¿El sufragio femenino violó la Constitución?

No hay absurdo – decía Aristóteles – que no encuentre un filósofo dispuesto a defenderlo. Si el "espíritu" del Constituyente de 1917 fue otorgar, como "derecho adquirido" de los varones la exclusividad del voto, ¿habrá que concluir que el sufragio femenino, reconocido en 1953, violó el espíritu de la sacrosanta Constitución?


Una de las reivindicaciones del movimiento vasconcelista a fines de la segunda década del siglo XX en México fue el sufragio femenino. Desde luego, se opuso a ello el flamante Partido Nacional Revolucionario (PNR), simiente del actual PRI, argumentando, entre otras cosas, que las mujeres representaban un peligro para la Revolución dado que en su mayoría estaban bajo la influencia del pensamiento clerical.

Años más tarde, y ante la presión de algunas mujeres decididas incluso a realizar una huelga de hambre para exigir la modificación del artículo 34 de la Constitución (cuya redacción en género masculino parecía limitar la ciudadanía a los varones), el general Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al Congreso para que el nuevo artículo especificase: " son ciudadanos de la República, todos los hombres y las mujeres que…".

Considerando la ferviente sumisión del Congreso a los dictados del Presidente (estamos hablando de 1937 y todos los legisladores eran ya, al menos de dientes para fuera, cardenistas), se hizo el cambio, pero ese reconocimiento de ciudadanía no significó, aún, el derecho a votar y ser votadas.

Llama la atención que el senador Luis Mora Tovar en un principio estuviese en contra de reconocer la ciudadanía a las mujeres y, aunque más tarde cambiase de opinión, haya expuesto de cualquier forma sus prevenciones, entre otras que "la mujer es ignorante por lo que su actuación puede ser peligrosa para el país" y esta otra, típica de la época, "no es el momento oportuno porque las mujeres de la reacción, que son muchas y con muchos recursos, forman un bloque compacto, mientras que las emancipadas están divididas".

Y, al final, esta joya: No es conveniente, dijo Mora Tovar, que a la mujer "se le haga descender a compartir con nosotros – los hombres- esa pestilencia del fango de nuestra democracia".


Pues, ¡qué caballeroso fue el senador!

(Las citas están en el libro "¡Por fin ya podemos elegir y ser electas!" de Enriqueta Tuñón Pablos, 2002, Plaza y Valdes, que también puede encontrarse pinchando aquí en la biblioteca de Google.

Salinas de Gortari y Telmex

El ex presidente Carlos Salinas de Gortari ha reiterado su abominación hacia lo que él llama “fundamentalismo de mercado”. Esta antipatía hacia la libertad individual explica, tal vez, por qué su gobierno jamás se preocupó por garantizar la competencia – y con ella, los derechos del consumidor- cuando privatizó el monopolio telefónico.

Las ideas tienen consecuencias. Si un gobernante cree que el ejercicio irrestricto de la libertad individual sólo conduce al “egoísmo y la soledad” o que la competencia equitativa en el mercado es “adversa a la soberanía popular” difícilmente diseñará un proceso de privatización de un monopolio gubernamental, como lo era Teléfonos de México, previendo condiciones de competencia que beneficien al consumidor para que éste pueda elegir individual y libremente.

En días próximos, según se ha anunciado, saldrá a la venta un nuevo libro de Salinas de Gortari, “La década perdida”, del que algunos medios han publicado algunos extractos. De lo difundido se infiere que el ex presidente de nuevo quiere situarse a sí mismo en una especie de tercera vía ilusoria entre el liberalismo y el populismo; en su época se inventó el mote de “liberalismo social”, una especie de híbrido entre el mercantilismo y la social burocracia asistencial que usa el gasto público para crearse clientelas electoralmente adictas. Critica Salinas acremente a un espantajo llamado “neoliberalismo” encarnado por fuerzas impersonales, sin nombres ni apellidos, que según él “entregaron el sistema de pagos del país, duplicaron la deuda pública y lo contaminaron (al país) de la enfermedad holandesa”. Que lo pruebe, si puede.

