El terrorismo y sus precursores

Hace diez años el brutal asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido perpetrado por la banda criminal ETA despertó un espíritu cívico de firmeza contra el terrorismo y sus precursores que, a la postre, puso a los etarras al borde la extinción. Después llegó el contemporizador Zapatero con su vacua política de diálogo y los terroristas se fortalecieron.

Ninguna sociedad democrática puede darse el lujo de contemporizar con los terroristas. Por eso, ninguna sociedad democrática debería darse el lujo de ser complaciente con los precursores del terrorismo.

Son precursores del terrorismo, como lo ha demostrado claramente la historia de los últimos diez años en España, todos aquellos que aprovechando las libertades de la democracia se dedican sistemáticamente a minar el estado de derecho que hace posible la misma democracia, sea que lo hagan en la actividad política, sea que lo hagan en los medios de comunicación.

Son precursores de la violencia y de la destrucción terrorista todos aquellos que gozan poniendo en entredicho la institucionalidad de la democracia, sea vituperando a las autoridades legítimas, sea exaltando la violencia, sea justificando conductas delictivas escudados en inflamada retórica ideológica. Son precursores del terrorismo aquellos que, perturbados por la ambición de poder, mandan al diablo a las leyes y a las instituciones que garantizan la convivencia civilizada y las libertades de todos.

Son precursores del terrorismo y de la extinción de la sociedad abierta todos aquellos que propagan deliberadamente falsedades escudados en la libertad de expresión. Son precursores de la violencia y del fin de la democracia quienes desde los medios de comunicación sacrifican las exigencias de veracidad y precisión a cambio de protagonismo y notoriedad.

El brutal asesinato de Blanco, en julio de 1997, en Ermua, comunidad del país vasco en la que ese joven de 29 años era concejal por el Partido Popular, despertó en España un espíritu cívico y de defensa firme e intransigente contra los enemigos de las libertades y de la democracia. Se le conoce como el espíritu de Ermua y fue el origen de un eficaz pacto antiterrorista que logró poner en jaque a ETA…hasta que llegó Zapatero, el bobalicón contemporizador, y ETA volvió por sus fueros.

Lo dijo bien Karl Popper: "Debemos reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes".

Luces direccionales y teoría de juegos

Algún estudioso de la ciencia política, de la economía o de las matemáticas debería diagramar, conforme a la teoría de juegos, el síndrome automovolísitico, típico de la ciudad de México, que consiste en evitar a toda costa que el conductor que indica su deseo de cambiar de carril – mediante las luces direccionales de su auto- pueda lograrlo.

Miles de conductores de vehículos en la ciudad de México parecen adiestrados con disciplina castrense en el arte de oponer férrea resistencia a los deseos previa y civilizadamente anunciados por otros conductores. Basta con que “A” manifieste, mediante las luces direccionales, su pretensión de cambiar de carril para que el conductor de junto, “B”, – advertido de la intención de “A”- se lo impida acelerando o frenando.

Esta conducta revela que para el conductor medio en la ciudad de México estar al mando de un automóvil es lo contrario de un juego cooperativo “ganar-ganar” y es lo más parecido a una guerra sin cuartel que suele terminar en “todos pierden”.

Tal parece que el conductor “B” abriga un profundo desprecio por alguien que como “A” avisa con anticipación sus intenciones. En su deteriorado cerebro “B” cavila: “Sólo un pelmazo revela en la jungla de asfalto sus intenciones a sus adversarios; este pelmazo – es decir “A”- merece ser castigado por despreciar la primer regla de esta guerra de guerrillas: sorprender y abusar”. Salvo casos excepcionales y patológicos, los conductores que como “A” reciben esa primera lección de cómo funcionan las cosas en la lucha diaria por los centímetros de asfalto, la asimilan, la aprenden y actúan en consecuencia: 1. Omitirán en el futuro el uso de las luces direccionales y 2. Impedirán a toda costa el paso a eventuales pelmazos que manifiesten su deseo de cambiar de carril: “¡Si lo quieres arrebátalo, jamás lo pidas!”.

Lo bonito de esta conducta típica es que reproduce fielmente la estrategia de algunos políticos para quienes toda cooperación es sinónimo de cobardía, afeminamiento y claudicación. Y ahí los tiene usted sentando cátedra, con el ejemplo, para beneficio de todos los guerrilleros motorizados: Marcelo advierte con vehemencia: “Aunque me inviten, jamás iré”. Andrés, el sumo pontífice, amenaza con el dedo flamígero: “Al infierno de los tibios deberán ir aquellos que negocien una reforma fiscal; estoy a punto de vomitarlos de mi boca”.

¿Conviene despenalizar el asalto?

