versos en urdu: “Darté nahin dunya mayu Musalman kisi sé --- Ya Duch Ali-sé”. Que se traducen como: “No conoce el musulmán en este mundo el temor --- ve a preguntarle a Alí”. (Ali es el cuarto califa, al mismo tiempo primo y yerno del profeta Mahoma, ya que se casó con Fátima).

Los jóvenes integrantes de los comandos terroristas que sembraron la muerte y la destrucción en Bombay a partir de la noche del miércoles pasado tampoco conocieron el miedo (o así lo creían) y, al igual que el abogado pakistaní del relato, deben haber acariciado muchas veces las imágenes de “purificadoras” matanzas de infieles, de preferencia occidentales, mejor si son estadounidenses, y tanto mejor si son judíos (entre los más de cien masacrados se cuentan un rabino estadounidense y su esposa); la única diferencia respecto del abogado fanático es que ellos sí han logrado llevar a los hechos el mandato de exterminar infieles.

La libertad, a los ojos de estos desquiciados, es fuente de corrupción y decadencia. Es la antítesis del Islam; de la sumisión.

Un histórico triunfo de la inteligencia

El rescate impecable de 15 personas que mantenían cautivas las FARC es una gran noticia para toda la humanidad: La inteligencia sigue siendo más poderosa que la barbarie, la demagogia y la confusión.

Es un viejo lugar común ironizar acerca del aparente contrasentido de la frase “inteligencia militar”. Los ejércitos, las policías, los llamados cuerpos de seguridad han cometido, en la historia, un sinnúmero de tropelías que son la antitesis de la inteligencia. Por lo general, sin embargo, los culpables últimos de esas atrocidades son los jefes de los jefes de los jefes militares o policíacos, es decir: los políticos.

La minuciosa operación del 2 de julio para liberar a 15 víctimas de las FARC en Colombia, algunas de las cuales llevaban más de diez años en un cautiverio dictado por la estupidez ideológica (las ideologías son la falsificación más barata y más nociva de la inteligencia), pasará a la historia como un triunfo de la inteligencia.

La inteligencia de la operación sólo se entiende a cabalidad si nos remontamos al origen último: La decisión inteligente, pero impopular en los tiempos que corren, de no hacer concesiones a la barbarie y al atropello de los derechos humanos. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, nunca confundió los procedimientos con los fines y por ello instrumentó procedimientos subordinados a los fines y acotados por ellos.

Los fines: Preservar las vidas humanas, restaurar la condición de seres libres a quienes la violencia y la sinrazón (disfrazadas de ideología) les ha privado de la libertad, no negociar poniendo en riesgo el imperio del derecho y de la razón cuya restauración se busca ante todo.

La operación – que en palabras de Ingrid Betancourt fue “una partitura” perfectamente ejecutada- no buscaba la aniquilación de nadie, sino la liberación de los cautivos.

Cuando los fines están claros, los procedimientos son inteligentes y honestos. No necesitan escudarse en la palabrería, ni requieren de jactancias de machitos. Se hacen las cosas como deben hacerse y punto. Despacito y con buena letra, como aconsejaba Machado.

¿Cuál es la diferencia entre “operativo espectacular” y “operación efectiva”? La inteligencia honesta. Y que en el primer caso tienes doce muertes estúpidas y en el segundo tienes 15 personas que recobran la vida al recuperar su libertad.

Algo más que una gran palabra

La batalla por la libertad no tiene nada de abstracta. Se trata lo mismo de pelear, con las armas de la razón, por el derecho de una persona a llevar sus propias maletas en un carrito, que de defender el derecho de cualquier persona a decir lo que piensa acerca de un partido político o de un candidato en campaña. Hoy como ayer, seguimos en esa batalla.



A veces hay que tomar con guantes las "grandes palabras". Se usa y abusa tanto de ellas que uno, al recibirlas, se pregunta por qué manos habrán pasado y para qué causas habrán sido usadas.

Pero son algo más que "grandes palabras" o que eslabones útiles para enhebrar frases en un discurso. Son realidades que existen y sobreviven, airosas, al maltrato que les damos.

Tomemos el caso de la libertad. No es una abstracción, ni una etiqueta ideológica; tampoco – desde luego – es un pretexto aceptable para violar acuerdos o para conculcar los derechos de los demás. Es una realidad muy concreta que de inmediato echamos en falta cuando nos impiden ejercerla. Porque la ejercemos en pequeñas y en grandes cosas, aun cuando con frecuencia se empeñen, una y otra vez, en que no lo hagamos.

Pequeñas cosas como poder trasladar nuestras propias maletas en un aeropuerto mediante un carrito ideado para el efecto o grandes cosas como poder expresar nuestras preferencias o nuestras aversiones en materia política o electoral.

