Políticos vaciando la bañera

¿Cuál es la destreza más apreciada para redactar leyes y reglamentos?, ¿será la capacidad de hacer complicado e ineficiente lo que puede ser sencillo y eficiente?, ¿cómo vacía una bañera un político?, ¿con un gotero o con una cucharita?

Circula mediante correos electrónicos un chiste acerca de cómo en un manicomio diagnosticaban cuáles personas requerían internarse y cuán grave era su padecimiento psiquiátrico. A los candidatos se les mostraba una bañera colmada de agua, así como tres herramientas: una cubeta, una taza y un gotero. Se les preguntaba cómo vaciarían la bañera y sólo pasaban airosos la prueba (es decir: se diagnosticaban como más o menos sanos) aquellos que respondían: "Vaciaría la bañera removiendo el tapón del desagüe". Los demás, sea que propusieran la taza, la cubeta o el gotero, eran internados de inmediato.

Imagen de bañera de 1917, aproximadamente, reformada. Referencia original de bañeras antiguas aquí.



El chiste es injusto. Se supone que los internados en un manicomio ("institución psiquiátrica" para no ofender los castos oídos de la modernidad) están ahí por locos, no por estúpidos.

En cambio, el procedimiento diagnóstico de la bañera podría aplicarse con gran eficacia en algunos exámenes, si los hubiese, para aspirantes a legisladores. Por supuesto, todos aquellos que dijesen que vaciarían la bañera removiendo el tapón del desagüe quedarían descartados: No sirven para hacer leyes y reglamentos porque no saben hacer complicado lo sencillo, ni saben levantar obstáculos a la eficacia y a la productividad.

Son destrezas extrañas, pero así como hay personas a las que les gusta escribir sonetos en los que cada una de las 14 líneas termine en "ix", hay personas que tienen dos o tres problemas que oponer frente a cada propuesta de solución. Por ejemplo, liberar todo el potencial de crecimiento que podría tener una empresa petrolera propiedad del gobierno (del "Estado" para no ofender los castos oídos de la corrección política) sin tocar los impedimentos que establece una Constitución obsoleta es lo más parecido a vaciar una bañera con gotero. Que nuestros políticos se propongan hazañas como ésta, similares a las de quien se propone competir con la internet usando palomas mensajeras, es admirable. Improductivo, desesperante, pero admirable. Para registrase en un libro de hazañas inútiles, como el Guinness.

Distrito Federal: ¿Libertad para injuriar?

¿Cuál es la frontera entre la injuria y la expresión de inconformidad por motivos políticos?

Una tarde de hace un par de semanas presencié estos hechos en la plaza central de la Ciudad de México, popularmente conocida como Zócalo. Un sujeto con un altavoz, y que se protegía bajo un improvisado tejado con propaganda de Andrés López Obrador, provocaba sin embozo a los soldados que estaban a punto de salir de Palacio Nacional para arriar la bandera.

Las excitativas de este sujeto consistían, entre otras cosas, en poner en duda la virilidad de los militares, en llamarles esbirros de un gobierno espurio y en, fin, en incitarlos a enfrentársele. Una provocación totalmente burda buscando, tal vez, ser víctima de una eventual “represión”.

A mí no me cabe duda que dicho sujeto, a quien ni siquiera un gendarme o alguna autoridad del gobierno de la ciudad le llamó la atención (y que, al parecer, todos los días hace el mismo numerito), violó plenamente, entre otras leyes y normas de elemental urbanidad, el artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal que califica como “infracción contra la tranquilidad de las personas” en su fracción sexta el “incitar o provocar a reñir a uno o más personas”. Desde luego, las penas previstas para esa infracción son irrisorias, pero como todo lo demás, en esa ley de pacotilla, se sujeta a la discrecionalidad y al criterio de la autoridad cuya cabeza es el Jefe de Gobierno. Si el Jefe de Gobierno, supongo, o el policía de turno, consideran que las injurias a los militares no son injurias sino expresión libre de opiniones políticas en una plaza pública, no pasa nada.

Pero más allá de las leyes insignificantes (eso quiere decirse al calificarlas de “pacotilla”) llama poderosamente la atención cómo ha cundido, entre los fervientes seguidores de Andrés López, esta moda de condimentar el discurso político con injurias, o incluso de reducirlo a ellas. El malhadado “¡cállate, chachalaca!” por lo visto marcó la pauta.

Que una oposición política no tenga mejores recursos que la injuria es lamentable, pero más lamentable y grave es que la autoridad en la Ciudad de México parezca ver con buenos ojos – al dejarla impune- esta nueva modalidad de activismo político: injuriar, agredir, mentir.

Vaya, hemos avanzado una barbaridad. Debe ser la izquierda “posmoderna”.

