El flanco débil de los políticos y ¿qué hacer con él?

Cuando hasta los personajes políticos que uno hubiese pensado que han llegado a ser "desvergonzados irredentos" empiezan a tomarse la molestia de pedir o exigir espacios en los medios de comunicación para adecentar una "reputación pública", la de ellos por supuesto, que parecía inexistente, hay que tomar nota.

Ahí, me parece, hay una veta que, si se usa con inteligencia, podría servir (servirnos) a los ciudadanos para influir sobre los políticos y específicamente sobre los políticos que más nos pueden fastidiar la vida, que son los legisladores. (El otro gran grupo que nos puede fastidiar la vida, y que con frecuencia lo hace, son los burócratas de ventanilla; la mayoría no son políticos, y muchos ni siquiera trabajan en los gobiernos, pero saben, con una sabiduría ancestral y perversa, que tienen su pequeña parcela de poder y la ejercen con un placer sádico: "falta el original de su acta de defunción, vuelva cuando la tenga con tres copias certificadas por un notario" o "fíjese que sólo acepto efectivo, y con el importe exacto, porque esta es una tienda del ISSSTE y la terminal para tarjetas de crédito o débito no sirve"; pero con ésos no hay más remedio que someterse a una dieta rigurosa de ajo y agua).

En días recientes dos acontecimientos - registrados en sendos periódicos nacionales- me dejaron estupefacto: 1. Nada menos que el señor Gerardo Fernández Noroña parece haber movido los cielos, los mares y las tierras, hasta obtener un espacio en el periódico "Milenio" para defender su "buen nombre" (¡en serio!) frente a las críticas desaprensivas y las mofas de que, escribió, lo hizo objeto Ciro Gómez Leyva.

2. El señor Porfirio Muñoz Ledo - que cuando yo era un crío él era ya una "joven promesa" de la política mexicana dominada por el PRI y que hoy, cuando ya soy un cincuentón, sigue siendo una "vieja promesa" que encontró acomodo en el Partido del Trabajo y en la cámara de diputados- envió una furibunda (y un tanto patética) carta al periódico "Reforma" en forma de réplica, para arrojarle fallidos insultos irónicos al comentarista Jaime Sánchez Susarrey que osó criticarle en alguna de sus colaboraciones sabatinas en ese diario.

Ante ambos sucesos pensé: ¿Cómo es posible?, ¿así que los presuntos sin-vergüenza experimentan un poquito de vergüenza cuando se ven exhibidos públicamente?, ¡qué interesante!. Si hasta ejemplares de esta naturaleza resienten las críticas públicas y más o menos fundadas, y reaccionan como pudibundas solteronas ofendidas por el requiebro picaresco de un albañil, podríamos haber encontrado el talón de Aquiles de la clase política.

Y eso, por no hablar de la avidez y el morbo con los que algunos políticos y funcionarios públicos devoran cada mañana, a primera hora, las dichosas síntesis de prensa buscando cualquier mención desfavorable con la que algún desaprensivo haya podido empañar el esplendor de su fama pública.

¿Será que en esto de conservar la reputación más o menos impoluta hasta los políticos que uno hubiese pensado más desvergonzados se comportan más quisquillosos que las mujeres de mala fama pública? Creo que fue George Bernard Shaw quien relató en su época la anécdota de aquella ingeniosa mujer a la que solicitaron que abandonara una respetable pero rumbosa celebración diciéndole, con toda propiedad, que la imperiosa invitación a que se separase del festejo obedecía a su "dudosa reputación", a lo cual la mujer respondió con impecable lógica: "Disculpe, señor, pero de reputación dudosa son todas las señoras que aquí veo, mi reputación, en cambio, es tan notoria que no admite la menor duda".

¿Será que esos dos personajes que hoy engalanan la flamante Cámara de Diputados creen, candorosamente, que aún hay dudas acerca de su reputación?

En todo caso, estamos ante un flanco débil de los políticos. Podría aprovecharse. ¿Alguna propuesta práctica y viable para hacerlo?

