Reformar el gobierno

La precariedad de las finanzas públicas de México - conocida y advertida desde antiguo tanto por el actual como por los anteriores secretarios de Hacienda- fue desnudada sin compasión por la recesion global, pero NO fue causada por la recesión.

De ahí que no haya ninguna contradicción entre dos hechos ciertos: 1. Ya pasó lo peor de la recesión y hay señales inequívocas de recuperación económica, y 2. Aun con la recuperación incipiente de la demanda mundial y local, nuestras finanzas públicas seguirán siendo precarias, como lo eran antes de la crisis global. Con un agravante: El plazo fatal para subsanar esa precariedad ya llegó.

De no corregirse habremos de hundirnos en una espiral de mediocridad - en el mejor de los casos- o en una quiebra fiscal ésta sí, como es obvio, de origen interno.

La caída de los precios del petróleo no es ni signo ni causa de nuestra precariedad fiscal. Contribuyó al agravamiento de los síntomas, pero NO es la enfermedad.

La enfermedad - crónica y que los fatalistas se empeñan en imaginar incurable- es la dependencia fiscal de los recursos petroleros, aunada al hecho igualmente crónico de la ineficiencia del monopolio gubernamental petrolero. Los precios del petróleo podrán acaso recuperarse, de hecho ya se han recuperado a lo largo del año (de manera exagerada a mi juicio, pero eso es otro asunto), y la precariedad fiscal seguirá siendo tan grave como ahora.

En lo inmediato, ya se ha dicho, se cuenta con tres herramientas fiscales para atenuar el golpe (es decir: para subsanar el diferencial entre ingresos y gastos fiscales), que son: 1. Incrementar de forma permanente los ingresos fiscales no petroleros, 2. Disminuir significativamente - y también de forma permanente- el gasto del gobierno (o, mejor, de los gobiernos, incluyendo a los gobiernos locales y el gasto de otras entidades del Estado), y 3. Sólo como remedio temporal - esté sí relacionado con la recesión global que, al desplomar la actividad económica, ha impactado la recaudación de ingresos no petroleros- recurrir a un déficit fiscal; que es un remedio tan lleno de riesgos que debe administrarse con extrema cautela, con un plazo perentorio para convertir en menos de dos años el déficit en finanzas equilibradas o en superávit, mediante ahorros e ingresos extraordinarios destinados en su totalidad a la amortización de deuda pública.

De las tres herramientas tal vez la que prometa mejores resultados - y que, por lo tanto, debe emplearse a fondo- es la de disminuir de forma permanente el gasto público y frenar su tendencia a expandirse muy por encima del crecimiento de la economía.

De hecho, una genuina reforma fiscal debe incluir como capítulo principal una reforma del ejercicio del gasto público con criterios de eficiencia. Costos contra beneficios medidos objetivamente y sin subterfugios retóricos.

La información crucial en cualquier estado de resultados es la línea final: La utilidad o la pérdida neta. Si se hiciese para cada operación del gobierno (en sus tres niveles) un auténtico estado de resultados, ¿qué arrojaría la línea final de cada uno de esos análisis?

En la mayoría de los casos tendríamos pérdidas, y en muchos de tales casos las pérdidas se nos mostrarían tan cuantiosas que la operación gubernamental tendría que cancelarse de inmediato y dejarla a la libre competencia de los particulares.

Si acaso por la naturaleza específica de la actividad gubernamental de la que estemos hablando - digamos, la procuración y administración de justicia- parece desaconsejable dejarla en manos de empresas particulares, resulta claro que lo que debe hacerse es reformarla a fondo; es decir: darle una forma nueva (eso significa reformar) que permita evaluarla con objetividad y con criterios similares a los que aplicamos a otras actividades en las que la asignación de recursos debe buscar la eficiencia. Y, ¿qué es la eficiencia? Obtener resultados cuyo valor sobrepase el valor original de los recursos empleados: un "producto" superior a la suma de los "insumos" invertidos.

Es decir, aunque les horrorice a los ideólogos de la "superioridad moral" de gobiernos y políticos, evaluar la actividad de los gobiernos y de todas las actividades sufragadas con recursos público con criterios económicos o "bussines-like".

Dirán de inmediato algunos que usar el símil con un estado de resultados es totalmente inapropiado. Desde tiempo inmemorial los creyentes en una presunta superioridad moral de los gobiernos sobre lo que motejan como "estrechez de miras" de los tecnócratas, han considerado sacrílego analizar la "noble" tarea de los gobiernos con herramientas de análisis financiero, propias - siguen diciendo- de la contabilidad de una tienda de abarrotes o de la frialdad - "insensibilidad social"- de los informes periódicos que los accionistas demandan a la administración de una empresa para ver cómo marcha el negocio. Presumen que la tarea de gobernar es tan sublime que evaluarla con criterios de eficiencia es tan inapropiado como ponerle precio al amor, a los buenos sentimientos o a los sentimientos religiosos.

Esas creencias en realidad son patrañas. Gobernar no es amar, ni rezar, ni ejercer la caridad.

