¿Cómo empezó esto? (III)

Se ha insistido, con razón, que también en el origen de esta calamidad jugó un papel decisivo una inadecuada regulación. Si lo que se quiere decir con ello es que las agencias reguladoras no hicieron bien su trabajo, la afirmación es totalmente cierta; si, en cambio, se quiere decir que faltó regulación o que el desastre se habría evitado con mayores regulaciones, la afirmación es totalmente errónea.

No faltaron regulaciones, ni agencias reguladoras. Por el contrario, la crisis en ciertos casos fue alimentada por el protagonismo de algunos reguladores actuando como brazo ejecutor de políticas ruinosas, el mejor ejemplo fue la presión de los reguladores hacia los bancos para impulsar el otorgamiento de hipotecas de baja calidad.

Por otra parte, la regulación falló también por estar mal diseñada en términos de incentivos. Es incuestionable que los bancos deben incrementar su capital y sus reservas conforme incrementan su exposición al riesgo; eso es lo que señalan los Acuerdos de Basilea (“Basilea II” en este caso), pero dicha regulación global tiene un diseño endeble que le permite a las instituciones financieras eludirla colocando activos de alto riesgo, como las hipotecas de baja calidad, fuera del balance del banco, por ejemplo en los llamados “vehículos estructurados de inversión” administrados por fondos de cobertura en los “bancos-no bancos”, o banca de inversión.

Todo mundo en el medio financiero sabía de la existencia de esa zona gris. Los reguladores la aceptaron tal vez suponiendo que las agencias calificadoras harían su trabajo y que serían ellas las que se encargarían de sancionar tales riesgos; si se trataba de activos de alto riesgo así los calificarían. Pero las calificadoras fallaron miserablemente, no hicieron su trabajo.
¿Por qué? Porque al igual que los bancos sus incentivos no están alineados con lo que pretende la regulación. El muy defectuoso diseño de las agencias calificadoras no es una novedad. Todos sus incentivos están alineados para complacer a los emisores y colocadores de valores en el mercado, no los intereses del inversionista-acreedor. Este último está indefenso frente a las fallas de las calificadoras. Aún ahora, después de su desastroso desempeño, siguen teniendo un exorbitante poder – sin contrapeso alguno - para premiar o castigar con sus calificaciones a los emisores (empresas, bancos, fondos, gobiernos y países). ¿Quién califica a las calificadoras?, ¿quién garantiza la integridad y solvencia de sus análisis? Gran asignatura pendiente.

Aun en dicho entorno de regulación fallida, hubo bancos que actuaron con mayor responsabilidad que otros.

Regulación: Ni puritana, ni anarquista

Por eludir el alcoholímetro en la ciudad de México un joven ebrio causó la muerte de un policía que intentó detenerlo. Convendrán los lectores conmigo que esta tragedia NO puede ser atribuida a la regulación – representada por el alcoholímetro, entre otros mecanismos, reglas e instituciones-, ni a una omisión de los reguladores, sino a una conducta delictiva del ebrio que es punible de acuerdo con las leyes.

Los puritanos, que en el fondo son idealistas furibundos, dirán que si se prohibiera absolutamente la producción, distribución y venta de bebidas alcohólicas esa tragedia se habría evitado. Falso. La prohibición absoluta de bebidas alcohólicas causaría más tragedias, similares y de otra naturaleza: criminalidad incentivada por el altísimo atractivo económico de los negocios ilícitos (como sucede con el narcotráfico), producción y tráfico de bebidas adulteradas y un largo rosario de desgracias; además de que ninguna autoridad tendría control sobre en dónde se vende alcohol, a quién se le vende y demás.

Los anarquistas, que también son idealistas furibundos, dirán que el alcoholímetro no debe existir porque genera tal temor en los conductores que, por eludir ese control, acaban cometiendo estupideces o porque vuelve a los conductores irresponsables (“el gobierno se ocupará de que yo no maneje ebrio”). Falso. No podemos saber el número – de lo que pudo ser y se evitó no queda registro-, pero un control como el del alcoholímetro, con todas sus limitaciones y errores, evita muchas tragedias.

Podemos aplicar criterios análogos al papel de las regulaciones o de la falta de regulaciones en la gestación de la crisis financiera global; así como a los actos y a las omisiones de los reguladores.

Los puritanos querrán borrar de la faz de la tierra no sólo los productos financieros complejos – digamos, los derivados-, sino incluso la noción misma de apalancamiento; los anarquistas insistirán que hay que dejar que todos y en todo nos “auto-regulemos” . Ambos son extremos abominables.

La clave filosófica de la regulación está en el reconocimiento de la libertad y de su permanente consecuencia: la responsabilidad. La libertad es personal, la responsabilidad es personal. “El que la hace, la paga porque fue libre para hacerla”.

La regulación no debe socializar lo que es personal: la responsabilidad. La regulación no debe permitir que una entidad se vuelva tan grande que no pueda pagar por sus culpas. Lo “demasiado grande” se vuelve no-imputable. Como un monstruo irracional. A tales engendros no se les “regula”; se le pone una camisa de fuerza y punto.