Las leyes de pacotilla en el Distrito Federal

Las leyes liberales limitan los poderes del gobierno, las leyes propias de las dictaduras y de las camarillas sectarias le dan poderes omnímodos al gobernante. Son leyes de pacotilla para complacer a reyezuelos.


Habrá quien diga que las leyes y el gobierno del Distrito Federal son "liberales" en materia de manifestaciones públicas. Falso: el gobierno y las leyes locales en las que dice ampararse son profundamente autoritarios. La pésima manufactura de las leyes – específicamente de la Ley de Cultura Cívica- otorga una total discrecionalidad a las autoridades. A mayor poder discrecional menor libertad para los ciudadanos.

Véase la fracción II del artículo 25 que, aparentemente, prohíbe la obstrucción de la vía pública: Dice que es una "infracción contra la seguridad ciudadana…impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas", pero inmediatamente después aclara: "siempre que no exista permiso, ni causa justificada para ello". La ley no define quién expide los "permisos" para obstruir la vía pública ni con qué criterios, pero eso no es lo peor sino lo que sigue: "Para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada siempre que la obstrucción (…) sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un fin sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de asociación o de reunión pacífica".

¿Quién define que la obstrucción es "inevitable y necesaria"?, ¿quién decide que la obstrucción no es en sí misma el fin que persiguen los manifestantes sino un "medio razonable"?, ¿qué es "razonable" y quién determina lo que es y lo que no es "razonable"? El Jefe de Gobierno y nadie más.

Queda claro que los redactores de la ley gastaron muchas palabras para decir algo que cabe en una frase: "Lo que diga el Jefe de Gobierno que se puede hacer se permitirá y lo que diga el Jefe de Gobierno que no se puede hacer no se permitirá".

Esa ley de pacotilla se trata del típico decreto dictatorial que le otorga poderes omnímodos – ¡hasta el de conocer las inescrutables intenciones de las personas!- al jefe máximo. Los asambleístas la llenaron de palabrería, tal vez para justificar sus sueldos. En mayo de 2004 se la entregaron en charola de plata al jefe supremo de entonces, un tal Andrés López Obrador.

¿Es el gobierno “nuestro amigo”?

Ojalá no lo sea. La misión del gobierno no es amarnos. Ello, además de imposible porque el gobierno es una institución y es abstracto, nos dejaría a la merced de la benevolencia, dudosa, y de la sabiduría, aún más incierta, de quien ocupa el gobierno.

El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ordenó el viernes rescatar militarmente a Ingrid Betancourt y a medio centenar de personas más secuestradas por la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que algunos, eludiendo cualquier eufemismo, motejan como Fuerzas Armadas Recolectoras de Coca), pese a que la familia de Betancourt, ex candidata presidencial secuestrada en febrero de 2002, le ha suplicado desistir para no poner en riesgo la vida de la secuestrada.

¿Está haciendo lo correcto en este caso el gobierno de Uribe?

Sí. La abismal diferencia entre una dictadura y una democracia consiste en que nunca los gobiernos democráticos pueden ser “amigos” o “enemigos” de los ciudadanos. El gobierno en una democracia NO es una persona – benevolente o malévola, torpe o sabia- sino una institución por definición abstracta e impersonal.
Una institución, siguiendo a Douglass North, es el conjunto de reglas formales y sus mecanismos de refuerzo que condicionan el comportamiento de los individuos y de las organizaciones en una sociedad. El gobierno democrático es una institución subordinada al mandato que obtuvo de los individuos – mediante un contrato implícito o explícito- para cumplir unos cuantos pero cruciales fines específicos, el primero de los cuales es preservar la seguridad física de los habitantes en un territorio nacional de acuerdo con una constitución y con las leyes que de tal constitución derivan.

Subordinándose a la ley el gobierno se subordina a los ciudadanos.

El gobierno de Uribe no tiene más que dos opciones honestas: O cumple la ley y la hace cumplir o renuncia a ser gobierno.

En la medida que los gobiernos abdican del estricto e impersonal cumplimiento de la ley, así sea para tratar de convertirse en “amigos benevolentes y sabios” de los ciudadanos, en esa misma medida los ciudadanos pierden su libertad y sus derechos fundamentales y quedan a merced de la incierta y voluble voluntad de quien ocupe el gobierno.

Mañana comentaré otro ángulo de la perniciosa ocurrencia de los “gobiernos amigos”: Cómo los negociantes mercantilistas minan las bases del Estado buscando “amistarse” con los sucesivos gobiernos.

¿Por qué 14 semanas y no 14 años?

En una sociedad de mujeres y hombres libres, éstos tienen plena propiedad sobre sus cuerpos. De ahí que sea criminal y aberrante pretender negar ese derecho a quienes desarrollan su propio cuerpo personalísimo – no el apéndice de otro cuerpo humano- dentro del vientre materno.