El 27 de noviembre pasado escribí sobre ambas cosas, en algo que se llamó "Los políticos y los maleteros", criticando por igual las barreras físicas con que el aeropuerto de la ciudad de México recibe a un viajero que desea transportar por sí mismo su equipaje, que las barreras legales contra la libre expresión, plasmadas en esa malhecha legislación electoral que los partidos políticos impulsaron el año pasado. La batalla sigue vigente porque ésas, como cientos de barreras más a la libertad, siguen en pie. Y esas barreras no sólo atentan contra nuestro bienestar material, sino también, y esto es lo más importante, atentan contra nuestra condición de seres racionales y espirituales.

La batalla vale la pena. Me emociona, por eso, estar a las puertas de un nuevo desafío profesional, ser director general del periódico El Economista; desafío que los accionistas de esa empresa han cometido la temeridad de proponerme. Lo he aceptado, entre otras razones, por la causa de la libertad.

Los comisarios de las conciencias

Por más que quieran disfrazarse de liberales atemperados, los burócratas que maquilaron la reforma electoral al gusto de los políticos de oficio revelan de inmediato su talante controlador y su fundamentalismo autoritario.

Escribí el martes 18 de abril de 2006 lo siguiente: “Frustrado el intento de crear un ‘consejo de sabios’ que vigilase el contenido de los medios de comunicación electrónica, el partido de los conservadores mexicanos – cuya organización insignia es, por ahora, la ‘Alianza por el bien de todos’- desearía ahora hacer del Instituto Federal Electoral una entidad que censure la propaganda política y que tutele la libertad de expresión de ciudadanos y partidos, de acuerdo a las normas de corrección política dictadas por algún Supremo Consejo Conservador”.

La novedad, en diciembre de 2007, es que ya lo han logrado, al parecer, mediante la retrógrada reforma electoral que, quiérase o no, vulnera la libertad de expresión no de los empresarios, no de los dueños de los medios de comunicación electrónica o de sus dóciles empleados, sino de los ciudadanos comunes y corrientes, como usted o como yo.

Incapacitados para entender que el principio fundamental del liberalismo es que cada individuo es el único depositario de su libertad – y no, como falazmente arguyen, que tales depositarios son los partidos, las organizaciones, las iglesias, las empresas, los sindicatos o las clases sociales- y que la libertad no es donación graciosa de algún déspota benevolente o de las burocracias al servicio del Estado o de los políticos de oficio, insisten en que las graves objeciones contra esta reforma electoral son expresión de intereses mercantiles o son el pataleo de unos cuantos ricachones privilegiados. Mentira.

El lunes pasado Agustín Basave Benitez, secretario técnico de la comisión para la reforma del Estado – o como quiera que se llame ese engendro- calificó a buena parte de las objeciones a la reforma como “liberalismo fundamentalista”, un oxímoron tan descabellado como el de “revolucionario institucional”.

Se equivoca Basave al suponer que el liberalismo puede ser compatible con el afán regulador de las conciencias, reflejo condicionado de todos los conservadurismos.

Basave, candidato a diputado por la fallida “Alianza por el Bien de Todos” en 2006, se equivoca también al tratar de defender lo indefendible: La libertad de expresión en una auténtica democracia siempre es individual y nunca es negociable.

Ugalde, demasiado tarde

Luis Carlos Ugalde se ha despedido del IFE con el discurso correcto y pertinente: Hay que salvar a la democracia en México evitando que los partidos políticos la secuestren…Demasiado tarde. En las elecciones de 2006, Ugalde convalidó arbitrariedades graves contra la libertad, al votar a favor de la censura de mensajes que decían verdades incómodas para el candidato favorito de políticos y periodistas enchufados: Andrés López Obrador.

Una de los más graves errores del IFE y de su consejero presidente en 2006 fue convalidar una inaceptable censura a la libertad de expresión, durante la campaña electoral, para complacer a un candidato histérico – Andrés López- y a su séquito de acólitos, igualmente histéricos e inmaduros.

Es probable que, a la distancia, Luis Carlos Ugalde esté arrepentido de haber votado a favor de esa censura de carácter fascista que exigieron a gritos y sombrerazos – no conocen otra forma de expresión- Andrés López y sus feligreses. El arrepentimiento, si lo hay, debe ser amargo: Ugalde nada ganó lesionando las libertades ciudadanas y la vociferante clase política a la que quiso complacer acabó, al final, echándolo de mala manera. Ni modo, los más serviles son los primeros en ser desechados cuando ya no son útiles a sus amos. (Una lección que podrían aprender, por cierto, algunos colegas en los medios electrónicos).

El miércoles, al despedirse anticipadamente del IFE, Ugalde hizo sus mejores declaraciones y habló como un verdadero defensor de los derechos y de las libertades ciudadanas, es decir: Como lo que deben ser los consejeros del IFE y, por lo visto, como ya no podrán serlo. Recordó algo esencial: La democracia no se construye con prohibiciones. Muy mal andamos cuando los encargados de diseñar las leyes electorales son tan amigos de los controles burocráticos y tan poco afectos a respetar la libertad. Bien dicho pero demasiado tarde.