De lo que se ha difundido sobre este libro de Salinas de Gortari no aparece una sola explicación – indispensable, a la luz de los acontecimientos posteriores- sobre los criterios que aplicó su gobierno para transformar un monopolio de gobierno quebrado e ineficiente – Teléfonos de México – en un monopolio privado singularmente eficaz para apropiarse de los excedentes de los consumidores y para impedir la competencia.

Es obvio que Salinas de Gortari jamás consideró, en esa privatización, los intereses de los consumidores, sino la necesidad de obtener más ingresos para unas finanzas gubernamentales deterioradas. Es obvio que los privatizadores de Telmex no sucumbieron al abominable “neoliberalismo” que detesta Salinas…

Lástima, si hubiesen sido un poquito liberales sin duda los servicios telefónicos hoy serían más baratos y los consumidores tendríamos verdaderas opciones para satisfacer nuestro “egoísmo y soledad”.

¡Que también prohíban los debates!

Supongo que la siguiente reforma electoral incluirá la prohibición de los debates cara a cara entre candidatos porque, aún con el ñoño esquema actual, podrían dar pábulo - ¡horror!- a la confrontación pública de ideas.

Coincido con el periodista sevillano Ignacio Camacho, actual director de ABC, cuando afirma que el principal aporte de la modernidad al juego democrático han sido los debates políticos y electorales en los medios de comunicación, especialmente en la televisión. Representan una de las mejores opciones del ciudadano común para ejercer una doble soberanía: la del voto individual en la papeleta el día de las elecciones – habiendo visto y oído sin cortapisas a cada candidato- y la del mando a distancia o control remoto que permite el ciudadano-televidente votar desde su hogar, cambiando de canal, apagando el aparato o dejándolo estar. El mando a distancia es implacable e inmediato, ante él no hay fuero que valga.

No es poca cosa disponer, al menos, de la oportunidad de ver y escuchar a los candidatos debatir cara a cara. En México, con nuestra perenne afición por lo solemne y nuestros miedos atávicos a la confrontación intelectual, se nos han escamoteado los verdaderos debates. Sobre todo después de la vapuleada que Diego Fernández le puso a Cuauhtémoc Cárdenas y a Ernesto Zedillo, en mayo de 1994, se encendieron todas las alarmas: “¡Peligrosísimo! – se dijeron nuestros políticos- , ¡los debates hay que acotarlos!, ¡hay que regularlos!” Y así tenemos esa versión ñoña, solemne, aburridísima del falso debate entre candidatos “conducido” por una especie de agente de tránsito…Bostezo.

Aún así, alguien podría darse la maña para que aquello sea un debate verosímil o, por lo menos, para dejar en evidencia la estolidez o la cobardía de quienes se niegan a confrontar ideas y se limitan – porque podrán ser muy beatos pero también son muy chabacanos- a lanzar a sus contendientes calumnias o insinuaciones maliciosas (lo que hizo Andrés López en 2006, poniéndose en evidencia).

De acuerdo con el espíritu de los tiempos, los señores y las señoras legisladores aún están a tiempo de prohibir los debates de una vez por todas: Nada de intercambiar ideas, nada de confrontaciones públicas a los ojos de esos pobres idiotas, menores de edad, gente sin juicio, que somos los ciudadanos. ¡Anímense!, ¡pónganle la cereza al pastel de su reforma retrógrada!

Ugalde, demasiado tarde

Luis Carlos Ugalde se ha despedido del IFE con el discurso correcto y pertinente: Hay que salvar a la democracia en México evitando que los partidos políticos la secuestren…Demasiado tarde. En las elecciones de 2006, Ugalde convalidó arbitrariedades graves contra la libertad, al votar a favor de la censura de mensajes que decían verdades incómodas para el candidato favorito de políticos y periodistas enchufados: Andrés López Obrador.

Una de los más graves errores del IFE y de su consejero presidente en 2006 fue convalidar una inaceptable censura a la libertad de expresión, durante la campaña electoral, para complacer a un candidato histérico – Andrés López- y a su séquito de acólitos, igualmente histéricos e inmaduros.