¿Tienen “derecho” los padres a disponer del cuerpo de sus hijos menores de edad? Desde luego que no. Si admitiésemos ese falso “derecho” tendríamos, en automático, que permitir el abuso infantil en todas sus execrables modalidades y nos veríamos ante el abominable dilema de determinar a partir de qué momento esa suerte de “esclavos” – los menores de edad- podrían considerarse jurídicamente “libertos”, dignos de que se les garantice su derecho elemental a la vida.

No hay evidencia científica que nos permita decir con absoluta certeza: “A partir de aquí comienza la vida auténticamente humana”. Sí tenemos en cambio abundantes evidencias de que un óvulo humano fecundado tiene una identidad específica y unívoca: Es un ser humano en proceso y tenemos la certeza de que el resultado de dicho proceso será con el paso del tiempo, en caso de no frustrarse, un ser humano autónomo y libre, al que todos los Estados medianamente civilizados le reconocen derechos inalienables.

Las sociedades civilizadas tienen su pilar fundamental en el carácter inviolable – sagrado- de la vida humana; de ahí que repugne la persistencia en algunos países (¡que se ostentan arrogantemente como civilizados!) de la pena de muerte. Ese carácter sagrado, reconocido también por las religiones monoteístas – especialmente las judeocristianas-, NO es un dogma de fe, sino el primer principio de la convivencia humana.

No estamos discutiendo si la mujer tiene o no derecho sobre su cuerpo, ¡claro que lo tiene! Estamos discutiendo qué diablos nos autoriza a dogmatizar que una mujer – o un hombre- no lo son todavía porque están en desarrollo dentro de otro cuerpo.

¿Por qué 14 semanas y no 14 años, visto que los seres humanos siempre estamos en proceso de hacernos plenamente seres humanos?

¿Por qué el aborto sí y la esclavitud infantil no, a cargo de la madre y/o del padre?

El aberrante permiso para calumniar

Despenalizar la calumnia no es ningún avance democrático y no abona un ápice a favor de la libertad de expresión.

Con gran tino Carlos Marín calificó ayer de “dictamen aberrante” el que aprobó el miércoles, ¡por unanimidad!, la Cámara de Senadores para despenalizar la calumnia, que ahora sólo sería una infracción dirimible en los juzgados civiles.

No faltará el ingenuo que calcule que esta decisión es fruto de la transición hacia la democracia. Error. Se trata de un terrible retroceso.

Tampoco faltará quien conjeture que, con esta despenalización de una conducta miserable y socialmente corrosiva, se benefician los periodistas que denuncian con valentía las tropelías y los yerros de poderosos “intocables”. Tal conjetura es insostenible. Nadie necesita mentir, lastimando la honra ajena, para revelar la verdad.

En realidad los destinatarios de esta insólita propuesta – minimizar socialmente la calumnia, al grado de dejarla impune- son otros. Pocos pero poderosos.

Haré una analogía extrema. En el sistema carcelario de la Unión Soviética – Gulag- había una estrategia de supervivencia muy socorrida por los presos comunes y en la que cayeron también algunos presos políticos: La colaboración con el carcelero – en último término, con Stalin- a cambio de aliviar en algo las frecuentemente mortales condiciones de vida y trabajo en los campos de reclusión. A esto se le llama en ruso: “Pridurki”.

Alejandro Solzhenitizin condena duramente la conducta de los “pridurki” y admite con pena que, en algún momento en sus años de reclusión, él fue cooptado por sus carceleros. En cambio, otro ex prisionero político, Lev Razgon, argumenta que ese colaboracionismo en ocasiones estuvo moralmente justificado, no sólo por razones de estricta supervivencia, sino porque permitió, a veces, aliviar algunos sufrimientos.

Allá cada cual y su conciencia.

En México hoy habrá tal vez medio centenar de destacados colegas periodistas – en especial, entre quienes escriben columnas diarias- que como parte de la lucha por la vida - ¿supervivencia?- suman a sus escritos cotidianos intervenciones en la radio y la televisión. No es ningún secreto que con frecuencia los dueños de esos medios electrónicos – o sus personeros- les instruyen acerca de qué personajes merecen ser perseguidos por la jauría mediática – lo que incluye, con harta frecuencia, la calumnia- por interferir con los intereses de esos dueños.
La decisión de los senadores constituye una herramienta valiosa para el trabajo de los “pridurki”. Así de sencillo. Así de miserable.

Las genialidades de Ponciano

Decía la investigación sobre el atraso de las telecomunicaciones en la república MTP: “Un aceptable diseño que otorgaba autonomía funcional a la agencia reguladora fue anulado en la práctica y el ente quedó capturado por el pequeño grupo de empresas que dominaba el mercado”.