¿Puedo influir sobre el Congreso?

A bote pronto, la respuesta es un rotundo NO.

Además de la experiencia empírica, tenemos sólidos argumentos analíticos, de la ciencia política moderna, para descartar la viabilidad y la conveniencia de tratar de influir individualmente sobre las decisiones del Congreso.

Tales argumentos nos los proporciona la moderna ciencia política o la moderna política económica, una materia en la que la mayoría de los economistas manifiestan un desconocimiento lamentable -que con frecuencia tiene mucho de arrogante desdén hacia los estudiosos de la ciencia política, como si fuesen una especie de economistas disminuidos, más dados a construir sus argumentos con "rollo" que con ecuaciones o gráficas-. Los argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

1. Las relaciones costo-beneficio de tratar de influir sobre las decisiones de los legisladores, para un ciudadano considerado individualmente, son claramente desventajosas: los costos de informarse, acudir al supuesto "representante", convencerlo y hacer que convenza a sus pares, son mucho más elevados, de forma abrumadora, que los beneficios a obtener, amén de la bajísima probabilidad de tener éxito.

2. Los grupos pequeños agrupados en torno a un objetivo o incentivo común, generalmente asociado con la obtención de rentas monetarias, tienden a organizarse con mucha mayor eficiencia y eficacia que los grandes grupos dispersos, como serían los consumidores. Ejemplo: Un par de empresas productoras de refrescos azucarados, que dominen el mercado, tienen todos los incentivos dispuestos y todos los medios para cabildear en el Congreso en contra de un impuesto que pretenda gravar las bebidas azucaradas y carbonatadas aduciendo razones de salud pública, que cientos de miles de diabéticos (o familiares de diabéticos o de ciudadanos preocupados por el incremento alarmante de la obesidad en el país) desorganizados, dispersos, con obligaciones laborales demandantes e ineludibles, mal informados y que difícilmente podrán traspasar las puertas de la Cámara de Diputados y que seguramente no serán recibidos en las oficinas de los legisladores. Además, y esto tiene que ver con el punto número uno, el beneficio a obtener por el impuesto, para los "preocupados" por la salud pública, resulta marginal respecto de los costos, en tanto que el beneficio a obtener para el pequeño grupo organizado - los productores de refrescos- es significativamente mayor que los costos de presionar, cabildear, negociar ante los legisladores: supongamos que la demanda de refrescos responde significativamente al precio - es más o menos elástica - y que un impuesto de 10% o 15% sobre el precio de venta podría desplomar las ventas en 5%, ¡es obvio que las rentas a perder por ese gravamen justifican, desde el punto de vista de un análisis costo-beneficio, las "inversiones" destinadas a "matar" el proyecto de impuesto!

Hay tres libros seminales, clave, que revolucionaron la ciencia política. Los tres, curiosamente, fueron escritos por economistas, pero tales libros - y toda la secuela de investigaciones y hallazgos que han generado- son mucho mejor conocidos por los estudiosos modernos de la ciencia política que por los economistas. Me refiero a:

1. "An Economic Theory of Democracy" de Anthony Downs, publicado en 1957.
2. "The Calculus of Consent" de James M. Buchanan y Gordon Tullock, publicado en 1962, y
3. "The Logic of Collective Action" de Mancur Olson, publicado en 1965.

(Cuando menos de los dos últimos hay traducciones al español, más o menos difíciles de conseguir).

A mi juicio, de los tres libros el que mejor se adapta al asunto que estoy tratando en este comentario es el de Olson. El análisis de Downs atiende más al mercado de las decisiones políticas desde el punto de vista electoral y de los partidos políticos, en tanto que el estupendo libro de Buchanan y Tullock se refiere más a los procesos de negociación en sí y a los incentivos asociados a los mismos (en el mercado de los bienes públicos) y en la línea de la escuela de la "elección pública". Para un repaso de las aportaciones de Olson a la economía política recomiendo el ensayo; "Mancur Olson (1932-1998), Sus principales contribuciones" de Adrián C. Guissarri (Julio de 2004) que puede obtenerse en versión PDF haciendo clic aquí.