¿Los consumidores debemos esperar?

¿A quién se castiga exigiendo "reciprocidad" en la apertura a las inversiones extranjeras como requisito para aceptar la libre competencia en México?, ¿a otros países? ¡No!, a los consumidores mexicanos.

La inversión extranjera directa (IED) contribuye significativamente a mejorar la distribución del ingreso. Esto se ha demostrado con acuciosidad y precisión en una muy pertinente investigación de Nathan M. Jensen y Guillermo Rosas (ver Foreign Direct Investment and Income Inequality in Mexico, 1990-2000, publicada en International Organization, Summer 2007, pp.467-87), (a los interesados puedo enviarles una copia de la investigación a su correo electrónico).

Aun sin necesidad de realizar una investigación científica exhaustiva como ésa, es claro que una mayor IED permite una mayor competencia en los mercados y, en esa misma medida, genera beneficios a los consumidores, ya sea disminuyendo los precios, incrementando las opciones disponibles y/o mejorando la calidad de los productos y servicios.

Aun para la arcaica mentalidad proteccionista y tontamente nacionalista que ha caracterizado a las leyes y regulaciones mexicanas en la materia, empieza a ganar terreno la opinión de que es importante – y hasta urgente para incrementar la competitividad y la productividad en beneficio de los consumidores- garantizar y fomentar condiciones de plena y libre competencia en todos los mercados.

Por desgracia esta incipiente "apertura mental" de muchos de nuestros legisladores, empresarios y funcionarios públicos es más retórica que efectiva. Una cosa es predicar la libre competencia en abstracto y otra, muy distinta, garantizarla efectivamente en actividades clave para la productividad del país, por ejemplo en las telecomunicaciones.

Ante la mera posibilidad de que se modifique la ley de IED en México en un sentido liberal, y específicamente en materia de telecomunicaciones, de inmediato los poderosos intereses monopolísticos han emprendido una campaña proclamando que la apertura es buena, siempre y cuando en el país de origen de la inversión extranjera exista "reciprocidad", es decir existan iguales condiciones de apertura. Restricción cuyo único efecto es fastidiar, ¡otra vez!, a los consumidores mexicanos.

Es una tomada de pelo patriotera – el patriotismo como el último refugio de un canalla, como decía Samuel Johnson- que demuestra que los consumidores seguimos estando al final de la fila en los intereses de políticos metidos a gestores de los intereses de poderosos cazadores de rentas monopolísticas.

Electricidad: ¿Están locos en Europa?

Tres modelos: Libre competencia, monopolios privados regulados políticamente por el gobierno o monopolio gubernamental secuestrado por un sindicato. Berlín, Buenos Aires, ciudad de México.

En la Unión Europea la autoridad comunitaria presiona para que los precios – ojo: precios, no tarifas- que ofrecen las empresas a los usuarios de electricidad reflejen una auténtica competencia. Hay una guerra de precios y los consumidores con gran facilidad se cambian de proveedor según les convenga.

En Argentina el gobierno regula severamente las tarifas – no son precios- que cobran las empresas privadas a los consumidores, quienes sólo pueden “disfrutar” los servicios del monopolio privado que les tocó en suerte. Subsiste el mito de que la industria eléctrica es un “monopolio natural” y que la competencia es antieconómica. Dado que el gobierno no ha permitido la actualización de las tarifas (inflación reprimida por decreto), las empresas carecen de incentivos para mejorar el servicio. Algunas empresas “ya no quieren queso, sino salir de la ratonera”.

En México el consumidor padece, según donde viva, a un monopolio gubernamental malo y deficiente o a un monopolio gubernamental – de hecho secuestrado por un sindicato- pésimo. El segundo, Luz y Fuerza del Centro, es tan nefasto que hace lucir al primero, Comisión Federal de Electricidad, como si fuese un dechado de eficiencia y productividad; que no lo es. Las tarifas, jamás precios, son fijadas por el gobierno, son más altas que en otros países y aún así se requieren cuantiosos subsidios para mantenerlas a raya. El servicio es proverbialmente malo y si el consumidor corre con suerte recibirá un amplio catálogo de pretextos para justificar las frecuentes fallas: “Nos tienen asfixiados con el presupuesto” (pretexto sindical), “hemos mejorado mucho en la atención de quejas” (pretexto de la empresa).

Por eso es tan absurdo el espantajo de la privatización de la industria eléctrica que esgrime el Sindicato Mexicano de Electricistas para sus grillas estridentes, un día sí y otro también. Para empezar, ni quien quiera comprar ese monstruo cargado de pasivos laborales; monumento a la improductividad.

Mejor que las cosas se queden como están. Así le ahorramos chamba a la Comisión Federal de Competencia…

Y que ningún berlinés le venga a presumir que allá sí hay competencia. Usted sabe, esos europeos están locos; ya no saben qué inventar.