Y, por cierto, ya que tanto preocupa a los autonombrados comisarios de la corrección político-electoral que se utilicen expresiones denigrantes en las campañas, tal vez me puedan explicar lo siguiente: ¿Por qué llamarle López a López es denigrante y, en cambio, motejar a otro candidato con adjetivos escatológicos, propios de quien se estancó en la fase anal del desarrollo psíquico, es sólo una “puntada chistosa” de personajes como Federico Arreola, el todavía fiel escudero de López?

¿De veras "hay que salvar al IMSS"?

Un bonito ejemplo del mito del "Estado de Bienestar".

Cualquier joven mexicano medianamente informado que se incorpora al mundo laboral ¿qué preferiría si le dieran a elegir?:

A. Las tradicionales "prestaciones sociales": Seguro Social, ahorro forzoso para vivienda y para el retiro.

B. Integrar en el salario neto – pagando los impuestos correspondientes- cualquier prestación, es decir "monetizarlas" para que sea él mismo quien decida en qué emplear esos recursos.

Sospecho que la mayoría de los jóvenes, puestos a elegir, optarían por la segunda. Yo lo haría, si se pudiese elegir, porque maximiza la libertad personal y su concomitante responsabilidad y no hace depender mi bienestar presente y futuro del buen o mal criterio de elección de alguien más, sino de mis decisiones, de mis actos y de mis omisiones.

Todo esto, lo entiendo, va en contra de la sabiduría convencional (el Estado niñera) y de lo que a diario leemos, oímos y vemos en los medios de comunicación. Tomemos el ejemplo más cercano y actual: Un gran "tema" en los medios es la negociación anual del contrato colectivo entre los líderes del sindicato del Seguro Social y las autoridades de ese Instituto (IMSS). Todo mundo sabe, aunque los líderes sindicales vociferen lo contrario con singular violencia verbal, que el IMSS está quebrado (basta comparar lo que necesitaría para cumplir satisfactoriamente con todos sus afiliados y sus recursos financieros propios) en buena medida por las exorbitantes prestaciones que reciben los trabajadores sindicalizados del mismo instituto. La situación es insostenible pero los líderes sindicales siguen estirando la cuerda.

Así las cosas, si usted fuese un joven que apenas ingresa al mundo laboral, ¿le haría gracia que le descontaran de los ingresos que merece por su trabajo un porcentaje para seguir manteniendo con vida a un instituto quebrado en el que lo importante son los empleados del instituto y no los clientes, como usted, que son los que pagan?, ¿no preferiría que le monetizaran esas cuotas y destinarlas a comprar, o no, que cada cual decida, un seguro de gastos médicos mayores elegido entre una variedad de opciones?

Pero esto no hay que decirlo. Es incorrecto porque "salvar al IMSS" es una "prioridad nacional". Otro caso más en el que las grandiosas "prioridades nacionales" nada tienen que ver con la vida real de la gente de carne y hueso.

Todavía elijo mis amistades

No entiendo por qué algunos políticos piensan que nos conmoverá sentirnos sus amigos, protegidos o beneficiarios. Que ellos hagan su trabajo y yo haré el mío. La libertad también incluye – hasta donde sé- el derecho a tener una vida privada, propia, en la que uno elige a sus amistades.

Un buen amigo – ese sí- me advirtió, entre bromas y veras, que no me estaba granjeando la amistad de muchos poderosos en este país con algunos artículos que podían parecer poco comedidos o políticamente incorrectos. Tiene razón, pero mis amigos – pocos- los elijo yo. Además, soy tan ingenuo que llevo más de 20 años escribiendo para los lectores anónimos. No me quejo, la fórmula de tener a los anónimos lectores en mente resulta más satisfactoria que andar adivinándole los caprichosos latidos a don Fulano o a doña Zutana, porque son "súper importantes y súper poderosos".

No entiendo qué les lleva a pensar a ciertos políticos que los comunes mortales nos sentiríamos profundamente honrados si nos incluyeran en sus agendas. Por ejemplo, hace unos días por correo electrónico se me solicitó lo siguiente:

"Por medio de este conducto (sic) le estoy solicitando información personal para actualizar el directorio de medios del Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera, los datos son los siguientes.

"Teléfono y domicilio particular y de oficina, nextel o celular y fecha de cumpleaños".

Respondí algo así: "No deseo, en modo alguno, que mis datos personales estén en la agenda del Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera".

¿Para qué hacer amistades que no van a prosperar? Pregúntenle a los dueños de las televisoras lo qué se siente cuando tus poderosos amigos te dan la espalda…No es nada personal, dirán algunos, sólo cuestión de definir quién de los dos – el partido político o la televisora- se queda con el dinero de los contribuyentes. Yo digo que ninguno de los dos, porque no me acabo de creer el cuento de que los partidos políticos sean "entidades de interés público" (¿a poco?) y conjeturo que sería mejor que su financiamiento fuese privado y plenamente transparente. Y si se quieren anunciar, ¡pues que paguen con su dinero, no con el mío! Y que quede claro: no pueden impedirnos a nadie usar nuestro dinero – si acaso lo tenemos- para lo que queramos, por ejemplo: para criticarlos. Ésa sí es una cuestión de principios: Libertad, nada más y nada menos.