¿En qué consiste la presunta y aplastante "superioridad moral" de los gobiernos sobre los prosaicos negocios? En una falacia o petición de principio (para usar la terminología de la lógica) que es la siguiente: "Los gobiernos son mejores moralmente que los negocios porque no buscan mezquinas utilidades, sino el beneficio de la colectividad, el bien común, el bienestar de las mayorías". Falacia que suele acompañarse de esta otra: "Quienes gobiernan, aspiran a gobernar o son funcionarios en un aparato gubernamental, no buscan su beneficio sino el del prójimo, a diferencia de quienes son accionistas, funcionarios o empleados de un emprendiemiento privado que invariablemente buscan prioritariamente su beneficio personal".

Desafío a cualquier téorico de la filosofía política o a cualquier experto en administración pública a demostrar racionalmente esas dos peticiones de principio. No podrá hacerlo por la simple razón de que son falsedades. Mitos ideológicos muy convenientes para quienes viven (vivimos) del erario, sea como burócratas, "representantes populares", técnicos, políticos profesionales o recipendarios de subsidios públicos, por ejemplo: personal administrativo y académico de universidades sustentadas con dinero de los contribuyentes.

Ojo, no estoy diciendo que sea de suyo inmoral o incorrecto que alguien se dedique a la política o trabaje en el llamado "sector público", simplemente estoy diciendo que al igual que cualquier otro trabajo (transformación de lo existente para obtener un valor agregado al que se tenía originalmente) los trabajos públicos y la actividad gubernamental en sí misma tienen que evaluarse con criterios de eficiencia igualmente rigurosos que aquellos con los que evaluamos las actividades privadas.

Ahora bien, si se debe reformar profundamente el gasto público en los tres niveles de gobierno para evaluarlo y ejercerlo con criterios de eficiencia económica esto nos conduce, inevitablemente, como sucedió en el caso de Nueva Zelanda durante la década de los años 90, a una auténtica reforma de la totalidad del gobierno. Incluso a un replanteamiento de lo que corresponde y de lo que no corresponde hacer al Estado.

Estoy cierto de que si a los administradores de entidades gubernamentales les exigimos llevar estados de resultados, semejantes a los de cualquier empresa que busca deliberadamente utilidades para sus accionistas, y se les advierte que de acuerdo con tales resultados se les evaluará, ellos mismos acabarán por desechar todo gasto superfluo e injustificado, porque estorbara al cumplimiento de las metas con las que serán evaluados y del que depende su permanencia en el puesto o la pérdida, por incompetencia, del mismo.

Nada más miope que ver la reordenación de los gobiernos y del Estado como un mero recorte de gastos. El recorte, urgente, de los gastos que son notoriamente improductivos habrá de darse de inmediato (el lector, estoy seguro, podrá mencionar de inmediato tres o cuatro secretarías de Estado y decenas de entidades gubernamentales totalmente prescindibles), pero la reforma debe ir aún más allá, para ser permanente y contribuir a la productividad total de la economía. La reforma debe ser reforma del gobierno en su esencia.

El señor Ebrard no tiene quién le lea…

Sería recomendable que alguien le leyera al jefe de gobierno del Distrito Federal el reporte de avances al primer semestre que difundió la Secretaría de Finanzas de su mismo gobierno; así se enteraría que ahí donde las cosas marchan bien en materia de recaudación de impuestos locales se debe a la política económica del gobierno federal, a la que tanto critica.

Las finanzas del gobierno del Distrito Federal muestran varias debilidades que merecen corregirse. Uno de los puntos más vulnerables es la necesidad de subsidios cada año más cuantiosos para mantener en funcionamiento el Sistema de Transporte Colectivo o “Metro” - que transportó más de 604 millones de usuarios en los primeros seis meses de este año- con tarifas congeladas en dos pesos por viaje. Pero ese asunto ameritaría por sí solo otra serie de artículos.

Si nos limitamos a la recaudación de impuestos en el Distrito Federal encontraremos una sorprendente caída de 6.1 por ciento en pesos constantes, en el primer semestre de este año, en la recaudación del impuesto predial respecto del mismo periodo del año anterior. Esta disminución resulta aún más chocante porque ha aumentado el número de propiedades inmobiliarias en el Distrito Federal y porque los valores catastrales se actualizan al alza constantemente.

Esa menor recaudación en el que es, con mucho, el principal impuesto local (aporta más del 40 por ciento de los ingresos totales por impuestos en el Distrito Federal) contrasta con el avance en la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles debido, dice la Secretaría de Finanzas a “la dinámica inmobiliaria que se observa en el Distrito Federal, aunada a las facilidades para obtener créditos hipotecarios” (y a las bajas tasas de interés fijas en pesos a plazos de hasta 20 años), lo cual, ¿alguien puede negarlo?, es resultado de la política económica del gobierno federal de los últimos siete años al menos.