Telecomunicaciones: Una lección histórica

¿Por qué no le ponemos más trabas a la libertad y decretamos que se requiere una concesión para volar un papalote?

En enero de 1954 el inventor de la frecuencia modulada para radio se suicidó saltando desde su departamento en el décimo tercer piso de un edificio en Nueva York. Se llamó Edwin Howard Armstrong y unos días antes sus patentes para la frecuencia modulada – obtenidas en diciembre de 1933- habían vencido.

Armstrong sucumbió frente al poder de la RCA – Radio Corporation of America – y de su presidente David Sarnoff, así como frente a las consecuencias letales de que una agencia reguladora del gobierno, en este caso la FCC, fuese “capturada” por las mismas corporaciones a las que debería haber regulado para evitar prácticas monopolísticas.

Paradójicamente Armstrong descubrió las ventajas de la frecuencia modulada a instancias del propio Sarnoff, quien deseaba encontrar algún medio para evitar el ruido típico de la amplitud modulada. En lugar de ofrecerle a la RCA un “filtro” para mejorar la señal Armstrong fue más allá y descubrió que en la frecuencia modulada – con una calidad de sonido notablemente superior- podría estar el futuro de la radio.

A Sarnoff no le gustó nada el descubrimiento de la frecuencia modulada porque amenazaba la posición dominante de la RCA en el mercado de la radio y amenazaba también la posibilidad de que la RCA obtuviese las concesiones más atractivas del espectro para incursionar en el negocio de la televisión.

Como cuenta Lawrence Lessig, profesor de Derecho de la Universidad de Stanford en su libro “Cultura libre”, a partir de su descubrimiento Armstrong enfrentó la embestida despiadada de la RCA en contra de sus patentes, con la complacencia de la agencia gubernamental reguladora, la FCC. Un revés definitivo, que de hecho retrasó por décadas los beneficios de la frecuencia modulada, fue cuando la FCC decidió que el espectro de la radio de frecuencia modulada se moviera de la banda de 42 a 49 MHz a la banda de 88 a 108 MHz. ¿La razón? Permitir que a la naciente televisión – RCA- utilizara el rango de los 40 MHz.

Tras años de costosos litigios, que lo llevaron a la ruina, Armstrong recibió una irrisoria oferta de arreglo extrajudicial por parte de la RCA; esto fue días antes de que vencieran las patentes obtenidas en 1933. Fue el golpe final que destrozó al inventor.

En México, hoy en 2007, esta historia debería ser aleccionadora. ¿No cree usted?

Las genialidades de Ponciano

Decía la investigación sobre el atraso de las telecomunicaciones en la república MTP: “Un aceptable diseño que otorgaba autonomía funcional a la agencia reguladora fue anulado en la práctica y el ente quedó capturado por el pequeño grupo de empresas que dominaba el mercado”.

Ponciano Medrano podía presumir de dos grandes éxitos en su vida. El primero de esos logros fue neutralizar –él sabía cómo- cualquier chiste vulgar acerca de su nombre. El segundo, menos conocido pero más importante para la vida pública del país de la Media Tabla Perpetua (MTP), fue conseguir para beneficio de sus amigos y patrocinadores (el grupo que dominaba el mercado de las telecomunicaciones en MTP), que también la modernización de las instituciones regulativas de ese mercado quedase neutralizada.

Por eso Ponciano experimentó un gusto secreto, inconfesable desde luego, cuando llegó a sus manos el trabajo de investigación de uno de los más prestigiosos especialistas en reformas institucionales que describía el caso de las telecomunicaciones en MTP como “la más perfecta e insidiosa falsificación de lo que debió ser un arreglo institucional para liberar la competencia en un mercado estratégico”.

Por supuesto, el estudio no le daba crédito a Ponciano – y qué bueno que así fuese, el anonimato de la operación era un asunto clave- sino que se limitaba a señalar que gracias a que buena parte de la Asamblea de Notables de MTP – órgano legislativo- estaba controlada por esos pequeños pero poderosísimos grupos de interés, la designación de los comisionados del nuevo ente regulador, presuntamente autónomo, fue controlada a placer por las dos o tres empresas dominantes en el mercado que se buscaba regular.

Un hecho molesto, pero que Ponciano y sus socios confiaban neutralizar eficazmente a través de la legión de “periodistas” que tenían en nómina, fue que un par de especialistas vetados por la Asamblea de Notables (porque no resultaban “confiables”) osó demandar ante los tribunales a la mismísima Asamblea aduciendo que no estaba facultada para vetar designaciones por razones que no fuesen estrictamente técnicas y de competencia profesional.

El alegato de ese par de “insolentes” – como les motejaba Ponciano- se transformó, gracias a la abrumadora propaganda de los “periodistas” amigos, en una “necedad” que obstaculizaba el avance del país en telecomunicaciones.

Mientras se afeitaba, Ponciano saludaba al personaje del espejo diciéndose: “Eres un genio, Ponciano; eres un genio”.