¿Cómo empezó esto? (IV)

Varias instituciones financieras de los Estados Unidos han sufrido, durante esta crisis, la injusticia de las generalizaciones. Ahora sabemos, porque cada institución ya fue probada en medio de las turbulencias financieras de 2007, 2008 y 2009, que J. P. Morgan Chase y Bank of America, por ejemplo, siguieron una administración de riesgos más responsable que Citigroup, Merrill Lynch o Bear Stearns. Estas diferencias pueden parecer notables cuando se considera que todas jugaron, en términos de regulaciones y legislación, en la misma cancha de juego y con las mismas reglas, ¿por qué en unas entidades sí funcionó con alguna eficiencia la autorregulación y en otras no?

Tal vez la respuesta radique en el aprecio que el Consejo de Administración de cada una de ellas tuvo, o no tuvo, hacia la importancia de conservar una sólida reputación y, consecuentemente, a la propensión, o no, de privilegiar los resultados de largo plazo por encima de las oportunidades coyunturales.

Es, en el fondo, un asunto de buen gobierno corporativo y de que la administración tenga incentivos debidamente alineados con los objetivos de los accionistas.

Un ejemplo reciente, y local, de incentivos perversos: En noviembre de 2008 uno de los grandes bancos que operan en México (Santander) declaró que su estrategia sería disminuir su exposición al riesgo, especialmente en crédito al consumo, muy por debajo de los niveles promedio de sus competidores en el mercado mexicano. Suena bien. Empero, en mayo de 2009 – es, desde luego, un caso real y documentado- uno de sus clientes es informado de que, sin jamás haberla solicitado, se le ha otorgado una tarjeta de crédito con un límite de endeudamiento superior a 40 mil pesos. ¿Correcto? No, ¡terriblemente mal!, el cliente, cuya única relación con el banco era haber sido director general de una empresa cuya nómina manejaba ese banco, desde el fin de enero renunció a ese puesto directivo y no ha ingresado un solo centavo en esa cuenta, ¡el parámetro para darle un crédito a un “desempleado” (alguien en cuya “cuenta de nómina” ya no se ingresan depósitos es un “desempleado”), que jamás lo solicitó, fue el saldo promedio de una cuenta de cheques en la que no se había recibido un solo depósito en más de tres meses!

Esta pésima práctica sólo se explica por una administración incompetente, que seguramente padece de mala alineación de objetivos e incentivos. Ese mal acabará por corregirlo dolorosamente el mercado, pero las regulaciones deben contribuir a las sanciones del mercado, no obstruirlas.

Mañana seguiré con otros ejemplos.

¿Cómo empezó esto? (III)

Se ha insistido, con razón, que también en el origen de esta calamidad jugó un papel decisivo una inadecuada regulación. Si lo que se quiere decir con ello es que las agencias reguladoras no hicieron bien su trabajo, la afirmación es totalmente cierta; si, en cambio, se quiere decir que faltó regulación o que el desastre se habría evitado con mayores regulaciones, la afirmación es totalmente errónea.

No faltaron regulaciones, ni agencias reguladoras. Por el contrario, la crisis en ciertos casos fue alimentada por el protagonismo de algunos reguladores actuando como brazo ejecutor de políticas ruinosas, el mejor ejemplo fue la presión de los reguladores hacia los bancos para impulsar el otorgamiento de hipotecas de baja calidad.

Por otra parte, la regulación falló también por estar mal diseñada en términos de incentivos. Es incuestionable que los bancos deben incrementar su capital y sus reservas conforme incrementan su exposición al riesgo; eso es lo que señalan los Acuerdos de Basilea (“Basilea II” en este caso), pero dicha regulación global tiene un diseño endeble que le permite a las instituciones financieras eludirla colocando activos de alto riesgo, como las hipotecas de baja calidad, fuera del balance del banco, por ejemplo en los llamados “vehículos estructurados de inversión” administrados por fondos de cobertura en los “bancos-no bancos”, o banca de inversión.

Todo mundo en el medio financiero sabía de la existencia de esa zona gris. Los reguladores la aceptaron tal vez suponiendo que las agencias calificadoras harían su trabajo y que serían ellas las que se encargarían de sancionar tales riesgos; si se trataba de activos de alto riesgo así los calificarían. Pero las calificadoras fallaron miserablemente, no hicieron su trabajo.
¿Por qué? Porque al igual que los bancos sus incentivos no están alineados con lo que pretende la regulación. El muy defectuoso diseño de las agencias calificadoras no es una novedad. Todos sus incentivos están alineados para complacer a los emisores y colocadores de valores en el mercado, no los intereses del inversionista-acreedor. Este último está indefenso frente a las fallas de las calificadoras. Aún ahora, después de su desastroso desempeño, siguen teniendo un exorbitante poder – sin contrapeso alguno - para premiar o castigar con sus calificaciones a los emisores (empresas, bancos, fondos, gobiernos y países). ¿Quién califica a las calificadoras?, ¿quién garantiza la integridad y solvencia de sus análisis? Gran asignatura pendiente.