La moda es quitarle a ciertos delitos esa odiosa etiqueta “penal”, sea el aborto, sea la calumnia. ¿Por qué no despenalizar también el asalto, como ha propuesto paródicamente Fernando Amerlinck? Por lo pronto, podrían considerarse algunas causales de despenalización, digamos: Cuando el asalto sea una forma de mendicidad o una vía expedita de justicia social.

Muchos de los asaltados mueren o resultan gravemente heridos por oponer resistencia al asaltante – quien está ejerciendo su libre proyecto de vida- o incluso por reaccionar con nerviosismo o desconcierto, lo que sólo dificulta y pone en grave riesgo la delicada tarea del asaltante.
Desde este punto de vista la despenalización del asalto debe considerarse un asunto de salud pública (aquí alguna ONG puede aportar alguna estadística fantasiosa pero imponente sobre las muertes y lesiones que provocan los asaltos realizados en condiciones insalubres o en circunstancias gravosas para el asaltante), pero también tiene su vertiente de justicia social.
No necesito citar cifras acerca de la vergonzosa distribución del ingreso en México para mostrar un hecho que todos conocemos. Aunque los políticos progresistas hagan esfuerzos denodados por establecer políticas públicas que terminen con la iniquidad, tales esfuerzos son insuficientes y se requieren vías alternas y expeditas para satisfacer ese afán noble y justiciero. El asalto, bien reglamentado, puede ser una de esas vías.
El lector, sobre todo si vive o trabaja en la Ciudad de México, habrá experimentado esa deliciosa sensación de ser abordado en la calle por alguien que nos exige una cooperación “voluntaria” con tanta insistencia que resulta difícil definir si estamos siendo cortésmente asaltados o se nos está solicitando una caridad con mayor insistencia de la habitual. Esto nos habla de que la frontera entre la mendicidad y los asaltos no es nítida. Un grupo de prestigiados “científicos” ha determinado que el asaltante armado sólo es un solicitante de cooperación social que se auxilia con un instrumento de persuasión visual y auditiva – el arma- que es más convincente en 98.7 por ciento de los casos que los discursos.
Como han señalado infatigables activistas de los derechos humanos ningún asaltante desea hacer uso del arma: “Para él es más doloroso que para el asaltado llegar a ese extremo” sentenció Artemisa Planas de la organización civil “REI” – Redistribución Expedita del Ingreso-, al tiempo que mostraba los resultados de un “grupo de enfoque” realizado con asaltantes de la delegación Cuauhtémoc

¿Por qué 14 semanas y no 14 años?

En una sociedad de mujeres y hombres libres, éstos tienen plena propiedad sobre sus cuerpos. De ahí que sea criminal y aberrante pretender negar ese derecho a quienes desarrollan su propio cuerpo personalísimo – no el apéndice de otro cuerpo humano- dentro del vientre materno.

¿Tienen “derecho” los padres a disponer del cuerpo de sus hijos menores de edad? Desde luego que no. Si admitiésemos ese falso “derecho” tendríamos, en automático, que permitir el abuso infantil en todas sus execrables modalidades y nos veríamos ante el abominable dilema de determinar a partir de qué momento esa suerte de “esclavos” – los menores de edad- podrían considerarse jurídicamente “libertos”, dignos de que se les garantice su derecho elemental a la vida.

No hay evidencia científica que nos permita decir con absoluta certeza: “A partir de aquí comienza la vida auténticamente humana”. Sí tenemos en cambio abundantes evidencias de que un óvulo humano fecundado tiene una identidad específica y unívoca: Es un ser humano en proceso y tenemos la certeza de que el resultado de dicho proceso será con el paso del tiempo, en caso de no frustrarse, un ser humano autónomo y libre, al que todos los Estados medianamente civilizados le reconocen derechos inalienables.

Las sociedades civilizadas tienen su pilar fundamental en el carácter inviolable – sagrado- de la vida humana; de ahí que repugne la persistencia en algunos países (¡que se ostentan arrogantemente como civilizados!) de la pena de muerte. Ese carácter sagrado, reconocido también por las religiones monoteístas – especialmente las judeocristianas-, NO es un dogma de fe, sino el primer principio de la convivencia humana.

No estamos discutiendo si la mujer tiene o no derecho sobre su cuerpo, ¡claro que lo tiene! Estamos discutiendo qué diablos nos autoriza a dogmatizar que una mujer – o un hombre- no lo son todavía porque están en desarrollo dentro de otro cuerpo.

¿Por qué 14 semanas y no 14 años, visto que los seres humanos siempre estamos en proceso de hacernos plenamente seres humanos?

¿Por qué el aborto sí y la esclavitud infantil no, a cargo de la madre y/o del padre?