Ponciano Medrano podía presumir de dos grandes éxitos en su vida. El primero de esos logros fue neutralizar –él sabía cómo- cualquier chiste vulgar acerca de su nombre. El segundo, menos conocido pero más importante para la vida pública del país de la Media Tabla Perpetua (MTP), fue conseguir para beneficio de sus amigos y patrocinadores (el grupo que dominaba el mercado de las telecomunicaciones en MTP), que también la modernización de las instituciones regulativas de ese mercado quedase neutralizada.

Por eso Ponciano experimentó un gusto secreto, inconfesable desde luego, cuando llegó a sus manos el trabajo de investigación de uno de los más prestigiosos especialistas en reformas institucionales que describía el caso de las telecomunicaciones en MTP como “la más perfecta e insidiosa falsificación de lo que debió ser un arreglo institucional para liberar la competencia en un mercado estratégico”.

Por supuesto, el estudio no le daba crédito a Ponciano – y qué bueno que así fuese, el anonimato de la operación era un asunto clave- sino que se limitaba a señalar que gracias a que buena parte de la Asamblea de Notables de MTP – órgano legislativo- estaba controlada por esos pequeños pero poderosísimos grupos de interés, la designación de los comisionados del nuevo ente regulador, presuntamente autónomo, fue controlada a placer por las dos o tres empresas dominantes en el mercado que se buscaba regular.

Un hecho molesto, pero que Ponciano y sus socios confiaban neutralizar eficazmente a través de la legión de “periodistas” que tenían en nómina, fue que un par de especialistas vetados por la Asamblea de Notables (porque no resultaban “confiables”) osó demandar ante los tribunales a la mismísima Asamblea aduciendo que no estaba facultada para vetar designaciones por razones que no fuesen estrictamente técnicas y de competencia profesional.

El alegato de ese par de “insolentes” – como les motejaba Ponciano- se transformó, gracias a la abrumadora propaganda de los “periodistas” amigos, en una “necedad” que obstaculizaba el avance del país en telecomunicaciones.

Mientras se afeitaba, Ponciano saludaba al personaje del espejo diciéndose: “Eres un genio, Ponciano; eres un genio”.

Las leyes de Cayo Valerio Godinez (una fábula)

En aquél país el Congreso de Notables aprobó por unanimidad la “Ley de la Prosperidad Obligatoria” que no fue más que la secuencia obligada de la “Ley de la Indeclinable Voluntad Reformadora”, también aprobada por unanimidad.

El prolongado abrazo selló el reconocimiento: “Compadre – exclamó uno de los múltiples compadres de Cayo Valerio Godinez – te volaste la barda. ¡Aprobada por unanimidad!”. Atacado por una súbita modestia, el Notable Cayo objetó: “Nada, compadre, fue un trabajo de todos, teníamos que plasmar nuestra firme voluntad de hacer las reformas”.

Aquél día, cuentan, las celebraciones se prolongaron hasta la medianoche en varios restaurantes rumbosos de la república de MTP o de la Media Tabla Perpetua. Políticos de renombre, aspirantes a políticos, lo mismo los que se escondían de las cámaras y de los micrófonos que aquellos que los buscaban ávidos, comentaban elogiosamente la “ley Godinez” aprobada ¡por aclamación!, como dijo el viejo cronista, el maestro Pericles Órdago y Lazo en su leída columna “Los gladiadores de la tribuna”. Ordenamiento jurídico que se llamó “Ley de la Indeclinable Voluntad Reformadora”.

Los historiadores consignan que dicha ley – criticada por algunos maldicientes como “expresión suprema del voluntarismo estéril”- nació del anhelo popular de que los políticos en MTP pusiesen manos a la obra en la tarea de sacar al país de su inveterada mediocridad. Los expertos habían insistido, por activa y por pasiva, en que era necesario hacer “reformas profundas” para dar ese gran salto.

Ahí estaba la respuesta, el mentís a todos aquellos detractores por hábito que motejaban al Congreso de Notables de “asamblea de zánganos”. El Congreso sí daba resultados. La ley establecía cuidados y precisos mecanismos – comisiones deliberativas y de análisis, por ejemplo-, así como plazos perentorios para que se realizasen – tras agotadoras discusiones y negociaciones – esas tan llevadas y traídas reformas.

Tan buenos réditos políticos obtuvo la primera “ley Godinez” que muy pronto fue complementada por una segunda ley promovida por el mismo Cayo Valerio: “La Ley de la Prosperidad Obligatoria”. Como se señalaba en la exposición de motivos ésta nació por “la imperiosa necesidad de que a nadie le quede duda de que las reformas que surjan de nuestra indeclinable voluntad reformadora son precisamente aquéllas que provocarán, por necesidad ontológica y por imperativo moral, la prosperidad prometida”.