Aun en dicho entorno de regulación fallida, hubo bancos que actuaron con mayor responsabilidad que otros.

La impunidad de los “demasiado grandes”

Los monopolios, públicos o privados, así como las empresas que pueden ejercer un poder dominante en los mercados, generan infinidad de daños económicos. El más obvio es el detrimento en el bienestar de los consumidores mediante la apropiación de rentas que, en un ambiente de competencia, deberían corresponderles a estos últimos, no a las empresas. Pero las prácticas monopolísticas también causan muchos otros daños que con frecuencia pasan desapercibidos.

En esta ocasión me referiré sólo a uno de esos daños, a partir de un ejemplo reciente. Tal efecto es nocivo para todo el entramado económico y consiste en la cancelación, para efectos prácticos, de la regulación y de los reguladores ante el gigantismo de la empresa dominante; podría decirse (parafraseando la controvertida fórmula con la que el anterior secretario del Tesoro de Estados Unidos justificó el rescate de varias firmas gigantes), que las prácticas monopolísticas alimentan la aparición de empresas demasiado grandes para ser efectivamente reguladas.

El ejemplo reciente en México ha sido la configuración de nuevas Áreas de Servicio Local (ASL) en telefonía, una medida de regulación acordada por el órgano regulador para evitar que millones de usuarios paguen como llamadas de larga distancia las que en realidad deberían ser llamadas locales (entre áreas próximas e incluso contiguas) y para permitir que en cientos de localidades hubiese competencia entre operadores para prestar el servicio de terminación de las llamadas.

A principios de abril, conforme con el calendario de las autoridades, debieron incorporarse nuevas ASL en Baja California Sur, ciudad de México, Coahuila y Jalisco. Sin embargo, la regulación fue anulada sin empacho por la empresa dominante creando un impedimento de carácter operativo: El rechazo a modificar las series numéricas y los prefijos de marcación en esas ASL, de forma que siguen computándose como llamadas de larga distancia las que, a la fecha, deberían ser llamadas locales.

El regulador parece impotente ante estas argucias, entre otras razones porque el tamaño de la empresa dominante le otorga ganancias tan exorbitantes (la diferencia de costos, entre competencia plena y falta de competencia, es para el consumidor en este caso de alrededor de siete veces) que el costo de violar la regulación – equivalente al pago de multas- resulta muy inferior a las rentas derivadas de continuar con la práctica monopolística.

Cuando la entidad a regular parece “demasiado grande” la única respuesta racional debería ser la aplicación de una regulación extraordinaria; como escribí en el artículo de ayer: más que una regulación normal esos entes parecen necesitar una camisa de fuerza.

Regulación: Ni puritana, ni anarquista

Por eludir el alcoholímetro en la ciudad de México un joven ebrio causó la muerte de un policía que intentó detenerlo. Convendrán los lectores conmigo que esta tragedia NO puede ser atribuida a la regulación – representada por el alcoholímetro, entre otros mecanismos, reglas e instituciones-, ni a una omisión de los reguladores, sino a una conducta delictiva del ebrio que es punible de acuerdo con las leyes.

Los puritanos, que en el fondo son idealistas furibundos, dirán que si se prohibiera absolutamente la producción, distribución y venta de bebidas alcohólicas esa tragedia se habría evitado. Falso. La prohibición absoluta de bebidas alcohólicas causaría más tragedias, similares y de otra naturaleza: criminalidad incentivada por el altísimo atractivo económico de los negocios ilícitos (como sucede con el narcotráfico), producción y tráfico de bebidas adulteradas y un largo rosario de desgracias; además de que ninguna autoridad tendría control sobre en dónde se vende alcohol, a quién se le vende y demás.

Los anarquistas, que también son idealistas furibundos, dirán que el alcoholímetro no debe existir porque genera tal temor en los conductores que, por eludir ese control, acaban cometiendo estupideces o porque vuelve a los conductores irresponsables (“el gobierno se ocupará de que yo no maneje ebrio”). Falso. No podemos saber el número – de lo que pudo ser y se evitó no queda registro-, pero un control como el del alcoholímetro, con todas sus limitaciones y errores, evita muchas tragedias.

Podemos aplicar criterios análogos al papel de las regulaciones o de la falta de regulaciones en la gestación de la crisis financiera global; así como a los actos y a las omisiones de los reguladores.

Los puritanos querrán borrar de la faz de la tierra no sólo los productos financieros complejos – digamos, los derivados-, sino incluso la noción misma de apalancamiento; los anarquistas insistirán que hay que dejar que todos y en todo nos “auto-regulemos” . Ambos son extremos abominables.

La clave filosófica de la regulación está en el reconocimiento de la libertad y de su permanente consecuencia: la responsabilidad. La libertad es personal, la responsabilidad es personal. “El que la hace, la paga porque fue libre para hacerla”.