Es probable que, a la distancia, Luis Carlos Ugalde esté arrepentido de haber votado a favor de esa censura de carácter fascista que exigieron a gritos y sombrerazos – no conocen otra forma de expresión- Andrés López y sus feligreses. El arrepentimiento, si lo hay, debe ser amargo: Ugalde nada ganó lesionando las libertades ciudadanas y la vociferante clase política a la que quiso complacer acabó, al final, echándolo de mala manera. Ni modo, los más serviles son los primeros en ser desechados cuando ya no son útiles a sus amos. (Una lección que podrían aprender, por cierto, algunos colegas en los medios electrónicos).

El miércoles, al despedirse anticipadamente del IFE, Ugalde hizo sus mejores declaraciones y habló como un verdadero defensor de los derechos y de las libertades ciudadanas, es decir: Como lo que deben ser los consejeros del IFE y, por lo visto, como ya no podrán serlo. Recordó algo esencial: La democracia no se construye con prohibiciones. Muy mal andamos cuando los encargados de diseñar las leyes electorales son tan amigos de los controles burocráticos y tan poco afectos a respetar la libertad. Bien dicho pero demasiado tarde.

Y, por cierto, ya que tanto preocupa a los autonombrados comisarios de la corrección político-electoral que se utilicen expresiones denigrantes en las campañas, tal vez me puedan explicar lo siguiente: ¿Por qué llamarle López a López es denigrante y, en cambio, motejar a otro candidato con adjetivos escatológicos, propios de quien se estancó en la fase anal del desarrollo psíquico, es sólo una “puntada chistosa” de personajes como Federico Arreola, el todavía fiel escudero de López?

Si es "de interés público", ¡usted no se meta!

En México parece haber una fórmula infalible para saber qué se considera "de interés público": Todo aquello en lo que los ciudadanos, como personas libres, no somos bienvenidos.

Tal vez el día que el petróleo deje de ser patrimonio nacional podremos saber cuánto le cuesta a PEMEX obtener un barril en cada campo petrolero, cuánto de dicho costo obedece a condiciones objetivas asociadas a la extracción del energético, cuánto a costos administrativos y financieros y cuánto a las negociaciones laborales con un sindicato poderoso, hermético y temible.

Por fortuna, hay algunas pocas empresas privadas que cotizan en el mercado de valores y así podemos saber cuánto venden cada trimestre, cuál es su margen de utilidad de operación, cuánto deben, a quién, a qué plazos, a qué tasas y en qué condiciones. De esa forma, yo puedo saber que el supermercado en el que compro tiene un margen de ganancia – antes de costos o beneficios financieros- menor al seis por ciento sobre el total de las ventas. Y de la misma forma me he enterado que la compañía telefónica dominante sigue quedándose con un porcentaje de ganancias operativas sobre sus ingresos totales muchísimo más elevado (digamos el 30 por ciento), lo que significa que se queda con una buena parte del "excedente" que, en un mercado de libre competencia, correspondería a los consumidores.

Esos son asuntos de interés público y no deja de ser un poquito irritante que sepamos más de varias empresas privadas (que son en realidad públicas, al cotizar en el mercado de capitales) que de algunas empresas públicas (que son en realidad herméticas, gracias a los venerados mitos nacionales). Y que no sepamos cosa alguna de sindicatos que operan en actividades que pomposamente se han bautizado como de "interés público" (a algunos se les llena la boca al decir las dos palabras mágicas, como si fuesen subnormales gritando: "Es un honor estar con Obrador").

Ésa es otra ley no escrita del arreglo político: Si es de interés público, que los ciudadanos no metan las narices.

Por eso, porque las elecciones son de interés público serán ahora por ley un negocio privado de los partidos políticos. Gran reforma electoral, ¿o no?

Napoleoncitos al abordaje

Sean del color que sean o de la adscripción ideológica que se les antoje – izquierdosa o derechosa- buena parte de nuestros políticos son Napoleoncitos llenos de sueños de grandeza y de desprecio hacia la libertad de los ciudadanos.

El modelo del típico político mexicano es napoleónico y, por ende, profundamente antidemocrático. Un ejemplo prístino de esta admiración por el paradigma del déspota benevolente es la reciente reforma electoral: Para quienes idearon tal reforma los ciudadanos somos tan idiotas e irresponsables que no se nos debe permitir perturbar una contienda electoral con la expresión de nuestros libérrimos juicios acerca de los candidatos.