¡No con mi dinero!

Partidos políticos, grupos sociales y cualquier persona deben tener total libertad para contratar propaganda en los medios de comunicación, siempre y cuando cada cual lo haga con su dinero y con total transparencia, ¡no con el dinero de los contribuyentes!



1. Una reforma electoral en un país democrático y libre NO puede restringir la libertad de cada cual para difundir mensajes de contenido político, incluso mensajes poco comedidos o contundentes ("Fulano es un peligro para México" o "Zutano es un tonto con balcones a la calle"), siempre y cuando la contratación de dicha propaganda se haga en condiciones de libre mercado y auténtica competencia, con total transparencia, y NO se haga con dinero público, que proviene del bolsillo de los contribuyentes.

2. Una reforma electoral en un país democrático y libre NO puede coartar la libertad de expresión de nadie decretando discrecionalmente qué mensajes son correctos a juicio de algún pacato consejo de notables. Un país democrático y libre tiene leyes claras sobre la difamación y la calumnia – incluso se suele castigar ésta última penalmente - que están hechas, precisamente, para que todo mensaje que no sea calumnia, difamación o incitación al delito jamás sea censurado.

3. La discusión sobre la reforma electoral está totalmente fuera de foco y lastrada por intereses torpes. Ni los medios tienen derecho a ser beneficiarios graciosos de miles de millones de pesos de recursos públicos – por propaganda política o gubernamental pagada con recursos de los contribuyentes-, ni los partidos políticos, ni nadie, tiene derecho a regular la libertad de expresión de los demás.

4. Ninguno de los grupos interesados – enfrascados en una disputa majadera y mezquina- quiere ver la auténtica relación entre reforma fiscal y reforma electoral, que sí la hay y nada tiene que ver con chantajes: El recorte más urgente al gasto público federal, al de los estados y al de los municipios es cancelar de inmediato toda la propaganda política, gubernamental y para-gubernamental que se paga con recursos de los contribuyentes. Y preservar con todo vigor la libertad irrestricta de quién quiera para expresar y difundir lo que le venga en gana, con la única limitación de sancionar de veras la calumnia, la difamación y la promoción de delitos.

5. Lo demás son discusiones vergonzosas, indignas de un país democrático y libre. ¿México lo es?

El terrorismo y sus precursores

Hace diez años el brutal asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido perpetrado por la banda criminal ETA despertó un espíritu cívico de firmeza contra el terrorismo y sus precursores que, a la postre, puso a los etarras al borde la extinción. Después llegó el contemporizador Zapatero con su vacua política de diálogo y los terroristas se fortalecieron.

Ninguna sociedad democrática puede darse el lujo de contemporizar con los terroristas. Por eso, ninguna sociedad democrática debería darse el lujo de ser complaciente con los precursores del terrorismo.

Son precursores del terrorismo, como lo ha demostrado claramente la historia de los últimos diez años en España, todos aquellos que aprovechando las libertades de la democracia se dedican sistemáticamente a minar el estado de derecho que hace posible la misma democracia, sea que lo hagan en la actividad política, sea que lo hagan en los medios de comunicación.

Son precursores de la violencia y de la destrucción terrorista todos aquellos que gozan poniendo en entredicho la institucionalidad de la democracia, sea vituperando a las autoridades legítimas, sea exaltando la violencia, sea justificando conductas delictivas escudados en inflamada retórica ideológica. Son precursores del terrorismo aquellos que, perturbados por la ambición de poder, mandan al diablo a las leyes y a las instituciones que garantizan la convivencia civilizada y las libertades de todos.

Son precursores del terrorismo y de la extinción de la sociedad abierta todos aquellos que propagan deliberadamente falsedades escudados en la libertad de expresión. Son precursores de la violencia y del fin de la democracia quienes desde los medios de comunicación sacrifican las exigencias de veracidad y precisión a cambio de protagonismo y notoriedad.

El brutal asesinato de Blanco, en julio de 1997, en Ermua, comunidad del país vasco en la que ese joven de 29 años era concejal por el Partido Popular, despertó en España un espíritu cívico y de defensa firme e intransigente contra los enemigos de las libertades y de la democracia. Se le conoce como el espíritu de Ermua y fue el origen de un eficaz pacto antiterrorista que logró poner en jaque a ETA…hasta que llegó Zapatero, el bobalicón contemporizador, y ETA volvió por sus fueros.

Lo dijo bien Karl Popper: "Debemos reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes".

Nuestro “derecho” a no irritarnos

Hemos avanzado una barbaridad en esto de la tolerancia. Algún venerable predicador de la progresía mexicana ya descubrió que lo importante no es aplicar la ley contra quien expropia espacios y bienes públicos – y conculca los derechos de los demás-, sino evitar que la irritación de los afectados se vuelva contra los pobrecitos “manifestantes”.