La regulación no debe socializar lo que es personal: la responsabilidad. La regulación no debe permitir que una entidad se vuelva tan grande que no pueda pagar por sus culpas. Lo “demasiado grande” se vuelve no-imputable. Como un monstruo irracional. A tales engendros no se les “regula”; se le pone una camisa de fuerza y punto.

Evaluación serena del G-20 (2)

Tengo para mí que el resultado más importante y positivo de la reunión del G-20 fue que se lograse abortar la equivocada pretensión europea (principalmente de los gobiernos de Francia y Alemania) de crear una regulación financiera supranacional rígida, restrictiva, politizada y demagógica, que manejaría alguna burocracia internacional al estilo de la ONU. Eso es lo que festejaron los mercados financieros al final de la cumbre, más que la inyección de recursos en billones de dólares para estimular una recuperación.

No sólo se trata de que cada país y cada economía tiene peculiaridades que una regulación financiera supranacional no sabría entender ni atender, sino de que en materia de regulación los excesos siempre (repito: siempre) resultan más costosos que las omisiones. Sé que decir esto, en medio de una crisis global cuya principal causa parecen ser las omisiones de los reguladores en Estados Unidos, es políticamente incorrecto y parece un contrasentido, pero hay que saber ver un poquito más allá de lo reciente para analizar con objetividad la historia.

Invariablemente, el intervencionismo controlador ha generado más problemas que soluciones.

Aclaro que sí es preciso, y urgente, ampliar el perímetro de lo regulado (aplicar a los bancos-no bancos, como a las administradoras de fondos de inversión o de cobertura, o como a las sociedades financieras de objeto múltiple, para ponerlo en terminología local, los mismos parámetros estrictos de capitalización y de formación de reservas que se aplican a la banca convencional), pero ello lo debe hacer cada país y sin incurrir en un afán controlador que inhiba la creación de nuevos mecanismos para potenciar los efectos benéficos de la intermediación.

Lo que es un auténtico despropósito en materia de regulación es entrar a terrenos demagógicos, como ése de fijar topes a los salarios de los ejecutivos que trabajan para intermediarios financieros privados, como si fuesen servidores públicos, burócratas, y como si limitar sus ingresos los hiciese automáticamente más probos y mejores personas. Es odioso y repulsivo ese prurito de los políticos por convertirse en niñeras o en directores espirituales de las personas.

Por cierto, las conclusiones del G-20 no pudieron eludir esa ridícula concesión a la demagogia. Esperemos que sólo haya sido eso, una concesión retórica para consumo de la galería, que suele demandar chivos expiatorios y santas inquisiciones que quemen a tales chivos expiatorios en leña verde.

Pedagogía de la irresponsabilidad

Cada vez hay más semejanzas entre la actual crisis financiera en Estados Unidos y la crisis de México que se incubó durante 1994: Los contribuyentes terminarán pagando billones de dólares para premiar la incompetencia de los reguladores, la laxitud del banco central, la venalidad de los intermediarios financieros y la irresponsabilidad de los deudores.


Sólo pasa en el mundo de la política: Si el regulador falló miserablemente, los legisladores lo premian dándole más atribuciones reguladoras – que inhiben los correctivos que imponen los mercados- así como si alguna entidad gubernamental no ha cumplido su trabajo, la “solución” es aventarle más carretadas de dinero de los contribuyentes.

En inglés se le conoce como “moral hazard” y se suele traducir al español como “riesgo moral”. En realidad se trata de aquellas conductas irresponsables que las autoridades estimulan al rescatar una y otra vez a quienes han incurrido en pérdidas derivadas de su propio desempeño incompetente, inmoral, incluso fraudulento.

Durante sus 95 años de existencia, como escribía ayer en las páginas de The Wall Street Journal Allan Meltzer, la Reserva Federal de Estados Unidos ha acumulado un desastroso historial como regulador financiero. Falló, recuerda Meltzer (autor de la más completa historia de la Reserva Federal), con la crisis de las “punto com”, falló con la crisis de las hipotecas de baja calidad, por sólo mencionar dos de los yerros más recientes. Como “premio” a ese historial ahora se propone que la Reserva Federal también regule a los bancos de inversión.

Esas nuevas facultades reguladoras entorpecerán el funcionamiento de los bancos de inversión pero son, además, un claro aviso: En caso de incompetencia, irresponsabilidad o fraude, también los bancos de inversión acabarán siendo rescatados.

Rescatar es un verbo que hace salivar de gusto a los políticos, especialmente si son legisladores, porque los políticos viven de vestirse de superhéroes al rescate de los atribulados. Se alimentan de problemas y provocan más problemas por si acaso faltasen. Nada mejor para estimular conductas que terminarán en tribulaciones que la pedagogía de la irresponsabilidad: “No te preocupes, actúa irresponsablemente, aquí está el Estado como asegurador y regulador universal”.

Al igual que México pagó una dura penitencia en 1995-1996, la salida de la crisis financiera para Estados Unidos inevitablemente se pagará con menor crecimiento, pérdida de empleos, restricción crediticia y aceptación de pérdidas. Mientras más se tarden en corregir, más doloroso será el remedio.