Contrasta también con el avance de 1.7 real en la recaudación del impuesto sobre nóminas, el segundo más importante de los gravámenes locales, fenómeno que la misma Secretaría de Finanzas explica así: “Al ser una contribución ligada a la actividad económica, su comportamiento respondió a la positiva dinámica económica que se presentó en la entidad”.

¿En qué quedamos señor Ebrard?, ¿no dijo usted que la “nefasta” política económica del gobierno federal ha generado un creciente desempleo en la capital?

Consecuencias políticas de una reforma

La reforma fiscal aprobada el viernes aporta un gran capital político al gobierno federal; no sólo se rompió el tabú de que las reformas resultan inviables con un Congreso sin mayoría absoluta, sino que en el proceso se fortaleció una alianza que habrá de resultar clave para el futuro entre el Presidente y los gobernadores.

La reforma fiscal aprobada el viernes fue un gran logro para el gobierno del Presidente Felipe Calderón, del que salió con un capital político mucho mayor al invertido en el proceso.

Trataré de resumir las razones que en lo personal – subrayo: en lo personal- me permiten afirmar lo anterior:

1. La reforma salió, al final de un proceso intenso de casi tres meses, en términos muy semejantes a los originales: El impuesto a tasa única para las empresas, como gravamen de control, sobrevivió; se fortaleció el federalismo fiscal con nuevas fórmulas de reparto, con nuevos mecanismos para la rendición de cuentas y con más recursos para las entidades federativas y los municipios; se introdujeron, sin que se hiciera mayor ruido, propuestas efectivas para mejorar la calidad del gasto y vincularlo a resultados verificables para la sociedad y, no menos importante, se avanzó en la mejoría de la administración tributaria, al tiempo que el gobierno federal quedó comprometido a incrementar la eficacia recaudatoria por el camino correcto: la simplificación.

2. A diferencia de la controvertida reforma electoral, la fiscal fue ampliamente discutida y nadie puede, sin faltar a la verdad, decirse sorprendido por ella. Esto significa que sí contamos, como país, con el andamiaje institucional y con la capacidad negociadora para lograr acuerdos.

3. Un factor clave fue el apoyo, implícito o manifiesto, de casi todas las entidades federativas. La única excepción notoria – el gobierno del Distrito Federal- manifestó una oposición más retórica que efectiva y más políticamente simulada que real. Por lo pronto, y a pesar de todo, el Distrito Federal es uno de los grandes beneficiarios.

4. Desde el punto de vista político, se ha roto el tabú de que las reformas son imposibles y el gobierno federal, junto con los gobiernos de los estados y buena parte del Congreso, han establecido una muestra de racionalidad y de realismo político. Ese capital es de todo el país. Ojalá lo aprovechemos responsablemente.

Federalismo de dientes para fuera…

Otro falso axioma de los expertos instantáneos en asuntos fiscales: No conviene que haya competencia fiscal entre las entidades federativas. Mientras los gobiernos locales teman asumir potestades tributarias México seguirá siendo un país centralista, pobre y con grandes desigualdades regionales.

Hace unos días en el sitio de la red "Asuntos Capitales" se publicó lo siguiente:

"Así, transitamos – verbo favorito de los políticos- del federalismo limosnero de los últimos priístas que fueron presidentes de la república (…) al federalismo infantil: 'Mira, gobernador o gobernadora, como eres tan bruto o bruta que ni siquiera sabes cobrar impuestos y para evitar que hagas tonterías como cobrar más o menos impuestos que tus vecinos, generando (…) competencia entre los estados, mejor vamos a decirle a los del gobierno federal que sean ellos los que cobren más impuestos y que te entreguen lo recaudado rapidito y de buen modo'". (Juan Pablo Roiz: "El PRI, los gobernadores y el infantilismo fiscal").

Uno de los puntos menos discutidos públicamente en el asunto de un posible impuesto a las gasolinas – de menos de cinco por ciento- cuya recaudación se distribuiría íntegra a los estados, es el hecho de que la propuesta original, auténticamente federalista, se transformó en un arreglo centralista que, para colmo, hoy parece huérfano.

Prevalece otro falso axioma que los expertos instantáneos repiten como pericos: "Si se dan facultades tributarias a los gobiernos locales, para cobrar, si así lo deciden, algún impuesto adicional en los rubros en que la Federación cobra los IEPS, generaríamos una indeseable competencia entre los estados, ya que algunos cobrarían esos impuestos y otros no".

Pregunto: ¿por qué ha ser indeseable la competencia?

El falso axioma revela cuán falso es el federalismo que proclaman muchos políticos, empezando por algunos gobernadores.

Supongamos que el impuesto local tuviese por objeto, como debe ser, combatir una externalidad negativa: los daños que causan millones de automóviles circulando diariamente y los gastos multimillonarios que ello acarrea para los gobiernos locales. Son candidatos obvios a cobrar dicho impuesto los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México. Ambas entidades son gobernadas por políticos que no tienen el defecto de la timidez, sino más bien el de la locuacidad. ¿Por qué callan al respecto?, ¿no les interesa defender la capacidad de sus entidades para definir sus propias políticas públicas?, ¿querrían dinero pero no responsabilidades?