Para que nos vayamos enterando de cómo funcionan las cosas en el reino de Progresía. El señor Miguel Ángel Granados Chapa ilumina a la opinión pública acerca de la necesidad de conciliar el derecho a manifestarse con el derecho al libre tránsito. Cito sus palabras, que son una joya:

“…lo que va mostrando la necesidad de conciliarlos (dichos derechos) para evitar que la irritación de los afectados se vuelva contra los manifestantes”.

Más claro, imposible. No se trata de respetar los derechos de quienes nos vemos afectados por inopinadas “manifestaciones” que cierran calles y avenidas – con el diligente auxilio de las autoridades en el caso de la Ciudad de México-, sino de evitar que nosotros, los simples ciudadanos que deseamos ir de un sitio a otro, perturbemos con nuestra irritación a los impolutos e inmarcesibles manifestantes. A los ojos de Granados Chapa, transeúntes, automovilistas ansiosos por llegar a su destino, trabajadores en tránsito hacia sus labores, paseantes ociosos, debemos ser energúmenos a quienes la autoridad debe calmar para que no descarguemos nuestra censurable ira en contra de los intocables “manifestantes”.

El derecho a manifestarse es, bien visto, sólo un derivado del derecho a la libre expresión. ¿Por qué para manifestar su desacuerdo con tal o cual cosa una persona necesita obstruir el tránsito, pintarrajear casas y comercios, agredir a los transeúntes que manifiestan su opinión en contrario, dañar el patrimonio común de la ciudad – de suyo en decadencia- y perturbar la precaria convivencia armónica de la comunidad? No lo sé. Tal vez es por incapacidad expresiva, tal vez desconocen el poder de las palabras – bien dichas, bien pensadas, bien articuladas en oraciones-, tal vez la fatiga de razonar sus desacuerdos rebasa sus capacidades fisiológicas.

Por todo eso, imagino, debe dársele prioridad al derecho de expresarse como si aún estuviésemos en estado primigenio, en medio de la selva, con aullidos y golpes. Atropellando. Sí, debe ser eso. La capacidad de la Progresía para expresarse eficazmente con palabras se ha perdido. Basta leer a don Miguel Ángel para verificarlo.

¿A favor de la competencia o del dirigismo estatal?

No ha visto la luz la sentencia final de la Suprema Corte acerca de la llamada “Ley de medios”. Deberá de ser una clara definición a favor de la libre competencia; no, como conjeturan algunos nostálgicos del estatismo, una “reivindicación” de la intervención del Estado en la vida económica.

Es ilusorio esperar de un cuerpo colegiado – como es la Suprema Corte- que en el transcurso de sus deliberaciones muestre claridad, precisión y propósitos unívocos. Una cosa son las deliberaciones, el intercambio de argumentos y alegatos, y otra – muy distinta- la sentencia final en la que debe prevalecer un criterio unívoco y una interpretación esclarecedora de la norma constitucional.

En la controversia constitucional por la llamada “ley de medios” muchos comentaristas se han adelantado a los hechos y han dado por zanjado el asunto sin esperar a la redacción de la sentencia definitiva. Para la mayoría de quienes conforman la “comentocracia” la sentencia ha sido: “Perdieron las televisoras”. No les falta razón si lo que quieren decir, con ello, es que la Corte ha revertido la ignominiosa aprobación de una ley diseñada al gusto de dos corporaciones que, bajo el pretexto de ajustar la ley a los avances tecnológicos, intentaron mantener un estado de cosas en el que dicha modernización se daría sólo al gusto y al ritmo que impusieran los intereses de esas corporaciones. No en beneficio de una mayor competencia, y por ende no en beneficio de los consumidores, sino como garantía de rentas de oligopolio.

Pero se equivocan dichos comentaristas cuando dan por terminado el asunto e interpretan que la Corte ha “reivindicado” el dominio o rectoría del Estado sobre los medios de comunicación electrónica. ¡Dios – y la Corte- nos libren de tal desatino!

Lo más probable y deseable es que la sentencia final de la Corte se fundamente en el imperativo de que deben erradicarse las prácticas monopolísticas y garantizarse la libre competencia en los mercados, no en el anacrónico y opresivo argumento de que el Estado debe regir la actividad económica.

La distancia es abismal. En el primer caso, se tratará de una victoria de la democracia y de la libertad; en el segundo iríamos de lo malo – el corrupto capitalismo de compadres- a lo peor: el intervencionismo gubernamental en contra de la libertad de los ciudadanos.

¿Es el gobierno “nuestro amigo”?

Ojalá no lo sea. La misión del gobierno no es amarnos. Ello, además de imposible porque el gobierno es una institución y es abstracto, nos dejaría a la merced de la benevolencia, dudosa, y de la sabiduría, aún más incierta, de quien ocupa el gobierno.