Para el caso de México, hay elementos adicionales que agravan esta "impotencia" de los electores, considerados individualmente, para tratar de "influir" sobre los legisladores.

1. México tiene un sistema mixto de representación en el Congreso: De 500 diputados federales, 200 son de "representación proporcional" o "plurinominales". Es decir, llegaron a su encargo NO por el voto directo de los electores en sus distritos, sino por el voto más que indirecto de las "listas" que, por circunscripción electoral (son cinco en el país), presenta cada partido al reverso de las boletas electorales; lo mismo sucede con 64 de los 128 senadores. Para ilustrarlo, me permito poner un ejemplo: Uno de los diputados del PAN más influyentes en las discusiones acerca del programa económico para 2010, a la vista de sus frecuentes apariciones en medios de comunicación hablando a nombre de los diputados de su partido, es Luis Enrique Mercado (mi ex-jefe en "El Economista" de quien diversos avatares me han distanciado). Es un diputado competente, destacado periodista especializado en economía y claramente comprometido con un proyecto liberal de país. Habría votado por él si yo hubiese sido elector en el tercer distrito electoral de Zacatecas, donde LEM fue candidato uninominal o por mayoría; pero yo no vivo ahí. LEM, en la elección del 6 de julio, quedó en cuarto lugar detrás del PRD, el PT y el PRI, sin embargo también estaba anotado en la lista de la circunscripción como candidato de representación proporcional en el sitio número 11 de la lista del PAN para esa circunscripción electoral; la compleja aritmética de la representación proporcional (que debe hacer salivar de envidia a quienes formulan las tablas del ISR) permitió, entonces, que llegase al Congreso. Lo que me queda claro, en este ejemplo, es que LEM no le debe nada a los electores del tercer distrito de Zacatecas, pero sí le debe mucho a los dirigentes del partido (PAN) que lo incluyeron en las listas de representación proporcional aún sin que LEM, hasta donde puedo saber, sea miembro activo de ese partido. Ojo, en lo personal, me parece muy bueno que personas competentes como LEM lleguen a la Cámara de Diputados, pero es claro que NO existe esa idealizada y mítica relación entre los electores del distrito y el diputado en cuestión. Añádese que, con cierta lógica en la que no está ausente la desconfianza de los políticos respecto del buen juicio de los electores, todos los partidos, sin excepción, privilegian a sus diputados de representación proporcional por encima de los diputados de mayoría.

2. En México no hay reelección inmediata de los legisladores, lo que impide que sus electores premien o castiguen su desempeño. Una vez obtenido el escaño en el Congreso el diputado pasa a ser un soldado más de su partido (en el caso de que su partido sea el del Presidente de la República se entiende que pasa a ser un soldado del Ejecutivo Federal) o, en casos que deberían alarmarnos aún más, pasa a ser el diputado o el senador que representa los intereses de tal sector de actividad económica (digamos, de las televisoras o de los cañeros o de los transportistas), no los intereses de sus presuntos representados (diputados) o de su entidad federativa (en el caso de los senadores). En la actual Cámara de Diputados se admite, sin embozo, que una mayoría de los diputados tienen "dueño", refiriéndose a los respectivos gobernadores de sus estados (u otras combinaciones, en el caso de gobernadores muy influyentes, como el del estado de México) que impulsaron sin reticencias sus carreras políticas.

Ante este panorama, todo parece indicar que la respuesta a la pregunta que titula este comentario ("¿Puedo influir sobre el Congreso?") es no sólo un rotundo sino un decepcionante NO. Sin embargo...

Sin embargo, hay un punto débil, un flanco que hace vulnerables a los legisladores frente a las demandas, reclamos y deseos de los ciudadanos individuales.

Ya me he extendido demasiado por hoy, y prometo analizar ese prometedor flanco débil mañana (además, así puedo generar algo de expectación y suspenso en los amables lectores de estas "Ideas al vuelo". Hasta mañana).