Supongamos que el día de mañana el señor Narciso Delgadillo se nos ofrece como candidato del partido Tal a un cargo de elección popular. Supongamos también que varios ciudadanos, alarmados por las propuestas de Narciso, pensamos que es un peligro para el país. Y supongamos, por último, que unidos – el grupo de ciudadanos preocupados, con razón o sin ella lo mismo da- juntamos los recursos para contratar anuncios en la radio o en la televisión para tratar de influir en el ánimo de otros electores. ¡Prohibido, bajo pena gravísima! Ninguna estación o cadena de radio o televisión se arriesgará a ser castigada – hasta con la suspensión definitiva de sus transmisiones- si comete el desacato de vendernos tiempo para transmitir nuestros mensajes.

¿Qué hay detrás de esta fascinación de muchos políticos mexicanos por establecer qué debemos decir y qué no, qué debemos hacer y qué no, qué podemos disfrutar y qué no? Una imagen idealizada de ellos mismos como seres omniscientes y omnipotentes que salvarán a los ciudadanos a pesar de los ciudadanos. En breve: El arquetipo de Napoleón.

En el caso de México, la genealogía napoleónica es extensa, lo mismo incluye a Gustavo Díaz Ordaz que a Lázaro Cárdenas del Río. Y si nos ponemos cosmopolitas lo mismo incluye la versión chabacana – digamos Hugo Chávez- que la refinada – digamos Charles de Gaulle- del déspota que se sueña y se ofrece a su pueblo como la encarnación de la sabiduría y la benevolencia.

La coartada que nunca se les cae de la boca es “el interés público”. Como si nos dijeran: “Dado que esto es de interés público, tú no te metas, es un asunto privado de nosotros, los políticos y los partidos”.

¿De veras "hay que salvar al IMSS"?

Un bonito ejemplo del mito del "Estado de Bienestar".

Cualquier joven mexicano medianamente informado que se incorpora al mundo laboral ¿qué preferiría si le dieran a elegir?:

A. Las tradicionales "prestaciones sociales": Seguro Social, ahorro forzoso para vivienda y para el retiro.

B. Integrar en el salario neto – pagando los impuestos correspondientes- cualquier prestación, es decir "monetizarlas" para que sea él mismo quien decida en qué emplear esos recursos.

Sospecho que la mayoría de los jóvenes, puestos a elegir, optarían por la segunda. Yo lo haría, si se pudiese elegir, porque maximiza la libertad personal y su concomitante responsabilidad y no hace depender mi bienestar presente y futuro del buen o mal criterio de elección de alguien más, sino de mis decisiones, de mis actos y de mis omisiones.

Todo esto, lo entiendo, va en contra de la sabiduría convencional (el Estado niñera) y de lo que a diario leemos, oímos y vemos en los medios de comunicación. Tomemos el ejemplo más cercano y actual: Un gran "tema" en los medios es la negociación anual del contrato colectivo entre los líderes del sindicato del Seguro Social y las autoridades de ese Instituto (IMSS). Todo mundo sabe, aunque los líderes sindicales vociferen lo contrario con singular violencia verbal, que el IMSS está quebrado (basta comparar lo que necesitaría para cumplir satisfactoriamente con todos sus afiliados y sus recursos financieros propios) en buena medida por las exorbitantes prestaciones que reciben los trabajadores sindicalizados del mismo instituto. La situación es insostenible pero los líderes sindicales siguen estirando la cuerda.

Así las cosas, si usted fuese un joven que apenas ingresa al mundo laboral, ¿le haría gracia que le descontaran de los ingresos que merece por su trabajo un porcentaje para seguir manteniendo con vida a un instituto quebrado en el que lo importante son los empleados del instituto y no los clientes, como usted, que son los que pagan?, ¿no preferiría que le monetizaran esas cuotas y destinarlas a comprar, o no, que cada cual decida, un seguro de gastos médicos mayores elegido entre una variedad de opciones?

Pero esto no hay que decirlo. Es incorrecto porque "salvar al IMSS" es una "prioridad nacional". Otro caso más en el que las grandiosas "prioridades nacionales" nada tienen que ver con la vida real de la gente de carne y hueso.