El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ordenó el viernes rescatar militarmente a Ingrid Betancourt y a medio centenar de personas más secuestradas por la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que algunos, eludiendo cualquier eufemismo, motejan como Fuerzas Armadas Recolectoras de Coca), pese a que la familia de Betancourt, ex candidata presidencial secuestrada en febrero de 2002, le ha suplicado desistir para no poner en riesgo la vida de la secuestrada.

¿Está haciendo lo correcto en este caso el gobierno de Uribe?

Sí. La abismal diferencia entre una dictadura y una democracia consiste en que nunca los gobiernos democráticos pueden ser “amigos” o “enemigos” de los ciudadanos. El gobierno en una democracia NO es una persona – benevolente o malévola, torpe o sabia- sino una institución por definición abstracta e impersonal.
Una institución, siguiendo a Douglass North, es el conjunto de reglas formales y sus mecanismos de refuerzo que condicionan el comportamiento de los individuos y de las organizaciones en una sociedad. El gobierno democrático es una institución subordinada al mandato que obtuvo de los individuos – mediante un contrato implícito o explícito- para cumplir unos cuantos pero cruciales fines específicos, el primero de los cuales es preservar la seguridad física de los habitantes en un territorio nacional de acuerdo con una constitución y con las leyes que de tal constitución derivan.

Subordinándose a la ley el gobierno se subordina a los ciudadanos.

El gobierno de Uribe no tiene más que dos opciones honestas: O cumple la ley y la hace cumplir o renuncia a ser gobierno.

En la medida que los gobiernos abdican del estricto e impersonal cumplimiento de la ley, así sea para tratar de convertirse en “amigos benevolentes y sabios” de los ciudadanos, en esa misma medida los ciudadanos pierden su libertad y sus derechos fundamentales y quedan a merced de la incierta y voluble voluntad de quien ocupe el gobierno.

Mañana comentaré otro ángulo de la perniciosa ocurrencia de los “gobiernos amigos”: Cómo los negociantes mercantilistas minan las bases del Estado buscando “amistarse” con los sucesivos gobiernos.

Las armas son la excepción

Me agrada estar en buena compañía: La más prestigiada revista de economía del planeta, The Economist, a la que nadie puede acusar de favorecer la intervención de los gobiernos en la vida de las personas, marca claramente su posición: Debe haber un control mucho más restrictivo de la venta de armas en Estados Unidos.

Cada semana los suscriptores en línea de la prestigiada revista británica recibimos por correo electrónico una breve carta del editor y la enviada ayer no puede ser más enfática:

“Abundan los productos peligrosos – drogas ilegales, veloces automóviles, alcohol, por ejemplo- respecto de los cuales The Economist defiende un punto de vista mucho más liberal del que sostiene el gobierno de Estados Unidos. Las armas de fuego personales son la excepción.”.

En su reciente edición, y a raíz de la masacre en el Tecnológico de Virginia (VT), Estados Unidos, la revista sostiene que debe restringirse con verdadera severidad la venta de armas en ese país. La postura de The Economist está en la misma línea que la política que ha seguido el Reino Unido y que, por cierto, explica por qué hay mucho menos muertes por arma de fuego, respecto del total de la población, en Inglaterra que en Estados Unidos.

La revista británica lo denuncia con todas sus letras, al citar al jefe de la policía de los Ángeles, William Bratton: La mayoría de los políticos estadounidenses de ambos partidos han sido “capturados” por la muy poderosa National Rifle Association, en cuya página de internet, por cierto, se ofrecen "condolencias" a las víctimas de VT. Sin más comentarios.

Hay muchas cosas en el mundo que pueden ser usadas como armas mortales por un desquiciado (desde un alfiler hasta una piscina), pero sólo las armas de fuego han sido expresamente diseñadas para matar.

Una de las dos armas que usó Cho Seung-hui fue una pistola Glock de nueve milímetros semiautomática, un arma que en la inmensa mayoría de los países del mundo sólo pueden tener los ejércitos y las fuerzas policíacas especiales, pero que en miles de tiendas a lo largo y ancho de Estados Unidos se puede adquirir tan fácil como se renta un auto, como lo hizo el coreano.

Para México es doblemente trágico: No sólo hay que lidiar con el hecho de que tenemos al norte al mayor mercado de consumidores de drogas, sino que la gran mayoría de las armas que la delincuencia organizada usa aquí fueron adquiridas sin problema en Estados Unidos.

Un héroe desarmado

Liviu Librescu no necesitó un arma para hacer lo que tenía que hacer: enfrentarse a la irracionalidad criminal, defender la vida de los demás y reconciliarnos con lo mejor del ser humano.

Para algunos, el derecho a portar armas es una muestra del respeto a las libertades individuales frente a Estados autoritarios y controladores.

Sin embargo, bien vistas las cosas, ese presunto derecho vulnera la capacidad del propio Estado para cumplir la primera y fundamental obligación que tiene ante los ciudadanos: Preservar la integridad física de cada una de las personas en su territorio.