¿Cómo empezó esto? (I)

El origen de la recesión global que padecemos está en la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C.

Y, en términos morales, antes que a la codicia de los capitalistas habría que culpar de este desastre a las “buenas intenciones” de los políticos que predican el igualitarismo a ultranza; codiciando, también ellos, el poder.

Hay dos edificios emblemáticos de Washington donde podemos rastrear los orígenes de esta calamidad: El Capitolio y la Casa Blanca.

Este desastre lo cocinaron a fuego lento, desde hace muchos años, tanto los miembros de la Administración o Rama Ejecutiva del gobierno – empezando por varios de los Presidentes-, como los legisladores y lo hicieron, si hemos de creerles, llenos de buenas intenciones para ayudar a los débiles y desprotegidos a tener una casa propia.

El problema es que para lograr tan noble fin se emplearon procedimientos ruinosos que sólo podían conducir al desastre.

En el verano de 2007 se encendieron las luces de alarma en el mercado financiero de las hipotecas de baja calidad; era previsible una reacción cadena aun cuando nadie podía prever que las autoridades estadounidenses manejarían con tantos desatinos el problema hasta convertirlo en recesión mundial. Pero la calamidad se empezó a cocinar mucho antes. Para bosquejar la historia me sirve de guía de una excelente exposición del profesor Allan Meltzer.

Al inicio de la Gran Depresión, en 1931, el Congreso de Estados Unidos urgió al banco de la Reserva Federal a que ayudase a los más necesitados comprando las hipotecas en mora de deudores desempleados. Con toda razón la Reserva Federal respondió que no, que comprar hipotecas no formaba parte de su misión. El Congreso creó, entonces, el “Home Loan Bank System” para que subsidiase a los pobres en la adquisición de sus viviendas, de una manera enrevesada que es comprando sus hipotecas.

Desde entonces, tanto el Congreso como el Ejecutivo de Estados Unidos, así como varios gobiernos locales, han repetido la fórmula ruinosa. Así nacieron Fannie Mae y Freddie Mac, y así en 1977 James Carter promovió la “Community Investment Act” una ley que fomenta los préstamos para la adquisición de vivienda para la población de bajos ingresos, dándoles generosos incentivos a los bancos que coloquen tales hipotecas y promoviendo su bursatilización en los mercados.

El Congreso, a su vez, en 1986 hizo deducibles del pago de impuestos los recursos destinados al pago de intereses de préstamos hipotecarios. Otro incentivo más para el endeudamiento irresponsable.

La calamidad siguió cocinándose a fuego lento. Mañana: Cinco palabras que olvidó decir Bush.

¿Tuvieron razón?

Los legisladores que votaron el lunes en contra del rescate de activos financieros tóxicos, ¿hicieron lo correcto?

Los actuales legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos esperan ser reelectos el próximo 4 de noviembre. No debe sorprender que orienten su voto en función de los deseos de la mayoría de sus electores quienes se oponen, según las encuestas de opinión, al paquete de rescate propuesto por el gobierno de George W. Bush.

En lugar de culpar a los legisladores, que actuaron en todo caso conforme a lo que los electores esperan de ellos (así era la democracia, cuando me hablaron de ella), el atribulado equipo de rescate que encabeza el Secretario del Tesoro, Henry Paulson debe admitir que no ha persuadido al ciudadano común de que es indispensable firmarle un cheque en blanco.

De hecho, Paulson ha logrado convencer a muy pocos fuera de Wall Street y del gobierno. Varios economistas prestigiados, como Gary Becker, han criticado con sólidos argumentos la fragilidad de la propuesta, destacando entre otras cosas el inmenso estímulo a la irresponsabilidad de bancos e instituciones financieras – “riesgo moral” – que supone. Invito al lector a consultar las reflexiones de Becker y de Richard Posner aquí.

