Ah, sordito como una tapia

No tiene remedio. Sordera total e incurable. Ese es el feo diagnóstico que corresponde hacer sobre Marcelo Ebrard. El jefe de gobierno, a más de dos semanas de la tragedia, insiste en que todo es asunto de endurecer el otorgamiento de permisos a los llamados "antros".



A izquierda y derecha se ha comentado que detrás de la tragedia que le costó la vida a 12 personas en una torpísima operación de policías, tan esforzados como ineptos, están actitudes inadmisibles de la autoridad: criminalizar la diversión de los jóvenes, intimidar y vejar a menores de edad, moralismo de baja estofa y, en general, una confusión entre fines y procedimientos, tan atroz que los fines de los cuerpos de seguridad pública se han esfumado ante la dictadura de unos procedimientos diseñados para la propaganda política y la espectacularidad.

Y nada. Don Marcelo sigue montado en su macho. Su más reciente ocurrencia ha sido anunciar que se endurecerán los requisitos y los trámites para otorgar permisos de funcionamiento a los bares, restaurantes, discotecas o antros. Ni una palabra sobre la estulticia de los procedimientos policiales que no sólo no sirven en absoluto para alejar a los jóvenes de conductas que pueden ser nocivas para su salud, sino que provocan tragedias como la que sucedió la tarde del viernes 20 de junio.

Los procedimientos no los idearon los gendarmes que empujaban para impedir que los jóvenes salieran de la trampa, ni tampoco fueron invento de los jefes de esos gendarmes ataviados como si fueran a perseguir terroristas en Afganistán, son procedimientos que surgieron como ocurrencia en las oficinas de los jefes de los jefes de la policía: en las oficinas de la autoridad de la ciudad de México.

¿Cuáles son esos procedimientos? 1. Utilizar a los jóvenes clientes de esos tugurios como "prueba" de que se viola la ley, 2. Tratar a esos jóvenes como delincuentes, so pretexto de que son "testigos", trasladándolos en contra de su voluntad a instalaciones policiales para ser interrogados cual sospechosos de terribles crímenes.

Son procedimientos estúpidos e ilegales ordenados por el gobierno de la ciudad. La responsabilidad en el diseño y puesta en marcha de esas operaciones policiales recae directamente en quien preside el gobierno de la ciudad. ¿Será por eso que al señor Ebrard le aqueja esa terrible y total sordera?

Los comisarios de las conciencias

Por más que quieran disfrazarse de liberales atemperados, los burócratas que maquilaron la reforma electoral al gusto de los políticos de oficio revelan de inmediato su talante controlador y su fundamentalismo autoritario.

Escribí el martes 18 de abril de 2006 lo siguiente: “Frustrado el intento de crear un ‘consejo de sabios’ que vigilase el contenido de los medios de comunicación electrónica, el partido de los conservadores mexicanos – cuya organización insignia es, por ahora, la ‘Alianza por el bien de todos’- desearía ahora hacer del Instituto Federal Electoral una entidad que censure la propaganda política y que tutele la libertad de expresión de ciudadanos y partidos, de acuerdo a las normas de corrección política dictadas por algún Supremo Consejo Conservador”.

La novedad, en diciembre de 2007, es que ya lo han logrado, al parecer, mediante la retrógrada reforma electoral que, quiérase o no, vulnera la libertad de expresión no de los empresarios, no de los dueños de los medios de comunicación electrónica o de sus dóciles empleados, sino de los ciudadanos comunes y corrientes, como usted o como yo.

Incapacitados para entender que el principio fundamental del liberalismo es que cada individuo es el único depositario de su libertad – y no, como falazmente arguyen, que tales depositarios son los partidos, las organizaciones, las iglesias, las empresas, los sindicatos o las clases sociales- y que la libertad no es donación graciosa de algún déspota benevolente o de las burocracias al servicio del Estado o de los políticos de oficio, insisten en que las graves objeciones contra esta reforma electoral son expresión de intereses mercantiles o son el pataleo de unos cuantos ricachones privilegiados. Mentira.

El lunes pasado Agustín Basave Benitez, secretario técnico de la comisión para la reforma del Estado – o como quiera que se llame ese engendro- calificó a buena parte de las objeciones a la reforma como “liberalismo fundamentalista”, un oxímoron tan descabellado como el de “revolucionario institucional”.

Se equivoca Basave al suponer que el liberalismo puede ser compatible con el afán regulador de las conciencias, reflejo condicionado de todos los conservadurismos.

Basave, candidato a diputado por la fallida “Alianza por el Bien de Todos” en 2006, se equivoca también al tratar de defender lo indefendible: La libertad de expresión en una auténtica democracia siempre es individual y nunca es negociable.

Las leyes de pacotilla en el Distrito Federal

Las leyes liberales limitan los poderes del gobierno, las leyes propias de las dictaduras y de las camarillas sectarias le dan poderes omnímodos al gobernante. Son leyes de pacotilla para complacer a reyezuelos.


Habrá quien diga que las leyes y el gobierno del Distrito Federal son "liberales" en materia de manifestaciones públicas. Falso: el gobierno y las leyes locales en las que dice ampararse son profundamente autoritarios. La pésima manufactura de las leyes – específicamente de la Ley de Cultura Cívica- otorga una total discrecionalidad a las autoridades. A mayor poder discrecional menor libertad para los ciudadanos.

Véase la fracción II del artículo 25 que, aparentemente, prohíbe la obstrucción de la vía pública: Dice que es una "infracción contra la seguridad ciudadana…impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas", pero inmediatamente después aclara: "siempre que no exista permiso, ni causa justificada para ello". La ley no define quién expide los "permisos" para obstruir la vía pública ni con qué criterios, pero eso no es lo peor sino lo que sigue: "Para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada siempre que la obstrucción (…) sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un fin sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de asociación o de reunión pacífica".

¿Quién define que la obstrucción es "inevitable y necesaria"?, ¿quién decide que la obstrucción no es en sí misma el fin que persiguen los manifestantes sino un "medio razonable"?, ¿qué es "razonable" y quién determina lo que es y lo que no es "razonable"? El Jefe de Gobierno y nadie más.

Queda claro que los redactores de la ley gastaron muchas palabras para decir algo que cabe en una frase: "Lo que diga el Jefe de Gobierno que se puede hacer se permitirá y lo que diga el Jefe de Gobierno que no se puede hacer no se permitirá".

Esa ley de pacotilla se trata del típico decreto dictatorial que le otorga poderes omnímodos – ¡hasta el de conocer las inescrutables intenciones de las personas!- al jefe máximo. Los asambleístas la llenaron de palabrería, tal vez para justificar sus sueldos. En mayo de 2004 se la entregaron en charola de plata al jefe supremo de entonces, un tal Andrés López Obrador.