Ningún gobierno puede ejercer con mínima eficacia la tarea de defender la vida y la libertad de cada individuo si cualquiera – a condición de que no tenga antecedentes criminales manifiestos – puede adquirir un arma y usarla cuando considere, subjetivamente, que está justificado hacerlo.

Ninguna autoridad sobre la faz de la tierra tiene la capacidad para distinguir de una vez y para siempre entre aquellos que tendrán y eventualmente usarán un arma responsablemente – menuda definición, por cierto- y aquellos que usarán un arma en contra de la vida y de la libertad de los demás.

Dadas esas premisas, la restricción a la posesión y al uso de armas de fuego debería ser universal – para todos los ciudadanos- justamente para evitar que cualquier gobierno se adjudique a sí mismo la exorbitante facultad de discriminar – cual si fuese dios omnisciente- entre ciudadanos dignos de confianza y ciudadanos bajo sospecha.

Dicho esto, vale la pena considerar el ejemplo de Liviu Librescu, profesor del Tecnológico de Virginia, quien dio su propia vida para salvar la vida de muchos de sus alumnos amenazados por el desquiciado tirador de sólo 23 años de edad.

Librescu sobrevivió a los campos de concentración nazis, sobrevivió a la dictadura de Ceacescu en Rumania, pero no sobrevivió al ataque de un loco solitario. A sus 76 años interpuso su cuerpo, a la entrada del aula 204 donde dictaba su cátedra de matemáticas, y así permitió que decenas de estudiantes pudiesen saltar por las ventanas y ponerse a salvo.

En inglés se suele decir que tal o cual persona “make the difference”. Librescu lo hizo superlativamente. No necesitó un arma para defender la vida frente a la locura criminal. Necesitó una gran valentía que sólo puede provenir de un gran amor a sus semejantes. Gracias.

Dos referencias en la red, entre decenas, al heroísmo de Librescu, quien murió asesinado, irónicamente, el mismo día que se conmemora el Holocausto:

Nota de EFE

Nota de AP

Moral, economía y libertad

Intersección de la economía y de la moral: la libertad de elegir ante la escasez.

El dato fundacional de la economía es la escasez. En un universo en el que los recursos – empezando por la vida – fuesen ilimitados la economía no tendría razón de ser. Y en dicho universo hipotético, de abundancia absoluta, la libertad humana no sería tal como la conocemos. Se puede especular que ante la presencia de la abundancia absoluta – es decir, del Ser por sí mismo subsistente, como los teólogos y múltiples filósofos definen a Dios- la voluntad humana se doblegaría y elegiría por necesidad (valga la paradoja) dicho bien, sin considerar siquiera alguna alternativa.

Pero ya sea que creamos que un día estaremos cara a cara frente a Dios o que no lo creamos, el hecho es que vivimos ahora en un mundo precario, que se acabará (con o sin “calentamiento global”), que somos contingentes y que constantemente nos vemos precisados a elegir entre bienes igualmente precarios (que no son eternos). Ese es el terreno de la libertad y ese es el terreno de la moral. Sin libertad, sin capacidad de elegir, no hay moral. Nadie puede imputarle inmoralidad a un tigre por matar a su presa y seguir por instinto la programación inmemorial que le hace ser tigre. El tigre no elije, cumple el programa de todos los tigres que han sido y que serán.

Por contraste, ¡nada menos!, el ser humano siempre elije. Aun privado de su libertad física es capaz de elegir la actitud que asumirá ante esa privación: rebelarse, aceptarla, humillarse, mantener su señorío, su dominio de sí. Los campos de concentración nazis y soviéticos en el siglo pasado nos legaron una colección de biografías que abarca el abanico de opciones de la libertad ante un cautiverio brutal.

Por su parte la economía pretende encontrar la mejor asignación para recursos escasos entre destinos alternativos en competencia y ha encontrado, la ciencia económica, que la persona libre es quien mejor elije – en términos de costo contra beneficio- la asignación de sus propios recursos. Y hace la mejor elección aun cuando se equivoque porque quien ha de padecer las consecuencias de esa mala elección es justamente aquél que la hizo. Eso significa ser responsable. Hacerse cargo de lo que se decide libremente, de sus consecuencias: buenas o malas en términos económicos y también – buenas o malas consecuencias- en términos morales.

¡Libertad para Kareem!

Mañana, jueves 22, se reanudará en Egipto el juicio en contra del joven Kareem Amer, acusado del delito de ser “un no creyente desagradable” que criticó al Islam en su bitácora en la red.

Abdel Kareem Nabil Soliman (conocido también como Kareem Amer) publicó en su bitácora en la red (o “weblog”) el 23 de octubre de 2005 un indignado testimonio titulado: “La verdad desnuda acerca del Islam tal como pude verla en Maharram Beh”. El joven, estudiante de la prestigiosa universidad islámica Al-Azhar, describía vívidamente el ataque despiadado de musulmanes a cristianos coptos un par de día antes, el “viernes negro”, en Maharram Beh, Alejandría, y escribió que no se trataba de un salvajismo criminal aislado, sino de una conducta coherente con las enseñanzas de Mahoma, catorce siglos antes, respecto del odio que merecen los “infieles”.