Decenas de economistas y de observadores, por ejemplo, critican que el plan de rescate proponga comprar “activos tóxicos” con dinero de los contribuyentes (una forma enrevesada e improbable de capitalizar a las instituciones en problemas), en lugar de obligar a la capitalización de los bancos con dinero fresco de los actuales accionistas o de otros inversionistas o de capitalizarlos directamente, mediante la compra de bonos convertibles en capital.

Esta propuesta – la de la capitalización- tiene mucha más lógica y probabilidades de éxito que la de endosar a los contribuyentes la compra de activos tóxicos cuyo valor es incierto (por eso son ilíquidos). Si el gobierno comprase esos activos en lo que hoy los valora el mercado NO resuelve nada, porque prácticamente estaría cambiando “nada” por “nada”. Si, como una forma tortuosa de capitalizar a los bancos, compra los activos tóxicos a un precio “inflado”, está regalándole el dinero de los contribuyentes a quienes administraron mal los bancos.

Vuelvo a preguntar, los opositores del lunes ¿tuvieron razón? A mí me parece que sí, y por partida doble. Como políticos en busca de la reelección y como ciudadanos defendiendo el dinero de los contribuyentes.

El debate sobre la bolsa de dulces

Sería magnífico que el debate acerca de una reforma de Pemex se ampliara en términos conceptuales, pero ningún político mexicano parece querer eso. Quienes tienen más que perder con un debate amplio, sin áreas vedadas, son los retro-progresistas que ya han proclamado – sin más argumento que el fervor mítico- que la Constitución no puede ser tocada.

Por increíble que parezca hay un extendido y firme consenso entre todos los partidos y políticos de México acerca del petróleo: Todos quieren que los ingresos petroleros (la llevada y traída “renta petrolera”) sigan siendo recursos fiscales, esto es: riqueza que los políticos tengan para repartir.

Los políticos suelen guardar su más encendida y fervorosa oratoria (la de las fibras sensibles y los mitos nacionalistas) justamente para pelear los intereses más prosaicos y pedestres. Así ha sido en el caso del petróleo en México. No estamos hablando, como escribió una cursi colega, de la “quintaesencia” de la patria, sino de dinero y de cómo vamos a apropiárnoslo y cómo vamos a repartirlo.

Una de las expresiones básicas de ese consenso político (“pase lo que pase, nosotros, la clase política, seguiremos disponiendo y repartiendo la renta petrolera”) se traduce en la primera restricción gigantesca: “En este asunto, la constitución no se puede tocar”. Aunque el veto se expresa con fervor de dogma –es decir: no se argumenta- expresa en realidad el temor racional de los políticos a que un cambio más profundo (esto es: constitucional) pudiese en el futuro des-petrolizar las finanzas gubernamentales (federales, estatales y hasta municipales) e hiciese realidad la peor de sus pesadillas: reducir de veras el gasto gubernamental y la injerencia de los gobiernos en la vida económica y, con ello, el poder de los políticos. Perder la bolsa de los dulces. Como suele decir un senador del PRI: “La política es dos cosas: tener la información y tener la bolsa de los dulces para repartir”.

Los más reaccionarios no se han dado cuenta de que hay que cambiar algo, aunque sea lo mínimo, para que la bolsa de dulces no se agote; los promotores de la reforma acotada sólo son un poco más creativos: buscan que la bolsa siga llenándose.

Ojalá el debate fuera tan amplio cómo para des-petrolizar a las finanzas públicas y a los políticos. Pero eso no sucederá.

Golpeados con su propia vara

A veces, su propia obcecación es el peor enemigo de los fanáticos. Una estrategia para derrotar a los obcecados es facilitarles la vara con la que acabarán golpeándose.


El europeo que mejor conocía a principios del siglo XVII lo que hoy es el este de los Estados Unidos era el capitán John Smith, quien incluso había hecho un detallado mapa de Nueva Inglaterra. Smith, ansioso de regresar al nuevo mundo, ofreció sus servicios de guía a los peregrinos del Mayflower, pero los fervientes puritanos rechazaron la oferta, calculando que Smith, un aventurero que no se avenía al ideal de conducta puritana, sería una influencia nociva en una colonia que no quería tener otro guía que Dios.