Tres días después fue detenido acusado de blasfemia, fue expulsado de la universidad y hoy es repudiado por su padre, un maestro de matemáticas retirado, quien propone aplicar a su hijo la “Sharia”, o ley islámica: Tres días de plazo para arrepentirse públicamente o ser ejecutado.

Hoy en Estocolmo debió haberse realizado una manifestación de protesta frente a la embajada de Egipto en Suecia. Organizaciones como “reporteros sin fronteras” han denunciado este ataque flagrante contra la libertad de expresión (y de creencia) y se han elevado diversas protestas contra el gobierno de Hosni Mubarak, presidente de Egipto desde octubre de 1981.

Suele pensarse que Egipto es un país relativamente libre para los estándares del Medio Oriente. No es así, Egipto ocupa el bochornoso lugar 127 en el Índice Mundial de Libertad Económica y registra deplorables índices de libertad financiera, libertad de trabajo y respeto a los derechos de propiedad así como una elevada corrupción.

Es inconcebible que en el siglo XXI, en un país que pertenece a las Naciones Unidas y en el que algunos creen ver un factor de moderación y estabilidad en el mundo árabe, como Egipto, un joven sea encarcelado por horrorizarse ante el salvajismo y criminalidad que se ejerce, en nombre de la fe, contra los “infieles”.

Pero la ONU ignora el asunto y se preocupa, lo que no está mal, por una víctima de la gripe aviar en Egipto. ¿Cuándo las grandes burocracias supranacionales se preocuparán por la libertad de personas de carne y hueso?

Recuperar nuestra mejor Constitución, la liberal

La mejor Constitución que ha tenido México es la de 1857. Su esencia liberal, para nuestra vergüenza y desgracia, ha sido traicionada sistemáticamente desde el régimen de Porfirio Díaz hasta nuestros días.


Ayer el historiador Enrique Krauze publicó un excelente artículo recordándonos que el próximo 5 de febrero se cumplirán 150 años de la promulgación de la Constitución de 1857. Un recordatorio más que oportuno ante la pertinacia con que nuestra clase política e intelectual desdeña y hasta denosta lo más valioso de nuestra tradición histórica: La corta vigencia del liberalismo durante la República Restaurada.

El 11 de septiembre pasado publiqué en estas Ideas al vuelo (“Renovar el acuerdo liberal”) lo siguiente:

“Necesitamos acercarnos más a la Constitución de 1857 para renovar y corregir con inteligencia la de 1917. Necesitamos superar las desviaciones, contrarias al Estado de Derecho liberal en que incurrió México a lo largo del siglo XX. (…)
“México cuenta, en su tradición liberal del siglo XIX, con la mejor fuente de inspiración para insertarse plenamente en el siglo XXI, en el siglo de la globalización, que será también en el siglo de las personas; no de las colectividades. Por ello, gran parte de la modernización de México tiene mucho de restauración de los valores que inspiraron a la República restaurada.
“Principios básicos del Estado de Derecho liberal:
“1. Supremacía de la Ley. Todos (gobierno y ciudadanos) estamos sujetos a la Ley.
“2. Un concepto de justicia fundado en los derechos individuales – y no en vagos y engañosos "derechos sociales", que son de todos y de nadie- con énfasis en la adjudicación interpersonal (propiedad privada). Una justicia sustentada en el cumplimiento de los estándares y procedimientos establecidos por la misma Ley.
“3. Restricciones a todo poder discrecional. La discrecionalidad más dañina es la del Poder Ejecutivo, porque sus efectos sobre los ciudadanos son inmediatos e inciertos. Pero también hay que combatir la discrecionalidad del Poder Legislativo, que si bien no siempre genera un daño inmediato provoca incertidumbre, y la discrecionalidad del Poder Judicial que si bien no es incierta, genera daños inmediatos sobre el ciudadano afectado.
“4. Independencia judicial efectiva, con certidumbre por la permanencia de la ley, independientemente de coyunturas y circunstancias.
“5. Balances y contrapesos efectivos entre los poderes, para que nadie pueda ceder a la tentación de la arbitrariedad o del poder omnímodo. Todo poder debe estar restringido por otros, y de esa forma el poder estará, en última instancia, en los ciudadanos y no en los gobiernos.”

La más que lamentable confusión del liberalismo clásico con las artimañas de la masonería y con un obtuso anticlericalismo abonaron al desprestigio del término “liberal”. A ello súmese la gran ignorancia de la opinión ambiente (que identifica, con frecuencia, “ser liberal” con “ser libertino”) y se comprenderá que deberíamos empezar por entender qué es el liberalismo clásico y cómo se opone, por igual, al conservadurismo y al socialismo (ver el formidable alegato de Hayek: Why I'm not a conservative, aquí).