Una vez en América los peregrinos pasaron grandes penalidades, la mayoría de ellas, por supuesto, no les fueron enviadas por Dios, sino que se debieron a su obcecación; por ejemplo, perdieron muchos días valiosos, pasaron hambre, sed y frío, algunos murieron, porque se empeñaron en explorar territorios que otros pioneros, como Smith, ya sabían que eran inhóspitos y que carecían de recursos.

Smith escribiría sobre los peregrinos del Mayflower: "Tales humoristas (es decir: fanáticos) nunca creerían (en la información y en los consejos ajenos), hasta ser golpeados con su propia vara (beaten whit their own road)"

Los obcecados que hoy en México han tenido la ocurrencia de "clausurar" a la fuerza los recintos legislativos federales es probable que corran la misma suerte y acaben golpeados con su propia vara.

Con diferencias importantes. Una diferencia: Merecen mucho más respeto aquellos obcecados movidos por su fe religiosa, que los de aquí y ahora, llenos de turbias y enredadas motivaciones. Otra diferencia es que nuestros obcecados podrían estarle regalando a sus adversarios del gobierno federal, así como del PAN y del PRI, varias victorias anticipadas en las próximas elecciones federales de 2009.

Victorias que sus adversarios, sobre todo el gobierno y el PAN, es muy probable que valoren más que una reforma que es apenas un tímido e insuficiente paso en la dirección correcta.

Hay quien cree que nuestros obcecados podrían salirse con la suya y destrozar las instituciones democráticas. Pero no es tan fácil. Para eso se necesitan, entre otras cosas, doctrina y disciplina.

Por eso Lenin detestaba el asambleísmo. "Es -decía- como poner a los enfermos a cargo del hospital". Suena conocido, ¿no?

¿Por qué las minorías mandan?

Las minorías pesan más que los consumidores en el diseño del marco institucional porque están organizadas. Y están organizadas porque la utilidad que obtienen al orientar el marco institucional en su beneficio supera con creces el costo de organizarse. A los consumidores, dispersos, desorganizados y con intereses diversos, les sucede lo contrario.

El libro “La lógica de la acción colectiva” del economista Mancur Olson se publicó en 1965 y fue parte de la revolución copernicana de la ciencia política ya que despojó a la democracia de su halo romántico para mostrarla como en realidad es: Un arreglo político lleno de defectos y de riesgos que, sin embargo, tiene la enorme virtud de ser menos malo que los otros arreglos conocidos: dictadura, despotismo, anarquía o guerra permanente.

El principal hallazgo de Olson fue que en una democracia las minorías organizadas en torno a un interés único suelen prevalecer sobre las mayorías desorganizadas con intereses dispersos. Y que tales minorías pagan los costos de organizarse porque los beneficios que obtienen al influir en el diseño de leyes y políticas públicas resultan mucho más altos que los costos. Por el contrario, la utilidad que las mayorías obtendrían a cambio de informarse y organizarse para influir en las decisiones políticas no compensa los elevados costos en que incurrirían. El arquetipo de la mayoría desorganizada (y desatendida por los políticos y los gobiernos) somos los consumidores.

Todos somos consumidores, pero en esa condición tenemos mucho menos peso político que como productores, miembros de un sindicato o de un partido o socios de un gremio profesional. En las urnas cada voto pesa lo mismo, pero en el Congreso Juan pesa mucho más si se presenta como miembro del sindicato de petroleros que si lo hace mostrando su credencial de elector.

El político tiende a satisfacer las demandas de esas minorías organizadas porque, a diferencia de la mayoría anónima, esos grupos sí le pueden retribuir sus esfuerzos por complacerlos. Ésa es la razón de fondo por la que suelen estar tan mal defendidos los intereses del consumidor en las instancias que diseñan el marco institucional: Congresos y gobiernos.

A 43 años de distancia el hallazgo de Olson sigue opacado por la romántica leyenda de que la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. No del todo, no siempre.

Mañana: Colección de ejemplos mexicanos.